Contrainforme a la nación

Publicado el | REPORTAJE

  • En algunas democracias, el Informe a la Nacion del Ejecutivo es un documento oficial que es contestado por los parlamentarios.
  • En Ecuador, actualmente el Informe a la Nación se reduce a una pieza comunicacional sin contrastación.
  • Para subsanar este vacío, Milhojas pone a su consideración este Contrainforme.

Compatriotas:

El gobierno ecuatoriano ha logrado un alto grado de concentracin de poder, falta de transparencia y censura a travs de reformas legales y constitucionales gracias a una sumisa Asamblea Nacional, nuevas instituciones de control y a un uso abusivo del sistema penal y de medidas administrativas.

Hoy, 24 de mayo, da del Contrainforme a la Nacin, Rafael Correa Delgado ya lleva ocho aos de ejercicio en el poder en Ecuador y va por ms[1]. Pero la consolidacin del poder de Correa se dio en una poca de vacas gordas, el Gobierno ha gastado USD$ 228 317 millones en el sector pblico[2], y ha tenido un precio del petrleo alrededor de los USD$100.00. Con las vacas flacas de la baja del precio del petrleo, el rgimen enfrenta nuevos retos que amenazan su posibilidad de perpetuarse.

Ocho aos de ejercicio del poder podra parecer un logro democrtico e institucional en lo que antes era una inestable Repblica que cambiaba de Presidentes con frecuencia. No lo es, el atropello del rgimen de la Revolucin Ciudadana a los principios y valores democrticos de la Repblica del Ecuador no es reciente, desde muy temprano en su Mandato empez a demoler la de por s dbil institucionalidad del Ecuador.

El resultado de la esperanza ante la promesa de manos limpias se ha desvanecido en el pas. La percepcin de la corrupcin se ha ampliado de la mano del creciente control del Presidente sobre las otras funciones del Estado[3]. Al inicio del rgimen, la propuesta de una Constituyente ilusion a los ecuatorianos. De la Constitucin aprobada en 2008, Correa slo se qued con la concentracin del poder e irrespeta todas las garantas y derechos que esta consagra.

Los dos nuevos poderes creados en Montecristi que iban a garantizar la pureza del sufragio y la participacin ciudadana y lucha contra la corrupcin: el poder Electoral y el poder Ciudadano estn integrados exclusivamente por personas vinculadas con el rgimen.

El flamante poder ciudadano dio muestras de su parcialidad cuando no defendi a una de sus propias veeduras.[4] Y su rol en los concursos de mrito y oposicin para ocupar dignidades en cualquiera de las funciones del Estado, han sido constantemente cuestionados.[5]

El poder electoral funciona slo cuando se trata de llevar adelante las iniciativas del Ejecutivo pero se dedica a bloquear aquellas demandas de consulta popular que nacen de la ciudadana o grupos opositores[6]. En materia de observacin electoral, la ceguera del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante infracciones cometida por Correa o su organizacin poltica es inversamente proporcional a la atencin con que persigue a quienes son percibidos como opositores.

La falta de independencia del poder judicial ha llevado a que sea por un lado, el instrumento de retaliacin del rgimen contra quienes percibe como opositores, ya sea polticos, periodistas, lderes indgenas, activistas sociales o jvenes estudiantes, mientras que por otro lado ha dejado en la impunidad graves casos de corrupcin cuando personas cercanas al poder estaban involucradas, promoviendo la corrupcin. El debido proceso es un mito en el Ecuador.[7]

La Asamblea Nacional ha sido un elemento clave para legitimar el creciente control social por parte del Ejecutivo y la impunidad de los casos de corrupcin y violacin de derechos humanos. La Asamblea Nacional ecuatoriana ha mutilado su capacidad de fiscalizacin (una de sus funciones segn la Constitucin de Montecristi), llegando incluso a bloquear los pedidos de informacin realizados por asamblestas independientes en obediencia a una orden que el Presidente Correa dio al Presidente del poder Legislativo. Las nuevas autoridades de la Asamblea ni siquiera se molestan en guardar las formas de una independencia de poderes.[8]

