Hoy es sábado / 19 de octubre de 2019

    El primer proceso de elecciones con un Consejo Nacional Electoral post correísta

    Publicado el | REPORTAJE

    • Los electores tienen hoy la responsabilidad de designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en cumplimiento de un mandato de la Consulta Popular de febrero de 2018
    • Otra reforma también derivada de la Consulta estableció que los candidatos no puedan ser patrocinados por partidos y movimientos políticos ni afiliados a estas organizaciones en los últimos cinco años
    • Los votantes decidirán con escasa información sobre los candidatos y en medio de una disputa sobre la forma de cómputo de los votos nulos, tema que se convirtió en una opción promocionada por varios sectores del país.

    El país llega a votar hoy en medio del entusiasmo de las campañas para dignidades seccionales y, en paralelo, con la absoluta confusión respecto de cómo votar y de cómo se va a contabilizar el voto para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también en contraste con una aparente apatía de los propios sujetos políticos en torno a las tareas vinculadas al control electoral. 

    Hay dos novedades en este proceso. La primera es que este CNE post correísta se inaugura con esta lid electoral y la segunda, que la responsabilidad de la designación de los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ahora de los votantes.

    Este 24 de marzo de 2019 los ecuatorianos acuden a votar por 11.000 autoridades seccionales entre más de 80.000 candidatos. Las cifras no sólo son estratosféricas en términos de dignidades y candidatos.  El país cuenta con 13’261,994 de electores, según el último padrón aprobado por el CNE, en octubre de 2018, y tiene más de 6’440.350 de afiliados o adherentes a alguno de los 278 partidos y movimientos políticos registrados en el país. 

    En cuanto a elecciones seccionales, más allá de la multiplicación de opciones, no hay mayores novedades para los electores.  Los ecuatorianos estamos acostumbrados a votar por prefectos, alcaldes, concejales e incluso, donde corresponde, juntas parroquiales. En este tipo de comicios existen procedimientos pre-establecidos por parte de la autoridad electoral para el conteo e impugnación, que son conocidos por el electorado, los delegados a mesas y los sujetos políticos.

    El reto de los electores reside en que, en cumplimiento del mandato de la Consulta Popular de febrero de 2018,  ahora tienen la responsabilidad de designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que antes eran designados por la presidencia de la República.  Y es aquí donde la situación se complica.

    Anexo a la pregunta 3 “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”

    El 4 de febrero de 2018 un país desesperado por romper el blindaje de impunidad a la megacorrupción y violación de derechos humanos del correísmo acudió a votar una Consulta Popular donde en su pregunta 3 se facultaba al Presidente a cesar al existente CPCCS y a nombrar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 

    Este Consejo fue creado en la Constitución de Montecristi por el correísmo.  Con este nuevo poder del Estado se buscaba, en una suerte de carambola, captar la fiscalía, la justicia y todas las autoridades de control mediante su capacidad de designación para dichas dignidades.  

    Ante las nefastas consecuencias que trajo para la institucionalidad del país este estratégico invento correista  (único en el mundo) la tarea del Transitorio consistía en evaluar y, de ser el caso, destituir a tales autoridades y nombrar nuevas.

    Pero la pregunta tres, tenía un anexo, en el cuál además de las facultades del Transitorio se hicieron cambios a la Constitución y, pese a las críticas, se dejó vivo al CPCCS, al determinar que a partir de las próximas elecciones seccionales (las de hoy) sus integrantes se elegirían por voto popular. 

    Tras la aprobación de esta pregunta y su anexo, la urgencia era cesar al CPCCS en funciones y dar paso al nuevo Transitorio.  La ciudadanía en general dejó de lado la preocupación por cómo elegir el CPCCS definitivo.  Pero como no hay plazo que no se cumpla, al día de hoy, la mayor parte de los ciudadanos enfrentan un dilema.  La mayoría ni siquiera sabe quiénes son los candidatos por los que van a votar porque su campaña, con los apretados minutos de promoción electoral divididos en segmentos de treinta segundos, solo ha permitido una mínima presentación de los mismos y que sus propuestas se reduzcan a eslóganes que se pronuncian a la mayor velocidad posible como si se trataran de trabalenguas. 

