Hoy es lunes / 17 de diciembre de 2018

    Persecución a los abogados, otra arma del correísmo (3)

    Publicado el | REPORTAJE

    • El acoso y las constantes multas son las acciones más frecuentes en contra de los abogados que se atreven a llevar casos judiciales que van en desmedro de los intereses del Régimen.
    • Juan Pablo Albán, Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta son los abogados a quienes el oficialismo tiene en la mirilla. Milhojas habló con ellos.

    Julio César Sarango: “Mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos”

    Julio César Sarango es doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Loja y especialista en Derecho Penal y Criminología Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes)

    Tiene 17 años de trayectoria profesional y ha dictado decenas de conferencias sobre Derecho Civil, Penal y otras materias jurídicas en varias provincias del país.

    Algunos  abogados que defienden a ciudadanos que protestan o a líderes de la oposición enjuiciados por el Gobierno denuncian que también están siendo perseguidos en Ecuador. ¿Es su caso también?

    Estoy sumamente preocupado por la administración de justicia, por el respeto al debido proceso. Eso está totalmente desequilibrado. Está supremamente lejos de estar en el Estado constitucional de derechos. Es la primera vez que me pasa. En este Régimen no he podido ejercer mi profesión como abogado tranquilamente.

    ¿A qué casos se refiere?

    Al de la señora Guadalupe Llori, ex prefecta de Sucumbíos; al de Radio Arutam (shuar); al caso del asambleísta Pepe Acacho; al de los ciudadanos Carlos Figueroa (médico), Fernando Villavicencio, activista político; y del asambleísta Clever Jiménez.  En el caso de los estudiantes del Colegio Mejía me hicieron una cadena diciendo que soy un abogado mentiroso. Me iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura por pedido del Ministerio del Interior. En ese proceso, pese a que presenté todas las pruebas de descargo ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y a que no tuvieron forma de probar que había infringido la ley, el Ministerio del Interior apeló ante el Pleno del Consejo y el proceso sigue ahí. Es decir, utilizan todo el aparataje estatal para irse en contra de una persona de a pie.

    ¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Ocurría lo mismo en gobiernos anteriores?

    Tengo 17 años de ejercicio y no tuve ningún problema con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, de Gustavo Noboa, de Alfredo Palacio. Se ejercía la profesión de manera tranquila, en paz. Es una cuestión aberrante que la autoridad, que el Estado persiga también al abogado de las personas a las que acusa, cuyos derechos están consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.   

    ¿Por cuál caso ha sido objeto de mayor persecución?

    Por dos. Últimamente el caso de los muchachos del Mejía, eso fue tenaz. Nos amedrentaron, nos dijeron que nos iban a enjuiciar penalmente. Nos iniciaron un sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura y eso está en apelación todavía. En el caso de Clever Jiménez me corren traslado de un escrito que presenta la parte contraria. Yo contesto y le digo al señor juez que, de acuerdo al artículo 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, no es competente para ejecutar la sentencia porque los procesados gozan de fuero. Deben ser los jueces de primer nivel, es decir de los juzgados de garantías penales. Los jueces nacionales hacen de primera instancia, no de primer nivel. Es decir, para que capturen a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio o Carlos Figueroa, tenía que encargarse a un juez de primer nivel con ayuda de la Policía. Es decir, la carpintería la hacen los jueces de menos rango, los señores de la Corte Nacional ya no hacen eso. Así lo dice el artículo 142. Y le digo al señor juez: “Si usted no cumple la ley podría estar inmerso en el artículo 172 de la Constitución de la República, que establece sanciones civiles y penales por violar la ley. Eso le ha herido tanto al señor juez Luis Enríquez, que dice que le estoy haciendo amenazas contumaces, por actuar en Derecho. Primero me multa con un cuarto del salario mínimo y luego manda un oficio para que el Consejo de la Judicatura me inicie un sumario administrativo.

