Hoy es jueves / 23 de mayo de 2019

    El costo político de Santiago Cuesta

    Publicado el | REPORTAJE

    • Irónicamente, Santiago Cuesta, consejero del Presidente Lenin Moreno, pretende equiparar su situación con la de un periodista de investigación. Pero él no está exponiendo al poder, él es el poder reaccionando ante las denuncias. Los estándares internacionales en materia de transparencia y privacidad son claros. Los ciudadanos, como el hermano de Fernando Villavicencio están protegidos por las normas de privacidad. Los funcionarios públicos, en cambio deben someterse al máximo escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía. Es inaudito que un alto funcionario público esté ahora exigiendo cuentas a un ciudadano particular. Esa era práctica del correísmo, que el señor Cuesta ha reeditado.

    JUAN CARLOS CALDERÓN V. / Director de Plan V

    MARTA ROLDÓS B. / Directora de Mil Hojas


    El asesor presidencial, Santiago Cuesta, en entrevista con el periodista Carlos Vera, respondió a las denuncias presentadas en los portales La Fuente y Mil Hojas, sobre INA Papers y Arroz Verde 502, las cuales están basadas en documentos verificados y filtraciones investigadas por Fernando Villavicencio y Christian Zurita.

    En esta entrevista, así como en distintas publicaciones en su cuenta de Twitter y otras redes sociales, Cuesta ha desatado una campaña de infamias en contra de la honra y la familia de los dos reporteros investigadores.

    No es la primera vez que Cuesta, señalado por su relación con el magnate Enrique Cadena investigado por la Fiscalía y su rol en la visita de Paul Manafort, entra en una confrontación directa con periodistas.  Pese a los avances iniciales del gobierno de Lenin Moreno —desactivando los mecanismos de censura a la prensa instaurados por el correísmo, el aparente desmantelamiento del Estado de Propaganda y el fin del espionaje en contra de blancos políticos— las declaraciones de Cuesta y el retorno de la utilización de las denuncias por violación de copyright por la publicación de información pública, fotos y documentos de la página de la Presidencia de la República, evidencian un grave retroceso hacia la censura como mecanismo para procesar denuncias documentadas, las cuales deberían investigarse.

    Con Carlos Vera, Santiago Cuesta exhibió los movimientos bancarios del hermano de Fernando Villavicencio, quien es propietario de varias pizzerías en la ciudad de Quito.  Lo hizo para afectar la credibilidad y la honra del denunciante de los casos Inapapers y Arroz Verde 502. El único argumento del consejero político del presidente Lenín Moreno ha sido la calumnia contra una persona particular, que maneja un negocio exitoso, afectando su buen nombre de una manera ruin.



    Insultando a la inteligencia, Cuesta dice ahora que esa información le fue entregada por sus fuentes, igual que Villavicencio recibe la información de las suyas.  Sin embargo, la información de las filtraciones entregadas a periodistas —desde Panama Papers, a INA Papers y Arroz Verde— proviene de correos electrónicos que contienen algunos anexos.  Esta información no contiene estados de cuenta.  Usualmente, solo cuando se decide iniciar una investigación a partir de tales filtraciones, la Fiscalía pide orden judicial para obtener información bancaria, que no sólo está protegida legalmente por el sigilo bancario, sino que se supone que cuenta con la seguridad digital más avanzada para evitar filtraciones. Eso dice la norma y los periodistas la han respetado; el señor Cuesta, funcionario público, no.

    Si Santiago Cuesta obtuvo la información bancaria del hermano de Villavicencio gracias a su posición de poder, sin que medie investigación ni orden judicial alguna, no solo estamos ante un abuso del poder, sino ante una ilegalidad y una violación de derechos fundamentales.  Por otra parte,  si es verdad que Cuesta obtuvo la información de los movimientos de cuenta del hermano de Fernando Villavicencio por medio de filtraciones, eso significaría una grave falla en la seguridad de las instituciones financieras ecuatorianas. 

    En ambos supuestos, el problema es gravísimo y va mucho más allá de la afectación al hermano de Fernando Villavicencio, el propio Fernando e incluso al periodismo de investigación.  Si  la seguridad de las instituciones bancarias puede ser comprometida tan fácilmente, eso significa que la información de todos sus depositantes y clientes está en riesgo y su posible exposición puede llevar a otras situaciones de riesgo que van desde extorsiones a la alteración de la misma.



