Thania Moreno ha sido señalada como la fiscal que construyó un escudo a favor de José Serrano Salgado. Su oportuna llegada a la fiscalía de Pichincha cambió por completo la teoría del caso “Pases Judiciales”, que involucró de decenas de altos funcionarios y policías. Fue posesionada el mismo día de la audiencia preparatoria del juicio y sin que tercie protocolo alguno sacó del caso en plena audiencia al fiscal Wilson Toainga y desisitió de acusar al ministro del interior de ese entonces José Serrano.
Noviembre de 2016, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condena por delincuencia organizada al ex comandante de policía Fausto Tamayo y otro número de oficiales; la investigación fiscal dejó fuera a la ex secretaria particular del ex presidente Corra, Mariana Pico, así como al entonces ministro del Interior, José Serano.
El funcionamiento del caso pases se basó en la conformación de un grupo de Inteligencia, cuyos integrantes visitaban los repartos policiales para identificar a los uniformados que requerían irse a otra localidad.?A ellos se les ofertaba los cambios. Los policías que aceptaban tenían que depositar el dinero en las cuentas de otros agentes, quienes eran los recaudadores.
Las denuncias por el montaje de una red para cobrar hasta $1.500 a cada policía que buscaba cambiarse de una ciudad a otra llegaron a la Fiscalía en el 2015. Pero ¿cómo la asignación de pases en la Policía se convirtió en un organizado sistema de cobros con ingentes ingresos para sus beneficiarios?
La investigación se inició en enero de 2015 con 27 personas indagadas. Desde entonces cuatro ex policías han sido sentenciados, cinco fueron absueltos y dos tuvieron un dictamen mixto.Esos montos al final presuntamente eran entregados al teniente Alexis Cifuentes, pero, ¿cómo un oficial, con rango de teniente, pudo haber tenido tanto poder para ubicar incluso a sus generales superiores en las plazas por las que pagaban, sin tener el aval de un actor de jerarquía superior en la línea de mando de la Policía Nacional?
El sistema de pases que rigió hasta 2011 otorgaba al Comandante General de la Policía y al área de recursos humanos analizar y tramitar los pases, pero esa facultad se modificó con el Acuerdo Ministerial 2405, del 7 de noviembre de ese año.
Sobre esta base legal se integró una Comisión Técnica de Pases con el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior (quien la presidía), el inspector general de la Policía Nacional, el director general de personal, un asesor de seguridad del Ministerio del Interior (designado por el ministro), el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y un representante de los clases y policías.
Las atribuciones que tenía la comisión apuntaban a los trámites de autorización de pases, delegaciones, comisiones, cursos y otras actividades profesionales de la policía que impliquen traslados.
Pero las irregularidades que se daban en la práctica ya empezaron a ser investigadas por la fiscalía. El primer hito que marca el inicio del caso pases policiales arrancó con una indagación previa en enero de 2015.
El cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, DGI, emitió un parte policial que mencionaba la existencia de una red de corrupción en la policía, liderada por alguien denominado "El duro".
Este documento sirvió de base para que el teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI, pida al fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, el inicio de una indagación previa. Thania Moreno entró en escena, pues fue la fiscal especial asignada para el caso.
El caso pasó casi desapercibido hasta que el 1 ero de julio de 2015 cuando el entonces ministro del interior, José Serrano, en su cuenta de twitter apareció ante la opinión pública como el denunciante de los ilícitos : "Urgente, hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestros Policías, esto es intolerable y bochornoso" (sic). Se trató de una jugada que pretendía capitalizar para sí lo actuado hasta ese momento por la Fiscalía.
Y luego el 3 de julio de 2015 Serrano informaba también vía twitter que el Comandante General de la Policía, Fausto Tamayo había presentado su renuncia tras el inicio de una investigación administrativa por supuestos actos de corrupción en pases policiales.
Este tweet del entonces ministro se difundió mucho después de que la fiscalía vinculó a Tamayo dentro del delito de delincuencia organizada, disponiendo también su prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes, según se constata en un comunicado de prensa emitido por el mismo Ministerio del Interior. (http://www.ministeriointerior.gob.ec/fausto-tamayo-recibe-prision-preventiva-en-caso-de-corrupcion-por-pases-policiales/)
Una denuncia formal del caso fue presentada por el Ministerio del Interior ante la Fiscalía 17 días después.
