Compatriotas:
El gobierno ecuatoriano ha logrado un alto grado de concentración de poder, falta de transparencia y censura a través de reformas legales y constitucionales gracias a una sumisa Asamblea Nacional, nuevas instituciones de control y a un uso abusivo del sistema penal y de medidas administrativas.
Hoy, 24 de mayo, día del Contrainforme a la Nación, Rafael Correa Delgado ya lleva ocho años de ejercicio en el poder en Ecuador y va por más[1]. Pero la consolidación del poder de Correa se dio en una época de vacas gordas, el Gobierno ha gastado USD$ 228 317 millones en el sector público^[2], y ha tenido un precio del petróleo alrededor de los USD$100.00. Con las vacas flacas de la baja del precio del petróleo, el régimen enfrenta nuevos retos que amenazan su posibilidad de perpetuarse.
Ocho años de ejercicio del poder podría parecer un logro democrático e institucional en lo que antes era una inestable República que cambiaba de Presidentes con frecuencia. No lo es, el atropello del régimen de la Revolución Ciudadana a los principios y valores democráticos de la República del Ecuador no es reciente, desde muy temprano en su Mandato empezó a demoler la de por sí débil institucionalidad del Ecuador.
El resultado de la esperanza ante la promesa de manos limpias se ha desvanecido en el país. La percepción de la corrupción se ha ampliado de la mano del creciente control del Presidente sobre las otras funciones del Estado[3]. Al inicio del régimen, la propuesta de una Constituyente ilusionó a los ecuatorianos. De la Constitución aprobada en 2008, Correa sólo se quedó con la concentración del poder e irrespeta todas las garantías y derechos que esta consagra.
Los dos nuevos poderes creados en Montecristi que iban a garantizar la pureza del sufragio y la participación ciudadana y lucha contra la corrupción: el poder Electoral y el poder Ciudadano están integrados exclusivamente por personas vinculadas con el régimen.
El flamante poder ciudadano dio muestras de su parcialidad cuando no defendió a una de sus propias veedurías.[4] Y su rol en los concursos de mérito y oposición para ocupar dignidades en cualquiera de las funciones del Estado, han sido constantemente cuestionados.[5]
El poder electoral funciona sólo cuando se trata de llevar adelante las iniciativas del Ejecutivo pero se dedica a bloquear aquellas demandas de consulta popular que nacen de la ciudadanía o grupos opositores[6]. En materia de observación electoral, la ceguera del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante infracciones cometida por Correa o su organización política es inversamente proporcional a la atención con que persigue a quienes son percibidos como opositores.
La falta de independencia del poder judicial ha llevado a que sea por un lado, el instrumento de retaliación del régimen contra quienes percibe como opositores, ya sea políticos, periodistas, líderes indígenas, activistas sociales o jóvenes estudiantes, mientras que por otro lado ha dejado en la impunidad graves casos de corrupción cuando personas cercanas al poder estaban involucradas, promoviendo la corrupción. El debido proceso es un mito en el Ecuador.[7]
La Asamblea Nacional ha sido un elemento clave para legitimar el creciente control social por parte del Ejecutivo y la impunidad de los casos de corrupción y violación de derechos humanos. La Asamblea Nacional ecuatoriana ha mutilado su capacidad de fiscalización (una de sus funciones según la Constitución de Montecristi), llegando incluso a bloquear los pedidos de información realizados por asambleístas independientes en obediencia a una orden que el Presidente Correa dio al Presidente del poder Legislativo. Las nuevas autoridades de la Asamblea ni siquiera se molestan en guardar las formas de una independencia de poderes.[8] 
Pero lo más grave del rol de la Asamblea ha sido la aprobación de voluminosos cuerpos legales elaborados por el Ejecutivo, con una mínima discusión y sin reparar en la inconstitucionalidad manifiesta en gran parte de dichos textos. El andamiaje legal que construyen esas nuevas leyes es uno de censura y represión, se destaca entre ellas la Ley de Comunicación del 2013 que crea un nuevo cuerpo regulatorio (la Superintendencia de Información y Comunicación, SUPERCOM) para monitorear a los medios sobre la base de la “verdad, veracidad y oportunidad” de sus comunicaciones. Esta Ley prohibía “el linchamiento mediático”, un concepto que buscaba evitar la publicación de información que estaría designada para desacreditar o difamar a individuos, realmente debieron aclarar que era sólo para funcionarios públicos[9]. A la censura y autocensura de medios de comunicación, ya sea prensa escrita o audiovisuales, y periodistas en el Ecuador, ocasionadas por la Ley de Comunicación y sus instituciones vinculadas, se suma para crear un clima de silencio y represión el Código Orgánico Integral Penal aprobado a inicios de 2014, que entre cerca de cien nuevos delitos incluye varios vinculados a la revelación de información ¡pública! y tipifica el delito de pánico financiero y económico. Delito que se estrenó con una advertencia por parte de la CORDICOM a quienes estaban comentando el nuevo Código Monetario.[10] Hasta el citado Código Monetario sigue la tónica de la falta de transparencia limitando el acceso a la información sobre la deuda del país inclusive a las autoridades de control.