    ¿Cuándo dictó la multa?

    Hace mes y medio. Luego me corren traslado nuevamente de una contestación que presenté, en la que, en Derecho, le digo que no es juez competente toda vez que fue él quien, como juez, acusó de magnicidio a los policías en el caso del 30 de septiembre (30-S)

    ¿Por qué razón no es competente?

    Porque si está defendiendo al señor presidente en el juicio contra el asambleísta Jiménez debió excusarse porque fue fiscal en el caso 30-S que tiene relación con este nuevo juicio por injurias. Por ética debió excusarse. Y por decir eso me acusa de amenazas contumaces y me manda a multar con cinco salarios mínimos y me inicia otro sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura.

    ¿Correa el riesgo de que le quiten su matrícula profesional?

    Por supuesto. Tengo tres sumarios administrativos solo por defender derechos. También han oficiado al Consejo de la Judicatura para que me cobren las multas. Es terrible.

    ¿Qué hará: pagará, apelará….?

    Agotaré todas las instancias necesarias.

    ¿Cree que le darán la razón?

    Bueno, la multa me impone directamente el juez, pese a que no es competente para establecerlas. Eso evidencia claramente el tipo de régimen en el que nos encontramos. Toda persona debe ser enjuiciada, multada o condenada siguiendo el debido proceso. Pero, el señor coge y multa como si estuviéramos en un régimen dictatorial de imposiciones. Y me ponen dos condenas al mismo tiempo. Eso es un amedrentamiento para que no siga presentando escritos. Todo esto es un sufrimiento, no puedo ejercer la profesión de manera libre y tranquila. Tengo que estar exclusivamente a merced de lo que ellos dicen y supeditado a lo que ellos quieren escuchar. Si me baso en el Derecho me multan.

    ¿Ha pensado en abandonar esos casos?, ¿Hay presión y temor familiar?

    Totalmente. A veces he pensado hacerlo, es cierto porque me siento sin protección. Soy un ciudadano de a pie. Tranquilamente me pueden hacer daño y ¿quién me defiende a mí?

    ¿Ha recibido amenazas?  

    Claro. Una vez me quisieron golpear el carro, cerca del aeropuerto. Yo pensé que me iban a robar, pero no fue así. Otra vez, cuando viajaba de Santo Domingo a Chone, un carro me siguió y me quiso cruzar. Gracias a Dios avanzamos rápido y no nos alcanzaron. Eso sucedió hace un mes. Estoy muy preocupado y estresado. Clever Jiménez me pidió que le ayude con una diligencia previa sobre un caso de hackeo de cuentas, pero tengo que pensarlo dos veces porque mi vida y la de mi familia están en riesgo, pero seguiré defendiendo derechos. Estoy sumamente preocupado. Una cosa es contarlo, otra es vivirlo.

    Si eso ocurre, la gente no tendrá quien la defienda

    Hay momentos en los que uno flaquea y no quiere seguir, pero mi decisión está tomada: seguiré hasta que pueda, haré todo el esfuerzo que sea necesario para seguir defendiendo los derechos de mis patrocinados. Seguiré hasta el final y, si algo me pasa, ya sabemos quién puede atentar contra mi vida, contra mi ejercicio profesional, contra mi familia. Es este régimen.

    ¿A quién responsabiliza directamente?

    Directamente al Gobierno. Lo digo enfáticamente porque cuando uno sale en alguna marcha, mucha gente toma fotos y hace videos para identificarnos.

    ¿Conoce de otros abogados que estén en situación similar?

    Claro. El doctor Gonzalo Realpe. Con él asumimos la defensa en el caso de los estudiantes del Colegio Mejía. Él también ha sido amedrentado y tiene un sumario administrativo. Muchos abogados estamos en esa situación. Hay gente que me dice que me retire, que la familia es primero.  Yo sé que la familia está primero pero los principios son los que cuentan.

