Hoy es miércoles / 20 de noviembre de 2019

    Nuevos nombres se suman a la red de abusos de "el abuelo"

    Publicado el | REPORTAJE

    • El pasado 25 de junio terminó la instrucción fiscal por el delito de Trata contra el estadounidense Royce Phillips y Christian Giler. Entre las evidencias encontradas en los dispositivos de estos dos procesados hay imágenes de nuevas víctimas y victimarios, según fuentes policiales.
    • Pese a las dilaciones desde la defensa de los investigados, finalmente el pasado 6 de junio, se concretó el testimonio de una joven abusada. El nivel de detalle de sus revelaciones coadyuvó a confirmar que 'El Abuelo' lidera una organización de explotación sexual de menores de edad, junto con un grupo de 'reclutadores'
    • Fiscalía ordenó fijar fecha para la audiencia de vinculación y la formulación de cargos contra los tres reclutadores de la red: Julio Erazo, Christian Álvarez y Jonathan Paredes.

    Redacción MilHojas



    Al cierre de la instrucción fiscal por el delito de Trata de Personas que se sigue contra el estadounidense Royce Phillips, alias ‘el abuelo’, y Christian Giler, alias ´Careniña’, la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional vinculó en el proceso a tres jóvenes que se dedicaban a reclutar a menores de edad con fines de explotación sexual.

    Las pruebas ingresaron al expediente de Trata y según el fiscal encargado, José Reinaldo Córdova, existen suficientes evidencias que hacen presumir que Julio Erazo, Chistian Álvarez y Jonathan Paredes, todos mayores de edad, “tienen autoría directa en el hecho que se investiga”.

    Estas vinculaciones se dan luego de los resultados de las pericias de los dispositivos electrónicos encontrados en las casas de Phillips y Giler, en los que aparecen nuevas víctimas menores de edad y también sus victimarios, según fuentes policiales.

    El testimonio de una de las víctimas de la red de trata de personas, dado el pasado 6 de junio ante la cámara de Gessel, fue determinante para relacionar y confirmar que ‘el abuelo’ es la cabeza de una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad junto con un grupo de ‘reclutadores’ de menores del cual formarían parte Erazo, Álvarez y Paredes.

    Por dos ocasiones, la adolescente intentó dar su testimonio y contar cómo en dos de las habitaciones de la residencia de ‘el abuelo’ se grababan todo tipo de videos sexuales con menores de edad. Los pretextos fueron varios: desde supuestos atrasos, la ausencia del abogado de Royce Phillips y críticas de supuesta falta de colaboración de la víctima por pedir que su testimonio sea dado de espalda al acusado.

    El tercer intento fue el vencido y dio paso a un testimonio revelador. La víctima ofreció detalles de cómo Phillips, el estadounidense de 65 años, solicitaba a sus reclutadores (Christian Giler y Julio Erazo) videos sexuales y ‘packs’ (videos y fotos de niñas masturbándose); pormenores de cómo se daban las fiestas en su residencia, quiénes las frecuentaban, quiénes proporcionaban la droga y el alcohol.

    Este testimonio sirvió también para que la fiscal de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, María Susana Rodríguez, pidiera -a 14 días de terminar la instrucción fiscal- sumar al expediente de Trata las pericias de dispositivos electrónicos que se encontraron en las viviendas de Giler y Phillips en marzo pasado. El caso estuvo inicialmente en manos de la fiscal Tania Moreno.

    El 11 de junio, Rodríguez solicitó que un perito especializado “extraiga la información” de un CD-R, marca Maxell, y que se determine la relación telefónica y cruce de llamadas de todos los números encontrados en ese dispositivo que se encuentra en cadena de custodia. Los resultados se presentaron el 16 de junio último.

    Reconstrucción de la muerte de Carolina, el pasado 20 de marzo, con dos de los jóvenes que arrojaron el cadáver en un terreno baldío. Foto:El Comercio

    El 12 de junio, la fiscal ordenó además que, en un plazo de cinco días, se realice “la experticia de secuencia fotográfica” de un DVD-R16X que es parte del informe técnico pericial informático forense, ingresado en cadena de custodia el 31 de mayo pasado. Y que la misma experticia se realice en un disco duro externo, marca MY Passport.

    El objetivo: Identificar a las decenas de menores de edad que aparecen en los videos y fotografías encontradas en los dispositivos mediante la pericia “identificación fisionómica e identidad morfológica”.

