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    Juan Pablo Pozo, el hombre que archivaba expedientes

    Publicado el | QUIEN ES QUIEN

    • Juan Pablo pozo inició su acticidad pública como secretario abogado de la Comisión de Fisclaización de la Asamblea, antes de ello no tenía experiencia política.
    • Ahí se encargó de archivar todos los juicios políticos, menos el de Gloria Sabando.
    • La novela por la Presidencia del CNE incluyó una trama que casi logra apartarlo de su estrellato oficialista.

      • Publicado el 23 de abril de 2015

    1. Desde la Facultad de Odontología hasta arriba



    Foto: Una buena pesca... así se podría definir a meteórica carrera política de Juan Pablo Pozo, desde un puesto administrativo de suma importancia para los fines del oficialismo en la Asamblea, hasta la presidencia del Consejo Nacional Electoral.

    Es en estas últimas semanas que el cuencano Juan Pablo Pozo, de 36 años, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha hecho famoso por no difundir públicamente las carpetas de los aspirantes a un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o por la novela suscitada para su posesión como presidente del CNE. Pero para llegar a eso tuvo un puesto clave en la Asamblea que le permitió escalar hasta ser pieza clave en la maquinaria correato: la Función Electoral.

    Durante los años en que la Comisión de Fiscalización y Control Político fue presidida por la asambleísta Silvia Salgado del Partido Socialista (PSFA), aliado incondicional del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, pasaron por esa Comisión aproximadamente cuarenta propuestas de juicios políticos.

    Foto: Esta es la Comisión de Fiscalización que presidía Sivia Salgado. Juan Pablo Pozo era el abogado secretario.

    Integraban también la Comisión: Betty Amores (AP) como vicepresidenta, César Rodríguez (AP), Galo Lara (PSP), Abdalá Bucaram Pulley (PRE), Gastón Gagliardo (AP), Marco Murillo (Amauta), Mauro Andino (AP), Pamela Falconí (AP), Ramiro Terán (MPD) y Secheznarda Fernández (MG); además de un equipo de asesores y secretarias, en su mayoría miembros del PSFA.  

    El cargo administrativo más importante en la Comisión de Fiscalización lo detentaba el secretario abogado, quien era responsable-custodio de toda la documentación vinculada a las denuncias que se presentaban y de su correspondiente seguimiento.  Las denuncias llegaban, eran analizadas y, salvo excepciones, archivadas sin proceso.

    Quien ejerció este cargo entre 2008 y 2012 era Juan Pablo Pozo, un desconocido en la política, quien había sido secretario abogado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, y luego subgerente de una agencia de servicios médicos en su ciudad natal.

    La recomendación del cuencano Fernando 'Corcho' Cordero, que en esa época era presidente de la Legislatura, para que asumiera el puesto en la Comisión de Fiscalización fue importante, pero ya una vez adentro su amistad con Silvia Salgado fue un puntal para seguir adelante. El pasado 15 de marzo, el Parlamento Andino dio su rendición de cuentas. Allí, Salgado, como vicepresidenta de ese organismo,  agradeció la presencia de Pozo en el acto.

    Durante los cuatro años que Silvia Salgado fue la Presidenta de la Comisión y Juan Pablo Pozo el Secretario Abogado, de los más de cuarenta juicios políticos, solamente uno fue ejecutado, el que terminó con la destitución de la exsuper Intendenta de Bancos Gloria Sabando. El resto de denuncias fueron archivadas.

    Los casos más rimbombantes fueron: el juicio político a Javier Ponce, Ministro de Defensa, por la compra de los helicópteros Dhruv, demandante fue el asambleísta de PSP Coronel Fausto Cobo; el juicio político contra el Ministro de Transporte Jorge Marún por el “Plan Relámpago” (contratación vial de emergencia por más de US$1.000 millones) la demanda que fue presentada por el asambleísta de PSP Galo Lara; el proceso contra el entonces Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, el cual fue demandado por miembros de la misma Alianza País, entre ellos Maria Paula Romo, Paco Velasco y Roxana Alvarado.

    “Todos los juicios que llegaban se nos notificaba, los conocíamos y se archivaban”, informa una fuente vinculada a la Comisión que prefiere el anonimato.



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