Hoy es domingo / 15 de diciembre de 2019

    Persecución a los abogados, otra arma del correísmo (2)

    Publicado el | REPORTAJE

    • El acoso y las constantes multas son las acciones más frecuentes en contra de los abogados que se atreven a llevar casos judiciales que van en desmedro de los intereses del Régimen.
    • Juan Pablo Albán, Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta son los abogados a quienes el oficialismo tiene en la mirilla. Milhojas habló con ellos.

    Juan Pablo Albán: ‘Incluso en presencia de jueces de la Corte Nacional  fui amenazado por otro abogado’

    Juan Pablo Albán Alencastro es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame (EEUU). Catedrático y Especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor a Tiempo Completo y Director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito.

    Como jurista especializado en la defensa de los derechos humanos ¿qué opina sobre la persecución que denuncian abogados de personas enjuiciadas por el Gobierno de Rafael Correa?

    Hay una necesidad de controlar todo, en particular las causas que son de interés del Estado es donde hay mayor obstrucción de la justicia. No así en las causas ordinarias como divorcios o juicios de alimentos. En el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad San Francisco de Quito analizamos este ámbito y no observamos una parcialización de la justicia. Pero en las causas en las que hay un componente político sí.

    ¿Ha vivido en carne propia ese tipo de persecución?

    He sido abogado de Fernando Balda, de Diego Vallejo. Soy abogado de Los Diez de Luluncoto en el tema internacional, con otros colegas de la Universidad defendimos a Diego Oquendo. Para quienes ejercemos la profesión es claro que no es lo mismo defender a Juan Pérez que llevar el juicio de alguien que esté señalado por el régimen como su detractor.

    ¿Cuál es la diferencia?

    Que hay llamadas telefónicas, papeles bajo la puerta, mensajes amenazantes a través de las redes sociales. Yo, en un caso, incluso en presencia de jueces de la Corte Nacional de Justicia fui objeto de una amenaza por parte de otro abogado.

    ¿En qué caso?

    Fue en el marco del caso hoy conocido como González y otros, antes Fybeca. Estas cosas están ocurriendo y, desde el punto de vista de los derechos humanos, se trata de una obstrucción del ejercicio de la labor de los defensores de los derechos humanos pues, aunque no sea esa su actividad ordinaria, cuando un abogado asume la representación de personas que son objeto de persecución, lo que están haciendo es una labor de defensa de derechos. Entonces hay una obstrucción al trabajo de los defensores. Segundo, es un mecanismo que atenta contra la seguridad personal y psicológica. Además lleva a que la gente, por temor, no quiera asumir la representación de ciertos casos. Eso lo he visto varias veces. Hay abogados que no quieren tomar los casos, porque saben, primero, que como hay un componente político es alta la probabilidad de que los pierdan. Pero, más allá de eso, hay presiones indebidas que obstaculizan la labor de los defensores de los derechos humanos.

    ¿A eso se debe que cada vez hay menos abogados que aceptan tomar este tipo de casos?

    Exacto. En estos días, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH Inred me invitó a un conversatorio sobre el diálogo nacional. Yo creo que un componente esencial de este supuesto dialogo es el tema de la autonomía de la justicia ecuatoriana, la imparcialidad de nuestras autoridades nacionales y la no criminalización de la disidencia ideológica, política y de la protesta social. Eso no es delito, el pensamiento no delinque. Las personas que tienen una opinión diferente a la del régimen no pueden ser criminalizadas.

    ¿Qué hacer para sacar al país de esta crisis de polarización en la que se encuentra?

    Utilizar los mecanismos de denuncia internacional. Y no me refiero solamente a los ámbitos de supervisión de la defensa de los derechos humano como la Comisión Interamericana o el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sino a aprovechar los espacios de organizaciones que trabajan también en defensa de los derechos humanos y en la protección de defensores de estos derechos, para motivar que analicen lo que pasa en el país y presenten sus informes.

    ¿Qué se logra con eso?

