Bajo la figura de giro específico del negocio, mecanismo utilizado por el régimen anterior, para adjudicar millonarios contratos sin licitación, el gobierno de Lenín Moreno Garcés, entre 2017 y 2020, adjudicó contratos por más de USD 20 millones a la empresa Carozeli y accionistas relacionados, como aquellos para la provisión de un millón de kits alimenticios y 2 millones de mascarillas para el Covid 19. Los hilos de la empresa Carozeli nos conducen a un personaje vinculado al Cartel Andino, una de las grandes estructuras de narcotráfico internacional.
Se dice que las coincidencias no existen en la vida. Y menos en la política. Por eso hay que decir que el día 9 de diciembre del 2019, en que la Asamblea Nacional archivaba el juicio político a la ministra del Interior, María Paula Romo, en otro punto de la Capital se concretaba una alianza estratégica entre personajes relacionados de manera directa con los protagonistas de lo que estaba ocurriendo en la Asamblea.
Resulta que el 9 de diciembre el Ministerio de Inclusión Económica y Social que está presidido por Iván Granda Molina firmó un convenio con la Unidad Nacional de Almacenamiento, Empresa Pública, UNAE-EP, con el objetivo de repartir un millón de kits alimenticios por todo el país.
La idea del gobierno de Lenín Moreno era llegar con alimentos a los más pobres del Ecuador. Y tan loable y solidario propósito lo podía hacer directamente a través del Ministerio de Inclusión que dirige Iván Granda, pero por alguna extraña razón, se decidió buscar otra oficina pública como una especie de intermediario.
Entonces se acudió a la UNAE, la Unidad de Almacenamiento, con la que el asambleísta Daniel Mendoza ha tenido una especial cercanía. Su hermano Ignacio Eduardo Mendoza Arévalo fue su Director Técnico o Gerente de Mercadeo y Comercialización hasta mayo del año pasado.
Con su hermano Ignacio, Daniel Mendoza no solo ha compartido el poder de este gobierno, sino que juntos forman parte del movimiento político provincial que creó el Asambleísta, Mejor.
Ignacio fue candidato a concejal de Sucre, la cabecera cantonal de Bahía de Caráquez el año 2014.
Iván Granda explicó a los autores de este reportaje, que la Unidad de Almacenamiento hizo un contrato con el consorcio Casusol, que se armó específicamente para eso. Lo único que hizo el MIES, que no fue parte del contrato, fue, en función de un convenio con la UNA-EP, entregar las bases de datos para entregar kits alimentarios a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, dijo Granda.
“Ellos entregaron a 746 mil personas. Esta empresa no tiene relación conmigo, no los conozco, dijo el ministro. El MIES no podía hacer esta distribución, el contrato del consorcio con la UNAE-EP es que la empresa se encargaría de la distribución. Lo que se me pidió es saber en dónde podían entregar los kits y lo hacían almacenes TIA, en Western Union y en oficinas del MIES, sin que el ministerio tuviera responsabilidad alguna sobre los bienes entregados. Lo que hizo el ministerio de Inclusión fue entregar un aplicativo para que se constate la entrega de los kits de alimentos, es un mecanismo de verificación para saber si esa persona recibió los alimentos”.
Los kits no son del MIES, dijo enfáticamente Granda. El presupuesto es de la UNA-EP, el Ministerio de Finanzas entregó los recursos a la Unidad de Almacenamiento, lo que pasa que es que ese organismo no podía identificar quiénes serían los beneficiarios y ahí se iban a meter en un lío con la Contraloría.
Por eso me pidieron la base de datos, y esa fue mi única responsabilidad. Según el ministro Granda, el Ministerio de Agricultura es el organismo a través del cual el Estado hace programas de soberanía alimentaria, agregó.
En el centro del convenio entre las oficinas del MIES y la UNAE estaba un contrato por USD 10 millones para el millón de kits de alimentos programados, que sería adjudicado por la Unidad de Almacenamiento, que en seguida se puso a trabajar en el proceso. Todo se selló con la firma del convenio: por el MIES, el ministro Iván Granda; por la UNAE, su Gerente General María Eugenia Martínez Espíndola. La fecha: 9 de diciembre de 2019. Los pagos los realizó el Ministerio de Agricultura, manejado por Xavier Lazo.
Sigue el giro específico del negocio
El tipo de contratación que se aplicó para este caso fue el de “Giro específico de negocio”, un procedimiento de ingrata recordación para las arcas fiscales del país, si tomamos en cuenta que fue bajo esta figura como se firmaron los millonarios e inflados contratos con sobreprecios para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas durante el gobierno de Rafael Correa.
Al país le dolió esta repotenciación: fueron USD 2200 millones que se gastaron y la refinería quedó prácticamente con las mismas fallas que padecía, contaminando el ambiente con azufre como siempre lo ha hecho.