    Con esa escasa información millones de electores tienen que enfrentarse a tres papeletas, en las que debe decidir por tres hombres, tres mujeres y un representante de las nacionalidades para que integren, ni más ni menos, que uno de los poderes del Estado.

    Hay quien señala, no sin razón, que muchos tampoco conocen a los candidatos a concejales. La diferencia, es que en esa categoría los ciudadanos tienen la opción de votar por una lista de un partido político al que le quieran dar su representación. 

    Más allá de lo cuestionable del CPCCS como institución los problemas en esta elección tienen diversos orígenes. 

    En el anexo a la pregunta 3 de la Consulta se introdujo una modificación a la Constitución que establece no sólo que los candidatos no puedan ser patrocinados por partidos y movimientos políticos, sino que tampoco puedan ser afiliados, adherentes ni dirigentes de los mismos en los últimos cinco años.  En esa situación están 6’440.350 de ecuatorianos. Por lo tanto, el universo elegible se redujo a la mitad de quienes están en capacidad de elegir y ser elegidos en el país.  En una elección en que la ley orgánica elaborada para dar cumplimiento al mandato de la consulta establece la existencia de una papeleta de nacionalidades, en un país en que parte importante del movimiento indígena está vinculado a una fuerza política, deja fuera de la papeleta a figuras importantes.

    Como señala Alberto Molina, consejero del CNT Transitorio “La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)” generó otros problemas al expedir la exigencia de que se vote en una papeleta con tres listas,  una para hombres, mujeres y nacionalidades. Estas exigencias en términos de promoción electoral redujeron a los candidatos exclusivamente a los spots del CNE y obligaron a que sólo pudieran candidatizarse quienes tuvieran título de tercer nivel.  El Consejo Nacional Electoral Transitorio demandó la inconstitucionalidad de esto pero tal demanda, en tiempos aún de la llamada Corte Cervecera, no prosperó.  Por lo tanto, la ley orgánica quedó vigente.

    Lo inmanejable, en términos prácticos de la papeleta planteada por el legislador llevó a que el CNE decida manejar tres papeletas.  Con esto surge otro problema: el cómputo de los votos nulos.   

    La disputa sobre el tema del cómputo de los votos nulos se volvió relevante cuando el nulo se convirtió en una opción promocionada por varios sectores del país.  Sobre el tapete el tema de la igualdad del voto:  ¿Por qué si una papeleta con votos positivos vale 3 votos, el voto de quien la anula sólo vale 1?  

    El intento, un tanto tardío de solucionar este problema en el Pleno del CNE se dio mediante una propuesta del consejero Luis Verdezoto, quien sostuvo el principio de la igualdad de los votos ciudadanos.  Tal propuesta contó con el apoyo del consejero Enrique Pita y la oposición de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera y no se concretó por la abstención de la Presidenta del CNE, Diana Atamaint.  Quienes justificaron la no aprobación de la propuesta dijeron que los candidatos al CPCCS podrían objetar que tal interpretación perjudicaría sus intereses. 

    El tema de principio de la igualdad del voto de todos los ecuatorianos fue entonces soslayado, alegando temas de seguridad jurídica.  El problema fue derivado a un Tribunal Contencioso Electoral que se acaba de declarar este viernes 22 de marzo incompetente para conocer esa materia.

    Ahora, a la incertidumbre sobre cómo elegir entre un grupo de virtuales desconocidos, se suma el tema de cómo se van a contar tales votos.

    Ante este panorama se vislumbran algunas propuestas de cómo votar y por qué hacerlo de esa manera.

