El cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura se ha convertido en el centro de operaciones de las nuevas mafías: explotación laboral, prostitución, lavado de dinero, delincuencia son lo elementos que identifican a la minería ilegal, un hecho social sin precedentes en el norte del país y que nadie tiene claridad para enfretarlo. Foto: Ecuavisa
Frankiln Soria. Director de la Agencia de Prensa Minera
La población de Buenos Aires, hasta antes de la fiebre del oro ilegal, era un apacible lugar dedicado a la ganadería y la agricultura. Nadie podía imaginar ni en el peor de sus sueños que un día, sobre su única plaza, se darían decenas de asambleas de grupos mineros ilegales que libran una batalla por el control de los territorios.
El control de la minería ilegal en esa zona empieza, en un punto llamado “La Visera”. Es la entrada formal a las montañas conocidas como La Joroba, que pertenecen a las concesiones mineras denominadas IMBA 2, 3 y 4 que el Estado ecuatoriano adjudicó a la empresa HANRINE.
La parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, es partida territorialmente en dos mundos. El límite es una cadena, un peaje a cargo de un grupo de habitantes originarios de Buenos Aires, liderados por alguien conocido como “Ruperto el de cadena”, quien cobra a todo auto que ingrese al poblado como a las minas. Hay costos diferenciados: si se trata de camioneta 4×4 (las que se usan para transportar el material), si es camión y si ingresan taladros eléctricos, o generadores de luz, el valor asciende. Se calcula que diariamente esta aduana cobra para las arcas de su “gobierno independiente”, 800 dólares. Está a 20 metros de la Unidad de Policía Comunitaria y en esta se afirma que no pude hacer nada y es cierto, porque nada hace.
Los sistemas de molino de las rocas facilita el transporte del material que contiene los minerales, permite además que el procesamiento para obtener oro se realice en ese mismo lugar
Decenas de estas piscinas se abren semanalmente en las laderas de las montañas de la concesión, el objetivo es procesar el oro sin importar la contaminación humana y ambiental que generan
El justificativo de este peaje es la recaudación de un presupuesto para obras públicas que nadie ha visto.
Este territorio es una desgarradora maraña de plásticos, cartón, miseria y desesperación donde malviven niños, mujeres, ancianos, discapacitados, embarazadas, recién nacidos. Todos asentados sobre la mayor de las montañas llamada La Joroba, que se conoce también como Mina Vieja; hoy están invadidas al menos 3 montañas más.
Son una infinidad de bocaminas cubiertas con casuchas de plástico donde malviven más de 7.000 mineros ilegales de todas partes del Ecuador: Zaruma, Portovelo, Ponce Enríquez, Sigsig, Loja, Zamora, Zumba, Napo, Santo Domingo, Manabí.
Esta zona no tiene agua potable, menos aún alcantarillado, ni tampoco pozos sépticos. No existe luz. La electricidad para los taladros que perforan las rocas siguiendo la veta, más superficial, que “vota” oro de 24 quilates, se genera a través de sistemas a diésel o gasolina, (otra forma de contaminación y especulación).
Allí, en ese atentado a la dignidad humana, entre aguas servidas, árboles talados, plásticos, basura, tristeza y demencia por arrancarle a la tierra su riqueza, un cilindro de gas recargado cuesta 60 dólares, una libra de arroz, cinco dólares; una coca cola de litro, tres dólares.
El poblado de Buenos Aires es el centro de tensión en el que conviven varios de los grupos ilegales, les cohesiona el acceso a productos de primera necesidad, la prostitución, el transporte
Los sacos de material que normalmente se pagan a 25 dólares a cada minero ilegal, al día siguiente de las incursiones militares, baja a cinco dólares. Esa caída solo beneficia a los grandes inversionistas de la minería ilegal, ubicados, según nuestros denunciantes, en Ponce Enríquez y Portovelo (Azuay y El Oro), quienes, sin despeinarse, antes, durante y después de los operativos de fuerzas armadas, lucran aún más con la desgracia de los esclavos mineros.
Allí en la ladera de la montaña, donde la gente se arrastra, el oro literalmente vuela. Empieza en la Mina Vieja, la cumbre de la montaña La Joroba, técnicamente llamada IMBA 2.