Observamos lo extraño de las acciones de Serrano que, seis meses después de que fiscalía concluyera la etapa de indagación, hizo públicos los hechos en un trino como si se tratara de su descubrimiento. Poco después Serrano se justificó y dijo que la estructura de corrupción de pases en la policía ya existía desde hace dos décadas y que era la nueva red, que funcionaba desde 2014, la que él denunció. Pero esto solo confirmaba que, con los cambios que este mismo funcionario lideró, la estructura de corrupción no solo continuó sino que empeoró.
El caso estrella dorada implicaba el análisis de un promedio de 2.000 a 3.000 pases al año pero en 2015 la cifra llegó hasta los 5.000 pases. Casi un año después de iniciadas las investigaciones, el 29 de diciembre del 2015, se instaló la audiencia de formulación de cargos, en la cual la fiscalía acusó a 19 policías en servicio activo de ser parte de una presunta estructura delincuencial. Entre ellos constaban los tenientes Alexis Cifuentes, quien lideraba la red, junto a Ernesto Montenegro, quien visitaba las provincias para identificar las necesidades de los miembros policiales y gestionar los pases a cambio de un pago. No se mencionaba al general Fausto Tamayo.
Los pagos iban entre $1.000 y $1.500, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía. Este esquema había funcionado entre octubre del 2014 y julio del 2015. Según las investigaciones de la fiscalía, la red habría negociado 1.309 pases por un monto de alrededor de $6 millones. Las diligencias en el caso continuaron bajo la tutela del Fiscal provincial Wilson Toainga. El aparece hasta el 15 de abril de 2016 cuando se realiza la reconstrucción de los hechos en restaurantes del Centro Histórico de Quito, cuarteles policiales y viviendas para conocer el listado de los aspirantes a los pases.
Para el 9 de mayo de 2016 Toainga ya no investiga en el proceso y Serrano sale de la teoría del caso, una vez que Thania Moreno fue designada como Fiscal Provincial de Pichincha.
Dos ex policías, Ernesto Montenegro y Luis Carrera fueron condenados a ocho meses y cuatro días de prisión tras acogerse al proceso abreviado dentro del proceso de delincuencia organizada. En las cuentas personales del primero y en las de su esposa, se encontró dinero.
El 15 de septiembre de 2016 el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, en sus declaraciones dentro del juicio implicó a varios funcionarios del ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado y de la Asamblea Nacional, así como a Pierina Correa, hermana del ex presidente, Rafael Correa, sobre quien aseguró que lo visitó tres veces solicitando pases.
La fiscal Moreno refutó tal aseveración indicando que los funcionarios pueden pedir pases y Pierina Correa lo hizo como Fedeguayas. Pero Tamayo no paró ahí. Aseguró también que el ex ministro del Interior, José Serrano, conocía de los listados que el teniente Ernesto Montenegro enviaba a la comandancia general de la Policía pidiendo los pases. También dijo que parte del dinero recaudado por la venta de pases fue al ministerio del Interior y a concentraciones de Alianza PAIS.
Serrano desestimó estas aseveraciones y en rueda de prensa mostró 350 documentos de funcionarios y personas que solicitaron pases en la Policía Nacional, entre ellos el asambleísta de oposición, Andrés Páez, en junio de 2004.
Otro detalle importante de la audiencia del caso fue cuando la defensa de Tamayo, desistió el 16 de septiembre de 2016, de convocar a sus testigos debido a información que circulaba en las redes sociales sobre la presidenta del tribunal judicial que lleva el proceso. Se refería a un tweet sobre la afiliación de la jueza Inés Maritza Romero al movimiento Alianza País.
El mismo día que Serrano intentaba desmarcarse de los ilícitos de los que le acusaban, en su testimonio el policía Alexis Cifuentes, arremetió contra el entonces ministro del Interior, asegurando que llevaron a su madre hasta el despacho del funcionario, donde él y la fiscal del caso Thania Moreno, le habían ofrecido beneficios en su proceso a cambio de que se declarara culpable.