    Una de las últimas disposiciones de fiscalía es la emitida el 17 de junio para que se realice una pericia de fidelidad y transcripción del testimonio de una nueva víctima (realizado el 16 de mayo pasado y que ingresó al centro de acopio con cadena de custodia). Y finalmente la del 18 de junio para ampliar la versión de Giler, junto con la de Julio Erazo, su novia Samanta Y., David V., Rosario M. y Juan Carlos D.; además de extraer toda la información del teléfono Huawei de Giler.

    Giler, Erazo, Paredes y Álvarez no eran los únicos reclutadores. A ellos se suma, según el testimonio de las víctimas, Antoni M. quien fue sentenciado el 17 de junio pasado a 8 años de internamiento institucional, lo que significa que estará privado de su libertad en un centro de detención que será determinado por el juez, por violación con resultado de muerte de la menor Carolina A., la máxima pena por este delito sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. En este proceso también están involucrados Giler, Víctor Hugo Ch. y Jonathan Paredes.

    Mientras que a las menores Melani T. y Dejaneira C., quienes junto con Christian Giler y Antony lanzaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío el 26 de agosto del 2018, luego de limpiarlo y vestirlo una vez que fue violentado y asfixiado -como lo confirmó la autopsia y la exhumación-, recibieron una pena de medidas socioeducativas que consiste en un llamado de atención verbal y un año de libertad condicional asistida; es decir, deberán acudir a sesiones psicológicas y educativas.

    Los involucrados enfrentan otros procesos

    Desde el 28 de mayo, Royce Phillips enfrenta también una denuncia por abuso sexual a un menor de edad y otra causa por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

    Christian Giler, a más de los procesos de violación con muerte y Trata, suma otros por intimidación, ataque y resistencia, delito flagrante por robo, daño a bien ajeno y violencia psicológica contra la mujer. Él se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional de Varones (El Inca) y el 21 de junio amplió su versión, su último recurso antes del cierre de la instrucción fiscal de Trata dado este 25 de junio.

    Desde este Centro, Giler ha tenido acceso a su red social Facebook para enviar a sus víctimas advertencias y amenazas exigiendo el retiro de las denuncias. Hace semanas, estos mensajes fueron intimidantes; hace pocos días, el tono cambió a conciliador.

    El estadounidense Royce Phillips enfrenta tres procesos en su contra: por Trata de Personas, tráfico ilícito de drogas y abuso sexual.

    Otra víctima amenazada

    La violación de Mariana (nombre protegido) ocurrió en octubre del 2017. Fue drogada y abusada por Christian Álvarez. Pese a que los exámenes médico legales (físicos, sicológicos y toxicológicos) confirmaron el abuso sexual, no se inició la investigación fiscal.

    La abogada Cecilia Espinoza tomó el caso en abril pasado y contó que ninguno de estos elementos fue ingresado al expediente; solo aparecieron dos versiones de los familiares de la víctima que denunciaron amenazas e intimidación.“Nunca tuvieron respuestas, siempre respondieron que regrese mañana”, dice.

    La causa se inició con la toma de versiones; pero con la activación de las investigaciones, la víctima empezó a recibir amenazas. Fue interceptada el 18 de junio pasado por una mujer adulta que se identificó como una enviada del principal sospechoso. “La perseguía por varias cuadras y la amenazaba mientras caminaba junto con una amiga; (a ambas) les quitó los teléfonos celulares y les exigió poner las claves para desbloquearlos y llevárselos. Todo esto, mientras la amenazaba para que no dijera nada, le ordenaba que siguiera caminando y que no regresara a ver, de lo contrario le dispararía e iría a buscar a su familia”, detalla la abogada.

    El fiscal Jorge Gordillo Viteri lleva esta causa y la semana pasada pidió formalmente la incorporación de los exámenes periciales al expediente. Se espera el parte policial sobre la amenaza a la víctima para solicitar a la Fiscalía que la incluya en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.




    LOS FISCALES DEL PROCESO QUE INVESTIGA LA VIOLACIÓN CON MUERTE DE CAROLINA

    Fiscal Mariana Huilcapi

    Como fiscal especializada en violencia de género, empezó con el caso de Carolina, pero fue reemplazada por Paola Córdova. Antes de su cambio dejó lista la reformulación de cargos para los jóvenes Juan Carlos Ch. y Jonathan P. para que sean juzgados por homicidio/femicidio por estar con Carolina horas antes de su muerte. Para ellos, Córdova dictó medidas alternativas y siguió el proceso como violación con muerte.

