(Miami, FL) – Una investigación criminal en torno a una red de presunto lavado de activos, que movilizó centenares de millones de dólares desde Ecuador hasta Estados Unidos y otros destinos a través de operaciones con lingotes de oro, apunta al abogado personal del presidente Rafael Correa y a otros ex altos funcionarios de su gabinete, de acuerdo a documentos y fuentes familiarizadas con la pesquisa oficial.
Según indagaciones de la Policía Nacional de Ecuador, un grupo de empresarios que controlaban media docena de empresas movilizaron más de 400 millones de dólares en operaciones de compra/venta de oro, sin que pudieran justificar de dónde provenía el mineral.
La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de varios empresarios implicados en la investigación policial, entre ellos los hermanos Alberto, Javier y Jordi March Game, socios de las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess, dos de las empresas utilizadas en las operaciones, y el accionista Gustavo Jurado. Los empresarios han sido clientes de Caupolicán Ochoa, abogado personal del Presidente Correa.
Imagen: Caupolicán Ochoa (izquierda), con uno de sus clientes, Rafael Correa..
Documentos de la investigación, a los cuales tuvo acceso exclusivo Vértice, muestran cómo el abogado Ochoa utilizó sus conexiones con el alto gobierno ecuatoriano, para favorecer judicialmente a los empresarios detenidos. Un hijo suyo, que fue alto funcionario del Ministerio de Justicia, también aparece implicado en el tráfico de influencias.
Tras un año de pesquisas en un operativo que las autoridades bautizaron con el nombre clave de “Atardecer”, la policía ecuatoriana documentó con la ayuda de intervenciones telefónicas cómo los implicados movieron los hilos para acceder a cortes judiciales y jueces, a fin de detener procesos legales en su contra, principalmente por lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
Las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas, en poder de Vértice, mostraron cómo los hermanos March Game sobornaron a jueces y buscaron la ayuda de al menos un poderoso ministro de la administración Correa, para sortear sus problemas judiciales.
La evidencia recabada por la policía contra la red de lavado del oro generó la semana pasada una serie de allanamientos a 21 inmuebles relacionados a las firmas Spartan y Clearprocess. Al mismo tiempo, la fiscal del caso, Diana Salazar, pidió la detención de siete personas, entre ellas los hermanos March Game, y directivos de las firmas investigadas quienes fueron acusados de presunto delito de lavado de activos.
Los millones del oro Las primeras sospechas se produjeron cuando las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess no pudieron justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) ecuatoriano el origen del oro cuya negociación generó ingresos cuantiosos de un año para otro a ambas empresas.
Spartan había iniciado actividades de importación y venta de productos químicos a entidades públicas y privadas, en 1979. Entre 2009 y marzo de este año, un período de siete años, Spartan recibió un total de 2,8 millones de dólares en contratos con el Estado ecuatoriano, de acuerdo al Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador.
Pero en 2013 y 2014, Spartan recibió 31 transferencias por casi 24 millones de dólares a la firma Doremetals, una empresa registrada en Ecuador en septiembre de 2012, pero propiedad a su vez de otra firma registrada en Florida, Estados Unidos, bajo el nombre de Akar Precious Metal, de acuerdo a las investigaciones policiales.
Llamativamente, Doremetals reportó al SRI ingresos de apenas 200 mil dólares, pero según las indagaciones, recibió en diversas transacciones financieras un total de 184 millones 600 mil dólares, ingresos presuntamente relacionados al tráfico de metales preciosos como el oro.
Clearprocess, otra de las firmas investigadas propiedad de los hermanos March Game y de Gustavo Jurado, abrió sus puertas en 2012 en la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, en el suroeste de Ecuador, con el objeto de “explorar, explotar, fundir y mercadear toda clase de minerales”.
Meses después Clearprocess amplió sus operaciones a la ciudad portuaria de Guayaquil, pero sin mucho éxito: entre 2012 y 2013 reportó cero ingresos. Sin embargo, repentinamente, al año siguiente experimentó ingresos por encima de los 189 millones de dólares, presuntamente derivados del negocio del oro.
Cuando las autoridades ecuatorianas le pidieron a Clearprocess justificar el origen de los ingresos, los ejecutivos de la firma presentaron notas de compra y venta de oro a nombre de 230 supuestos proveedores registrados como contribuyentes del llamado Régimen Impositivo Simplificado (RISE), un sistema creado por el SRI en 2008 para facilitarle el pago de impuestos a unos 40.000 mineros artesanales ecuatorianos.
Las autoridades revisaron los registros y se encontraron con varios casos de falsificación de documentos y suplantación de identidad. Según informes de la Fiscalía de Ecuador, existen por lo menos una decena de denuncias de suplantación de nombres en contra de los administradores y accionistas de Clearprocess.
