Ecuacorriente no quiere invertir en una hidroeléctrica, aunque lleva casi una década insistiendo en que las autoridades le aprueben operar una fábrica de explosivos propia, un proyecto que ha generado millones de dólares en pérdidas para su empresa constructora china y que además incumplió requisitos de la ley ecuatoriana.

Los operativos no solo decomisaron material aurífero y herramientas artesanales, sino maquinaria, combustibles, explosivos, precursores, equipos de comunicación, campamentos y armas. La información disponible muestra una estructura completa de funcionamiento de la minería ilegal: extracción, procesamiento, transporte, abastecimiento logístico, seguridad armada y ocupación territorial. Ecuador enfrenta su peor momento.

La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en el combustible de una expansión criminal que avanza con una velocidad y una violencia inéditas. El creciente dominio de los grupos delincuenciales, que administran enclaves auríferos, rutas hidrográficas y campamentos, ha dibujado un mapa de la actividad minera en el que muestra un país fracturado por intereses reñidos con la ley y que operan con lógica empresarial y respaldo transnacional.

Esta es la investigación más reciente de Fundación Mil Hojas sobre la relación entre Ecuador y la República Popular China (RPC). La obra lanza una advertencia directa: sin auditorías y sin correcciones al historial de contratos, créditos e irregularidades, profundizar la alianza puede salir muy caro. La advertencia apunta a impactos concretos: polémicos estándares de operación en sectores estratégicos de la economía, ecosistemas y comunidades en riesgo, y una institucionalidad ya frágil que podría debilitarse aún más.