Para que nadie diga que aquí no se hicieron las cosas con transparencia, la UNAE invitó a cuatro comerciantes de alimentos para que presenten sus ofertas:
Lo curioso es que de estos oferentes ninguno resultó favorecido, como tal y directamente. El ganador de la adjudicación resultó ser el Consorcio Casusol -creado el día anterior a la adjudicación- del que forma parte la empresa oferente invitada Surrey, a quien la gerente de la UNAE-EP comunicó la buena nueva el 20 de diciembre de 2019.
Un día después, y a vísperas de la Navidad, se firmó el millonario contrato. La cena quedó servida.
Los términos de la contratación hecha por la UNAE traían ventajas para quien resultare beneficiado con este negocio, en especial una, que no es menor: el proveedor se encargaría de la distribución de los kits a nivel nacional a través de sus propios canales, salvo aquellos casos en que la distribución se efectúe a través del MIES.
En otras palabras, el mismo vendedor de un millón de kits de alimentos sería el encargado de repartir ese millón de kits y de verificar que la entrega se haya hecho completa. Los buenos negocios casi siempre dependen de una relación de confianza.
Hay que decir, eso sí, que estos kits no tenían pretensiones ni costos elevados como los kits que compró la ex Secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, que estaba dispuesta a pagar hasta USD 150 por cada uno, incluyendo productos refinados como tallarines sin gluten.
Los kits del MIES no se preocuparon de ese detalle y el objetivo no era tener kits tipo VIP, sino populares de un costo máximo de USD 10 por cada uno. Así se alcanzaría el objetivo político de un millón de personas agradecidas.
Cada kit contendría:
- 1 kilo de azúcar blanca
- Arroz grano largo funda 2 libras
- 390 cc de aceite de cocina
- galletas dulces en taco sabor vainilla 40 gramos
- Avena en hojuelas funda 250 gramos
- Fideos tipo cabello 200 gramos
- Leche entera tetrapack 1 litro
- Lata de atún en aceite 142 gramos
- Sal yodada 1 kilo
- Lentejas en funda 450 gramos
- Chocolate en polvo 170 gramos
Todo metido en una funda sencilla, con los logos que identifiquen al político a quien se le ocurrió esta generosa idea: el presidente de la República. Por eso las fundas debían llevar impreso las palabras Misión Navidad, El gobierno de Todos, Lenín, Toda una Vida.
Para que todos recuerden que esas lentejas, chocolate, atún, fideos y algunos alimentos básicos más, eran posibles gracias a Lenín y su Gobierno de Todos.
Esto con la finalidad de “propender la accesibilidad alimentaria a los grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad) que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
Para ellos va dirigido este gasto de USD 10 millones para la adquisición y distribución de un millón de kits alimentarios.
Los Kits incluían arroz, pero la UNAE, una de cuyas competencias principales es almacenar arroz, ni siquiera incluyó por su parte este esencial producto.
La explicación que se dio fue que “la UNA EP, una vez que se realizó la revisión en las respectivas bodegas para verificar si existe la disponibilidad para proporcionar el arroz blanco que se requiere para que forme parte de los kits dentro del proceso de contratación, se verificó que el producto se encuentra comprometido en la reserva estratégica, motivos por el cual no puede comercializarse a menos que sean casos de fuerza mayor o fortuitos”.
Es decir, la UNA EP, que bien podría ser el mayor comercializador de arroz del país, en este caso no vendió ni una libra de esta gramínea. Todo se lo dejó para que sea el proveedor el que se encargue. La razón es que la UNA se declara incapaz:
“No contamos con la capacidad suficiente ni los recursos necesarios, la mano de obra, ni la logística de la distribución para cumplir con lo solicitado”. Lo que podían hacer era dirigir la contratación. Y eso hicieron.
Consorcio para ocultar empresas y personajes
El consorcio Casusol está integrado por tres compañías: Surrey, Carozeli y Sotelgra, que tienen relación societaria y un nombre en común: Isidoro Eduardo Martínez Velásquez, quien forma parte de las dos primeras compañías que integran el referido consorcio.
La compañía Sotelgra S.A., fue creada en 2007 y se dedica a prestar servicios de auditoría, fiscalización, asesoría en los campos jurídicos, económicos, inmobiliario y financiero.
Sus accionistas son María González y Julio Nuques, quien firmó el millonario contrato para la provisión de kits alimenticios, como apoderado especial del consorcio Casusol.
Nuques mantiene relaciones con varias empresas que le llevan hasta Spartan, una compañía de Alberto March, anteriormente investigado por exportación de oro, caso por el que fue procesado penalmente en Ecuador, aunque luego fue sobreseído.
