Paulina: ¿Cómo entender que el abogado personal del presidente Correa defienda a un profesor sentenciado por violar a un alumno?
Miércoles 8 de Agosto, 2018

    Paulina: ¿Cómo entender que el abogado personal del presidente Correa defienda a un profesor sentenciado por violar a un alumno?

    Publicado el | REPORTAJE

    • Para este 2 de febrero, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, está convocada una audiencia que puede marcar, positiva o dramáticamente, la vida de Lucas, víctima de abuso sexual por parte de José V.L., quien fuera su profesor de natación.
    • El pasado 22 de noviembre, tres jueces ya condenaron a este profesor a 22 años de prisión. Pero Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa, asumió la defensa de José V.L. y apeló la sentencia.
    • La audiencia prevista para hoy este caso, se suspendió porque no se pudo integrar el Tribunal.

    MILHOJAS.IS presenta el testimonio de Paulina, madre de Lucas, quien a sus 5 años habría sido abusado sexualmente por José V.L. su profesor de natación en uno de los más caros y catalogado como uno de los mejores colegios de Quito. Tras ocho meses de investigaciones, el pasado 22 de noviembre, tres jueces lo hallaron culpable y, en una decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión. No obstante, el caso tomó un giro preocupante para la familia de Lucas luego de que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente de la República Rafael Correa, asumiera su defensa y apelara la sentencia. Este hecho llevó a Paulina a denunciar el caso a través de la prensa, pues teme que la condena quede sin efecto y continúe la pesadilla que empezó hace dos años y  quebró no solo la infancia de Lucas sino la de su hermana  que es dos años mayor que él, e incluso provocó su divorcio. Dada la cercanía de Ochoa con Correa y el control de la justicia por parte del Ejecutivo hay temor de eventuales presiones desde el poder en este caso.





    Los nombres de esta historia son protegidos

    Para hoy (2 de febrero) a las 10:00, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,  fue convocada una audiencia que podía marcar, positiva o dramáticamente,  la vida de Lucas,  a quien su profesor de natación ponía su pene en la boca y le obligaba a que se lo chupara. Así de alarmante es este caso.

    Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el agresor también habría maltratado física y psicológicamente al niño pegándole, diciéndole que es malo y  amenazando con meter a sus padres a la cárcel si cuenta lo que ocurría.

    Esto pasó en uno de los colegios más prestigiosos y caros de Quito, pero ni su nombre ni el del maestro agresor puede ser revelado en este texto, pues así lo establecen el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Comunicación, y otras normas.

    Paulina no ha podido establecer con precisión durante cuánto tiempo ni cuántas veces Lucas fue sometido a ese tipo de abuso. “No lograron determinar si fue una o varias veces porque los niños a los cuatro o cinco años no se sitúan en el espacio, pero, según los testimonios de mi hijo, fueron algunas veces. Él hablaba de algunas veces”.

    Luego de asimilar el impacto, sobreponiendo los derechos de Lucas, quien ahora tiene 7 años, y dejando de lado los prejuicios en una sociedad que, en opinión de Paulina “calla, esconde e incluso protege al violador”, ella denunció el caso primero en el colegio. La institución lo puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). “Eso fue lo único que las autoridades del plantel hicieron en favor de Lucas. Lo demás fue proteger al agresor pues, pese a la denuncia y a la investigación, lo mantuvieron dictando clases hasta el 22 de noviembre de 2016, día en el que fue sentenciado. Incluso permitieron que continuara llevando a los niños a las llamadas clases azules, que son paseos fuera de la ciudad. Todos me dieron la espalda, las autoridades, los profesores. Para las madres de familia fue más cómodo creer la versión del colegio. Es difícil ver que la gente no tenga valores y que solo actúe por conveniencia”. 

    Los ojos de Paulina se llenan de lágrimas. El diálogo se detiene un momento. Respira profundo y continúa: “Es duro recordarlo, es re victimizarme, pero lo hago por mi hijo, porque no quiero que esto quede en la impunidad y porque quiero darle respuestas claras cuando sea grande”. 

    Ante la inacción de las autoridades del reputado colegio internacional, en abril de 2015, Paulina presentó una acusación particular pero, tras una serie de anomalías procesales, el caso fue sobreseído.

    No obstante, esta madre angustiada destaca la labor de personal de la Fiscalía y la Dinapen que siguió el caso. Agentes de la Unidad Judicial Penal de Quito, tras ocho meses de investigaciones, informaron haber hallado evidencias de que el profesor José V.L. era culpable.  El 22 de noviembre de 2016, en la audiencia final, tres jueces, en decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión.