    Es increíble e inaudito que un Consejero Presidencial no hubiera vislumbrado estas amenazas.  Una persona comprometida con los más altos intereses del Estado hubiera evaluado el riesgo que tal fragilidad del sistema significa y se hubiera preocupado de cómo enfrentarlo y remediarlo en lugar de utilizarlo como herramienta de venganza personal.  Por otra parte, si Cuesta obtuvo esa información gracias a la posición de poder que detenta, vía las instituciones del Estado, también es grave.  Cualquier ciudadano que moleste a un funcionario como Cuesta o cercano al Presidente puede ser víctima de una práctica como esta.

    Por otra parte, cualquiera que haya sido el origen de los estados financieros del hermano de Villavicencio,  la actuación de Cuesta ante Vera y su posterior afirmación de que obtuvo esta información mediante una filtración, casi cataloga ante la creación de pánico financiero. 

    (Por cierto no es la primera vez que desde el poder se inventan supuestas fuentes “legítimas” para justificar información privada que se obtuvo abusando de las capacidades estatales.  Cuando se filtraron los correos electrónicos de Martha Roldós en el diario oficial “El Telégrafo”, Orlando Pérez el director del medio, dijo que habían obtenido los correos de Roldós mediante una solicitud de FOIA, Freedom of Information Act, la cual ni funcionaba como el indicaba ni daba acceso a correos privados de una ciudadana extranjera).



    Irónicamente, Santiago Cuesta, consejero del Presidente Lenin Moreno, pretende equiparar su situación  con la de un periodista de investigación.  Pero él no está exponiendo al poder, él es el poder reaccionando ante las denuncias.  Los estándares internacionales en materia de transparencia y privacidad son claros.   Los ciudadanos, como el hermano de Fernando Villavicencio están protegidos por las normas de privacidad.  Los funcionarios públicos, en cambio deben someterse al máximo escrutinio por parte de la prensa y la ciudadanía. Es inaudito que un alto funcionario público esté ahora exigiendo cuentas a un ciudadano particular. Esa era práctica del correísmo, que el señor Cuesta ha reeditado.



    Adicional a esto, hay un timing sorprendente.  ¿Por qué Cuesta decide irse con tanta fuerza contra Villavicencio cuando publica una investigación como Arroz Verde, que supuestamente deberían favorecer al gobierno morenista, que está en la mira de las autoridades judiciales por el caso  INA Papers? Cabe otra inquietud no menos grave: Cuesta y Rafael Correa (y su aparato de propaganda en la sombra) coinciden, una vez más, en atacar a Villavicencio y Zurita. No solo coinciden en las formas de descrédito y desprestigio, desviando el tema de fondo —que es el financiamiento corrupto de las campañas políticas a través de coímas de proveedores del Estado o fondos de campaña no declarados — hacia la crítica de cómo y de qué viven los periodistas denunciantes. ¿Las prácticas mafiosas ahora se juntan para proteger un sistema corrupto, que ha hecho de la política un negocio financiado con dinero sucio?

    Que Arroz Verde sea el disparador de la diatriba de Santiago Cuesta nos hace reflexionar sobre las rupturas y continuidades entre el morenismo y el correísmo y dónde estuvo el Consejero Presidencial en los peores momentos de corrupción y persecución a la prensa, al asalto a los fondos públicos y a la violación sistemática de los derechos humanos durante el correato.

    Finalmente, lo que más sorprende es la falta de visión de Santiago Cuesta y el mal predicamento en el que sus palabras y acciones ponen al gobierno de Lenín Moreno a escala nacional e internacional.  El mayor golpe no se lo da a Villavicencio sino a la institucionalidad del Ecuador.  Ante el concierto de las naciones, el canciller del Ecuador ha hecho esfuerzos por establecer un corte frente a los Estados autoritarios que abusan derechos básicos.  El Consejero Presidencial, por otro lado, nos retrotrae a las prácticas que creíamos superadas del correato. 

    A estas alturas, Lenin debería preguntarse cuánto le cuesta Cuesta al Ecuador y a su gobierno.