Hoy es miércoles / 21 de noviembre de 2018

    Un velo de misterio cubre la muerte de dos niñas en un colegio público de Naranjal

    Publicado el | REPORTAJE

    • Dos niñas que estudiaban en la unidad educativa Mariano Unda han muerto en circunstancias sospechosas. Han transcurrido casi tres meses y las autoridades aún no informan el resultado de las investigaciones.
    • Las madres de las niñas y Arturo Parra, su abogado, afirman que las muertes fueron ocasionadas por tomar leche de la colación escolar en mal estado.
    • La colación es distribuida por la empresa LaFattoria que también ha sido cuestionada por la calidad de la comida que provee a las cárceles del Ecuador.
    • Parra denuncia una presunta red de corrupción que incluiría desde la manipulación de los informes de Fiscalía hasta robo de información y de fotos del médico forense.
    • Esta tragedia ocurrió un año después de que Rafael Correa entregó en manos privadas la dotación de productos del Programa de Alimentación Escolar. El entonces Ministro de Educación, Augusto Espinosa, se encargó de aplicar este decreto mediante un proceso de subasta inversa.

    Ana Gabriela Solórzano Bamba, de 6 años, y Suly Marolyn Nazareno Obando, de 7 años eran alumnas de la unidad educativa Mariano Unda, la más grande del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Pese a la conmoción que se vivió en esa localidad cuando fallecieron ambas niñas, hasta el momento las autoridades no dan a conocer los resultados de las autopsias ni de los exámenes toxicológicos efectuados el mismo día que murieron, es decir el 16 de agosto.

    Precísamente en esta fecha el fiscal Paulo Quisphe informó que el primer protocolo de autopsia de Gabriela Solórzano reveló que un infarto y un edema pulmonar habrían causado su muerte; sin embargo, agregó que extrajeron restos y fluidos biológicos para determinar las causas reales, cuyos resultados estarían listos en 15 días.

    Han transcurrido casi tres meses de las muertes y la Fiscalía no ha informado sobre el avance de sus investigaciones para determinar la causa e identificar y sancionar a los responsables si los hubiere.

    Cuando la prensa difundió la muerte de las dos estudiantes del centro educativo Mariano Unda, presuntamente debido a una intoxicación por haber tomado le leche de la colación escolar, el Ministerio de Educación difundió un comunicado en el que lamentó el hecho e informó que, como medida preventiva, ha dispuesto que una de las tres empresas proveedoras -de la que hasta la fecha no hace público el nombre- suspenda sus entregas en los centros educativos. 

    Así lo anunciaron en rueda de prensa los coordinadores de los ministerios de Educación y Salud de la Zona 5, Gastón Gagliardo y Martha Cedeño; y Magaly Cornejo, coordinadora de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

    Al mismo tiempo Gagliardo se anticipó a afirmar que “no se ha demostrado que la leche haya sido la causa de las muertes, pero hemos suspendido este alimento como medida de prevención hasta que nos entreguen los resultados de los exámenes de los insumos”.

    Quien también adelantó algunos resultados de las primeras constataciones hechas por Arcsa, fue Cornejo al defender la seriedad de los proveedores, asegurando que “de la inspección realizada a la bodega de alimentos de la escuela y a las muestras de la leche, se determinó preliminarmente que no estaban radicadas (dañadas) y que el envase UHT estaba en perfecto estado. Afirmó -además- que, durante las últimas inspecciones a las proveedoras de lácteos, no se encontraron anormalidades. “Son empresas serias y cumplen bien”, acotó.

    Mientras Cedeño negó que otros alumnos de la misma escuela hayan presentado síntomas de intoxicación e indicó que 57 menores fueron atendidos, pero solo por precaución. 

    Las declaraciones de la funcionaria contrastan con denuncias hechas a través de varios medios de comunicación por padres de familia en Naranjal, quienes solicitaron el retiro de la colación escolar tras asegurar que está causando problemas en la salud de sus hijos.

    (En estos links denuncias de los padres difundidas por la prensa) https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/18/nota/6334801/padres-exigen-se-aclare-muerte-dos-alumnos-ministerio-indaga-casohttps://www.youtube.com/watch?v=x4DwebpPCH8https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20170818/282295320314601 



    César Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Guayas (CNA-G), asegura que lo poco que ha avanzado la investigación ha sido gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) y la Asamblea de Participación Ciudadana. Él acusa a las autoridades de la Dirección de Educación y de la Gobernación de incumplir su compromiso de entregar los resultados en el plazo mencionado.

