Miércoles 8 de Agosto, 2018

    Litigio entre contratistas destapa pago de coimas en Municipio de Tulcán

    Publicado el | REPORTAJE

    MilHojas considera necesario narrar hechos de corrupción en el sector privado y en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. Es hora de mirar los actos irregulares que se cometieron fuera del gobierno central y el caso de esta obra, en la provincia del Carchi, evidencia una parte de lo que todos saben pero no tienen cómo probarlo.



    Pagos desde $1 500 hasta $113 000 fueron realizados en favor de funcionarios del Municipio de Tulcán por el consorcio que ejecutó el proyecto de remodelación de la Plaza Central de esa ciudad, entre 2011 y 2012.

    Ninguna de esos pagos se han justificado hasta el momento, el caso ya se investiga en la Comisión de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y también se han presentado denuncias en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.

    El caso se dio a conocer en medio de un litigio entre los socios del consorcio Construnor, a cargo de la rehabilitación del Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.

    El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se reabrió en noviembre de 2012. A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; Julio Robles, que ya ocupaba la Alcaldía de Tulcán, hasta hoy.

    Ocho años después, el 10 de julio pasado, Jorge Fernando Paredes, uno de los tres socios que conformaron el Consorcio Construnor demandó a otro socio: Diego Santillán De la Vega, por el presunto no pago de sus utilidades. “Me he visto perjudicado por el accionar de un ex socio de trabajo y por funcionarios públicos del GAD Municipal de Tulcán”, alega Paredes en la denuncia presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana en Carchi.

    “Al finalizar los trabajos y no recibir la parte proporcional de las utilidades, y al no tener respuesta a mis requerimientos, me vi en la necesidad de platear una acción de rendición de cuentas”, asegura Paredes en el documento de la demanda.





    La rendición de cuentas solicitada fue presentada por Santillán ante el juez Milton Terán Grijalva, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Ibarra. Allí se detallan las comisiones pagadas en favor varios de funcionarios municipales y del mismo Municipio: $1.500 para el jefe de Fiscalización, $2 000 para el director administrativo y otros $2 000 para el director financiero del GAD de Tulcán.





    Otros rubros más altos indican un pago de $13 500 en favor de Gonzalo Terán, cuyo roll de participación en el proyecto no se especifica en el documento; $2 000 adicionales para el abogado del GAD de Tulcán; otros USD 3 000 entregados en apoyo para las fiestas de Tulcán; y, el rubro más alto, USD 113 000 para promoción y contribución al mismo gobierno local.





    En la misma rendición de cuentas presentada y firmada por Santillán en su defensa asegura que las utilidades del denunciante y ex socio si fueron pagadas, pero también admite que se entregaron valores para beneficiarse de la adjudicación de la obra. “Es necesario reconocer que un porcentaje de los ingresos recibidos en calidad de anticipo fueron repartidos entre los tres socios girándose cheques en nuestro beneficio y, de ese valor entregamos una parte a terceras personas por la adjudicación de la obra”, cita el documento.





    Agrega que los cheques entregados fueron firmados de manera conjunta, lo que implicaría una responsabilidad compartida tanto del acusado como del demandante. En declaraciones para un medio local en la provincia del Carchi alegó: “Nos cogieron desprevenidos. Estábamos realizando un peritaje con un contador externo sobre los dineros utilizados para esta obra cuando nos solicitaron que entreguemos la rendición de cuentas; por, ello no se revisó de forma adecuada el escrito”, dijo.

    A raíz de esto iniciaron las investigaciones y el concejal del municipio de Tulcán, René Granda presentó una denuncia por presunto cohecho ante el Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría y la Fiscalía, para que se investiguen los “posibles actos indebidos ocurridos en la construcción de una obra municipal en 2012”.

    No es la primera vez que el concejal Granda denuncia presuntas irregularidades de la actual administración. En otras ocasiones ha expresado sus sospechas de que los hijos de varios concejales del GAD de Tulcán estarían trabajando también en el Municipio. Pero esta acusación la hizo sin dar nombres.





    Consultado por este tema, el alcalde de Tulcán, Julio Robles, aseguró que se las acusaciones se dan en el marco de una estrategia política previo a las próximas elecciones en marzo, en las que aspira presentarse como candidato a la Prefectura de la ciudad.

