“Moreno mintió cuando dijo que los miembros del CPCCS transitorio no pertenecerían a partidos políticos ni habrían trabajado para el Estado, peor aún en el caso de Xavier Zavala Egas, que tiene dinero en un paraíso fiscal”, manifestó Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en entrevista con Mil Hojas sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana.
Luego de enviar (el pasado 19 de febrero) a la Asamblea Nacional su propuesta de ternas para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, el presidente Lenín Moreno dijo “he cuidado que no sean amigos, ni parientes ni funcionarios de Gobierno”.
Ante la desconfianza que existe sobre el proceso de preselección de los nuevos consejeros definitivos Espinel planteó la necesidad de contar con una veeduría internacional para garantizar transparencia.
¿Han existido aportes de la sociedad civil a la realización del proyecto de Ley que reforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Nosotros, como organización, presentamos unas observaciones al Proyecto de Ley presentado por Moreno, y nos dimos cuenta que es una copia del sistema Boliviano de elección de jueces.
¿Qué diferencias hay entre el boliviano y el ecuatoriano?
La diferencia sustancial es que el filtro en lugar de ser el CNE, en el caso boliviano es la Asamblea Nacional. Hablando de números se presentaron más de 400 jueces dentro del parlamento, se crearon dos comisiones para analizar los perfiles, de los cuales 50 obtuvieron el voto de las dos terceras partes.
¿Cuál fue el problema?
El ciudadano al momento de votar por sus jueces no comprendía el rol que iba a ejercer, el resultado de la votación fue el 65% de los votos en blancos y nulos. Es decir la gente no sabía lo que estaba decidiendo.
¿Qué pasaría en el caso ecuatoriano?
Independientemente que el mecanismo de selección sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) o la Asamblea Nacional, la gente no va a comprender por qué está votando, considerando que el nuevo CPCCS se va a elegir junto con los representantes a los GAD’s, quienes si contarán con recursos para hacer campaña. Los primeros van a ser totalmente invisibilizados
¿Hay algún aspecto adicional que preocupe en la propuesta de Moreno?
Claro que si, establece que los postulantes podrán ser conocidos por la ciudadanía a través de la difusión equitativa de sus perfiles y propuestas. ¿Cómo es posible que alguien que pretenda llegar al Consejo definitivo pueda hacer una propuesta cuando claramente están delimitadas sus funciones.
¿Cree usted que si se realizan propuestas se puede caer una especie de populismo?
Por supuesto, vas a tener una especie de populismo cívico en el cual la gente diga ‘yo quiero llegar al CPCCS para escoger el mejor fiscal’. No podemos supeditar este tema tan importante a este tipo de manifestaciones
¿Qué opina sobre el hecho de que el CNE haga la preselección de los candidatos?
En primer lugar, implica continuar con el sistema actual de designación de consejeros, simplemente no se va a quedar en el concurso de méritos y oposición que actualmente ya puede hacer el CNE para su designación, sino que ahora se pasa un proceso de elección.
¿Se ha ido contra el voto popular?
La gente votó en contra de cómo se integra actualmente el CPCCS. Están manteniendo el sistema solo que le añades votación popular. Más allá de eso, los consejeros, el CNE son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y ahora el mismo puede pasar a través de un proceso de designación del mismo CNE, tienes una puerta giratoria.
¿Cuál sería la propuesta?
El concurso, este sistema de preselección, que es de obligatoria realización, porque alguien tiene que comprobar que se cumplan con estos requisitos tan etéreos, debe estar en manos de instituciones que tengan legitimidad ciudadana y que no sean designados en el futuro por el CPCCS.
¿Qué instituciones?
Lo únicos que tenemos en nuestro aparataje institucional son: la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Nosotros propusimos que el concurso se realice con un representante de cada una de estas instituciones. Por ejemplo, en la Asamblea este representante debe contar con el apoyo de al menos de las dos terceras partes.
¿Es necesaria una veeduría internacional?
De esto no se ha hablado y es muy necesario, el proceso de preselección debe contar con una veeduría internacional para darle legitimidad al proceso ya que hay tanta desconfianza en las instituciones.
¿Cree usted que el CPCCS debe desaparecer?
Definitivamente debe desaparecer, no es necesario. La participación ciudadana no se puede estatizar, debe ser un control vertical hacia las instancias de poder.
¿Cree usted que el CPCCS fue un instrumento del poder para deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil?
Para mi desde el inicio esa fue la intención y claro, les quitaron legitimidad a los otros espacios. La creación del CPCCS fue un engaño que pretendió desarmar a los procesos organizativos. El Gobierno lo que hizo fue meter en un cajón la participación ciudadana y de esta manera ejercer control.
Una mirada a lo que fue el CPCCS
En el 2008 la Constitución de la República del Ecuador estableció la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como una entidad autónoma, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Inició con una asignación presupuestaria de $5,9 millones y para el 2017 se le asignó $12,4 millones.
Además, el CPCCS debía garantizar la existencia de una sociedad libre de corrupción. En estos años han ingresado 103 denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la gestión pública; sin embargo, el pleno emitió 85 resoluciones concluyentes. En tanto que hay 296 expedientes en indagación.
Una de las funciones del CPCCS era la de nombrar autoridades como: al Contralor Carlos Pólit, quien permanece prófugo de la justicia; al Procurador, Diego García, quien ha recibido duros cuestionamientos por su accionar en el caso Odebrecht; al Fiscal, Galo Chiriboga, quien también fue objetado en su gestión sobre los casos de Odebrecht y Petroecuador; sin olvidar al superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien al momento enfrenta un juicio político; y Gustavo Jalkh, quien por medio de correos filtrados presuntamente recibía órdenes del ex presidente Rafael Correa.
Además, el CPCCS anterior fue la oficina de colocación de personal en cargos públicos de los amigos, las parejas y familiares del Gobierno pasado.
En cuanto al manejo del presupuesto, la mayor parte del dinero estaba destinado a gasto corriente. Un ejemplo de ello es que en febrero de 2018 se contrataron $7,546.39 en “servicio de telefonía celular para las máximas autoridades del CPCCS”, es decir,7 personas cuyo plan de datos era de $225 mensuales que incluían: 8 megas de datos, redes whatsApp y facebook, llamadas ilimitadas a operadoras locales, 100 minutos a destinos internacionales, llamadas ilimitadas entre las siete líneas del CPCCS y un número privado.
En cuanto a sueldos el CPCCS destinaba $6'752.652 solamente para pagar remuneraciones a los funcionarios que ahí laboraban. http://www.cpccs.gob.ec/es/transparencia-lotaip/#1454341802263-4782c7ea-7638. Además, llama la atención que se contrate a través de régimen especial “pólizas de seguros en las ramas de incendio, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, responsabilidad civil y vehículos de propiedad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El pasado jueves 22 de febrero se realizó la última sesión del CPCCS con los anteriores miembros, a la reunión solo asistieron 4 de los 7 vocales. En esa reunión los consejeros salientes se comprometieron a entregar toda la información que el nuevo Consejo requiera.