El pasado 6 de febrero, la audiencia de apelación de la sentencia de 22 años de prisión contra José V.L. por la presunta violación sexual de Lucas-nombre protegido-, su alumno de natación en el Colegio La Condamine, no se realizó porque uno de los tres jueces que integraban el Tribunal Provincial de Justicia no estaba habilitado para actuar en esa diligencia.
El viernes último, la defensa de Lucas fue convocada por segunda ocasión para hoy a las 14:30, una vez que el Tribunal estaba completo con la jueza Mónica Bravo, quien retornó el caso tras unos días de ausencia. Bravo es la misma que ratificó el llamamiento a juicio a los cuatro veedores que investigaron los contratos de obra pública entre empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa. Esta jueza también ratificó la sentencia de 15 días de prisión para el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo,del movimiento opositor CREO, por afectar el buen nombre y la honra del jefe de Estado en una entrevista radial el 10 de junio de 2016.Pero, lo que en realidad preocupa a Gisela Vaca, abogada titular de Lucas, es que el defensor principal del profesor ya sentenciado sea Caupolicán Ochoa, abogado personal de Rafael Correa.Ella advierte que en el proceso judicial han ocurrido muchas irregularidades, algo que atribuye al hecho de que la pelea, más allá de ser contra el presunto agresor, se libra contra algo superior: un colegio de élite de Quito, donde es maestra Anne Malherbe, esposa del presidente y en el que estudian sus tres hijos.
¿Es verdad que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa, abandonó la defensa del profesor José V.L., bajo el argumento de que el caso se ha politizado?
Escuché en un medio de comunicación que habían llamado a pedirle una entrevista y dijo que había comunicado a la familia del profesor que ya no tomaría el caso. Pero hasta el momento no se ha presentado en la Corte Nacional de Justicia un documento en el que se informe que Caupolicán Ochoa ha dejado la defensa.
¿Qué puede pasar este lunes en la audiencia de apelación planteada por Caupolicán Ochoa?
Tres cosas: Que ratifiquen la sentencia condenatoria. Pero el asunto no termina ahí porque el acusado puede recurrir y cazar, siempre y cuando haya violación de derecho, porque la Corte Nacional no analiza prueba. Es un asunto estrictamente procesal.La segunda opción es que lo declaren inocente, si hay duda, en cuyo caso apelaremos. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia contra el acusado la dictaron tres jueces de manera unánime. Otra opción se da cuando la Corte estima que se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa y resuelve anular la audiencia de juicio. Eso implicaría hacer borrón y cuenta nueva.
¿Es decir que, bajo cualquier escenario, la pesadilla jurídica de Lucas y su familia continúa?
Así es. El proceso es largo y complicado, pero jurídicamente tiene sustento y argumento. Seguiremos peleando.
¿Hay un plazo para tener resultados?
No hay un plazo determinado. El juicio ya lleva dos años. Paulina –nombre protegido- denunció el caso Principito en abril del 2015. Hago un llamado de atención a la comunidad pues el caso dio un salto mediático porque fue demasiado evidente la presencia de alguien que no tiene por qué intervenir en este proceso, no tiene por qué tomar partido.
¿A quién se refiere?
A la razón por la que está Caupolicán Ochoa en la defensa del acusado y los intereses que ha defendido públicamente en diferentes procesos. A ello responde la connotación mediática que ha tomado este caso y debe ser un llamado a los colegios para que mejoren las políticas en este tipo de casos en extremo sensibles porque no es el único. Hay muchos Lucas, muchos Principitos, pero los colegios los ocultan porque afecta su imagen. Como sociedad somos hipócritas, tibios, mediocres, tenemos miedo y preferimos ver al otro lado. Si esto ha pasado ahora, que sirva de experiencia para que los colegios endurezcan procedimientos y protejan el bien superior: nuestros niños.
¿Cuáles son los argumentos que expondrá en la audiencia para exigir que se niegue la apelación y se ratifique la condena de 22 años?
No conocemos los argumentos del Dr. Caupolicán Ochoa y de sus otros dos abogados, los hermanos Luis y Fabián Borja Maldonado, porque presentaron un escueto escrito de apelación en el que no hay fundamentación. A breves rasgos señalan que no están de acuerdo con la sentencia y apelan, nada más.
¿Tenían que haber argumentado la apelación?
Debieron hacerlo por respeto al principio de lealtad procesal y presentar un escrito fundamentado en el que establezcan punto por punto por qué no están de acuerdo con la sentencia. Pero ese ha sido su accionar durante todo el proceso: sesgado, queriéndose ir por las ramas, por las esquinas. De esa manera nos impiden conocer sus argumentos. En realidad no sabemos con qué nos vamos a encontrar este lunes.
¿Están preparados para demostrar la culpabilidad del profesor de Lucas?