    Antes del cambio, Huilcapi solicitó la realización de la segunda autopsia con la exhumación del cuerpo de Carolina; sus conclusiones contradijeron el informe de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), quienes aseguraron que Carolina falleció de “forma natural por un edema agudo de pulmón, pancreatitis aguda hemorrágica consecutivo a probable intoxicación”. Carolina -según la segunda autopsia- fue asesinada mediante asfixia mecánica, golpeada y violentada.

    Fiscal Jorge Gordillo

    Especializado en adolescentes infractores, actuó en primera instancia en el caso de Antony M. y junto con la fiscal Paola Córdova, a cargo del proceso por la violación con muerte de Carolina, se acercaron a la madre de la menor en privado para ofrecerle agilidad en el caso y plantearle la necesidad de declararlo como reservado si renunciaba al patrocinio de su abogado Milton Castillo. El jurista abandonó la causa el 26 de abril de este año y ese mismo día el proceso se declaró reservado.

    Fiscal Paola Córdova

    Ya conoció un caso en contra de Christian Giler, denunciado por violación (delito flagrante) el 28 de abril del 2018, cuatro meses antes de la violación y muerte de Carolina. En esta denuncia Córdova, no siguió adelante con el proceso y tampoco dictó cargos. El investigado tenía que usar brazalete, pero posteriormente se lo retiró sin autorización. Antes, el 29 de enero de ese mismo año, Córdova fue sancionada por el Pleno del Consejo de la Judicatura por una infracción disciplinaria al inobservar el principio de celeridad (artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial) en otro caso.

    Fiscal Alejandra Sigcha

    El 25 de abril reemplazó a Córdova e ingresó en el expediente del proceso de violación con resultado de muerte los resultados de la segunda autopsia tras la exhumación del cuerpo de Carolina. Córdova fue ascendida a coordinadora de fiscalías, mientras que Huilcapi fue cambiada por cinco ocasiones de fiscalía a pesar de que su especialidad es la de violencia de género.




    Triste sanción a Policías que alteraron informe de muerte de Carolina 

    Por el caso de violación con muerte de Carolina existen varios fraudes procesales que están siendo tratados por vía administrativa en la Policía Nacional con suspensiones y llamados de atención cuando -según la norma jurídica- son delitos y corresponde que la Fiscalía inicie procesos por la alteración de evidencias, en opinión de Juan Pablo Albán, uno de los integrantes el equipo jurídico que apoya a una de las testigos protegidas.

    Según la ministra del Interior, María Paula Romo, las actuaciones de los agentes Henry Montenegro Santacruz y Patricio Cuzin Cano estaban siendo investigadas, pero no dio detalles porque su escueta aclaración se difundió a través de Twitter en respuesta a un usuario que la cuestionaba sobre las acciones que las autoridades están tomando para descubrir quiénes dieron la orden para alterar el informe sobre la muerte de Carolina.

    El 6 de diciembre del 2018, la madre de Carolina presentó a la Policía Nacional una denuncia en contra de los dos agentes por alterar los resultados de la primera autopsia y sugirió un posible acuerdo entre los sospechosos de la muerte de su hija con los agentes de la Dinased para no informar la verdad. Pero el 23 de diciembre, la Unidad Zonal de Asuntos Internos del Distrito Metropolitano de Quito resolvió que “no procede el inicio de un sumario administrativo en contra de los dos agentes” y sugirió el archivo de la causa porque la denuncia no cumplía con los requisitos estipulados en el COESCOP (Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público)”.

    Nueve meses después, la misma Unidad Zonal de Asuntos Internos los sancionó por “falta administrativa disciplinaria grave por emitir información o informes infundados relativos a la institución a su servicio”. La sanción fue pecuniaria y alcanzó el 8% de su remuneración mensual.

    Asuntos Internos de la Policía Nacional, no acogió denuncia de madre de Carolina para sancionar a agentes que alteraron informe de autopsia de su hija.

    Contradiciéndose a su decisión inicial, Asuntos Internos de la Policía sancionó a agentes con “8% de su salario”. No aclaró si agentes recibieron órdenes superiores para cambios en informe de autopsia.

    Este portal solicitó una entrevista a la Secretaria de Estado el pasado 28 de mayo y se canalizaron los temas para la entrevista con Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público. Una semana después con María Augusta Chico.

    Los temas que se plantearon a la ministra fueron: Cuál es la tasa de homicidios, comparaciones, evolución en últimos años; casos de muertes violentas que analiza la subcomisión de Homicidios Intencionales; el caso Carolina A. y el accionar de la Dinased; y las medidas tomadas por la Policía y Ministerio del Interior para enfrentar redes de trata de personas.

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