Los abogados del activista Fernando Villavicencio pidieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares para suspender la orden prisión preventiva ordenada en su contra.
Desde el medio día del 18 de septiembre pasado la Policía ejecutó un operativo de vigilancia a la casa de Villavicencio que incluyó el cierre de las calles de acceso a la vivienda, ubicada al norte de Quito.
Esto se dio luego de que el activista se presentara de forma sorpresiva en una rueda de prensa en la que anunció que demandará al ex presidente Rafael Correa, al actual vicepresidente Jorge Glas y a ocho exfuncionarios más del Gobierno anterior, por presunto peculado en la venta de petróleo a largo plazo con China y Tailandia.
Denunció un perjuicio al país por $ 2.400 millones debido a contratos firmados con empresas de los países mencionados (específicamente con Petrochina), que dejaron a Petroecuador sin capacidad de comercializar su crudo. Esto, al amparo de la figura de alianza estratégica. 
El activista político tiene orden de prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de divulgación de información reservada, medida que fue ratificada el pasado 5 de agosto. Debido a esta situación Villavicencio solicitó asilo político a Perú, donde permaneció por más de ocho meses en espera de respuesta.
Luego de que la Policía rodeó la casa del activista, su esposa Verónica Saráuz, denunció mediante redes sociales que temía un allanamiento. “Esa es la respuesta que dan al llamado de Lenin para que denuncien corrupción @fevillavicencio tiene medidas cautelares de la @CIDH”, cuestionó Saráuz, vía tuiter.
Enseguida se evidenciaron muestras de respaldo por parte de ciudadanos que se han movilizado hacia la vivienda de la Villavicencio y su familia, pidiendo a las autoridades que cese el hostigamiento.
“Hay una persecución sistemática en contra Fernando Villavicencio y su familia por denunciar numerosos casos de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de Ecuador. Los constantes actos de intimidación, hostigamientos y amenazas de muerte perpetrados por el Gobierno en su contra persisten hace más de seis años”, señalaron los abogados del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en una carta enviada al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y al Relator Especial para la Libertad de Expresión del mismo organismo, Edison Lanza, este 19 de septiembre.
En el documento se relata que tras las denuncias de irregularidades cometidas por el Gobierno de Correa en la negociación con Petrochina, hechas por Villavicencio a su retorno a Ecuador, el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, advirtió que la orden de prisión en su contra estaba vigente y podía ser detenido en cualquier momento.
Esa misma tarde, agentes de la SENAIN (Servicio de Inteligencia de Ecuador) acudieron a la entrada de la vivienda del activista, así como patrulleros de la Policía Nacional. 
La defensa de Villavicencio narra que los agentes policiales comenzaron a requisar a todas las personas que circulaban por las inmediaciones y los autos que salían del edificio. En poco menos de dos horas más de 20 autos sin placa del Estado rodearon la vivienda familiar. Incluso el comandante de la Policía Judicial se presentó en el lugar, pero permaneció escondido para no ser identificado.
En esta carta se enfatiza que a estos hechos hay otras circunstancias que agravan aún más la situación del periodista, pues este se vio obligado a regresar a Ecuador, a pesar de la orden de prisión preventiva en su contra debido a que “su permanencia en el Perú se tornaba cada vez más peligrosa. Su vida e integridad física se encontraban en riesgo. Empresarios vinculados a la intermediación petrolera habían comenzado a perseguirlo y acosarlo para evitar que continuara denunciando escándalos de corrupción petrolera que los involucraba la magnitud del operativo desplegado revela no solo la intención de apresar a Villavicencio sino también el propósito de intimidarlo y hostigarlo para silenciar su libertad de expresión.
Por lo tanto, los abogados del activista plantean que sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas a la CIDH el día 2 de noviembre de 2016 y ampliadas el día 23 de diciembre de 2016, el 28 de marzo, 27 de junio de 2017 y el 9 de agosto de 2017, a fin de suspender la prisión preventiva ordenada en su contra.
También piden que el Estado de Ecuador otorgue medidas de protección efectivas para resguardar la vida de Villavicencio, su esposa y sus dos hijos y que cese la persecución y criminalización judicial y política en su contra.
Aseguraron que en este caso se cumple con los tres requisitos señalados por el artículo 25.2 del Reglamento de la Comisión para el otorgamiento de medidas cautelares: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño.
La gravedad del caso se explica en que "la prisión preventiva a Villavicencio producirá un efecto silenciador, pues se someterá a las personas a constante autocensura antes de denunciar, revelar, publicar o difundir algo que pueda ofender a los más altos funcionarios del gobierno. En este caso la gravedad no solo queda acreditada por la entidad de los derechos en riesgo sino también por la desprotección que tienen las víctimas ante la inacción por parte de las instituciones que debieran velar por la seguridad y resguardo de las vidas de sus ciudadanos”.
Es urgente la medida cautelar debido a que hay la amenaza inminente de que la reclusión en un establecimiento carcelario de Villavicencio puede materializarse en cualquier momento.
En cuanto a la irreparabilidad, se señala que "la decisión de privar preventivamente de la libertad al periodista tiene un efecto pluriofensivo sobre múltiples derechos y otros bienes jurídicos , que, de ser contraria a la Convención Americana, resultaría imposible reparar íntegramente con posterioridad”.
En este contexto la defensa de Villavicencio advierte también que si la Comisión no adopta estas medidas cautelares la prisión preventiva ordenada contra de Villavicencio agudizará el marco intimidatorio – ya existente – en contra de otros periodistas y de cualquier persona que quiera denunciar situaciones similares.
En la solicitud se resalta también que en este contexto deben considerarse las medidas cautelares otorgadas el 24 de marzo de 2014 (MC 30-14) y que continúan sin ningún tipo de cumplimiento por parte del Estado, luego de más de tres años de su otorgamiento. En enero de este año las autoridades del Gobierno de Correa señalaron que no viabilizarán el pedido de medidas cautelares en favor de Villavicencio, indicando que “Ecuador lamenta la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que "con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley". En un comunicado del Ministerio de justicia se dijo que "el Gobierno del Ecuador rechaza las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse ante la CIDH, para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afectación a sus derechos".
Ahora, las nuevas autoridades de Gobierno han dicho que están analizando la situación legal del activista. "Nosotros damos cumplimiento a las órdenes de detención y las personas que son requeridas por la justicia. Vamos a tener una reunión con el ministro, vamos a evaluar todo lo que tenemos judicialmente… Si tiene boleta habrá que detenerlo", dijo ayer el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla.
La tarde de este miércoles el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que desmintieron que el coronel Ramiro Ortega, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, haya agredido a la hija de Villavicencio en el operativo de vigilancia que se realiza a su domicilio. En redes sociales, Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio acusó a Ortega de intentar "agredir a mi hija menor de edad porque le tomó esta foto (cuando) estaba escondido tras un basurero".