El clima de silencio y represión lo perfecciona el Ejecutivo con sus actuaciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Comunicación, entre otros. En un momento dado, cualquier institución del Estado puede ser utilizada para perseguir y reprimir ya sea el Ministerio de Educación[11], el MIES[12], las autoridades de tránsito y policía[13], SRI, SENESCYT, lo comprueba. Cualquier ente incluso los aparentemente técnicos, ante un pedido del Presidente, pueden convertir en blanco a una persona u organización.
Otro mecanismo utilizado por el Ejecutivo en su política de silencio y represión son los Decretos Presidenciales. Uno de ellos, el Decreto 16 apunta hacia su otro “enemigo” según la definición del régimen: las organizaciones no gubernamentales. Sobre todo aquellas que se atreven a disputarle el rol de crear sentido y presentar alternativas a la sociedad. El Decreto 16 crea un sistema de control que le permite cerrar aquellas organizaciones que no se sometan[14].
Pero, el gran desafío del Presidente Correa no se lo presentaron quienes define como “enemigos” sino la caída de los precios del petróleo por debajo de la barrera de los USD$50.00 con un presupuesto calculado en base a un precio de petróleo estimado de USD$79.70. Correa no supo administrar la abundancia e incluso con los precios altos su presupuesto ya estaba desfinanciado[15]. Sumado esto a su relación de endeudamiento con China poniendo como garantía el petróleo también le daba poco margen de maniobra. Las ofertas millonarias del reciente viaje parecen prometedoras, pero en su mayor parte son líneas de crédito para comprar bienes al país asiático.
La relación con China tiene varias aristas: la financiera, la del socio en los sectores estratégicos, la de la corrupción. China es su gran aliada en el “cambio de la matriz tecnológica” que hace referencia fundamentalmente a los proyectos eléctricos y mineros.  Para ello se realiza una propaganda invasiva sobre el “cambio de la matriz tecnológica[16]”.  Frente a esta propaganda dos eventos han sido un balde de agua fría: El asesinato del líder Shuar José Tendetza enfrentado al Proyecto minero Mirador[17]; y, la muerte de 14 trabajadores en el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair[18].  La reacción del gobierno en ambos casos ha sido echar tierra al asunto y no investigar a las empresas responsables de Mirador y Coca Codo Sinclair: Empresas chinas.
La crisis económica nos muestra a nivel interno, un Correa que no está dispuesto a recortar sus gastos en propaganda ni enfrentar la galopante corrupción de su gobierno, pero incrementa impuestos sobre ciertos bienes y recurre (más) a los fondos del Instituto de Seguridad Social[19] y se busca como inyectar más recursos a esta institución convertida en la alcancía del Estado[20].
Estas medidas han ido provocando que se vayan juntando grupos que se sienten afectados por las políticas gubernamentales y que después de muchos años el Ecuador vea marchas simultáneas en la mayor parte de ciudades del país lideradas por organizaciones de trabajadores. A la marcha del 17S (17 de septiembre) le siguió en un plazo relativamente corto las marchas del 19N (19 de noviembre), 19M (19 de marzo) y 1M (1 de mayo)[21]. El régimen no negocia, las leyes en contra de las que muchos de los marchantes se movilizaron, fueron aprobadas por la Asamblea.Este Régimen se atrevió a lo que ningún otro hizo antes: confiscar los ahorros de los maestros y poner un techo a las utilidades de los trabajadores en un país donde constitucionalmente no se pueden dictar normas regresivas en materia de derechos laborales.
La tensión ante la situación económica no ha llevado al gobierno a tender puentes con los sectores de la sociedad civil, sino más bien a fortalecer esquemas de escarmiento y represión. La respuesta gubernamental al conflicto con los trabajadores ha sido montar su propia central de trabajadores con individuos y organizaciones de su esfera de influencia.  La respuesta a su conflicto con la CONAIE ha sido montar su propia organización indígena. ¿Quién sabe cuál será su respuesta ante el creciente descontento militar?