Las investigaciones establecieron el modus operandi. Clearprocess operaba en Machala como centro de compra y venta del llamado oro bullón. A esa ciudad confluyen los miles de mineros artesanales e intermediarios del oro extraído en zonas como Morona Santiago, Zaruma, Portovelo y Ponce Enríquez, localidades emblemáticas de la minería aurífera artesanal del sur de Ecuador.
Clearprocess no solo compraba oro a mineros ecuatorianos, sino también a productores provenientes de Perú que acuden a Machala por la cercanía física y por las mejores condiciones de venta que ofrece en comparación con los mercados peruanos.
Las autoridades encontraron altamente inusual ingresos de casi 190 millones de dólares en un solo año para una sola empresa. Según las cifras de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que autoriza las ventas al exterior, se determinó que la producción de oro, entre 2012 y 2014, ascendió a 675 millones de dólares, mientras que en estos mismos años se exportó oro por un total de 1.823 millones de dólares, según los registros del Banco Central del Ecuador.
Intercepciones telefónicas
Para avanzar en las pesquisas los investigadores policiales lograron que el propio fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, autorizara intervenir las líneas telefónicas de los empresarios implicados en el presunto tráfico de oro.
Según los documentos en poder de Vértice, las llamadas revelaron conexiones de alto nivel y maniobras para intentar frenar procesos judiciales en contra.
De acuerdo a las llamadas capturadas, los hermanos March Game, principalmente Alberto y Javier, y el accionista de Clearprocess Gustavo Jurado, se mantenían en constante comunicación con Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa.
La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014.
Transcripciones de las llamadas muestran que el 23 de noviembre de 2015, Jurado se comunicó con César Ochoa para pedirle ayuda, ya que la Fiscalía de Quito había emitido un informe incriminatorio contra Clearprocess y Spartan, y estaba apunto de emitir una orden de detención contra los empresarios.
La respuesta de Ochoa sorprendió a los agentes policiales: el abogado pidió a Jurado que le depositaran 50 mil dólares para moverse al día siguiente y así evitar más acciones judiciales contrarias y detenciones.
Las gestiones del hijo de Caupolicán Ochoa resultaron infructuosas. Cuatro días después de esta llamada, el 27 de noviembre de 2015, la policía le realizó un allanamiento a Jurado y lo detuvo por tenencia ilegal de armas, entre ellas dos carabinas antiguas y tres armas de alto calibre.
Tras la detención de Jurado, los Ochoa movieron sus influencias para que Jurado saliera en libertad. Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015.
Las gestiones de Caupolicán a través de su ex cliente no dieron resultado por una razón de peso: el ministro Serrano conocía los detalles del caso y no quería que ninguno de los Ochoa interviniera porque sabía que iban a salir “más cosas”, ya que tenía toda la información de la Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado.
Tres días después de la detención de Jurado y sus gestiones para sacarlo de prisión, Ochoa sospechó que su teléfono estaba intervenido y evitó hablar del caso. Sin embargo, las autoridades seguían grabando las llamadas telefónicas que recibía el abogado de Correa.
El 1 de diciembre, por ejemplo, se interceptó otra llamada a Ochoa donde le informaban que su cliente Alberto March le había enviado un correo explicando su disposición a negociar un acuerdo con el SRI.
En la llamada le aclararon que las denuncias que estaban afectando a sus clientes estaban relacionadas a las actividades de Clearprocess, ya que un proveedor registrado en el sistema RISE lo había denunciado. También le comunicaron que Jurado estaba preocupado por un posible juicio en su contra por tenencia ilegal de armas, y que además existía otra acusación por suplantación de identidad. En la llamada, el abogado Ochoa se comprometió a negociar con el juez del caso para parar el proceso.
Los esfuerzos de Caupolicán Ochoa en favor de Jurado resultaron neutralizados por su ex cliente José Serrano. El ministro del Interior ordenó la detención de Jurado siete meses después de esas negociaciones, poco después de que Serrano fuese condecorado a principios de este mes por la DEA debido a sus logros en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador.
Vértice intentó buscar una versión de los hechos por parte de los hermanos March Game, pero no obtuvo una repuesta inmediata. Correos enviados al abogado Caupolicán Ochoa para confrontar su versión de los acontecimientos bajo investigación, no fueron respondidos al cierre de esta edición.
Fuentes consultadas en la Fiscalía General de Ecuador declinaron comentar sobre un caso en curso.
Aparentemente, Serrano no ha sido el único alto funcionario interesado en el caso, tanto a favor como en contra. Juan Carlos Cassinelli, ex asambleísta y reciente ministro de Comercio Exterior, y consuegro de Alberto March, uno de los detenidos, habría intentado lograr apoyo del bloque oficialista de Alianza País, pero la versión no pudo ser confirmada por Vértice. Y el Fiscal General Galo Chiriboga dio el aval para que la fiscal del caso, Diana Salazar, acusara a los siete empresarios y accionistas detenidos por sus vínculos en la presunta red de lavado de dinero a través del oro a pesar de las conexiones de los implicados con el gobierno de Rafael Correa.