La ruta de Fabián Salazar a la Fiscalía de Pichincha

1000Hojas
Junto al ex mandatario Rafael Correa; Salazar también participó de la investigación de 30-S
El punto de convergencia entre las administraciones de Washington Pezántes, Galo Chiriboga y Carlos Baca en la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene nombre: es el fiscal Fabián Ramiro Salazar Sánchez, un funcionario de carrera que ha funcionado al estilo de cada uno de sus tres jefes, siempre tras el poder en la Fiscalía, buscando notoriedad política y bambalina mediática al involucrarse en casos de conmoción pública, pero con pocos resultados en cuanto al trabajo técnico que es la investigación penal.
Con la Fiscalía General de Washington Pesántez, en julio de 2010, integró el grupo de fiscales de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad[1], de la que fue coordinador.
El 19 de julio de 2010[2] la Comisión de la Verdad -constituida por el poder Ejecutivo en 2007-, entregó al fiscal general Pesántez el informe “Sin Verdad no hay Justicia”para iniciar la investigación penal y la judicialización de casos que habrían violentado los derechos humanos entre los años 1984 y 2008, para lo cual acordaron la entrega de los expedientes de cada una de las 118 causas indagadas por los comisionados y expertos durante más de tres años.
Para el 26 de noviembre de 2010[3] ,cuatro meses después de la entrega, se hizo público el resultado de un informe preliminar suscrito por Fabián Salazar, como coordinador de la Unidad Especializada,  en el que por falta de información, la Fiscalía no podía investigar en las características de delitos de graves violaciones a los derechos humanos, según acopia la nota de prensa titulada “Informe de la Comisión de la Verdad es Incompleto”[4], porque no hay evidencias materiales, documentales y porque es indispensable el contacto con las presuntas víctimas y responsables. Si el artículo 195 de la Constitución es claro en decir que la Fiscalía dirige la investigación ¿por qué el fiscal, por falta de evidencias, puso zancadilla a la judicialización de los casos?
Precisamente en sus manos estuvo el doloroso Caso Restrepo[5] incluso “localizó a un nuevo testigo”[6] en noviembre de 2011, cuando ya no coordinaba la Unidad Especializada y cuando del caso ya estaba encargado a otro fiscal, causa que a 2018 continúa en indagación previa. De la existencia de este testigo protegido[7] y de la versión que (en ese entonces) entregó en la Fiscalía General se enteraron los medios de comunicación[8], según la nota de prensa: Aparece nuevo testigo en el caso Restrepo[9] aquel hombre humilde y de avanzada edad, según el relato de prensa, fue ubicado por dos fiscales, uno de ellos Fabián Salazar ¿Cómo se enteraron los medios de comunicación si una localización y versión en indagación previa, como elementos de convicción, son por ley reservadas? El artículo 198 de la Constitución ordena a la Fiscalía que el sistema de protección a víctimas y testigos se rige por un principio de responsabilidad.
También tomó versiones en Guayaquil[10], al alcalde de la ciudad, por la supuesta ejecución extrajudicial de Víctor Alvarado Morales durante protestas estudiantiles sucedidas en 1988, caso  del que no se ha vuelto a escuchar pero eso sí, Salazar se aseguró de salir en la foto de prensa.
Con la llegada de Galo Chiriboga a la Fiscalía General, en julio de 2011, las acciones de Salazar toman relevancia en agosto de 2012 con el anuncio de la realización de operativos[11] en el polémico caso de las firmas falsas que conformaban las listas de adherentes de las organizaciones políticas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Con más de 70.000 denuncias el tema estuvo en boga por el escándalo político que generó en aquel año. Cuatro años después el caso de las firmas falsas no tuvo resultados[12], precisa el relato periodístico ¿Terminaría de investigar el fiscal que se lanzó a este caso? Fue una noticia atractiva en medios, pero sin un claro desenlace.
El operativo realizado en noviembre del 2012 para allanar una clínica clandestina llamada Unión y Esperanza, ubicada en la Pisulí en Quito, por la desaparición del joven David Romo[13] eso otro de los casos de conmoción pública utilizados por Fabián Salazar para llamar la atención mediática. En declaraciones[14] para los medios de comunicación dijo que David Romo habría estado en ahí[15].    Dio declaraciones pese a que el caso estaba a cargo de  la fiscal Laura Machuca.
 Hubo detenciones[16], formulación de cargos por trata de personas[17], proceso seguido en FEDOTI de la Fiscalía de Pichincha  por “Tania Moreno quien encabezó las investigaciones del caso de trata contra los dueños de la clínica en el 2013. Ella confirmó que en sus indagaciones no encontró indicios que le hicieran suponer que estuvo allí David Romo”.[18] Las declaraciones de Fabián Salazar -de que el joven Romo habría estado internado en la clínica clandestina intervenida- fueron publicadas  en la cuenta Twitter de la Fiscalía[19] es decir, la información se volvió oficial, lo que desató  disgusto y reclamo de la familia de la víctima por la gravedad de la mencionada  información, por lo que  días después, el fiscal general de ese entonces ofreció disculpas[20] a la familia del joven desaparecido por haber alegado y“presumido”que probablemente habría estado interno en aquella clínica sin contar –en aquel tiempo- con las pruebas para hacerlo, solo con las primeras versiones de supuestos testigos, uno de los cuales ha cambiado de versión nueve veces respecto a los hechos del supuesto asesinato del joven en aquel lugar.[21]
¿Será que a raíz de este operativo y de las declaraciones del fiscal Salazar, la investigación del caso Romo tomó un camino hacia un proceso por asesinato por el que seis procesados esperan la resolución del juez para saber si van a juicio [22] con elementos procesales abundantes pero cuestionados e incompletos[23]? Este es un caso del cual ya acusó recibo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[24] por la denuncia de la madre de la víctima.
 Siete detenidos en el allanamiento a clínica ilegal de desintoxicación de drogas dentro del caso David Romo
Después del caso Romo, llegaron los casos 30-S. Fabián Salazar también estuvo en ese tema: en 2014 con el caso de la muerte del militar Darwin Panchi[25]; en la causa por alteración y pérdida de evidencias [26] y en el caso Plagio al Presidente de la República[27] en el 2015, donde se realizó una reconstrucción de los hechos y estuvieron presentes altas autoridades del gobierno de Correa.
En 2017, al llegar la gestión del ahora destituido por la Asamblea Carlos Baca Mancheno –de quien en 2016 ya se habría escuchado off the record que tomaría las riendas de la FGE- Fabián Salazar vuelve a salir a la escena mediática.

