Como producto de la incautación de centenares de activos a varios ex banqueros, iniciada el 8 de julio de 2008, la empresa de servicios petroleros Minga S.A., embargada al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos) pasó también a la administración del Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
Desde entonces, su manejo económico no ha estado exento de polémica. Sin embargo, y como si fuera poco lo descubierto en la trama de corrupción que enloda a Petroecuador desde el año pasado, ahora hay nuevas revelaciones en torno a cómo se burló el sistema de contratación en la petrolera ecuatoriana, mediante un presunto desvío de millones de dólares a una empresa del conglomerado empresarial Peñafiel.
En una de sus últimas denuncias, que fueron opacadas por el inminente proceso electoral que vivió el país el pasado 2 de abril, Pedro Delgado, prófugo de la justicia, expresidente del mencionado Fideicomiso y primo del primer mandatario Rafael Correa, aseguró que el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”, en el que estaría el actual vicepresidente de la República Jorge Glas.
Esta historia de corrupción fue planificada antes de que Minga sea confiscada por el Estado. Delgado describió que para asegurar que los pagos prometidos a quienes dieron vía libre a los contratos firmados entre Petroecuador y Minga, altos funcionarios del Gobierno y de la estatal petrolera aplicaron una estrategia que habría perjudicado a los intereses del Estado.
Antes de su incautación, Minga (que entonces pertenecía al grupo Peñafiel), había firmado un contrato con Petroecuador por $6'102.297,34. El entonces asesor del directorio de la empresa estatal, Marco Calvopiña, manejaba todos sus contratos y las reuniones iniciales que mantuvo Delgado por este tema fueron con él.
Calvopiña es uno de los detenidos el 11 de noviembre del año pasado, en un operativo dirigido por la Fiscalía y enfrenta un proceso penal por ser el presunto cabecilla del delito de delincuencia organizada dentro de Petroecuador. En su residencia y en la de dos personas más, que también fueron detenidas, se hallaron $300 mil escondidos en sobres, cajones y en el tumbado de las casas.
Como se han hecho centenares de contratos en la petrolera estatal en la última década, el que iba a celebrarse con Minga .S.A. en 2009 fue calificado como un requerimiento emergente. El Vicepresidente de Petroproducción de ese entonces integró una comisión para llevar a cabo el proceso, por supuesto bajo la modalidad de contratación directa. En diciembre del 2008 dicha comisión recomendó adjudicar el contrato a la compañía Minga.
Transcurrió casi un año, hasta que el 30 de noviembre de 2009 se firmó el contrato N° 2009082 entre Petroproducción y Minga para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi. El gerente general de Petroecuador de la época era el vicealmirante Manuel Zapater.
Sin embargo, en poco más de un mes (el 8 de enero de 2010) se suscribió un contrato modificatorio N°201002, con una cuantía que subió a 6'241.805,8, pero con otro cambio que fue el más significativo y que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4' 491.726,55”.
Además se incorporó al contrato, el formulario No.3, en el que no solo se detallaban los valores de la importación, sino que constaba explícitamente que el pago se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción.
Es decir, sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin haberse registrado en una Notaría, y con los mismos datos y errores que la proforma.
Fanny Canelos, Subgerente de Negocios Fiduciarios de la CFN, Fiduciaria del Fideicomiso No Más Impunidad, pidió a Zapater, entonces gerente de Petroecuador, que el pago se haga directamente al proveedor de los equipos, es decir a la firma importadora FMC Technologies, pero de acuerdo con Delgado, había la disposición de Calvopiña a negar estos requerimientos.
El mismo día (7 de mayo del 2010) en que Petroecuador autorizó el pago a favor de MESCO por $4’491.726,56, Amílcar Proaño, gerente de Minga S.A. también solicitó a Rafael Navarrete, Gerente de Exploración y Producción de Petroecuador, la autorización para que la carta de crédito se abra a nombre de FMC Technologies, en lugar de a MESCO. Esa solicitud no solo no fue atendida, sino que el 10 de mayo se aperturó la carta de crédito a nombre de MESCO y confirmada posteriormente por la beneficiaria.
Pese a ello, el gerente de Minga se ratificó en su pedido anterior, aduciendo que no quieren negocios con empresas del grupo Peñafiel.
Ante los constantes requerimientos de que se deje sin efecto el pago a MESCO, Zapater, el 17 de junio respondió a Delgado con un informe de 4 páginas elaborado por Sonia Guerrero, analista de compras e importaciones de la Gerencia de exploración y producción de Petroecuador, en el que señaló que la carta de crédito fue realizada en base a lo establecido en el contrato modificatorio y a su formulario N° 3, considerando la opción de que esta fuera transferible para que los beneficiarios del crédito pudiesen endosar el documento de creerlo pertinente. Es decir Zapater no solo ratificó su posición de que el pago a MESCO se enmarca en las cláusulas del contrato, sino que además lanzó una advertencia a Minga S.A. de que “si no cumple sus obligaciones contractuales, se aplicarán las acciones pertinentes”.