    Robles fue electo alcalde de Tulcán por primera vez en 2009, respaldado por el Movimiento Social Conservador del Carchi, del cual es su fundador. En esa ocasión superó en votos al candidato del Movimiento PAIS, Pedro Velasco, con quien también compitió por la Alcaldía en 2014, cuando Robles fue reelecto por cinco años más.

    Dicho de otra forma, Robles era alcalde cuando se firmó el contrato de adjudicación para la remodelación del Mercado Central de Tulcán.

    El alcalde prefiere mantener distancia respecto al litigio de los socios de Construnor. “El Municipio como institución, el alcalde como alcalde o el alcalde como ciudadano, o cualquiera de los concejales del anterior periodo o de este, ninguno hemos sido mencionados o involucrados en esta denuncia”, dijo en una entrevista concedida este portal.





    Aseguró no haber sido citado en el marco del proceso de indagación previa del proceso judicial y que la alcaldía está abierta a proporcionar toda la información que requieran los organismos de control, incluso estar dispuesto rendir su versión ante la justicia en caso de requerirlo.

    “No hemos sido involucrados, mencionados o citados. La Fiscalía no me ha pedido ni notificado en nada sobre este primer caso”, manifiesta el alcalde. “Excepto, me han preguntado por escrito los nombres de las personas que ocuparon esos cargos en ese período. Entiendo que nuestra jefe de Talento Humano, en los próximos días estará dando su versión en la Fiscalía en referencia a la información que nos consultaron”.

    Señaló que el listado con los nombres de dichos funcionarios ya fue remitido a la Fiscalía pero no quiso revelarlos. Aseguró que son varios los funcionarios que ocuparon en su primer período los cargos que constan en la rendición de cuentas como receptores de los pagos y que algunos de ellos todavía ocupan cargos en el Municipio de Tulcán.





    La constructora

    El Consorcio Construnor participó en el proceso para la adjudicación del proyecto en 2011, compitió contra tres ofertas. El presupuesto referencial para esta obra fue de $1 565 000. Su oferta, registrada en 573 fojas, fue terminar el proyecto en 320 días con un presupuesto inicial de $1 215 326,88, sin considerar obras complementarias. Esto según reposa en los archivos del Municipio del Tulcán al cual tuvimos acceso.

    El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se volvieron a abrir en noviembre de 2012. La obra fue presentada sin quejas por parte de la Alcaldía respecto a las estructuras, lo que si hubo fueron multas retrasos por un monto cercano a los USD 30 000.



    Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.



    A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; y Robles que ya ocupaba la Alcaldía.



    El día de la inauguración del remodelado mercado las autoridades municipales decidieron llamar a la obra plaza del Buen Vivir, asisitieron autoridades gubernamentales y felicitaron al alcalde por la eficiencia municipal.



    María Fernanda Epinoza y Silvia Salgado se encargaron de cortar la cinta, un recuerdo de la obra y también de la corrupción.



    La mencionada firma no figura en nuevos contratos con el Municipio de Tulcán. Los registros de la empresa en el Servicio de Rentas Internas muestran que las actividades del Consorcio iniciaron el 11 de marzo de 2011 y finalizaron el 14 de agosto de 2012.

    La gaceta del SRI registra un auto de pago por USD 10.398,70 en octubre de 2017 y el mismo mes se resuelve cancelar el RUC 0491510633001 del Consorcio el mismo mes, junto con el de otras 147 sociedades.

    Actualmente, Construnor no figura en los registros de la Superintendencia de Compañías. Consultando en el portal de sociedades Ecuador Pymes, no aparecen números telefónicos de referencia y la dirección de sus oficinas en Tulcán (La Emerita s/n La Ofelia, Carchi – Tulcán) no existe en los mapas.

    Tampoco se conoce ninguna referencia entres los habitantes de la ciudad, aparte de las publicaciones realizadas por el mismo Municipio referentes a la remodelación del Mercado Central. El alcalde Robles tampoco dio ninguna pista adicional sobre la empresa.

    Consultados por este medio, el abogado Galo Borja, como representante de Jorge Paredes, como denunciante, no quiso dar información sobre el proceso legal en curso.