    Esos organismos remiten comunicaciones a las altas autoridades del Estado. Otra cosa que debemos empezar a hacer es usar las redes sociales. En el Ecuador las usamos mucho para denostarnos y lanzar diatribas unos contra otros, pero no  para realizar un trabajo de activismo. Hay que aprovechar las redes para visibilizar,  debatir  y posicionar estos temas. Lo que nos queda son esos espacios,  todos los demás están copados.

    En concreto, ante una justicia parcializada y organismos internacionales poco efectivos ¿qué alternativas quedan? Recordemos que el asambleísta Clever Jiménez tuvo medidas cautelares dictadas  por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a lo cual el juicio contra él continúa.

    Lo que queda por hacer en esos casos que han sido puestos ante organismos internacionales es empujar para que se dé una resolución definitiva. Al respecto conversé con Milton Castillo, que es abogado de Clever Jiménez en el tema de las medidas cautelares. Como el Ecuador ha manifestado adherencia a las decisiones de la Corte Interamericana y, es más, presionó para que se elija a Patricio Pazmiño como juez de ese organismo, lo que corresponde ahora es motivar que esos casos, que están en conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sean remitidos a la Corte Interamericana para que ésta declare las violaciones. Lo que estamos haciendo es un recuento de los daños, no estamos tratando de prevenir nada. Entonces, si el Estado quiere, por lo menos, mantener ante la Corte el discurso de que se adhiere a sus resoluciones, tiene que respetarlas.

    ¿Eso quiere decir que ante instancias nacionales no queda nada por hacer para que se haga justicia, para que se respete el debido proceso?

    Si tuviéramos un poder de control ciudadano autónomo diría que lo que más conviene es promover ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mecanismos de fiscalización de la actuación de la justicia ecuatoriana. Lamentablemente ese Consejo también está cooptado. Por tanto, eso no va a funcionar.

    ¿Recuerda una situación similar en el Ecuador?

    Cierto es que el Gobierno de León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano controlaron por mucho tiempo la administración de Justicia, pero no de una manera tan descarada como ocurre con este Gobierno.

    ¿Qué medidas de protección ha tomado usted y recomienda a sus colegas abogados ante los riesgos que afirman están corriendo?

    Imagen: amenaza que recibió el abogado Juan Pablo Albán, al litigar en el caso del delito de lesa humanidad.

    Lo primero es denunciar las amenazas en las redes sociales. Aprovechar esos espacios de denuncia ciudadana es una forma de protección cuando no hay confianza en la administración de Justicia, cuando no hay confianza en el Gobierno, en el Estado.

    También es necesario presentar una denuncia ante la Fiscalía y pedir que nos pongan bajo el sistema de protección. Yo lo hice, pero hasta el momento no he recibido ni una visita. A nosotros nadie nos cuida.

    ¿Por qué caso pidió que el Estado lo proteja?

    Por una amenaza que dejaron por escrito  bajo la puerta de mi oficina en octubre del año pasado. La fiscal Gina Gómez de la Torrea es quien tomó procedimiento en ese asunto y derivó el tela a la Dirección de Víctimas y Testigos, donde se trabó el asunto y hasta ahora no me asignan custodia alguna.

    ¿Cómo ha impactado esta situación en su vida familiar?

    Muy fuerte. Nuestros hijos y nosotros dejamos de tener vida nocturna. Con mi esposa todos los días cambiamos la ruta de ida y regreso a casa. E insisto, denunciar las amenazas en cuanto se producen es importante para tener algún grado de protección. Es lamentable decirlo, pero en el Ecuador, los derechos humanos de quienes no pensamos igual que el Gobierno están más amenazados que nunca.

    ¿De qué tipo de amenazas o ataques han sido objeto usted y su familia?

    He sido objeto de agresiones verbales en el contexto de mi trabajo en casos por discriminación racial y graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las Fuerzas Armadas. He sido objeto de  agresiones físicas en el contexto de mi trabajo en el caso Fybeca en dos ocasiones. Soy objeto de constantes seguimientos mientras me desplazo en mi vehículo y de individuos que se estacionan en vehículos de vidrios oscuros, normalmente sin placas y en grupos de dos o tres afuera de mi casa.



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