Pero lo ms grave del rol de la Asamblea ha sido la aprobacin de voluminosos cuerpos legales elaborados por el Ejecutivo, con una mnima discusin y sin reparar en la inconstitucionalidad manifiesta en gran parte de dichos textos. El andamiaje legal que construyen esas nuevas leyes es uno de censura y represin, se destaca entre ellas la Ley de Comunicacin del 2013 que crea un nuevo cuerpo regulatorio (la Superintendencia de Informacin y Comunicacin, SUPERCOM) para monitorear a los medios sobre la base de la verdad, veracidad y oportunidad de sus comunicaciones. Esta Ley prohiba el linchamiento meditico, un concepto que buscaba evitar la publicacin de informacin que estara designada para desacreditar o difamar a individuos, realmente debieron aclarar que era slo para funcionarios pblicos[9]. A la censura y autocensura de medios de comunicacin, ya sea prensa escrita o audiovisuales, y periodistas en el Ecuador, ocasionadas por la Ley de Comunicacin y sus instituciones vinculadas, se suma para crear un clima de silencio y represin el Cdigo Orgnico Integral Penal aprobado a inicios de 2014, que entre cerca de cien nuevos delitos incluye varios vinculados a la revelacin de informacin pblica! y tipifica el delito de pnico financiero y econmico. Delito que se estren con una advertencia por parte de la CORDICOM a quienes estaban comentando el nuevo Cdigo Monetario.[10] Hasta el citado Cdigo Monetario sigue la tnica de la falta de transparencia limitando el acceso a la informacin sobre la deuda del pas inclusive a las autoridades de control.

El clima de silencio y represin lo perfecciona el Ejecutivo con sus actuaciones, Ministerio del Interior, Secretara Nacional de Inteligencia, Secretara Nacional de Comunicacin, entre otros. En un momento dado, cualquier institucin del Estado puede ser utilizada para perseguir y reprimir ya sea el Ministerio de Educacin[11], el MIES[12], las autoridades de trnsito y polica[13], SRI, SENESCYT, lo comprueba. Cualquier ente incluso los aparentemente tcnicos, ante un pedido del Presidente, pueden convertir en blanco a una persona u organizacin.

Otro mecanismo utilizado por el Ejecutivo en su poltica de silencio y represin son los Decretos Presidenciales. Uno de ellos, el Decreto 16 apunta hacia su otro enemigo segn la definicin del rgimen: las organizaciones no gubernamentales. Sobre todo aquellas que se atreven a disputarle el rol de crear sentido y presentar alternativas a la sociedad. El Decreto 16 crea un sistema de control que le permite cerrar aquellas organizaciones que no se sometan[14].

Pero, el gran desafo del Presidente Correa no se lo presentaron quienes define como enemigos sino la cada de los precios del petrleo por debajo de la barrera de los USD$50.00 con un presupuesto calculado en base a un precio de petrleo estimado de USD$79.70. Correa no supo administrar la abundancia e incluso con los precios altos su presupuesto ya estaba desfinanciado[15]. Sumado esto a su relacin de endeudamiento con China poniendo como garanta el petrleo tambin le daba poco margen de maniobra. Las ofertas millonarias del reciente viaje parecen prometedoras, pero en su mayor parte son lneas de crdito para comprar bienes al pas asitico.

La relacin con China tiene varias aristas: la financiera, la del socio en los sectores estratgicos, la de la corrupcin. China es su gran aliada en el cambio de la matriz tecnolgica que hace referencia fundamentalmente a los proyectos elctricos y mineros. Para ello se realiza una propaganda invasiva sobre el cambio de la matriz tecnolgica[16]. Frente a esta propaganda dos eventos han sido un balde de agua fra: El asesinato del lder Shuar Jos Tendetza enfrentado al Proyecto minero Mirador[17]; y, la muerte de 14 trabajadores en el Proyecto Hidroelctrico Coca Codo Sinclair[18]. La reaccin del gobierno en ambos casos ha sido echar tierra al asunto y no investigar a las empresas responsables de Mirador y Coca Codo Sinclair: Empresas chinas.