Estamos preparados en el sentido de que intervenimos en la audiencia de juicio, apoyamos a la Fiscalía en la presentación de las pruebas, estuvimos presentes cuando se actuaron las pruebas, cuando se tomaron los testimonios y cuando los peritos establecieron sus conclusiones en los informes. También constatamos que el acusado ejerció su derecho a la defensa porque contradijo cada una de las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía.
El Tribunal le dio la oportunidad de defenderse, pero no pudo desvirtuar ni generar dudas en el Tribunal Penal.
¿Quiénes son los jueces que conforman el tribunal de apelación?
Anacélida Burbano, Narcisa Pacheco, que es la ponente, y Mónica Bravo, que retorna al caso luego de haberse ausentado un tiempo.
La semana pasada, el caso se volvió mediático y las autoridades del colegio La Condamine emitieron un comunicado en el que afirman que el profesor también es víctima y que su conducta es intachable.
Durante todo este tiempo el colegio nunca dijo nada, lo mantuvo en absoluta reserva. Lo mismo hizo la madre del niño. Este es un caso reservado, tal es así que las audiencias no son públicas y las boletas que se suben al sistema no se publican. Si las autoridades del colegio se han manifestado públicamente tienen que demostrar si cumplieron los procedimientos que en este tipo de casos establece el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina). Es obvio que no los aplicaron porque no solo tenían que denunciar al acusado sino separarle del colegio y brindar apoyo a la víctima, a su entorno familiar. No hicieron nada.
Un colectivo de personal y exalumnos del colegio asegura que el profesor no pudo haber cometido el delito y que ya fue declarado inocente.
Eso no es verdad. Procesalmente hay la etapa preparatoria a juicio, en la que la víctima, la Fiscalía y el acusado, ejerciendo su derecho a la defensa, comparecen ante un juez de la Unidad Judicial. Este juez analiza los elementos de convicción que ha recabado Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, que son aquellos sobre los que sustenta el dictamen acusatorio.
¿Cuáles son los elementos de convicción?
Las versiones de varias personas, la valoración técnica con profesionales, el testimonio anticipado en la Cámara de Gesell, el reconocimiento que hace el niño en persona y a través de fotografías, las investigaciones de los agentes de la Policía. Con todos esos elementos Fiscalía formaliza su dictamen acusatorio. Como víctimas hicimos lo mismo. La otra parte ejerce su defensa y presenta los argumentos por los que no está de acuerdo con el sustento del fiscal, que es contundente.
Pero José Hidalgo, quien dijo ser representante del colectivo que apoya al profesor, afirma que ya fue declarado inocente.
En este caso es que, pese a haber una acusación fiscal y a que la víctima estaba representada mediante una acusación particular, el juez resolvió un auto de sobreseimiento a favor del acusado.
¿Quién es el juez?
Jaime Bayas Machado quien, como el sistema es oral, en la primera fase de este juicio, terminó la audiencia, dictó el auto de sobreseimiento a favor del acusado y levantó las medidas cautelares, pero no notificó a ninguna de las partes. Luego de una semana, el juez fue destituido.
¿Por esa razón?
Entiendo que por varias razones. Lo cierto es que abandona la Judicatura y entra otro juez al que le dijimos que hay un auto de sobreseimiento que no está motivado y que como él no estuvo en la audiencia, en respeto al principio de negación procesal, no podía motivar algo que no dirigió. Por eso pedimos que anule la audiencia. No obstante, el nuevo juez decidió dejar en firme el auto de sobreseimiento. Junto con la Fiscalía apelamos y el caso subió a la Corte Provincial. Ésta, como órgano de garantías de la sociedad que es,subsanó lo actuado por el juez Bayas, anuló la audiencia y realizó una nueva audiencia de preparación a juicio para que el nuevo juez,Telmo Fabián Molina Cáceres,conozca la posición de Fiscalía, del acusado y la víctima y, en base a eso, resuelva. Se vuelve entonces a realizar la audiencia, se llama a juicio, los tres jueces del Tribunal Penal analizan valoran la prueba actuada, lo declaran culpable y dictan la sentencia de 22 años de cárcel.
¿Por qué le otorgaron medidas sustitutivas que no caben en este tipo de delitos? ¿El profesor debería estar preso?
Por supuesto. No caben las medidas sustitutivas porque se trata de un delito en extremo grave.
¿Quién es el responsable de haberlo dejado en libertad?
El juez. Cuando el niño identificó a su agresor en la cámara de Gesell, la Fiscalía actuó de inmediato y lo detuvo. El señor estuvo en prisión un mes o mes y medio y salió con Habeas Corpus. En este proceso han sucedido cosas muy raras. Siempre conversamos con la familia de que nos enfrentábamos a algo muy grande. Si no hubiera habido estos movimientos por debajo, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. La defensa del acusado, astutamente, queriendo beneficiarse de ese auto de sobreseimiento inmotivado, plantea ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección contra el auto de nulidad del sobreseimiento que dictó la Corte Provincial de Justicia.