    El comisionado recuerda que, días después de la tragedia, familiares de las niñas fueron recibidos por el gobernador del Guayas José Francisco Cevallos, quien designó a uno de sus asesores, el arquitecto Vicente Nevares, para que dé seguimiento a la investigación y esté en contacto con los padres.

    Cárdenas señaló que, extraoficialmente, a la CNA-G se le ha informado que hay fotos del estómago de las niñas, tomadas por el médico forense al practicarles la primera autopsia, en las que se evidencia que, antes de morir, solo habían ingerido leche.

    Para él, eso revela la negligencia por parte de la Dirección Distrital de Salud ya que, de acuerdo con el Manual de Manejo de Alimentos, esa entidad tiene que hacer análisis y visitas periódicas a las bodegas en los centros educativos.

    “Nunca hubo esa revisión. Por esa razón, este caso va a ser judicializado, debido a que no hay respuesta por parte del Gobierno y las investigaciones no son concluyentes”, advierte el comisionado.

    Mientras tanto, los padres de las dos niñas y su abogado denuncian robo de la información y las fotos del médico forense que -según ellos- probarían que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche en mal estado entregada por Lafattoria S.A. a ese centro educativo fiscal.      Foto del Obsservatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)

    “Pedimos al presidente Lenín Moreno que nos ayude para que se haga justicia”, claman las madres

    A sus 24 años, Karina Elizabeth Bamba España, recibió el golpe más duro de su vida: la muerte de Gabriela, la segunda de sus tres hijos. “Uno se siente mal, no es lo mismo que uno llegue a su casa y no encontrarla. El Gobierno todavía no nos ayuda en nada, han prometido tantas cosas. Nos prometieron ayudarnos con la casa, vino un asesor del gobernador, pero lo que queremos es que se haga justicia por nuestras hijas muertas. Pido al presidente Lenín Moreno que nos ayude, que se haga justicia”.

    Lourdes Obando tiene 30 años y el 16 de agosto pasado también perdió a Marolyn, su segunda hija. “Es un dolor inmenso y no tengo ni siquiera la esperanza que me digan ahí están los resultados, nada. Dijeron que iban traer psicólogas, nunca llegaron. No hemos recibido ninguna ayuda. El gobernador dijo que nos iba a apoyar para las investigaciones, pero hasta ahora nada.

    Estamos destrozados, mi hija era una niña tan alegre, tan linda, esto es como un mal sueño. Yo quiero saber que pasó, quiero resultados, quiero justicia, no quiero que le pase a ningún niño más, pero la muerte de las dos bebés no les importa, y como somos pobres, es peor, Que nos ayude el presidente Moreno, queremos justicia”.    Foto Andrés Mendoza Observatorio Ciudadano de Guayaquil

    Mientras esta ola de misterio envuelve ambas muertes, aumenta la angustia de las madres de las niñas fallecidas. Andrés Mendoza, comunicador del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), ha estado en contacto con ellas y lamenta que, hasta el momento, el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos; Marcos Chica, alcalde de Naranjal; y Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, quienes el 18 de agosto se reunieron con ellas y se comprometieron a impulsar la investigación y a entregar los resultados en 15 días, aún no hayan cumplido su palabra.

    Estas humildes amas de casa afroecuatorianas están indignadas, pues aseguran que las autoridades, en lugar de investigar, les han ofrecido una casa y un solar para tranquilizarlas.

    Manuel Narváez: buscan proteger a LaFattoría, a los proveedores de lácteos y a las autoridades

    Organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APCN) y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) están apoyando a los familiares de las víctimas y dando seguimiento al proceso de investigación.

    Manuel Narváez, presidente de la APCN, concluye que la tardanza en la presentación de informes se debe a que “buscan proteger a Lafattoria, a los productores de leche y a las autoridades de los ministerios de Educación y Salud, que son responsables de controlar y supervisar el proceso para garantizar la calidad de los alimentos que los niños y jóvenes se llevan a la boca”.

    Narváez asegura que la ciudadanía, que fue convocada a través de una radio, entregó a la Asamblea de Naranjal fundas de leche que se inflaron y reventaron, pese a que la fecha de elaboración es 20 de julio y de caducidad 16 de noviembre de 2017. Ver video: https://www.facebook.com/andres.micomunidad.9/videos/166517277241216/?h c_ref=ARRYYOVlmiSq7rlctd4rp-3EHADI00d-wdZf59StOSa5uGhYWiTgV-WrbmZw3I0QSW8&fref=nf&pnref=story



     

    Fotos del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP)

    El gran negocio que Correa entregó a Lafattoria: $6 millones de ganancia por año, de 2015 a 2019

    Durante el enlace ciudadano 479, el 11 de junio de 2016, el ex presidente Rafael Correa anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que hasta esa fecha estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) del Ministerio de Agricultura, pasaba a ser manejado por la empresa privada y para ello se realizaría un concurso público.