La crisis econmica nos muestra a nivel interno, un Correa que no est dispuesto a recortar sus gastos en propaganda ni enfrentar la galopante corrupcin de su gobierno, pero incrementa impuestos sobre ciertos bienes y recurre (ms) a los fondos del Instituto de Seguridad Social[19] y se busca como inyectar ms recursos a esta institucin convertida en la alcanca del Estado[20].

Estas medidas han ido provocando que se vayan juntando grupos que se sienten afectados por las polticas gubernamentales y que despus de muchos aos el Ecuador vea marchas simultneas en la mayor parte de ciudades del pas lideradas por organizaciones de trabajadores. A la marcha del 17S (17 de septiembre) le sigui en un plazo relativamente corto las marchas del 19N (19 de noviembre), 19M (19 de marzo) y 1M (1 de mayo)[21]. El rgimen no negocia, las leyes en contra de las que muchos de los marchantes se movilizaron, fueron aprobadas por la Asamblea.Este Rgimen se atrevi a lo que ningn otro hizo antes: confiscar los ahorros de los maestros y poner un techo a las utilidades de los trabajadores en un pas donde constitucionalmente no se pueden dictar normas regresivas en materia de derechos laborales.

La tensin ante la situacin econmica no ha llevado al gobierno a tender puentes con los sectores de la sociedad civil, sino ms bien a fortalecer esquemas de escarmiento y represin. La respuesta gubernamental al conflicto con los trabajadores ha sido montar su propia central de trabajadores con individuos y organizaciones de su esfera de influencia. La respuesta a su conflicto con la CONAIE ha sido montar su propia organizacin indgena. Quin sabe cul ser su respuesta ante el creciente descontento militar?

En este entorno de abuso hay uno al que el Presidente y su gobierno le dedican particular atencin: el de los medios de comunicacin independientes y el de los periodistas, ya no slo los de investigacin sino incluso los caricaturistas.

La publicacin Charlie Hebdo no hubiera podido publicarse en el Ecuador[22], son las declaraciones del Superintendente de Informacin y Comunicacin y ahora Presidente de la funcin de transparencia, Carlos Ochoa. Si a alguien le consta esto, es al caricaturista Xavier Bonilla Bonil quien ya va por su segunda demanda por la citada Superintendencia. Hace un ao, a finales de enero Bonil y el Diario donde publica, El Universo, fueron sancionados por una caricatura sobre el allanamiento al comunicador Fernando Villavicencio[23]. A un ao de eso, el 16 de enero de 2015, Bonil deba comparecer a la SUPERCOM por otra denuncia por una caricatura, al parecer ante la cercana de los asesinatos en Paris su audiencia fue trasladada a febrero[24]. En Ecuador se sanciona el humor.

El 13 y 14 de mayo de 2014, Rafael Correa fue a Chile a una visita oficial y acadmica. El junio de 2014 la Supercom dio trmite a una denuncia de un ciudadano, Carlos Vera Quintanilla, quien alegaba que los diarios El Comercio, El Universo, La Hora y el desaparecido Hoy, no dieron la cobertura a este suceso, al que calificaba de inters pblico. Esa demanda est congelada en la Supercom. La estrategia es clara: haba que esperar a que la incursin en la agenda periodstica del Estado se diera por una denuncia de una figura distinta a la del presidente. Eso se dio recientemente con la denuncia a diario La Hora, por parte del alcalde de Loja, Jos Bolvar Castillo, por no haber cubierto su rendicin de cuentas.

