La deuda AC/DC
(antes de Correa/ después de Correa)

Publicado el | Expedientes S

  • Todos los contratos de deuda hasta 2008 debían ir al Registro Oficial.
  • Tras Montecristi se cambiaron las reglas para transparentar la deuda.
  • No se puede calcular el monto total de la deuda con certeza.

Hasta abril de 2008, la negociación y contratación de la deuda pública del Ecuador se publicitaba ampliamente. Los gobernantes de turno estaban obligados legalmente a publicar en Registros Oficiales la celebración de los respectivos contratos de deuda, desde el Decreto Ejecutivo presidencial que sustentaba, técnica y fundamentadamente, las condiciones legales y financiaras de cada contratación. De ahí en adelante, eso cambió con las nuevas regulaciones que ha implantado el Régimen correísta.

Esto ha derivado en que la deuda esté invisibilizada, porque antes, al menos, se la mostraba en los Registros Oficiales de acceso público. Pero ya no sucede más. En ese contexto, no hay certezas sobre la deuda adquirida por este Gobierno. Igual, el Estado puede deber mil dólares o diez mil millones. No hay una forma certera de saberlo. Así, la transparencia es la que está en juego.

¿Por qué es importante hablar de deuda ahora? En las últimas semanas y conforme se confirma una caída sostenida en los precios del petróleo y el serio impacto que esto genera en los ingresos de la caja fiscal para gasto del  gobierno ecuatoriano, se evidencia que el futuro del país dependerá sustancialmente de la capacidad del Ecuador para endeudarse, tanto interna como  externamente. Para cumplir con la programación económica e inversión social que ha propuesto el gobierno le hacen falta recursos adicionales a los que  tiene planificado recibir por concepto de ventas petroleras e ingresos tributarios.

El mismo gobierno del Presidente Correa, que ahora se ve obligado a acudir a endeudamiento público para mantener la marca distintiva de su oferta de campaña, que depende al momento sustancialmente de la continuidad del gasto público (Cuadro 1) , ha tenido entre sus filas a los principales detractores de la deuda pública del pasado.  Parte de su campaña inicial en 2006 se basó en insistir en la ilegitimidad del pago de la deuda pública externa, lo que lo cumplió de una forma por demás extraña a través de una moratoria selectiva e innecesaria, para muchos analistas, sustentada en un polémico informe de auditoría de deuda presentado al país a finales del año 2008.

Sin embargo, justamente por la dependencia inevitable respecto de este endeudamiento que tiene la política económica estatal, basada fundamentalmente en gasto público para generar crecimiento económico (Cuadro 2), es más que nunca indispensable asegurar no sólo el poder conseguir estos recursos adicionales que se necesitan, sino sobre todo evitar que la forma de conseguirlos afecte la estabilidad futura de la economía del país.  

El país ya ha sufrido bastante por una historia de manejo de la deuda donde han primado intereses particulares o el enriquecimiento indebido de ciertos actores o sectores antes que la perserverancia en un programa económico racional que asegure la sustentabilidad del crecimiento económico y un gasto público responsable social y ambientalmente.

El endeudamiento público no es negativo necesariamente, siempre y cuando por un lado se asegure la calidad del gasto que se realizará con tales recursos; y por otro, que la negociación, contratación, gestión y uso de esta deuda se realice dentro de parámetros financieros, técnicos y legales razonables y responsables, adecuados a las necesidades y recursos del país, cuidando inclusive la licitud del origen de los recursos que se obtengan.  Aquí aplica algo que cualquier buen padre de familia conoce perfectamente: no  es lo mismo endeudarse con un chulquero , que con un prestamista formal y regulado.  En el primer caso, al aceptar y sujetarse a condiciones abusivas donde el deudor puede tener que vender hasta la camisa para cumplir con el acreedor y eventualmente terminar en una situación peor de lo que lo llevó a endeudarse.


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