    Según Correa, la decisión obedecía a que en el PAE  “había graves deficiencias y grandes falencias: algunas veces los víveres llegaban cada semana, otras veces cada tres meses, algunas veces faltaba algún estudiante, no llegaba nada... Aquí nadie está contra el sector privado, estamos contra el sector privado que quita más de lo que da, pero hay mucho sector privado que ha ayudado muchísimo al desarrollo del país y que debe ser un socio estratégico para el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay cosas que no se pueden delegar: educación, salud… ¡pero alimentación escolar! Yo estoy seguro que una gran cadena de supermercados va a distribuir mejor la alimentación de lo que puede hacerlo una institución pública”.

    Tras estos argumentos explicó en detalle lo que se venía: “En los próximos días se va a hacer un concurso con un precio referencia de 0.33 centavos por ración de chico. Estamos hablando de tres millones de chicos, 200 días al año. Esto significa un millón de dólares por día, doscientos millones de dólares al año. Así que solo poniendo un pequeñito margen de ganancia… estamos hablando de tres millones de raciones por día, ¡un centavo de ganancia! Haciendo cuentas, por tanto, la entrega de la colación escolar supone una ganancia diaria de 30 mil dólares”, enfatizó Correa.

    Hagamos cuentas: 30 mil diarios por 20 días laborables al mes dejan una ganancia mensual de $600 mil. Si multiplicamos por 10 meses nos da una apetitosa utilidad de $6 millones al año”. 

    De acuerdo con una investigación del Observatorio Ciudadano de Guayaquil (OCSP), si bien el PAE, cuando estuvo en manos del Ministerio de Agricultura, tenía fallas en la provisión de alimentos procesados para el desayuno gratuito escolar, cumplía estándares de calidad en su elaboración, que era supervisada por especialistas en procesamiento y almacenamiento de alimentos. 

    Sin embargo, mediante el decreto ejecutivo 1120 (http://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/decreto_certificado_28374.pdf) el 18 de julio de 2016 Correa dispuso el traspaso del PAE al Ministerio de Educación. Este debió crear una sección administrativa para el manejo directo a fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio, cosa que no ocurrió. 

    Luego de la firma del decreto el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa, mediante el Acuerdo  MINEDUC-ME-2016-00101-A, inició el proceso de contratación amparándose en el oficio SENPLADES-SGPBV-2016-0547-OF del 13 de octubre de 2016. Así se dictaminó la prioridad del proyecto al que denominaron "Intervención en la Alimentación Escolar" – MINEDUC, con una inversión de $473,67 millones para el período 2015-2019, a ser financiado con recursos fiscales y créditos.

    El 15 de agosto de 2016, el SERCOP publicó 8 procedimientos y el 22 de noviembre adjudicó los servicios por $408 millones.

    Tres proveedores resultaron ganadores: LaFattoria S.A., que firmó un contrato de $211 millones; el Consorcio Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A- Forestan por $166 millones;  y Lechera Andina S.A. Leansa por $30 millones. Las tres empresas son responsables de la provisión la alimentación a las 8 zonas en las que el Gobierno de Rafael Correa dividió al país.

    LaFattoria S.A. es la misma empresa que provee de alimentación a los presos en el Ecuador, gracias a un contrato que suscribió con el Ministerio de Justicia por $92 millones. Su gerente general, Richard Villagrán Freire, también es propietario de la empresa Provisali, que maneja las tiendas llamadas economatos, implementadas en las cárceles del país. El 31 de enero de este año, Focusecuador.com publicó el reportaje titulado 92 millones de dólares: los juegos del hambre en las cárceles, que incluye fotografías filtradas desde esos centros o facilitadas por personas que recuperaron su libertad, en las que denuncian que la comida que les dan a diario no tiene nada que ver con los menús ofrecidos en el contrato suscrito con el Ministerio de Justicia. El día en que se publicó esta investigación Focus sufrió un ataque informático y salió del aire, pero MIlHOJAS.IS  lo reprodujo: http://milhojas.is/612440-92-millones-de-dolares-los-juegos-del-hambre-en-las-carceles.html.