    ¿Cuántos hijos tiene?

    Tres, uno de 26, otro de  22 y el último de 16 que padece cáncer, detectado hace tres meses. Ha sido una situación súper difícil, créame. Otro hijo falleció por un tumor cerebral. Es lamentable pero tengo que seguir, no puedo quedarme con los brazos cruzados y dejar en la indefensión a mis clientes.

    ¿Qué tipo de ataques o amenazas han sufrido usted y su familia?

    Tengo el conocimiento fidedigno de que en todas las Judicaturas en que presente demandas, denuncias o cualquier acción, tienen la disposición de hacerme perder los juicios. Esto  lo he venido sufriendo durante estos dos últimos años, puesto que todos los juicios, por más fáciles que sean, terminan negándome los derechos. Todos los juicios los vengo perdiendo. Además mis teléfonos celular y convencional de la oficina y los de mis compañeros se encuentran intervenidos. Por eso nos cuidamos de tratar lo básico y esencial.

    ¿Cómo ve el futuro?

    La gente no reacciona por el miedo, por el temor.  Los jueces también tienen temor. Hay jueces que están conscientes de que no hay infracción cometida por algunos acusados pero, cuando se pronuncian en las sabatinas, cambian de criterio. Recordemos el caso Duzac. El señor presidente Rafael Correa, desde el ex Penal García Moreno dijo que los señores directivos del banco Cofiec eran personas ingenuas, que fueron engañados. Eso fue un sábado y el lunes o martes de la semana siguiente fueron liberados porque declararon la nulidad del proceso. Ahí vemos cómo está manejada la justicia pero, el valiente es valiente hasta que el débil se decide. Yo creo que el pueblo está cansado de este tipo de acciones. La justicia es totalmente deficiente. Ahorita tenemos seis jueces de la Sala de lo Penal y hay cualquier cantidad de causas que no son despachadas.

    ¿Qué pasa con las leyes internacionales y los tratados que el Gobierno suscribió y se comprometió a respetar?

    Solo cuando le conviene. Mire, el Ministerio de Justicia, cuando estaba encabezado por la señora Johana Pesántez, pidió medidas cautelares para Nelson Serrano. La Corte de Justicia de Estados Unidos, sin ser suscriptora de la Comisión Interamericana, suspendió la pena de muerte. El señor Serrano sigue vivo gracias a eso. Ahí el Ministerio de Justicia vela por el derecho de un ecuatoriano, como debe ser. Pero, cuando le toca al Estado ecuatoriano acatar medidas cautelares a favor de Clever Jiménez, dice que la Comisión es politizada, que sirve al Imperio y que no acatan. Hay el Decreto 1317 firmado por María Isabel Salvador como canciller, por el señor Gustavo Jalkh cuando era ministro de Justicia, en la que dicen que se acaten todas las medias y acuerdos del Sistema Interamericano. Ahora se van por encima de este decreto.

    Así las cosas, ¿apelar o interponer recursos  internos son un mero trámite para agotar las instancias de la justicia nacional, pues no hay confianza en ella?

    Por supuesto, lo hago para agotar el trámite interno para luego llevar los casos a las cortes internacionales.

    ¿O tiene la esperanza de que algunos jueces actúen apegados al Derecho?

    Le soy muy sincero. Yo no tengo ni el 0,01% de esperanza. Estoy totalmente convencido de que aquí no hay esperanzas.

    Pero el accionar de las cortes internacionales es lento…

    Demasiado lento, pero tenemos que defendernos. Lo peor sería no hacer nada. De alguna manera, alguien debe escuchar, aunque sea para que no duerman tranquilos.

    Está decidido ¿seguirá al frente de estos casos?