¿Cómo afecta eso al proceso judicial?
En nada, el proceso sigue su curso. Estamos en espera de que se realice la audiencia del recurso de apelación, pero la acción extraordinaria de protección está en trámite, cocinándose en la Corte Constitucional. Tenemos dos frentes. Como defensa ya notificamos a la Corte Constitucional que el profesor tiene sentencia. Por tanto, tendrán los jueces constitucionales que determinar jurídicamente si dan más valor a un auto de sobreseimiento inmotivado en una etapa procesal de trámite, por encima de una sentencia condenatoria como producto del análisis jurídico realizado por un Tribunal de Garantías Penales, luego de valorar las pruebas.
¿Preocupa a la defensa el proceso en la Corte Constitucional?
Lamentablemente es de conocimiento público que la Corte Constitucional le ha fallado mucho al país en el tema de respeto a los derechos humanos. Está en entredicho la independencia judicial incluso en la Corte Constitucional.
Si a eso se agrega que Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, sea el defensor del maestro acusado ¿qué expectativa tiene la defensa de Lucas sobre la audiencia de este lunes?
Siempre supimos que en este caso hay intereses superiores porque se trata de un colegio de élite en el que el primer mandatario, su esposa -Anne Malherbe, profesora del plantel- y sus tres hijos -alumnos de la institución- tienen relaciones y vínculos especiales. Y en este caso se juega el prestigio del colegio. Estamos preparados con argumentos jurídicos para enfrentar a Caupolicán Ochoa. Pero nos llama la atención que, teniendo dos abogados privados, una semana antes del 6 de febrero, día en que se convocó la última audiencia (que fue suspendida), ingrese un escrito en el que agrega a la defensa a Caupolicán Ochoa. Entonces, no es difícil concluir que este tema del colegio es sensible para el presidente y es la razón por la que Ochoa asume el caso. También nos preguntamos cómo un profesor logra pagar dos abogados y los servicios de un abogado de élite como Caupolicán Ochoa.
¿Cuánto cuesta la defensa para un caso como este?
Extraoficialmente, dentro del foro de abogados se comenta que para ir a una audiencia, Caupolicán Ochoa cobra alrededor de $15 mil. ¿Cómo un profesor de categoría mediana puede pagar los honorarios de tres abogados?
¿Por qué el profesor recibe ese tratamiento especial?
En verdad, Caupolicán Ochoa no busca proteger al profesor acusado sino al colegio La Condamine porque una sentencia condenatoria que devele que un profesor cometió el delito de violación a un niño de 5 años, baja su prestigio y reputación.
El colectivo de personal y ex alumnos del colegio da a entender que el violador sexual de Lucas sería otra persona y que habría ocurrido en otro lugar, no en el colegio. ¿Qué opina?
Eso, además de ser descabellado, es absolutamente desatinado porque la Fiscalía determinó que no hay ningún otro sospechoso señalado por el niño. Como abogada respetuosa de derechos humanos, no me molesta el apoyo sino su contenido. Me llama mucho la atención que, al hacer un comunicado, no se hayan asesorado sobre el proceso penal, pues al decir que el señor cuenta con una sentencia absolutoria quieren hacer creer a la comunidad que el señor fue juzgado y absuelto. Eso no es así. Solo se ha realizado una audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales, en la que, bajo el sistema oral se presentan los testigos ante los jueces y rinden su testimonio bajo juramento, respondiendo preguntas de la Fiscalía, de los abogados de la víctima y de los abogados del acusado. Solo después de eso se puede decir que alguien ha sido sentenciado. Si la alegación del acusado fuese que debió haberse investigado a alguien más, no es procedente porque cuando Fiscalía investigó, el único sospechoso investigado y formalmente acusado fue el profesor.
¿Si hubiese habido la sospecha sobre otro agresor, lo lógico habría sido que la defensa del profesor lo argumente a su debido tiempo?
Más allá de que la defensa lo argumente, la Fiscalía, que no solo defiende los derechos de la víctima sino que, como titular de la acción penal, recabó elementos de convicción de cargo y descargo. Investigó, por ejemplo, las valoraciones psicológicas que hicieron diferentes profesionales luego de varias entrevistas al menor. Si esas entrevistas habrían arrojado que había otro sospechoso de la agresión, que fuera parte del entorno familiar del niño, las psicólogas no se venden con nadie, lo hubieran manifestado en su informe y la Fiscalía lo habría incluido en la investigación. Eso no sucedió jamás.
Si es que la justicia ecuatoriana fallara a favor del profesor acusado y no de Lucas y Paulina, ¿llevarán el caso en instancias internacionales?
Por supuesto. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ya ha llamado la atención al Estado ecuatoriano por la falta de políticas, por la informalidad con que se maneja este tipo de casos.