En este entorno de abuso hay uno al que el Presidente y su gobierno le dedican particular atención: el de los medios de comunicación independientes y el de los periodistas, ya no sólo los de investigación sino incluso los caricaturistas.
La publicación Charlie Hebdo no hubiera podido publicarse en el Ecuador[22], son las declaraciones del Superintendente de Información y Comunicación y ahora Presidente de la función de transparencia, Carlos Ochoa. Si a alguien le consta esto, es al caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” quien ya va por su segunda demanda por la citada Superintendencia. Hace un año, a finales de enero Bonil y el Diario donde publica, El Universo, fueron sancionados por una caricatura sobre el allanamiento al comunicador Fernando Villavicencio[23]. A un año de eso, el 16 de enero de 2015, Bonil debía comparecer a la SUPERCOM por otra denuncia por una caricatura, al parecer ante la cercanía de los asesinatos en Paris su audiencia fue trasladada a febrero[24]. En Ecuador se sanciona el humor.
El 13 y 14 de mayo de 2014, Rafael Correa fue a Chile a una visita oficial y académica. El junio de 2014 la Supercom dio trámite a una denuncia de un ciudadano, Carlos Vera Quintanilla, quien alegaba que los diarios El Comercio, El Universo, La Hora y el desaparecido Hoy, no dieron la cobertura a este suceso, al que calificaba de interés público. Esa demanda está congelada en la Supercom. La estrategia es clara: había que esperar a que la incursión en la agenda periodística del Estado se diera por una denuncia de una figura distinta a la del presidente. Eso se dio recientemente con la denuncia a diario La Hora, por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por no haber cubierto su  rendición de cuentas.
En cuanto a periodistas de investigación, tenemos las tempranas sentencias (y posterior perdón Presidencial) a Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por su libro Gran Hermano.  La persecución de Fernando Villavicencio, Asesor de Cléver Jiménez, autor de varios libros y denuncias sobre corrupción en materia petrolera, minera, telecomunicaciones, el protagonista de la caricatura de Bonil, cuya casa fue allanada el 26 de diciembre de 2014 y sus computadoras y documentos confiscados en un operativo dirigido desde la propia Presidencia de la República y luego fue condenado por otra causa, junto con el Asambleísta Cléver Jiménez[25] y el Dr. Carlos Figueroa[26]. El proceso contra Villavicencio, Jiménez y Figueroa estuvo plagado de violaciones al debido proceso. Las violaciones a sus derechos trascendieron el juicio con la negativa del gobierno a acatar las medidas cautelares que en su favor dictó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y continuó con su persecución, llegando incluso a amenazar a la comunidad Sarayacu que los había refugiado.
No sólo los periodistas sino los medios son perseguidos vía juicios y/o sanciones administrativas por parte del gobierno y su aparato de censura mediática. El caso del juicio a El Universo es ya de antología[27] pero no fue el primero ni es el último medio perseguido por el régimen. Recientemente el ámbito de las sanciones se amplió a la publicación de una foto sobre el accidente de Malaysia Airlines, tomada de una Agencia internacional, por parte de Diario Extra. La autoridad de control determinó que la foto incitaba al morbo[28]. Con esta sentencia se genera el antecedente de que un medio puede ser responsable incluso por reproducir un contenido pese a que se indica su origen.
En este período no solamente encontramos medios sancionados sino también medios que han debido cerrar ante la asfixia económica propiciada por el régimen. Tal es el caso de Diario Hoy, que diera tantas batallas contra el autoritarismo desde el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).
Al final del año 2014, con la noticia de la venta del Diario El Comercio, el segundo diario del país, con una tradición centenaria. El Comercio fue comprado por el Magnate mexicano de medios, Remigio Ángel González[29]
La atención y tensión del Presidente hacia los periodistas se fundamenta en su necesidad de eliminar a quienes intenten disputar el sentido de la realidad que intenta crear por medio de lo que algunos han llamado “Estado de Propaganda[30]” quienes expresen el disenso, permitan e incentiven que la sociedad se plantee alternativas quienes enfrenten el discurso único son obstáculo para la permanencia de un régimen que no tiene más alternativa que permanecer en el poder pues no puede darse el lujo de perderlo y ser sujeto de investigaciones en torno a su gestión por temas de corrupción y violación de derechos humanos y políticos.
Cerramos este Contrainforme con la interrogante de qué pasará en el momento en que se impongan no sólo la reelección indefinida, sino los límites a las funciones de la Contraloría y la Comunicación sea declarada un servicio público.