AUDITORIA A LA DEUDA ECUATORIANA

El endeudamiento público conforma un problema histórico del país, no solo por sus dimensiones financieras y su gravitación presupuestaria, sino por su incidencia como fenómeno geopolítico y económico en la vida nacional. Este problema se agudizó y volvió más complejo en las tres últimas décadas, habiéndose constituido en instrumento de dominio tanto por las exigentes condicionalidades impuestas, cuanto por el compromiso ineludible de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades. 

Esta realidad motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión, primera y, hasta ahora única, de crear una instancia de auditoria que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de préstamos, de las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales, y sobre todo, que permita fundamentar acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y los futuros.

Fue así que, el Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, dispuso la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), con la participación de organizaciones sociales nacionales y extranjeras, universidades e instituciones de investigación y desarrollo, varias con experiencia en investigaciones sobre deuda externa.

Luego de un año de arduo trabajo de investigación y análisis y de enfrentar dificultades de información, especialmente por el amplio periodo de treinta años señalado para la auditoría, la CAIC entrega, en esta ocasión, una síntesis del Informe Final realizado por sus integrantes y los equipos de profesionales conformados para el efecto.

De acuerdo con la metodología y organización del trabajo, el Informe contiene los resultados y evidencias en cada uno de los tramos de la deuda ecuatoriana, estructurados de la siguiente forma:

El trabajo de la CAIC constituye un primer paso de lo que debe ser un proceso permanente; hasta que autoridades del Gobierno y la sociedad, en general, conozcan toda la realidad sobre la forma en que se ha manejado el endeudamiento público que, sin duda, ha deteriorado las condiciones de vida de los ecuatorianos y su justa aspiración para alcanzar el buen vivir.