El oficialismo ha retomado el trámite del proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas con un giro importante respecto a la propuesta original debatida hace cuatro años. Ahora busca reforzar el control estatal, imponiendo el uso generalizado de semillas certificadas, lo que implica cumplir requisitos inalcanzables para los pequeños agricultores que proveen más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador.
Imagen: Las actividades de Ecuasem se vienen realizando con fuerza desde febrero pasado.
El proceso despertó serias dudas sobre la orientación con que las instituciones estatales ejecutarán la nueva ley, mientras agrupaciones de pequeños agricultores se quejan de que sus opiniones no tengan carácter vinculante, el Estado, al ser parte de la Asociación Ecuatoriana de Productores e Importadores de Semillas (Ecuasem), mantiene una alianza con dos gigantes de la industria de semillas como Monsanto y Syngenta.
El Colectivo Nacional Agroecológico -que se define a sí mismo como una organización que trabaja en la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas nativas y del control público de la producción- ha cuestionado el fuerte proceso de apropiación de las semillas agrícolas por parte de intereses privados, en particular de corporaciones multinacionales desde mas de 50 años: Esto se hace con el apoyo del Estado, con el desarrollo de legislaciones relacionadas que se acoplan a las dinámicas de los agroexportadores, donde la semilla nativa y criolla es reemplazada por semillas híbridas, de alto rendimiento y transgénicas, sobre las que pesan complicados sistemas de registro y certificación, que son discriminatorias a las semillas nativas”.
El pasado 15 de junio en la Asamblea Nacional, durante un encuentro con varias organizaciones relacionadas con el tema del agro para discutir sobre el proyecto de Ley de Semillas, Javier Carrera, de la Red de Guardianes de Semilla, terminó su intervención con un reclamo que evidenció la molestia y los temores de los pequeños agricultores: “Así como el Estado es socio de Syngenta, Monsanto, Agripac y Ecuaquímica, debería ser socio de organizaciones campesinas, de redes de semilleristas y otros grupos parecidos”.
El centro del conflicto está en Ecuasem, una organización público – privada que tiene entre sus socios a Syngenta, la gigante de la industria de semillas y agroquímicos (herbicidas e insecticidas) y Monsemillas que es de la transnacional estadounidense Monsanto…
El centro del conflicto está en Ecuasem, una organización público – privada que tiene entre sus socios a Syngenta, la gigante de la industria de semillas y agroquímicos (herbicidas e insecticidas) y Monsemillas que es de la transnacional estadounidense Monsanto, productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. Parte de Ecuasem son además entidades estatales como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Agrocalidad (adscrita al Ministerio de Agricultura), encargada de mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios del país⇒.
En los objetivos que Ecuasem exhibe en su portal web existen interesantes coincidencias con algunos de los postulados del proyecto de Ley de Semillas. Algunos de ellos plantean: impulsar la aplicación de programas y la adopción de medidas dirigidas al incremento del uso de semillas certificadas (similar al art 12, literal d del borrador del proyecto de Ley⇒ ), promover la adopción de medidas o mecanismos conducentes al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la producción de semillas en el Ecuador, promover el cumplimiento de las normas y políticas de libre competencia y de control de mercado para la comercialización de las semillas en el mercado local y en el internacional (art 12 literal c del borrador del proyecto de ley).
“Existe un nivel de diálogo que el Estado está manteniendo en el seno de Ecuasem, en el que no están incluidas las redes de organizaciones que trabajan en el campo porque no tienen ese mismo trato de socios y aliados del Estado”, asegura Javier Carrera en entrevista con MilHojas.is. Por lo tanto, el problema es que no hay espacio que sea organizado y financiado por el Estado en el que se trabaje con grupos campesinos y agroecológicos. “Nuestra opinión como sociedad civil no es vinculante, mientras en Ecuasem el Estado se sienta a negociar con las empresas y con nosotros tiene la opción de hacernos caso o no, cuando debería sentarse a analizar cómo vamos a promover la agroecología y facilitar el crecimiento empresarial de las unidades productivas que trabajan con otros modelos (no industriales)”, culmina el representante de los semilleros.
Para Carrera es un tema de interés nacional saber cómo se dio el proceso para llegar a esta alianza y en qué términos coexisten los socios de Ecuasem. Por ejemplo, ¿si INIAP es una empresa del Estado ecuatoriano por qué es aliada de Monsanto y qué implica esa alianza?