En cuanto a periodistas de investigacin, tenemos las tempranas sentencias (y posterior perdn Presidencial) a Juan Carlos Caldern y Christian Zurita por su libro Gran Hermano. La persecucin de Fernando Villavicencio, Asesor de Clver Jimnez, autor de varios libros y denuncias sobre corrupcin en materia petrolera, minera, telecomunicaciones, el protagonista de la caricatura de Bonil, cuya casa fue allanada el 26 de diciembre de 2014 y sus computadoras y documentos confiscados en un operativo dirigido desde la propia Presidencia de la Repblica y luego fue condenado por otra causa, junto con el Asamblesta Clver Jimnez[25] y el Dr. Carlos Figueroa[26]. El proceso contra Villavicencio, Jimnez y Figueroa estuvo plagado de violaciones al debido proceso. Las violaciones a sus derechos trascendieron el juicio con la negativa del gobierno a acatar las medidas cautelares que en su favor dict la Comisin Interamericana de los Derechos Humanos. Y continu con su persecucin, llegando incluso a amenazar a la comunidad Sarayacu que los haba refugiado.

No slo los periodistas sino los medios son perseguidos va juicios y/o sanciones administrativas por parte del gobierno y su aparato de censura meditica. El caso del juicio a El Universo es ya de antologa[27] pero no fue el primero ni es el ltimo medio perseguido por el rgimen. Recientemente el mbito de las sanciones se ampli a la publicacin de una foto sobre el accidente de Malaysia Airlines, tomada de una Agencia internacional, por parte de Diario Extra. La autoridad de control determin que la foto incitaba al morbo[28]. Con esta sentencia se genera el antecedente de que un medio puede ser responsable incluso por reproducir un contenido pese a que se indica su origen.

En este perodo no solamente encontramos medios sancionados sino tambin medios que han debido cerrar ante la asfixia econmica propiciada por el rgimen. Tal es el caso de Diario Hoy, que diera tantas batallas contra el autoritarismo desde el gobierno de Len Febres Cordero (1984-1988).

Al final del ao 2014, con la noticia de la venta del Diario El Comercio, el segundo diario del pas, con una tradicin centenaria. El Comercio fue comprado por el Magnate mexicano de medios, Remigio ngel Gonzlez[29]

La atencin y tensin del Presidente hacia los periodistas se fundamenta en su necesidad de eliminar a quienes intenten disputar el sentido de la realidad que intenta crear por medio de lo que algunos han llamado Estado de Propaganda[30] quienes expresen el disenso, permitan e incentiven que la sociedad se plantee alternativas quienes enfrenten el discurso nico son obstculo para la permanencia de un rgimen que no tiene ms alternativa que permanecer en el poder pues no puede darse el lujo de perderlo y ser sujeto de investigaciones en torno a su gestin por temas de corrupcin y violacin de derechos humanos y polticos.

Cerramos este Contrainforme con la interrogante de qu pasar en el momento en que se impongan no slo la reeleccin indefinida, sino los lmites a las funciones de la Contralora y la Comunicacin sea declarada un servicio pblico.









[1] Con el apoyo de una Corte Constitucional acrticamente aquiescente y la aplanadora de su partido en la Asamblea Nacional pretende reformar la Constitucin para aprobar la reeleccin indefinida, establecer a la comunicacin como un servicio pblico (por lo tanto que se ejerce por delegacin del Estado) y minar la capacidad de control de una ya debilitada Contralora General del Estado.





[2] USD 228 317 millones en el sector pblico, incluido el Gobierno central, empresas, gobiernos locales y otros entes del sector pblico que reciben contribuciones estatales http://www.elcomercio.com/actualidad/gestion-gobierno-rafaelcorrea-alianzapais-presupuesto.html





[3] Esta no es una acusacin que le haga un opositor, activista social, periodista o acadmico, el propio Presidente declar En el marco de su juicio contra Diario El Universo que era el jefe de todos los poderes del Estado enumerndolos: el Ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder ciudadano.