Según diario Expreso, Serrano reconoció que habló con la madre del acusado. Quería que envíe un mensaje a su hijo: “que se entregue, que facilite las investigaciones porque podría beneficiarse”. http://www.expreso.ec/actualidad/acusado-dice-que-es-el-chivo-expiatorio-GH696080
Un elemento clave dentro del proceso fue el informe DAAC-0032-2017 en el que la contraloría evaluó la gestión de la Comisión Técnica de Pases, entre el 1 de octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2015. Entre sus conclusiones consta que “existieron actos negligentes de los miembros de la Comisión, y de quien la presidía, pues se realizaron pases sin la autorización previa por parte de la Comisión Técnica (…) que ocasionó que se ejecuten movimientos del personal policial al margen del Reglamento de Designación, Pases y Traslados de Personal Policial y del Acuerdo 2405, ya que al establecer procedimientos para implementar la autorización de los trámites mencionados (pases) no detectaron inconsistencias e irregularidades, como el caso de 4.700 pases, que se ejecutaron sin documentación de respaldo o justificativos que demuestren el cumplimiento de los requisitos reglamentarios….Estos fueron soportados solo con partes informativos suscritos en su mayoría por el jefe de la Sección de Designación, Pases y Traslados de la Policía”.
La Contraloría determinó también que "los miembros de la Comisión Técnica, los directores de personal y los jefes de procesos de designación, pases y traslados que actuaron entre el 1 de octubre del 2012 y el 21 de julio de 2015 inobservaron normas contempladas en el Acuerdo 2405, el Reglamento de Designación y la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado.
En este lapso de tiempo se concretaron 82.129 pases. Solo entre el 2014 y el 2015 se efectuaron 47.223 pases.
Es decir, en la auditoría del organismo de control se realiza un análisis que demuestra las irregularidades en las que incurrió la Comisión de Pases, presidida por Diego Fuentes Acosta, viceministro de seguridad interna, en delegación del entonces ministro del interior, José Serrano y otros servidores policiales como el director general de operaciones, el director general de personal, un asesor de seguridad designado por el ministro del interior, el suboficial más antiguo de la Policía Nacional y el representante de clases y policías.
Establece que era la comisión de pases, presidida por el ministro del interior y delegada al viceministro (José Serrano y Diego Fuentes, respectivamente) quienes tenía la responsabilidad de los pases policiales.
El fiscal Toainga verificó esto mediante el convenio de cooperación eficaz suscrito con el teniente coronel Aldrin Torres, jefe de pases de la policía y de la agenda de dicho servidor policial, donde se confirma quien dispuso dichos pases. Sin embargo aquellos altos funcionarios no fueron llamados por fiscal Moreno a que justifiquen sus actuaciones pese a que expresamente fueron quienes autorizaron los pases en unos casos y en otros los avalaron posterior a que se ejecute la orden del ministro del interior y de otras autoridades civiles.
Nombramiento al apuro de Thania Moreno coincide con inicio del juicio en el caso de pases policiales
El Consejo de la Judicatura organizó y concluyó de forma maratónica el concurso para el cambio de fiscales provinciales. El 7 de marzo de 2016 se hizo la convocatoria y en menos de 30 días hábiles se nombraron a 9 fiscales provinciales. Por lo tanto el Consejo de la Judicatura como la fiscalía incumplieron la Constitución, así como leyes, códigos, reglamentos e instructivos.
El art. 25 del Instructivo para el Concurso de Méritos y Oposición para la Designación de Fiscales Provinciales establece que la evaluación práctica la realizará un tribunal conformado por dos funcionarios designados por el Consejo de la Judicatura (juez / conjuez de la Corte Nacional designado por la Escuela Judicial y director nacional o provincial designado por el director general del Consejo de la Judicatura), y un tercer funcionario de la Fiscalía General designado por el fiscal general.
Sin embargo, la fiscalía no tuvo presencia en los tribunales que se conformaron para la valoración práctica y la calificación de los fiscales provinciales, es decir, no evaluó a los concursantes, por lo que el pleno del Consejo de la Judicatura, al emitir la resolución No. 060-2016 de 18 de abril de 2016, que aprueba el “Informe Final del Concurso para la Designación de Fiscales Provinciales a Nivel Nacional”, violó el mencionado artículo 25.