    En el diálogo con MILHOJAS.IS, Paulina saca valor para revivir los más duros episodios de una pesadilla que creyó terminada con la sentencia. “En medio de la tragedia, esa fue nuestra victoria, pensamos que al fin se hizo justicia. Eso fue tan importante porque significaba que el Estado ecuatoriano le creyó a mí hijo,  los jueces y los fiscales  le creyeron a mí hijo. Yo estoy segura, nunca dudé de que mi hijo siempre dijo la verdad. Yo no quería que esto se haga político, ellos lo han hecho político. Por eso, como madre, por responsabilidad, para que este tipo de cosas no se queden en la impunidad y no vuelvan a pasar con otros niños, recurro a la prensa para denunciar lo que está pasando. El 22 de noviembre ganamos el juicio. Ahora este señor apela y sus defensores son Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa; César Augusto Ochoa Valarezo y Rómulo Argudo Argudo. ¿Cómo este hombre, que dice que no tiene ni un centavo, tiene esos abogados? ¿Quién les paga?

    Paulina eleva su voz y advierte: “Eso es para amedrentarme, pero yo no tengo miedo, no les tengo miedo. Yo no quería hacer público mi caso, porque quiero proteger a mis hijos, pero no quiero que lo declaren inocente y que esto quede en la impunidad”, enfatiza.

    La audiencia de hoy es clave para Paulina y sus dos hijos. Aunque la apelación ya no está en manos de los tres jueces que dictaron la primera sentencia, ella está convencida que los magistrados que tienen sobre sus espaldas esa responsabilidad, actuarán en defensa de Lucas y de miles de niños que a diario son víctimas de abuso sexual, y ratificarán la condena.

    El hecho que encendió la sospecha del abuso

    “Mi vida cambió el día que comprobé que mi hijo era víctima de abuso sexual en el colegio”.  Paulina y su esposo -extranjero- descubrieron aquello gracias a que la mamá de un compañero de su hijo, quien le había invitado a jugar en su casa, sorprendió a Lucas pidiendo a su amigo que le introdujera su pene en la boca. “Ella es una gran persona, hasta ahora somos amigas. Ella no me dio la espalda”, comenta mientras sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas.

    Otra pausa en la conversación es necesaria. Luego recuerda que en el colegio siempre les dijeron que Lucas era un niño problema, muy agresivo, que pegaba a sus compañeros, que era malcriado. “Nosotros le ayudábamos con psicopedagogas en todo, sin imaginarnos lo que estaba ocurriendo. Mi hijo volvió a orinarse en la cama. Se hacía pipi hasta cinco veces. Se despertaba en las noches gritando. Yo pensé que no se sentía bien en el colegio porque le empezaron a estigmatizar. Nunca me imaginé semejante cosa”.

    Los profesores dieron testimonios en contra de mi hijo, dijeron que es un niño malcriado, que se inventa cosas. Gracias a los testimonios que Lucas empezó a dar a las psicólogas llegó a confesar quien era el agresor.

    “Siempre hablaba del profesor de natación, del agua y pudimos determinar que fue el quien introdujo su pene en la boca de mi hijo. No sé qué más le habrá hecho, porque hasta ahora no he leído su testimonio. He soportado que digan  que soy una loca bipolar y mi esposo un pervertido”. 

    Según Paulina, en el mismo colegio, ese mismo año (2015), otro profesor de nacionalidad extranjera fue denunciado por mandar textos sexuales a una adolescente. “A ese si lo botaron, pero está en arresto domiciliario. Los maestros dijeron que la chica también se inventó todo porque la mamá es lesbiana”.

    Dos años de un tortuoso proceso legal, con testimonios y grabaciones 

    La angustia ante la falta de apoyo de las autoridades del colegio llevó al padre de Lucas a grabar sus relatos sobre el tema. Como se resistía a pronunciar el nombre de su agresor, porque confesó que le pegaba y le tenía amenazado, la Fiscalía durante  las investigaciones utilizó la  cámara de Gesell para el reconocimiento de profesores. “En tres ocasiones mi hijo reconoció a José V.L Eso permitió que la fiscal determinara su detención por 90 días para la etapa de investigación”.  

    “De repente, antes de cumplir ese plazo, fue liberado y hasta hoy no sabemos quién ni cómo lo sacó de la cárcel. Después fuimos a la audiencia preliminar y el juez lo declaró inocente y lo sobreseyó. A este juez a la semana lo destituyeron. Luego apelamos en la Corte Provincial porque no hubo una justificación del sobreseimiento y ganamos. Se convocó a una nueva audiencia preliminar y el 22 de noviembre lo declararon culpable, en base a la investigación de la Fiscalía y la Dinapen. 

    Paulina destaca el trabajo profesional y la calidad humana del personal de esas dos instituciones, que estuvieron a cargo de la investigación. Y la actuación de quienes  dictaron la sentencia: “Son tres jueces del Tribunal que actuaron con independencia y no tuvieron miedo, porque es un caso súper grave. Mi hijo tenía 5 años, era un bebé”.