    Soy uno de los primero abogados que, hace ocho años, cuando el presidente Rafael Correa gozaba de una gran credibilidad,  luchó contra las injusticias del caso Dayuma, de la persecución a la señora Guadalupe Llori. Desde entonces lucho contra la concentración de poderes. Muchos políticos no creían, decían que Correa va a sacar de la pobreza a la gente de a pie. Yo decía no, porque veía venir esa forma de  manejar la justicia, de pretender ser la única voz, la única palabra, la única verdad. Yo advertí  esos hechos y actos, no creí en el proyecto político. El tiempo me ha dado la razón. Espero que los trabajadores, los artesanos, la gente se den cuenta de que tenemos que defender las libertades. Lucharé hasta el final por eso. Me preocupa la patria, los ciudadanos, los individuos que estamos viviendo en un país anárquico, sin seguridad jurídica, sin respeto al debido proceso. En dos años habrá un proceso electoral, esperemos que el pueblo razone su voto.

     ¿Los abogados que están siendo perseguidos han pensado unirse  y hacer algo al respecto?

    Cuando el poder está de por medio, los oídos son sordos. Si el criminal tiene derecho a un juicio justo, incluso quienes han cometido genocidio o juicios de lesa humanidad tienen derecho a juicios justos desde hace miles de años. Ahora, los defensores somos perseguidos, insultados, calumniados. Debemos tener valor, cualquier rato dejamos la tierra pero quedan nuestras acciones. Es un honor haber defendido los derechos humanos de mis clientes. No me importa ir a la cárcel, no me importa si me quitan la matrícula del Consejo de la Judicatura para ejercer mi profesión. Algún rato el poder cambiará y vendrán personas democráticas que revisarán esas resoluciones y restituirán nuestros derechos.

    Retaliaciones jurídicas en los procesos que maneja Julio César Sarango

    DENUNCIA NO. 2424-2014 ESTUDIANTES DEL COLEGIO MEJÍA

    Tras asumir la defensa de los estudiantes del Colegio Mejía, el ministro del interior, a través de su delegado, el abogado Diego Fuentes Acosta, coordinador general de Asesoría Jurídica de esa cartera, en octubre del 2014 interpone un sumario administrativo ante el Consejo de la Judicatura para que se le suspenda el ejercicio profesional.

    En junio del 2015 fue negado por falta de legitimación activa, porque se planteó la denuncia violando el reglamento. No obstante, esta resolución fue apelada por el denunciante ante el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pese a que la ley establece que solo se puede apelar las resoluciones emitidas por el director regional del CJ más no  por los directores provinciales, ha sido aceptada la apelación, bajo el argumento de que no existen direcciones regionales.

    CAUSA PENAL NO. 826-2012, CONTRA EL ASAMBLEÍSTA CLEVER JIMÉNEZ

    El 1 de junio del 2015, el juez nacional  Luís Enríquez dispone que se remitan los escritos presentados por Julio César Sarango para que se investigue su actuación. La causa: haber contestado a los traslados que el mismo juez  corrió y por indicarle que, al asumir una competencia que no le otorgaba el art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), estaría incurriendo en perjuicio, delito establecido en el art. 172 de la Constitución.

    El mismo juez Enríquez, el 24 de junio del 2015, al insistirle que remita la causa a un juez de primer nivel para que ordene la ejecución de la sentencia, ya que él no es competente para ordenar esta ejecución por ser juez de primera instancia y no de primer nivel, manifiesta que, como defensor he litigado en forma contumaz y ordena que se ponga en conocimiento ante el Consejo de la Judicatura, supuestamente por haber inobservado el art. 293 del COFJ.

    Multas en esta causa:

    El 01 de junio del 2015, el juez nacional Luis Enríquez multa a Sarango con la quinta parte de la Remuneración Básica Unificada (RBU). 

    El 24 de junio del 2015 impone la multa de cinco RBU remuneraciones básicas unificadas, por insistir que no viole la ley.

    En las dos causas penales, Julio César Sarango también  ha sido amenazado con sanciones previstas en el COFJ.



    «Situación«Albán»García»Vizueta»Postdata