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PUNTO DE VISTA
Xavier González Tejada, analista jurídico y abogado penalista en libre ejercicio
La reforma judicial se quedó en la fachada, en la infraestructura
Si bien personalmente no he sido víctima de ningún tipo de retaliación como abogado, conozco de colegas que enfrentan esa delicada situación. Por eso no estoy convencido de que la administración de justicia en el Ecuador haya mejorado. Los cambios se limitan a la infraestructura que ha permitido mejorar en algo la atención al usuario. Es más, me atrevería a asegurar que la administración de justicia se ha estancado.  Se ha implementado el  Modelo  de Gestión Procesal,  que no da pie con bola.  Más bien ha fracasado este sistema. Incluso algunas unidades judiciales, sobre todo en Pichincha, han colapsado.  Es increíble, puedo demostrar documentadamente que el proceso es extremadamente lento, que hay que insistir por varias ocasiones y por escrito sobre un requerimiento judicial. No es posible que para despachar una providencia tengamos que esperar entre dos y tres meses. Esto evidencia un abierto y franco deterioro de la administración de justicia.
Esto ocurre en el ámbito civil, que abarca asuntos laborales, niñez, adolescencia, inquilinato, contencioso administrativo, etc.  Es la forma, la apariencia lo que ha cambiado, pero lo de fondo no ha mejorado con la llamada revolución ciudadana.
Pero, más allá de eso, lo que más preocupa respecto de la administración de justicia es que resulta muy difícil patrocinar casos de personas o grupos opuestos al Gobierno porque conllevan retaliaciones y persecución, algo que viola los derechos consagrados en la Constitución y las leyes promovidas y aprobadas por el mismo Gobierno.
Tampoco es cierto que la justicia sea más ágil ahora. Las causas siguen represadas, nombraron nuevos jueces civiles que tampoco dan pie con bola.  El asunto ha colapsado. Me atrevo a utilizar este término para referirme a la administración de justica en las Unidades Judiciales de la Niñez y la Adolescencia, en las Unidades Judiciales Civiles. No avanzan los procesos, están apilados los escritos presentados por las partes procesales.
En lo positivo, si bien es un avance en la administración de Justicia la creación de la Defensoría Pública y la asesoría gratuita para los sectores más pobres de la sociedad. Esto concuerda con los principios constitucionales que tienen primacía, aunque eso no soluciona el problema de fondo que es la lentitud de la gestión procesal. Eso no despega y evidencia  un estado de indefensión pues la justicia que tarda no es justicia.
Una justicia dinámica, ágil e imparcial también es un derecho constitucional que debe garantizar el Estado. Lamentablemente ese postulado no se cumple. Basta recordar el caso de los estudiantes del Colegio Mejía,  en el que, según se denunció públicamente, algunos implicados, aconsejados por los defensores públicos, admitieron la culpabilidad de un delito que no cometieron, para que les reduzcan la pena.
Esto ocurre porque la mayoría de defensores son abogados que acaban de graduarse y tienen poca o ninguna experiencia y el Estado les paga para que ejerzan la profesión. Eso explica la falta de independencia de poderes. En consecuencia, es el Poder Ejecutivo el que dispone, maneja y ejecuta las acciones judiciales como mejor convenga a sus intereses. Eso se ha evidenciado en el caso de Los Diez de Luluncoto, con el Mayor Fidel Araujo, del que el Consejo de la Judicatura no sabe cómo resolver pues no ha probado los cargos de terrorismo y otros delitos que le imputan.
Todo esto está generando una reacción social.  El jueves 30 de julio se efectuó una protesta convocada por el Colegio de Abogados de Pichincha ante la falta de respuesta del Consejo de la Judicatura a las múltiples exhortaciones y observaciones planteadas ante el hecho evidente de que la reforma judicial, que fue avalada por el pueblo en el referéndum del 2011, se quedó en la fachada, en la infraestructura.

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