    Lafattoria S. A. es una de las empresas prósperas durante la llamada década ganada del Gobierno de Rafael Correa. Según información extraída de los portales de la Superintendencia de Compañías (SC) y del Servicio de Rentas Interna (SRI), fue constituida por Harold Xavier Quizpi Aguilera y Deacternan José Rodríguez Palacios, el 20 de marzo de 2008, con el RUC 0992557494001. A esa fecha, el capital suscrito fue de $800. El primer gerente general, designado el 8 de marzo de 2008 para un período de 5 años, fue Rodríguez Palacios, pero duró menos de un mes en esa función. El 17 de abril del mismo año fue reemplazado por Rosa Elena Mueckay Morales, quien gerenció la empresa hasta el 29 de septiembre de 2011.

    Su presidente fue, desde el 8 de septiembre de 2014 hasta el 26 de mayo de 2015, el estadounidense Richard Villagrán Freire, quien renunció al cargo esa fecha para, al día siguiente, asumir el de gerente general hasta mayo de 2020.





    Foto tomada de la licitación del servicio de alimentación para las cárceles del país. El ex presidente Rafael Correa con Richard Villagrán Freire, gerente de Lafattoria (primero desde la derecha)

    Para diciembre de 2016, como accionistas de LaFattoria figuran Asesoría Empresarial Riasem S.A. (Riasemsa), con el RUC 0992880953001, y Villagrán Freire, con cédula número 0915624035.

    El 26 de agosto de 2017, la Superintendencia de Compañías emite una certificación en la que consta que el capital suscrito de LaFattoria pasó de $800 a $10.000, divididos así: Riasemsa, con una inversión nacional de $9.900 y Villagrán con una inversión extranjera directa de $100.

    Las declaraciones del Impuesto a la Renta (IR) también evidencian lo bien que le fue a LaFattoria en el período analizado. El rubro pasó de $6.722 en 2008 a 156.276, en 2012. En adelante, las cifras crecieron como la espuma hasta $511.533 en 2013 y $977.553 en 2014. Aunque para 2015 el IR bajó a $707.144, para 2016 volvió a subir a $805.392.

    En contraste, Riasemsa, declaró cero de IR en 2014 y 2015. Según el SRI, aún no ha presentado la declaración correspondiente a 2016. Sobre el pago del IR de Villagrán Freire no hay información. En tanto, Rosa Muekay Morales declaró cero en 2009 y 2010 y aún no presenta declaraciones de 2011 y 2012. En 2013 declaró $506,85; para el año siguiente la cifra subió a $3.287 y se disparó a $9.318 en 2015, para caer a $3.857 en 2016.

    Mueckay Morales y Villagrán Freire manejan todo un entramado empresarial pues también son accionistas de Riasemsa y esta compañía es a la vez dueña de Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provisión De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A. Provisali  es la empresa que maneja los economatos en las cárceles del país, gracias a un contrato por $92 millones que suscribió con el Ministerio de Justicia.

    En el objeto social de LaFattoria constan 43 tipos de servicios, desde importación, distribución, compra, venta, elaboración, confección, reparación, producción, mantenimiento y exportación de vehículos, automotores, cubiertas, cámaras, ruedas, llantas y sus accesorios, hasta electricidad, construcción, forestación, reforestación, organización de eventos artísticos nacionales e internacionales, venta y chequeo de pasajes aéreos, televisión por cable, administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales...

    Son parcas las respuestas oficiales

    Durante el último mes y medio, MILHOJAS.IS solicitó entrevistas con Eleonora Morejón, gerente del PAE para obtener una versión oficial sobre las muertes de las dos niñas de la unidad educativa Mariano Unda de Naranjal. Inicialmente ella ofreció la entrevista, pero luego informó que no es vocera y no está autorizada para hablar con la prensa. Esta funcionaria nos remitió al departamento de Comunicación Social, en donde ofrecieron ponernos en contacto con el subsecretario de Educación, cosa que hasta el día de hoy no se concreta.

    También se realizó varias llamadas a los números 046008208 046008210 de las oficinas de LaFattoria en Guayaquil, para hablar con su gerente Richard Villagrán Freire o con María Lorena Bonilla, abogada de la empresa. Tampoco fue posible contactarlos.

    Debido a que los padres de las niñas y su abogado denuncian que la información robada durante el proceso probaría que la muerte de las dos estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche de la marca Parmalat, Mil Hojas consultó sobre el  asunto con Harold Celis, gerente general de Parmalat, quien vía telefónica dijo: “Sé que las leches de las que están hablando no las produjo esta compañía sino otra. Nosotros hemos dado información de todos los lotes entregados por Parmalat, que vendemos a LaFattoria. Hacemos seguimiento a todos los productos. La leche que tú mencionas fue producida por otra compañía, que también cumple las normas. Entiendo que ya hubo un pronunciamiento sobre eso. La verdad no estoy muy informado, porque no es un tema en el que nosotros estemos involucrados. Es falso, las leches no son de Parmalat, pero mejor llama al abogado de la compañía, por favor”.