Los piqueteros entregan los sacos a hombres y mujeres que cargan el material hasta los enganchadores, que son una suerte de técnicos en la ubicación de la polea, el gancho, la carga y el peso. Luego los cableros son los encargados en dar el “envión”, velocidad, ritmo y tiempo exacto para que el mineral ilícito se traslade.
Y empieza el vuelo del oro en los cielos. El roce del cable y los rulimanes generan un silbido metálico de agudos sonidos y altos decibeles. La primera estación es “La Visera”, con 200 metros de diferencia de su punto de origen. Si bien el servicio aéreo, ofrece una ruta alterna, con dirección al Páramo de Palacara, esta ruta es más utilizada por los de la “Mina Nueva”, la otra invasión en la punta de la montaña contigua.
Aeroransportación de los sacos mediante sistema de cables Foto: El Telégrafo
Una vez finalizado su aero-transportación, empieza su modalidad terrestre. En este punto se embarca en el menor tiempo posible el material en cientos de camionetas 4×4. Están las lujosas Ford, Toyota FJ Cruiser, Volkswagen. Todas se encargan de llevar hasta los centros de acopio clandestinos. La carga se “transfiere” a camiones y tráileres que llevarán el material en una de las más idílicas de las rutas de las ilegalidades. Son: 400 kilómetros de recorrido en las flamantes carreteras hasta las plantas procesadoras de Camilo Ponce Enríquez, el más rico de los cantones mineros del Azuay y los legendarios cantones mineros de Zaruma y Portovelo.
Cada chofer debe llevar, según nuestros denunciantes, hasta 50.000 dólares para “aceitar” el camino.
Sacos de yute conmaterial minero decomisados en las carreteras de Imbabura. Foto. Diario la Hora
Por supuesto que la policía ha detenido, incautado, y encarcelado a algunos de los transportistas. Pero eso solo demuestra la existencia del ilícito, antes de que se intente acusar a este periodista de afirmar algo reñido con la realidad.
La minería ilegal está presente en Buenos Aires, durante casi un año tres, meses y es creciente el número de mineros ilegales que ingresa a laborar en esta zona; por elemental lógica se concluye que, durante todo este tiempo, esa mano de obra ha trabajado, y por lo tanto vendido esa “producción”. Con lo que se demuestra que ese mineral ilegal transitó y transita casi de libre manera de norte a sur por el Ecuador, y atraviesa al menos 11 provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Guayas, Azuay y el Oro, o si toma la variante costeña: Santo Domingo y Los Ríos.
Una vez en las plantas de procesamiento del mineral, se pierde todo rastro. Deja de ser ilegal. Ningún expediente fiscal se ha iniciado sobre las labores de las plantas de beneficio que acogen el oro y otros metales. Ningún medio de comunicación ha indagado sobre este tema.
¿Quiénes son los beneficiarios de toda la inmensa riqueza que ha salido de Buenos Aires? El estado ecuatoriano de toda esta actividad no recibe ni un solo centavo, que le corresponde por legítimo derecho. Ningún trabajador de la zona invadida en Buenos Aires, esta filiado a algún plan de salud o jubilación. No existe seguridad laboral. Ni planes de manejo ambiental. Esa es la realidad.
Imbabura no tuvo ninguna tradición o vínculo con la minería, quizá de manera tangencial y bastante polarizada en la zona de Intag, pero el resto de la provincia desconoce las dinámicas que la minería ilegal desencadena en una región. Incluso hoy no hay, ni en las autoridades, ni los candidatos a las próximas dignidades de elección popular (salvo en el cantón Cotacachi), un criterio exacto sobre los problemas que acarrea la minería ilegal.
La violencia, que también tiene una motivación monetaria, se traduce en el control del territorio y de las montañas invadidas por la minería ilegal; hoy varios grupos de mineros se disputan la hegemonía.
Por ejemplo, hace unas semanas fue pública la denuncia que realizó la hermana de un ciudadano colombiano que había sido asesinado y posteriormente desaparecido en la mina de la Joroba, y que finalmente fue rescatado por efectivos del GIR, el 26 de diciembre del 2018, en pleno “feriado navideño”.
En el otrora monacal pueblito de Buenos Aires, hoy abundan los bares y prostíbulos. Gracias a la presión de los lugareños, exigieron que las trabajadoras sexuales no se exhiban en la calle.
Otro factor que complica este escenario es la cercanía a la frontera colombiana. Los graves problemas que esta nación, una historia basada en la violencia, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo. Son inminencias que resuenan en esta zona.