El Foro Semillas y Soberanía Alimentaria en riesgo, que agrupa a representantes de movimientos campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes y organizaciones sociales, hizo en esta semana una declaratoria pública sobre los debates en torno a la nueva Ley de Semillas. Entre sus preocupaciones consta lo que denominan “el evidente conflicto de intereses que surge de esta alianza”. Agregan que en ninguna asociación similar figura el Estado como aliado de organizaciones campesinas, asociaciones de productores, otras organizaciones del campo o grupos de consumidores.
Xavier León, miembro de Acción Ecológica, enfatiza que en la elaboración del proyecto de ley hay dos fuerzas en claro enfrentamiento. La una que favorece a las semillas certificadas e híbridas que son distribuidas por empresas que están dentro del conglomerado de Ecuasem. Y la otra que defiende a las semillas nativas y tradicionales que circulan por el libre intercambio. A criterio de León, en el texto del proyecto de ley se está privilegiando más a los sectores importadores y distribuidores agroindustriales de semillas. Pero observa que no se pueden aplicar las mismas reglas a esos sectores y a los pequeños campesinos. Debe haber estrategias diferenciadas, de lo contrario se generaría una pérdida de agrobiodiversidad genética, más si se toma en cuenta que en el país se originan miles de variedades de semillas.
Otro elemento de incertidumbre es la orientación que tendrá, en la práctica, el Consejo Consultivo de la Semilla, que se creará según el proyecto de ley.
Xavier León advierte que los resultados de la gestión de estos cuerpos colegiados no han sido favorables para la agricultura campesina y su temor es que la semilla tradicional termine desapareciendo, lo que sería un riesgo para la seguridad alimentaria del país, pues se pueden perder semillas importantes, ya que se desestimula la siembra y conservación debido a que los agricultores que se dedican a preservar estas semillas no van a poder cumplir las exigencias del registro y la certificación.
Imagen: Las prácticas ancentrales en cuanto a semillas serán borradas con esta ley que privilegia a las producidas por las transnacionales como Monsanto.
León grafica su hipótesis con un ejemplo real: Si bien el Consejo Consultivo del maíz estaba integrado por representantes de los importadores, de fabricantes de balanceados y de agricultores, la influencia del sector agroindustrial ha sido mucho mayor que el de los campesinos, pues no solo controlan las semillas, sino también la elaboración de balanceados y de la producción de carnes. Por lo tanto, al tener varios representantes cuentan con mayor peso en la toma de decisiones. Durante varios años, este Consejo Consultivo autorizó importaciones de maíz para balanceado, durante la época de cosecha, en las provincias de Los Ríos, Manabí y Loja, las principales productoras de ese cultivo, lo que provocó la caída de los precios. León asegura que mucha gente terminó vendiendo su producción y hasta perdiendo sus tierras. Otros no pudieron pagar sus créditos porque su producción perdió rentabilidad debido a la sobre oferta creada con las importaciones.
León sostiene que este ejemplo evidencia que es notable que en la redacción de algunas leyes hay un claro balance a favor de las grandes empresas. Este riesgo puede repetirse en el Consejo Consultivo de Semillas, pues el peso de las empresas nacionales y transnacionales sería mayor que el de los agricultores que se dedican a preservar la semilla nativa.
Por qué este proyecto vuelve al debate legislativo y qué plantea sobre las semillas para generar tanto recelo?
Entre 2010 y 2012, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) desarrolló un proceso de consulta para construir una propuesta de ley⇒ que involucró a 522 organizaciones y entidades de la sociedad civil, así como a unos 3.000 ciudadanos, todos vinculados al agro y al sistema alimentaria. Pero el primer debate de este proyecto fue suspendido, sin que se difunda, oficialmente, alguna explicación.
Imagen: Mauricio Proaño, el nuevo impulsor de la ley que privilegia lel punto de vista de los grandes productores de semillas.
Su trámite se reactivó a inicios de este año y Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, fue designado para exponer el proyecto de ley. Proaño es un asambleísta de PAIS que ha mantenido un perfil bajo ante la opinión pública, excepto en una que otra ocasión anecdótica como el haber figurado entre los comensales invitados a celebrar un cumpleaños del presidente Rafael Correa. O la incómoda situación que protagonizó durante la aprobación de las enmiendas constitucionales, al decir a la legisladora socialcristiana Cristina Reyes que “no por tener una cara bonita y un cuerpo bonito (puede) venir a criticar a todo el mundo”.