Hasta el año 2018, Nuques era representante legal de Piremu S.A. y en 2019 fue reemplazado por José Luis Jaureguizar.
Según registros de la Superintendencia de Compañías, hasta el 2019 las acciones de Piremu estaban a nombre de Spartan.
El consorcio Casusol S.A. fue constituido horas antes de la adjudicación del contrato. Sin embargo, la empresa con experiencia en comercialización y almacenamiento de alimentos, en especial de arroz, es Carozeli S.A., que durante el gobierno de Lenín Moreno encontró padrinos en el Ministerio de Agricultura y otras dependencias.
El registro del SRI da cuenta que entre 2014 y 2016, Carozeli S.A. registró pagos de impuesto a la renta por USD 290. Eso cambió drásticamente desde 2017: USD58,942.84, en 2018: USD 35,097.74 y 2019: USD 83,268.81.
En la actualidad, Carozeli S.A. registra como accionistas a Isidoro Martínez Velásquez y a su madre María Eugenia Yolanda Velásquez Villacís.
El 31 de enero y el 2 de febrero de 2019, madre e hijo adquirieron las acciones de Nicole Bejarano Malhame y Pedro Julio Bejarano Alvarado, hija y padre respectivamente.
Aunque las acciones de la empresa pasaron a nombre de Isidoro Martínez y María Eugenia Velásquez, los negocios de Carozeli S.A. los maneja Nicole Bejarano en conjunto con Isidoro Martínez, según se desprende de información pública del Ministerio de Agricultura, de la UNA EP y de varias publicaciones en las que la señorita Bejarano aparece incluso realizando donaciones de arroz al Municipio de Guayaquil, como parte de la campaña de solidaridad con las víctimas de la pandemia del coronavirus.
Meses después de transferidas las acciones de los Bejarano a los Martínez, era común encontrar juntos a Nicole Bejarano e Isidoro Martínez en eventos del MAGAP y del Ministerio de la Producción.
El 2 de abril de 2020, desde su cuenta de Twitter el concejal Andrés Guschmer agradecía a Nicole Bejarano por la donación de 35.200 libras de arroz. El saludo del concejal y periodista deportivo decía: “abrazo grande a tu papá”.
El 8 de febrero de 2019, en las cuentas de Twitter y Facebook de la UNA-EP se destacaba un encuentro entre las máximas autoridades del sector con Nicole Bejarano e Isidoro Martínez. El 15 de marzo de 2019, el director de la Unidad de Almacenamiento, Rodrigo Solano, destacaba la entrega del primer cheque de adelanto en un contrato de compra de arroz suscrito con Carozeli.
El ministro Iván Ontaneda no se quedó atrás: en su cuenta de Twitter saludaba con entusiasmo las iniciativas y emprendimientos de la empresa de Bejarano y Martínez.
Los ingresos de Nicole Andrea Bejarano en 2017 fueron importantes, según el SRI ganó $104.097.
La madre de Isidoro Martínez, María Velásquez también es accionista de Surrey S.A., y Afitger S.A., empresas administradas por su hijo.
Según la Superintendencia de Compañías, estas empresas se dedican a la venta de productos veterinarios y a la comercialización de accesorios y repuestos para vehículos, respectivamente.
María Velásquez, además, administra Hugofish S.A., una empresa constituida en 2018 que se dedica al “almacenamiento y actividades de apoyo al transporte”.
Martínez, es accionista de Hugofish S.A. y Alianzatransp S.A., esta última creada en 2018 para el “el transporte comercial de carga pesada” de la que también son accionistas sus hijos y esposa.
En 2015, Afitger S.A. se adjudicó un contrato del Gobierno provincial de El Oro por $ 95.000 para una consultoría sobre la implementación de una planta de reacondicionamiento de aceite usado en esa provincia.
En 2017, ganó otro en Petroecuador por $ 307.190 para la “adquisición de sistemas de microfiltración de aceite by-pass para motores de combustión interna de los terminales sur”.
En noviembre de 2019, Carozeli firmó un contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura por $ 140.692 para proveer “el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado en presentación de sacos de 45.36 kg en el cantón Daule”.
El documento fue suscrito por María Eugenia Martínez, gerente general de la empresa pública, e Isidoro Martínez, representante legal de Carozeli. El proceso fue adjudicado mediante el régimen especial de giro específico del negocio.
Millonario contrato en Ministerio de Salud
En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, Isidoro Martínez Velásquez también obtuvo un contrato por $9,9 millones para entregar al Ministerio de Salud 2 millones de respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95% quirúrgico con mascarilla de filtrado, a un costo de $ 4,98 la unidad.
La negociación fue adjudicada directamente y se le entregó un anticipo del 45% de valor del contrato.