Tras la guerra intestina en la fiscalía, [28] que inició por el rompimiento de las relaciones desde que Thania Moreno, como fiscal general subrogante abrió paulatinamente cuatro investigaciones previas al fiscal General Baca Mancheno con base en denuncias ciudadanas en los presuntos delitos de peculado en la Comisión del 30-S; fraude procesar al alterar videos y evidencias en el caso 30-S;  incumplimiento de orden legítima; y, por presunta intimidación hacia un policía en el caso de la difusión del audio.
En este contexto, tras desmantelar el equipo policial y administrativo de Moreno, Baca Mancheno tomó la decisión de difundir una conversación entre José Serrano y Carlos Pólit, cuando lo correcto era acogerse a las normas del debido proceso y judicializar el audio, lo que le costó el puesto el 26 de abril de 2018.   Pero un mes antes, el 20 de marzo, Tania Moreno fue suspendida por 90 días como fiscal general subrogante y fiscal provincial de Pichincha, por cuatro denuncias interpuestas ante el Consejo de la Judicatura, una de las cuales fue del  ministro del Interior César Navas[29], cercano a Baca Mancheno.
En este rizoma confuso de acusaciones, suspensiones y destituciones, un mes antes del juicio político y el mismo día de la suspensión de Moreno, Carlos Baca Mancheno delegó a Fabián Salazar como Fiscal provincial de Pichincha Subrogante[30]. Su consigna, al parecer, fue acceder a los procesos abiertos en contra de, en ese entonces, su jefe. “El fiscal Fabián Salazar demandó que se le remitan tales documentos sin tener facultad legal para ese efecto”[31], dijo Moreno en su versión ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, previo al juicio político.
Pero esta designación no fue gratuita: meses antes de las destituciones, suspensiones y subrogaciones, Baca Mancheno le encargó al fiscal Fabián Salazar a que investigue el origen del audio donde está la conversación Pólit-Serrano, durante esta indagación, allanó la notaría donde se hizo la declaración juramentada del policía que habría elaborado el parte policial para justificar el origen de dicho audio en las redes sociales. Fiscal Fabián Salazar: Diego Fuentes habría obligado a notario a apagar equipos mientras policía hacía declaración juramentada sobre "caso audios[32]" Declaración ante la prensa  que le costó a Carlos Baca la cuarta denuncia en su contra por presunto delito de intimidación[33].

En este contexto, se podría pensar que el allanamiento al Municipio de Quito[34], el 24 de abril de 2018,  en el presunto caso de asociación ilícita que involucra a dos concejales, a dos días del juicio político a su jefe, pudo haber tenido la intensión de sobreponer su imagen a la de Fiscal General prácticamente defenestrado y posicionarse en medios de comunicación como paladín contra la corrupción. Una buena válida sin duda pero queda por determinar si está vez termina lo que empieza.
Salazar logró ascender a fiscal provincial por delegación, sin concursos y evaluaciones y también consiguió que su esposa, Sonia Cedeño Zambrano[35], trabaje en el Sistema de Protección a Víctimas y testigos de Pichincha, en el cargo de Analista de Protección Víctimas y Testigos 2, en la misma Fiscalía.  Su ingreso se habría registrado entre 2014 y 2015. ¿Cómo Fiscal provincial estaría en nepotismo al ser jefe de su cónyuge?

¿Quién mide la productividad y la efectividad de las investigaciones de los fiscales?¿Cuál ha sido su aporte para la investigación penal en la resolución de casos, tomando en cuenta que solo en Pichincha hubo 25.000 causas acumuladas hasta 2014[36]?“Los casos se acumulan en la Fiscalía por falta de agentes (fiscales)”^[37] dice una nota de prensa publicada en enero de 2018, en el texto se explica que solo en un despacho de la Fiscalía de Soluciones Rápidas se manejan más de 3000 expedientes por investigar[38].   En Ecuador“operan 851 agentes, pero se necesitan 400 más para llegar al número que se requiere (…) los 851 agentes fiscales tienen a su cargo, en promedio, 600 expedientes para investigar.”[39], es el dato que recoge la citada noticia.
 Con el ex canciller Ricardo Patiño 
Habrá  que observar si en la administración del interino fiscal general Paúl Pérez Reina el maniqueísmo de este funcionario mantiene como Fiscal Provincial de Pichincha encargado y si logra posicionarse como un “cercano” a la etapa de transición de la Fiscalía.