Pese a no tener una gran exposición pública, Proaño cumplió un rol clave en la redacción final de los textos de las Leyes de Agua y de Tierras. Ahora, en este nuevo proyecto al que algunos sectores llaman Ley Proaño, es este asambleísta quien lidera la reedición de sus contenidos. En declaraciones al diario oficialista El Ciudadano dijo: “estamos trabajando con el proyecto de Ley de Semillas en un primer borrador”, como si la propuesta elaborada por Copisa no existiera.
El discurso de Proaño, en sus exposiciones y entrevistas, se ha enfilado a enfatizar que el proyecto debía ser corregido, buscando circunscribirlo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. “Esto significa que toda planta que produce una semilla, entra en la norma”. En esta frase Proaño no pudo ser más explícito para graficar la orientación de control que se pretende asumir desde el Estado sobre las semillas.
Al tenor de sus palabras el proyecto incorporó la necesidad de incrementar el uso de semillas certificadas, dentro del sector campesino. Esto se justifica, según Proaño, porque en Ecuador no se cubre ni el 7% de superficie con semillas certificadas. “Este tema queremos ingresar en la ley porque eso procuraría que la producción de semilla se generalice en el país, con lo que se incrementa la producción de alimento y mejora el ingreso de las zonas rurales”, ha dicho el asambleísta.
Stephen Sherwood, científico estadounidense-ecuatoriano, experto en Fitopatología y Manejo Integrado de Plagas y quien ha sido investigador por la Wageningen University and Research Center, explica que cuando se crea una empresa colectiva se ingresa en un mundo industrial y con ello, al uso de semilla certificada y de paquetes de fertilización, sembrando monocultivos. La lógica de la agricultura campesina, que hoy provee más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador, no funciona como las empresas industriales que se pretendería impulsar. El trabajo de los campesinos se desarrolla en fincas biodiversas (varios cultivos) con la mano de obra de la familia y requiere autonomía para escoger el diseño de su finca y sus mercados. Por lo que necesitan otro tipo de apoyo del Estado que no sea solo paquetes tecnológicos uniformes.
Proaño ha dicho que “es necesario reforzar las zonas de agrobiodiversidad, además de dar énfasis a los centros de conocimiento y a los bancos de germoplasma (semillas), para incentivar la producción”. El razonamiento del legislador es que el potencial del país es su agrobiodiversidad y que el futuro es cuestión de genética, de cubrir el hambre con especies que resistan sequías por el cambio climático.
Por ello considera que hay que incluir en el proyecto de ley temas más fuertes sobre la protección y cuidado de las semillas, así como la regulación de los bancos de semillas.
El tema de las semillas nativas ocupa un capítulo aparte. Según Proaño, el objetivo es que estas semillas sigan siendo de la gente. No obstante, el Colectivo Nacional Agroecológico ha evidenciado su resquemor porque la versión del proyecto que al momento se somete a la consulta pre legislativa tiene elementos muy distantes del auténtico espíritu de la propuesta elaborada por la COPISA, en la que, entre otras cosas, se establecía como obligación del Estado promover los sistemas autónomos de semilla campesina y nativa, regular la semilla industrial y prohibir la semilla transgénica, cumpliendo así las disposiciones constitucionales y legales vigentes, en particular la Ley de Soberanía Alimentaria del 2010”
Este grupo expuso sus preocupaciones en un documento público y de acuerdo con su análisis, en la nueva versión del proyecto de ley se propone que sólo puede comercializarse la semilla registrada y certificada, una semilla que debe tener “pureza genética y varietal”. Pero este tipo de semilla es generalmente controlada empresarialmente.
Imagen: las empresas han estado trabajando para poner a punto la ley. La consulta prelegislativa es solo una estrategia para legitimar esta propuesta de Ley de Alianza PAIS.
A Sherwood también le preocupa lo que plantea el artículo 30 al prohibir la comercialización de semillas que no consten en el Registro Nacional de Semilla, pues se señala que “toda persona natural, jurídica pública, privada o comunitaria que se dedica a la producción, comercialización, importación o exportación de semilla debe registrarse ante la Autoridad Agraria Nacional”. Esto significa que solo las semillas reconocidas por el Gobierno pueden ser sembradas e intercambiadas, aclara Sherwood, lo que conlleva varios problemas de aplicación y contrasentidos. Primero, es imposible registrar todas las semillas del país. Sherwood, quien también trabajó en el Centro Internacional de la Papa, asegura que en el mencionado Centro han transcurrido años tratando de investigar cuántas variedades de papa hay en el Ecuador y nunca se lo logró por su alta complejidad. Se conoce que 30 variedades dominan el mercado, pero hay más de 500.