[5] La integracin de los dos vocales del Consejo Nacional Electoral es tan slo el ltimo de una larga lista de controvertidos procesos liderados por el CPCCS. http://rayuelaradio.com/red-de-mujeres-politicas-dice-que-el-cne-no-responde-a-sus-denuncias/





[6] Claro ejemplo de ello es el caso de la consulta sobre la explotacin del Yasun solicitada por Yasunidos y el bloqueo a la iniciativa de consulta popular sobre las reeleccin propuesta por Correa impulsada por Guillermo Lasso, lder de CREO. Lasso, solicit al CNE los formularios para la consulta y estos le fueron negados. Se le inform que su pregunta para recoleccin de firmas deba ser primero aprobada por la Corte Constitucional. Meses antes, cuando el grupo ambientalista Yasunidos acudi a la Corte Constitucional para pedirles que califiquen su pregunta sobre la no explotacin del Yasun les dijeron que primero tenan que ir al CNE por los formularios y recoger las firmas para que recin despus de recogidas la Corte se pronunciara al respecto, lo que nunca lleg a suceder porque pese a cumplir con el nmero de firmas requeridas el CNE se las invalid. Con posterioridad a Lasso, dos organizaciones polticas han introducido sus preguntas a la Corte Constitucional que ha demorado su pronunciamiento respecto a ellas hasta este momento.





[7] http://www.planv.com.ec/historias/politica/la-justicia-ecuatoriana-no-independiente/pagina/0/2





[8] La legitimacin que hizo la Presidente de la Asamblea, Gabriela Rivera ante el allanamiento de las oficinas del asamblesta de PK, Clver Jimnez en diciembre del 2013, no tiene parangn en la historia nacional.





[9] Muy pronto se evidenci que la Ley de Comunicacin no slo era inconstitucional y violatoria de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en los cuales Ecuador es signatario sino que tambin era discrecional en su aplicacin. La intrusin y publicacin el 06 de enero del 2013 de los correos electrnicos de la Directora Ejecutiva de Fundacin Mil Hojas, Martha Rolds, por parte de medios gubernamentales, y el archivo de su denuncia que por estos hechos present a la SUPERCOM evidencian que la Ley de Comunicacin slo existe para proteger las espaldas de quienes estn vinculados al rgimen.





[10] El Consejo de Regulacin y Desarrollo de la Informacin y Comunicacin (Cordicom), public en su pgina web el 16 de julio un pronunciamiento, http://www.cordicom.gob.ec/wordpress/ , en el que, citando la Constitucin, expres su preocupacin por el tratamiento del proyecto de Cdigo Monetario y Financiero en los medios de comunicacin, argumentando que se habla sobre posibles riesgos en la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano de producirse la aprobacin de la referida propuesta. En ese sentido, inst a los medios a la prctica de opiniones ticas que prevengan injustificados temores sociales. http://www.sipiapa.org/la-sip-califica-de-exabrupto-advertencia-etica-a-la-prensa-en-ecuador/





[11] Recordemos la sancin con expulsin de sus planteles por parte del Ministerio de Educacin a los estudiantes del Meja y el Montfar, una vez que salieron de la crcel, donde estuvieron por su participacin en la marcha de los trabajadores del 17 de septiembre del 2014.





[12] La Ministra de Inclusin Econmica y Social, Betty Tola, anunciando el 11 de diciembre de 2014 a la Confederacin de Nacionalidades Indgenas (CONAIE) el desalojo de su sede en Quito, misma que haba sido otorgada en comodato por el Presidente Rodrigo Borja; a pretexto de que el inmueble sera utilizado para la rehabilitacin de jvenes adictos. Pretexto que fue desvirtuado por el propio Presidente Correa quien indic que el desalojo se debe a que los indgenas han utilizado el local para hacer poltica y oposicin al gobierno. http://www.laizquierdadiario.com/Rafael-Correa-amenaza-desalojar-al-Movimiento-Indigena-de-la-CONAIE. El desalojo no se realiz en la fecha prevista, (06 de enero del 2015) debido a un recurso interpuesto por la CONAIE.