    MILHOJAS llamó Jorge Pizarro, abogado de Parmalat, quien corroboró lo dicho por Celis y afirmó tener conocimiento sobre un informe de Fiscalía según el cual la causa de la muerte no habría sido el consumo de ningún producto lácteo. Además, Pizarro advirtió a este portal sobre el riesgo de publicar el nombre de la empresa. “Tenga mucho cuidado con la información que está diciendo. Sería importante que usted revise todo el proceso para que efectivamente determine cuál fue la causa real de la muerte de esas niñas.

    Además, la empresa que vende la leche no es Parmalat. No somos parte procesal. Esos productos no son de Parmalat, entiendo que son de otra empresa. Y entiendo que hay una resolución, luego de las investigaciones pertinentes, que dice que la causa de la muerte no fue el producto lácteo, independientemente de la empresa que haya producido”. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE PARMALAT) http://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_parmalat.pdf

    Arturo Parra, síndico de la Asamblea de Participación Ciudadana de Naranjal (APC-N) y abogado de las familias de las víctimas, responde a Pizarro: “Eso es producto de un maquillaje con billete. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil (OCSP) nos dio información de que hay tres proveedores de LaFattoria y que el lote que mandan de Cuenca para Naranjal es de Parmalat. Hemos pedido toda la información a la Fiscalía y estamos esperando. Esto no termina aquí. Han hecho un trabajo sucio para maquillar los informes, porque hay millones de dólares en juego… Lo digo clarito: la muerte de las niñas ocurrió en circunstancias diferentes y en casas distintas. Ahora quieren poner que la causa ha sido una bomba de fumigantes que no tenía nada. Como en el caso Odebrecht, las empresas involucradas tienen su frente para negociar adjudicaciones millonarias. Según lo que se conoce, también entregan productos para las penitenciarías. Por eso están que se cubren y compran a funcionarios para que les ayuden a tapar el asunto”.

    Parra también denuncia que Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, y la jefa política de Naranjal, Glenda Palominos, han ofrecido casas y terrenos a las familias de las niñas, a cambio de su silencio. (LEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS) http://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/alimentacion_escolar/entrevista_abo_familias.pdf

    MilHojas.is solicitó una entrevista con Gastón Gagliardo. Ante la falta de respuesta, vía Whatsapp, el 2 de noviembre pasado se le planteó las siguientes interrogantes: “Buen día señor Gastón Gagliardo, se le ha llamado varias veces por un reportaje sobre la muerte de niños en una escuela de Naranjal. Según Arturo Parra, abogado de las víctimas, la causa habría sido leche Parmalat en mal estado, que les dieron en la escuela Mariano Unda.

    Parra denuncia que los tres proveedores de leche contratados por Lafattoria S.A. para distribuir la colación escolar, han pagado para cambiar el resultado de los informes del médico forense, a fin de librar de responsabilidad a las empresas y a las autoridades distritales, que no realizan el control y la supervisión de los productos que están entregando a nuestros hijos. Además, las madres de las niñas afirman que son falsas unas declaraciones suyas publicadas por El Telégrafo, en las que informa que están recibiendo ayuda del Gobierno. Y el abogado Parra lo acusa de velar por los intereses de los productores de leche, más no de las familias de las víctimas. También denuncia que están queriendo comprar el silencio de los padres a cambio de un solar y una casa. Le dejé el mensaje con su asistente y ofreció devolverme las llamadas. El caso es muy delicado, razón por la cual he insistido en conversar con usted, para incluir en el reportaje su posición. Lamentablemente no hay ninguna respuesta”.

    Esto respondió Gagliardo de inmediato, en un mensaje de audio por Whatsapp: “Buenos días, estoy en feriado. Bueno, qué pena las cosas que están elucubrando, yo nada tengo que ver con estas situaciones. La fiscal que lleva el caso está de vacaciones y esperamos que la próxima semana haya una respuesta. Todo lo que se diga son puro rumores. Lo que vale es lo que vaya a decir la Fiscalía en sus exámenes que han hecho. Así que lamento las circunstancias que están elucubrando, situaciones que no tienen pies ni cabeza. No voy a dar declaraciones hasta que no haya la información de parte de Fiscalía. Todo lo que puedan decir solo es especulaciones, me remito exclusivamente al tema de las niñas cuando esté el informe. Ahí el Ministerio de Educación informará. Lo que puedan decir otras personas es situación personal de esas personas, no del Ministerio”.