Además, el registro tomaría años por cada variedad, de cada producto. El proyecto también establece que debe haber una certificación de las semillas, entendida como un “proceso técnico de supervisión y verificación oficial destinado a mantener la identidad genética, la pureza física, la calidad fisiológica y sanitaria de la semilla”. Sherwood observa que con esta disposición se debería certificar cada semilla que se tiene al momento, lo que implica que cada semilla sea producida en laboratorio.
El argumento oficial es que el registro y la certificación son importantes por razones fitosanitarias. Sherwood es fitopatólogo, experto en enfermedades de plantas, y considera que esa tesis es absurda, pues si se quiere mejorar la producción del campo no se debe buscar la pureza de la semilla, si no mantener la diversidad entre un mismo cultivo y entre cultivos. Eso es mucho más efectivo e importante. “Purificar una semilla significa que hay que uniformizarla y eso se logra bajando la biodiversidad. Entonces la lógica de la industria y de este tipo de ciencia no cuadra con la lógica de una producción biodiversa, estable y ecológica en el campo”.
"Purificar una semilla significa que hay que uniformizarla y eso se logra bajando la biodiversidad. Entonces la lógica de la industria y de este tipo de ciencia no cuadra con la lógica de una producción biodiversa, estable y ecológica en el campo". Stephen Sherwood, científico experto en Fitopatología
Al colectivo le preocupa también que en el proyecto se declara a la semilla como patrimonio del Estado, pues la agrupación sostiene que las semillas son un patrimonio colectivo de los pueblos y un bien común, que según centros expertos mundiales en el tema, como el Centro de Investigación Biodiversidad y la FAO, necesariamente tienen que quedar en las manos del público.
Por lo tanto el Colectivo exige que la semilla continúe siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y al Estado se le asigne el rol de garante de este derecho y no como propietario, como se intenta proponer.
Sherwood destaca que la afectación de que el Estado tenga el control de las semillas no sería solo para los agricultores. Cualquier persona es parte de este proceso, pues al consumir está financiando los sistemas agroalimentarios y cuando alguien compra papas en un mercado está financiando la supervivencia de esta variedad de semilla. Por eso este es un tema de soberanía alimentaria, sostiene.
El Colectivo rechaza también cualquier intento de legalización de semilla transgénica, teme poner en peligro la salud humana, los ecosistemas y el control de los recursos genéticos. El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño ha dicho que la Constitución (artículo 401) declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas y que el proyecto de ley reafirma que quien introduce este tipo de semillas comete un delito. Pero también ha señalado que “científicamente tiene que probarse que ese tipo de cultivos son peligrosos o no para la salud y ahí se tomarán decisiones, mientras tanto hay una disposición constitucional que hay que respetar”.
Organizaciones, como el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), que lidera debates y diálogos políticos entre grupos sociales y ONGs sobre la política agraria y las reformas institucionales y legales, piden el archivo del proyecto Proaño y el Colectivo Agroecológico ha pedido que se considere nuevamente la propuesta de ley enviada por la COPISA (2012), el Foro Semillas y Soberanía Alimentaria en riesgo hace varias propuestas de postulados que deberían incluirse en el proyecto.
Entre otros temas ha propuesto que se incorpore en la ley la obligación del Estado debe estimular la producción de semillas campesinas mediante estrategias como la creación de espacios y sistemas de comercialización, tales como ferias, festivales, concursos, etc. Platean también que se facilite al acceso de la población a los bancos de germoplasma del INIAP, mediante convenios sencillos, que se debe reglamentar y financiar la defensa del país contra la contaminación transgénica.
A criterio del foro se debe facilitar el acceso de semilleristas locales a bancos de semillas procedentes del extranjero para especies no nativas de reciente inclusión en la cultura alimentaria nacional, tales como las hortalizas. “Esto con el objetivo de que la población pueda iniciar un proceso de selección y fitomejoramiento local para criollizar estas semillas, de manera similar a la que se viene dando con el arroz o la col desde siglos pasados”.
Finalmente, el Foro propone que la nueva ley de semillas debe servir para construir un nuevo modelo agrario, que busque la sostenibilidad, que se oriente a la producción de alimentos para la población, que fomente la economía local diversificada.