Imagen: Momentos cuando la casa de Fernando Villavicenio fue allanada por personal policial el 27 de diciembre de 2013.
“Señor Fiscal, usted es autónomo, pero sí exijo celeridad en la justicia. Tuvimos un hackeo gravísimo a las cuentas de la presidencia, del asesor jurídico… Se tiene fuertes indicios de quién lo hizo y todavía no se hacen las acciones del caso. Como un ciudadano cualquiera tengo derecho a recibir justicia oportuna”, reclamó airadamente el presidente Rafael Correa, en su enlace Ciudadano #467 del pasado 19 de marzo, en referencia al periodista y activista político Fernando Villavicencio.
Este llamado de atención del mandatario, se da a los cinco días de que Villavicencio anunciara no solo su adhesión al movimiento político CREO, sino también el compromiso de Guillermo Lasso, líder de esta organización, de crear una comisión de la verdad para fiscalizar la gestión del actual gobierno.
Entre vaticinios respecto al fracaso electoral de Lasso y las críticas a sus alianzas políticas, Correa volvió a increpar a la Fiscalía, “por favor qué pasa con esa investigación, por qué está parada varios años y tenemos gente inmoral todavía supuestamente haciendo política. Este tipo (Villavicencio), dos veces ha sido condenado por injuria, dos veces ha huido cobardemente, no ha asumido su responsabilidad….Ahora a la fanesca con CREO”.
El mandatario se refiere a la sentencia por injurias que condenó a Villavicencio y al exasambleísta Cléver Jiménez, a 18 meses de prisión.
Después de esta reprimenda presidencial a la justicia, Villavicencio denuncia que la fiscal subrogante Cecilia Armas estaría por emitir una nueva instrucción fiscal en su contra y en la de Jiménez. Mediante un comunicado, el periodista asegura que la investigación fiscal solicitaría medidas como la prisión preventiva por haber “usado indebidamente información reservada” de la Presidencia de la República.
Villavicencio señala a abogados de la Presidencia y a la asesora fiscal Elizabeth Gaibor, como los autores de la instrucción fiscal y afirma que el pedido de Correa busca evitar que él y Jiménez participen en las elecciones de 2017, pues la acusación de un juez penal los inhabilitaría.
El activista político desestima las acusaciones de Correa al asegurar que el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habría indicado que quien hackeó lo emails de la Presidencia, fue la compañía petrolera Chevrón: “La fiscalía nunca determinó la existencia de un delito en el supuesto hackeo, de hecho el presidente Correa aseguró que el entonces asambleísta Jiménez no podía encender una computadora…El presunto hackeo se basó en la información que Cléver Jiménez, en el estricto derecho de sus actividades como legislador, solicitó a la Procuraduría General del Estado sobre un posible conflicto de intereses en la contratación del estudio jurídico internacional Foley Hoag para defender al Ecuador. Foley Hoag también defendió los intereses de Chevron en Birmania".
Otros antecedentes del tema se remiten a la noche del 26 y madrugada del 27 de diciembre de 2013, cuando elementos de élite de la policía allanaron la vivienda de Villavicencio y se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. También fue allanado el despacho de Jiménez en la Asamblea y su domicilio.
En su comunicado, Villavicencio puntualiza que Correa reveló que tenía las evidencias encontradas en esos allanamientos, lo que confirmaba la violación del debido proceso y la vulneración de la cadena de custodia, al haber accedido a las supuestas pruebas que debían permanecer bajo custodia exclusiva de la Fiscalía.
“La Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de uso indebido de información al haber revelado documentos sensibles de la presidencia…”
Ahora, “la Fiscalía debe cumplir con las órdenes de Correa y para perseguir nuevamente a Jiménez y Villavicencio se ha inventado la supuesta figura penal de uso indebido de información al haber revelado documentos sensibles de la presidencia”, denuncia Villavicencio, quien advierte que esta pretención del gobierno puede revertir la situación, pues tendría que procesarse a diario El Telégrafo y su director Orlando Pérez, por haber publicado los correos electrónicos de la ex asambleísta Martha Roldós, “con el agravante de que ellos sí difundieron los emails íntegros.
Mientras tanto, Ignacio Boulin Victoria, abogado del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos denunció (vía electrónica) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el contenido de las declaraciones de Correa en su último enlace ciudadano: “Por medio del presente, envío para su información recientes hechos relativos a la situación de Fernando Villavicencio, uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 30/14, otorgadas contra el Estado de Ecuador. El Sr. Villavicencio ha sido nuevamente atacado por el Presidente Correa, quien además ha incitado a los fiscales a perseguirlo penalmente, violando las medidas cautelares vigentes.“