[13] El acoso a la Caravana Climtica que se diriga hacia el COP20, Lima, Per por el slo hecho de que en Ecuador se sum el grupo Yasunidos, en la mira del rgimen, recorri el mundo. http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/02/nota/4298616/caravana-climatica-denuncia-acoso-policial-ecuador-su-viaje-hacia





[14] Tal fue el caso de Pachamama, organizacin que se encontraba en la defensa del Yasun en diciembre de 2013. Varias organizaciones no gubernamentales (Fundamedios, Ecuarrunari, entre otras) se declararon en rebelda y denunciaron la inconstitucionalidad del Decreto que estableca adems un plazo perentorio que se cumpla el 20 de diciembre de 2014 para completar el trmite de reinscripcin. La disposicin, adems de arbitraria era absurda, y gran parte de las ONGs no pudo alcanzar a cumplirla por las propias limitaciones de las autoridades. Cumplido el plazo para sorpresa de todos, las 46.330 ONGs del pas, incluidas las declaradas en rebelda, fueron reinscritas por el propio Ejecutivo, violentando su propia norma.





[15] De hecho vena administrando tres aos con presupuestos desfinanciados.





[16] Los proyectos hidroelctricos, nos dicen, generarn suficiencia energtica y eliminaran nuestra costosa dependencia del gas (cuyo subsidio es de alrededor de US$4000 millones. Por otro lado, los recursos que genere la minera a cielo abierto complementaran los ingresos petroleros.





[17] Cuyas circunstancias quiso ocultar la fiscala de Zamora pusieron sobre el tapete sus denuncias sobre los manejos de la empresa china que est a cargo ahora de la explotacin del proyecto minero Mirador.





[18] Coca Codo Sinclair no slo exhibi las condiciones de inseguridad y abuso de quienes trabajaban ah sino que desenterr las denuncias en torno a las irregularidades tcnicas de la obra poniendo en duda de que la promesa elctrica est a la altura de lo ofrecido





[19] Que supuestamente es autnomo y maneja los fondos de salud, pensiones jubilares y otras prestaciones de los trabajadores.





[20] En esa bsqueda se afectan derechos de los trabajadores. Se confiscan fondos privados de ahorro que ahora pasarn a ser manejados por el Banco del IESS quien se los prestar a su vez al gobierno y se hacen leyes para limitar utilidades. http://milhojas.is/612236-de-quien-es-el-dinero-del-iess.html





[21] Unos das antes, para la histrica marcha del 15 de noviembre, el gobierno debi emplearse a fondo para poder tomarse la ciudad de Guayaquil, con los consabidos buses interprovinciales y la poltica de la cola y el sndwich, frente a esto, lo que hicieron los trabajadores de realizar marchas simultneas en las ciudades ms importantes del pas con la gente de cada lugar, apareci como una proeza, an ms cuando la represin en la capital de la marcha anterior (17S), con la presin y judicializacin de los estudiantes de los planteles secundarios Meja y Montfar haca temer que la poltica de amedrentamiento y escarmiento del gobierno desanimara a los trabajadores.











[25] Quien haba denunciado las irregularidades del proyecto hidroelctrico Coca Codo Sinclair, que acaba de costar la vida de 14 trabajadores, poco antes de ser ilegalmente despojado de su inmunidad parlamentaria para ser juzgado.





[26] La causa por la que se los conden fue una denuncia a la Fiscala en la que pedan se investigue quin orden disparar contra el Hospital de la polica el 30 de septiembre de 2010 durante el operativo de salida del Presidente. El 15 de enero de 2015 se ha lanzado un libro de autora del Gral. Ernesto Gonzlez, Exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre los sucesos de ese da.