El 15 de diciembre del mismo año Delgado no solo reitera que desconoce la validez del pago a MESCO, sino que puntualiza que en el contrato modificatorio “jamás se dispone que la carta de crédito sea el beneficiario MESCO, empresa vinculada a la familia Peñafiel, que tanto daño ha hecho al Estado ecuatoriano”.
Tampoco estas misivas tuvieron respuesta favorable para el Fideicomiso No Más Impunidad.
POR QUÉ Y PARA QUÉ EL DESVÍO DE RECURSOS HACIA MESCO?
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga. El primo de Correa afirmó que la denuncia fue presentada a la Fiscalía de Pichincha, pero desconoce en qué instancia se encuentra.
Las comunicaciones hechas por Delgado y otros directivos del Fideicomiso, entre el 7 de mayo de 2010 y el 15 de diciembre del 2010, pidiendo a Petroecuador que no se concrete el pago, también fueron notificadas a varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos Jorge Glas, quien, según el primo del presidente, evitó los pedidos de reuniones planteadas con él o con su equipo para resolver este problema.
Según Delgado, luego conoció que la razón de las constantes evasivas de Glas fue porque dispuso a Calvopiña que se haga el pago a la empresa estadounidense MESCO en lugar de a Minga Ecuador. “Además le ordenó a Calvopiña que inicie el trámite de contratista incumplido contra Minga para ocultar este negociado”.
Una de las interrogantes que surgen en este entramado es que al no haberse pagado los $4,5 millones al fabricante de los equipos importados quién asumió ese pago? Delgado asegura que Minga estatal tuvo que hacerlo. “Nos negábamos a completar pero no hubo al final sino que seguir con el proyecto”, se justifica.
Finalmente agrega que “es importante investigar cuánto de los $4,5 millones habrán ido a este club de negociadores del Estado. Rafael, tu conocías de este problema. Se te informó desde el inicio. Ahora entiendo por qué nunca ordenaste a Glas que devuelva la plata que se sacaron. Es porque eres cómplice y encubridor de todos estos negocios”.
OTRAS ANOMALÍAS PROTAGONIZADAS POR MINGA S.A.
Minga S.A. no solo estuvo en el ojo del huracán por estas presuntas irregularidades. Hubo otras que fueron denunciadas por el exasambleista Cléver Jiménez en 2012.
El primer tema se refiere a un préstamo por casi $400 mil, otorgado por el Banco Cofiec a esa empresa en mayo de 2012, un dinero que, supuestamente, no ingresó a las cuentas de Minga.
Dentro de una denuncia penal que Jiménez presentó ante el Fiscal General, Galo Chiriboga, el 13 de septiembre del 2012, respecto a otras presuntas irregularidades cometidas por Pedro Delgado y otros funcionarios del Gobierno, el entonces asambleísta pidió “un informe económico detallado del estado de situación patrimonial, de activos, pasivos, registro de administradores, avalúo y proceso de venta de las empresas incautadas y que están bajo la administración del Fideicomiso UGEDEP-AGD-CFN No más Impunidad”. Esto, debido a que Jiménez presumía la entrega de créditos vinculados de este Fideicomiso a varias de sus empresas vinculadas, entre ellas Minga por $391.500, lo que viola la Ley de Instituciones Financieras.
En esta denuncia Jiménez solicitó medidas cautelares, pedido que nunca tuvo respuesta de Chiriboga. El 19 de diciembre del año 2012, horas antes de que renuncie Pedro Delgado, envió un alcance de la denuncia al Fiscal General, con nuevas pruebas, reiterando el pedido de medidas cautelares. Obviamente tampoco se hizo nada.
Otra denuncia de Jiménez fue el supuesto exceso en el pago de confección de uniformes, pues reveló también que la administración de Minga continuaría a cargo de la empresa Daniel Com, que es su proveedora de equipos y materiales. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, cuestionó. Según los documentos exhibidos en ese entonces por el exlegislador, en el comprobante de egreso número 0012399, emitido a la orden de Daffner Corp. S.A., de fecha 28 de septiembre, se realizó una cancelación por $80.000 como anticipo por la confección de uniformes. Esto llamó la atención de Jiménez pues dijo que son aproximadamente 55 empleados que laboran en la empresa y al pagar un anticipo de esta cantidad significaría que la inversión en cada uniforme bordearía los $1.454,54.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre estas denuncias y muchas otras relacionadas con actos de corrupción cometidos en las más altas esferas del Gobierno no solo no han prosperado, si no que en varios casos han sido usadas para lanzar ofensivas judiciales en contra de los denunciantes.