El acuerdo fue firmado el 29 de mayo de 2020, por Miguel Ángel Guevara, coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Salud e Isidoro Martínez, en calidad de contratista.
Nuestro portal accedió a una proforma entregada por el propio contratista Isidoro Martínez en la que ofertó mascarillas de idénticas características a un precio unitario de $1.62
El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos se sorprendió al conocer las relaciones de Isidoro Martínez, ganador del proceso para proveer respiradores para protección de médicos. Con cierta incredulidad lamentó las relaciones empresariales de Martínez y aseguró que pese a la situación de emergencia el ministerio que dirige llevó un proceso abierto junto al Servicio de Compras Públicas. «Mi decisión fue siempre ser transparente», aseguró.
Aclaró que no se evidencia sobreprecio en la oferta porque nadie ha presentado en firme una proposición similar que permita comparar. «Contamos con un informe de la Superintendencia de Control de Mercado sobre los precios de los insumos que requerimos y sus valores internacionales» y aseguró que el proveedor debe hacer una primera entrega la semana del 15 al 19 de junio.
Mostró alta preocupación por el cumplimiento del contrato porque la salud del personal médico estatal depende de ello y no cree que existan razones para que el contrato no se concrete: «Ni siquiera he imaginado ese escenario, el proveedor estuvo calificado en todas las instancias del concurso y bajo esa línea firmó un contrato que tiene que cumplirse, no sé qué pensar si no se lleva a cabo”, señaló.
Dueño de Carozeli vinculado al Cartel Andino
El hombre más poderoso del Cartel Andino, el ecuatoriano Pedro Bejarano Alvarado hace libremente negocios en el país a pesar de la difusión roja internacional de la Interpol y ser uno de los más buscados del Perú.
Mediante el uso de varias empresas y la transferencia de acciones a empleados y testaferros, Bejarano hace negocios millonarios con el Estado y goza de prestigio en el mundo profesional. Desde su lugar de residencia en Guayaquil, vigila relajado sus negocios con el Estado.
A inicios de 2017 su nombre acaparó la atención de decenas de medios informativos de Perú y Colombia cuando la Fiscalía del Municipio del Callao desarmó buena parte del llamado Cartel Andino, que Bejarano lideraba y que usaba al puerto de El Callao como vía para traficar centenas de kilos de cocaína a los Estados Unidos.
El desmantelamiento del grupo delictivo en Perú no tocó drásticamente a Bejarano Alvarado. Poco se conocía de él y apenas una fotografía suya, publicada en el diario Expreso de Lima, perfiló en algo las actividades de este ecuatoriano de 65 años nacido en la provincia de Los Ríos.
“SUERTUDO. Ecuatoriano Pedro Bejarano aparece como propietario y presidente de dos empresas “offshore” en Panamá, pero la Fiscal especializada en lavado de activos no solicitó la cooperación internacional para comprobar las operaciones bancarias del sospechoso”, escribió Expreso de Lima el 12 de abril de 2017.
El rotativo afirmó además que era la segunda ocasión en que Bejarano se libró de la justicia. Fue detenido en España por Interpol el 25 de abril de 2016 y enseguida comunicó a la policía peruana su detención, pero las autoridades del país vecino demoraron cinco meses en aprobar el informe de extradición.
El periódico cita además: “Hace poco Bejarano fue nuevamente aprehendido, esta vez en su propio país, Ecuador, donde funge de empresario bananero, pero la justicia peruana no remitió la información que relacionaba al detenido con el tráfico internacional de drogas, por lo que fue dejado en libertad, de acuerdo con fuentes policiales antinarcóticos”.
En 2017 la Fiscalía del Ecuador registra una indagación por tráfico de drogas, otra en 2014 y una mas en 1994.
Sin embargo eso no ha sido problema para Bejarano, que en Ecuador goza de reconocimiento. Posee dos cuentas bancarias y en una de ellas, hasta abril de 2020 su saldo era $52.952, con calificación de riesgo A1, es decir sujeto de crédito con riesgo bajo.
Consta además en la lista blanca de contribuyentes del Servicio de Rentas Internas desde 1981 y el giro de su negocio es la venta al por mayor de arroz y cereales.
Sus empresas también gozan de buena salud. Agroindustrias Pedro Bejarano S.A., Proarroz, tiene importantes ingresos. Según el SRI en 2017 Bejarano recibió $ 581.388 del giro de ese negocio. Proarroz más que una empresa es la marca del enorme negocio de piladoras y comercialización de la gramínea que lo realiza principalmente a través de la firma Carozeli.
Como dato especial sobresale que entre 2016 y 2019 Bejarano registró 38 números celulares. En 2016 usó 20 líneas. En 2017, 12 líneas. En 2019 otras seis.