En la actualidad nadie recuerda que el Consejo de la Judicatura otorgó un puntaje de 50/100 a la evaluación práctica por considerarla la más importante. Y en ese contexto destacan que la omisión de los vocales del Consejo (al aprobar la Resolución 060-2016), irrespetaron el Código Orgánico de la Función Judicial (el art. 254) y atentaron contra la independencia e imparcialidad de la Fiscalía al manipular el concurso para favorecer a funcionarios públicos de, tal como establecen los arts. 176 y 178 del Constitución.
Como si esto no fuese suficiente los nombramientos de los fiscales provinciales se hicieron sin procesos previos de impugnación y control social, pese a que el artículo 176 de la Constitución preserva estos derechos ciudadanos en los concursos para designar a servidores judiciales. Con esos antecedentes se posesionaron los 9 fiscales provinciales, entre ellos Thania Moreno Romero, quien como fiscal de Pichincha debió conocer casos en los cuales estaban implicados servidores públicos con fuero de Corte, como el denominado “estrella dorada” o “pases policiales”.
Es decir, el Consejo de la Judicatura, violando su propio Instructivo, el Código Orgánico de la Función Judicial, los derechos ciudadanos de participación y control social previstos en la Constitución nombró a Thania Moreno, quien dejó de ser Fiscal 1 Fedoti 1, sustituyendo a Wilson Toainga Toainga que por el caso de fuero de algunos funcionarios públicos denunciados, estaba investigando el caso de los pases policiales.
Moreno fue nombrada y posesionada el 9 de mayo de 2016 a las 09H00 como Fiscal Provincial por el Consejo de la Judicatura, la misma fecha fijada para la audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal en contra de los servidores policiales y autoridades civiles por el caso pases. Se esperaba que la audiencia esté a cargo de Toainga, Fiscal Provincial titular hasta ese día; sin embargo, solo pudo instalarla, puesto que minutos después compareció la nueva fiscal provincial con modificaciones sustanciales en su tesis respecto al caso.
Lo ético hubiese sido que Moreno se inhiba de presidir la acusación fiscal y dejar a Toainga que desarrolle su teoría del caso. Pero no lo hizo: Moreno se metió con apretujones a dirigir esa audiencia y beneficiar a Serrano.
Hay que recordar que Toainga, antes de ser relevado del cargo, llamó a rendir versiones a José Serrano; Diego Fuentes Acosta, ex viceministro de Seguridad Interna; a Diego Fierro, asesor del ministro del interior; a Vicente Peralta, ex subsecretario jurídico de la presidencia; al mayor Francisco Saavedra Yépez, jefe de operaciones de la dirección general de inteligencia; y, al general Diego Mejía, subsecretario de policía del Ministerio del Interior.
Con el ingreso de Thania Moreno al proceso estos funcionarios ya no fueron convocados. La flamante fiscal fundamentó su investigación penal en una lista de 1.317 servidores policiales que se habría beneficiado con pases y que formarían la “estructura delincuencial” y sostuvo que el actual Comandante General de la Policía Nacional, el Inspector General de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios policiales, le pagaron al Teniente Alex Cifuentes para sus pases, es decir un oficial de rango inferior les cobró a sus superiores por sus pases.
¿Cómo Alex Cifuentes podía tener el poder político para actuar y ordenar a sus superiores? ¿Imagina usted a un oficial de bajo rango ordenar al comandante general disponer cobros? La respuesta es que si es posible, siempre que ese oficial represente la voz de las mas altas autoridades, como José Serrano. Al interior de Carondelet también se sabía que Cifuentes era un “mimado de MarianaPico”, la funcionaria que manejó el despacho del presidente Correa. Thania Moreno lo sabía pero prefirió encontrar en Cifuentes al responsable mayor de toda la trama de corrupción organizada desde la presidencia y el Ministerio del Interior.
Para cerrar con broche de oro, la jueza ponente del caso pases policiales, Inés Maritza Romero Estévez hizo un reconocimiento público que comprometió su imparcialidad. En la audiencia pública de juzgamiento, Romero reconoció ser militante del Movimiento Alianza PAIS, el partido de gobierno del ex Presidente Correa. Pese a ello, ni la fiscal provincial, ni los vocales del Consejo de la Judicatura han tomado ninguna acción en el caso.
En este maremágnun de dudas y cuestionamientos la Fiscal Moreno investigará por peculado al Fiscal General Carlos Baca Mancheno.