    Quienes llaman a votar nulo.  En esta opción no sólo estarán quienes se hagan eco de una propuesta de periodistas, intelectuales y políticos que sostienen que es la manera de rechazar políticamente la existencia del CPCCS y que, en algunos casos, aspiran no sólo a un resultado simbólico sino efectivo.  Si los nulos son mayores a los votos positivos, debería volverse a convocar la elección.  

    En la orilla de quienes llaman a votar en positivo, pues quieren recuperar el control del país está el ex presidente Rafael Correa (quien no regresa al Ecuador por sus deudas con la justicia) y su actual movimiento político Revolución Ciudadana.  Correa pretende recuperar el CPCCS a través de varios candidatos que lograron colocar en el proceso para desmantelar lo actuado por el Transitorio.  Correa incluso ha señalado quienes son estos candidatos.  

    Finalmente están quienes llaman a votar en positivo, pese a creer que el CPCCS debe desaparecer, para cerrar el paso a los candidatos correístas, que pese a ser minoría, tal porcentaje pudiera serles suficiente para ganar si el resto de ciudadanos anula o vota de manera dispersa.  Por parte de quienes promueven esta propuesta se han realizado diversas “pollas” de los candidatos no correístas más aceptables.  El rango de quienes llaman a votar en positivo de esta manera va desde el FUT hasta organizaciones de ciudadanos articulados en grupos de WhatsApp que fueron claves en la movilización contra los abusos del correísmo. Para quienes hacen este llamado también debe desaparecer el CPCCS, pero es una tarea para después del proceso eleccionario de este 24 de marzo. Es una especie de apuesta, una vez más, por sobrevivir.

    En cuanto a cómo reaccionen los ciudadanos a estos llamados, habrá que verlo hoy.  Seguramente en el campo de los votos nulos estarán no sólo quienes hayan leído o escuchado a quienes lo promueven, sino quienes, sin esas reflexiones, reaccionen con enojo o frustración ante una papeleta donde no saben cómo votar.  Tampoco hay que descartar todos los votos anulados por errores comprensibles ante una elección que los ciudadanos no habían tenido que realizar antes.  

    En cuanto a los votos positivos de lado y lado, el cruce y contrastación de “pollas” de por quién votar es la actividad en las redes sociales familiares, de amigos y profesionales.  Los ciudadanos que han decidido votar en positivo están en una especie de quiniela o apuesta de torneo de fútbol mundialista, esperando no equivocarse demasiado.

    En un momento en que es prematuro evaluar los logros del CPCCS Transitorio para recuperar la independencia en la fiscalización, el control y la justicia, pues es una tarea inacabada, los actuales consejeros serán reemplazados en un proceso en el que primará un alto nivel de desconocimiento e incertidumbre de los electores.  Quienes resulten electos pasarían a integrar una institución que tiene la capacidad de armar o desarmar la institucionalidad de justicia y control en el Ecuador. 

    La apuesta también es alta para el nuevo Consejo Nacional Electoral.  Después de más de una década de un despotismo controlado les ha tocado hacerse cargo de una institución diezmada por Juan Pablo Pozo.  La presencia y desplazamientos de los observadores internacionales, la veeduría técnica de un grupo de enviados de las universidades ecuatorianas para el conteo digital son buenas señales.  

    Por otro lado, son graves falencias: la falta de decisión sobre la forma de contar o la lentitud en sancionar abusos como los del movimiento Revolución Ciudadana que promocionó candidatos al CPCCS contra norma expresa.  Nuevamente la apuesta es muy alta.

    Esta elección no es el fin de nada, pero sí un momento muy importante en este proceso de distensión que vive el Ecuador después del correísmo. Tendremos que leer un nuevo mapa de fuerzas políticas y de entrada quedan planteados nuevos retos. No sólo qué hacer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo sea que quede constituido, sino qué hacer con una institucionalidad electoral que tiene el incentivo perverso de la dispersión y no de ofrecer al país las mejores propuestas.