    También recuerda que, en vista del temor de Lucas a dar el nombre del agresor, decidieron ponerle el código 4849. “Un día estábamos tomando helado fuera del colegio y este tipo salió. Entonces mi hijo me dijo ´mami, 4849 acaba de pasar’. Eso confirmó mis sospechas. No sé por qué, pero yo sabía que se trataba de él”.

    Un padre en depresión, un divorcio doloroso, una familia rota

    “Esto ha hecho que mi matrimonio se termine. Mi esposo se sentía culpable de no haber visto esto antes, de no haberse dado cuenta a tiempo. No pudo con esa culpabilidad. Los dos vivimos el caso desde diferentes ángulos. Yo desde mi lucha cotidiana porque quiero darle respuestas cuando sea grande, pero mi esposo se fue del país en agosto y no se ha comunicado desde entonces. Espero que se sobreponga y salga adelante. Mi hijo está mejor, le saqué de ese colegio. Está en otro donde me han ayudado mucho, está bien.

    Todos somos víctimas, no hay una sola víctima. Mi hija también fue amedrentada por este tipo. Se metió al camerino donde se estaba cambiando y le dijo que iba a matar a su papá. Ella no supo qué hacer, llegó llorando. Hicimos una carta y pusimos la queja al colegio. Nada pasó.

    “Estoy cansada, pensé que esto se acabó con la sentencia. Es una pesadilla: estoy luchando para que se haga justicia, viviendo mi divorcio porque mi esposo se fue. Está mal, está en depresión y espero que se esté curando. No tenemos contacto con él desde agosto. Para mis niños es súper fuerte porque amaban a su padre y él a ellos. Pero la depresión es lo peor. Este caso lo llevó a este estado, mi esposo no pudo manejarlo. Para mí también ha sido muy difícil porque he estado en todo con mi hijo. Escucharlo cada vez ha sido re victimizarme, es terrible, vuelvo a vivirlo, es muy duro”.

    El maestro sentenciado, los nexos políticos de sus familiares y el rol del colegio

    Ante la protección que el colegio daba al maestro sentenciado por violación sexual a Lucas y las anomalías durante la primera fase del proceso judicial, la familia de la víctima quiso saber quién era José V.L. Lo primero que hizo fue  revisar su página de Facebook, en donde  encontró la foto de un hermano del profesor de natación publicada el 31 de  diciembre de 2016 junto a dos figuras del movimiento gobiernista Alianza País (AP): Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y su coidearia, la asambleísta María José Carrión.

    En otra foto, publicada el 13 de junio de 2013, aparece la madre del profesor sentenciado  junto al presidente Rafael Correa. “Me imagino que su familia debe tener una relación política”, comenta Paulina, y agrega un detalle. “José V.L era soltero, pero en medio del juicio, se casó y ahora tiene una hija. Son las tácticas que utilizan estos psicópatas para desviar la atención”.

    Paulina está ansiosa y preocupada por lo que hoy se dictamine en la audiencia, pide que la sociedad analice el  rol de los colegios y de sus autoridades, que son responsables de lo que a los niños y jóvenes les ocurra en sus espacios.

    Este es su clamor y su exigencia: “Desde hace dos años la vida se nos hizo tan difícil, principalmente  para mi hijo. El abuso, la separación de sus padres, el cambio de escuela. Le cuesta ir a clases. La psicóloga me dice que hay que lograr que vuelva a creer que la escuela es un lugar seguro, para que no tema que le puede volver a pasar algo así. La escuela es el sitio de juegos y de aprendizaje, para mi hijo se convirtió en un trauma. En el nuevo colegio han logrado ayudarle, pero no es fácil. Quiero que mi hijo vuelva a ser feliz. Estoy reconstruyendo nuestras vidas. Tal vez la mejor opción sea irme del país y empezar una nueva vida. Si declaran inocente a este tipo, para mi va a ser mucho más fácil seguir peleando y denunciando desde afuera, sin temor, con mi verdadera identidad, pero con mis hijos protegidos. Estoy cansada de esta pesadilla. Mi hijo es divino, está superando esta crisis, espero que se le olvide. En casa ya no hablamos del tema. En una de las versiones que dio, dijo que lo único que pide es que le crean. Era tan chiquito, tenía solo 5 años y solo pedía que le crean para que este malvado se vaya a la cárcel. Eso le dijo mi hijo a la perito de la Fiscalía”.

    Paulina, en medio de todo este drama, agradece haber podido denunciar este caso y se resiste a darse por vencida. Ofrece esta lucha a tantas mujeres que se ven obligadas a callar este tipo de casos debido a la pobreza o a que nadie les cree. “Aquí, mucha gente prefiere ocultar o callar los abusos por temor. Pero estas cosas no se pueden quedar así, no podemos permitir que los agresores sexuales sean los protegidos”.