“Nuevo octubre vuelve” fue la advertencia de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en las protestas de este 15 de septiembre, en referencia al paro de octubre de 2019 que caotizó al país, provocando pérdidas y destrucción sobre todo en Quito.
La jornada de protestas de este último paro convocado por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y al que se adhirieron, productores agropecuarios, la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones sociales puede no ser la última.
Son muchos los cuestionamientos al gobierno: alza de precios de combustibles, no pago de deuda al IESS, propuesta de dos códigos laborales, bloqueo al alza salarial de maestros, incumplimiento de pago de precios mínimos de sustentación…
Varias de las demandas sociales al nuevo Gobierno empezaron ya hace un par de meses, mientras el régimen admite que recién cuenta con una recopilación de los reclamos sociales y que los clasificará para dar respuestas.
Desde su gran traspié en julio pasado con su fallido anuncio de que llegó a un acuerdo con los arroceros para terminar el paro y que fuera desmentido por este sector, la ex ministra Tanlly Vera, no pudo concretar salidas a las demandas del agro.
Acciones como la entrega de maquinaria tampoco le alcanzaron a la entonces ministra Vera para consensuar con los agricultores que exigen el pago de precios mínimos, una oferta de campaña. Pero ella respondió conminándoles a denunciar esos abusos ante la justicia.
Además, cómo entender la gestión de una ministra de Gobierno que frente a este último paro ha reflejado una actitud reactiva y tardía, convocando al FUT al día siguiente al paro a un diálogo preliminar para abordar sus pedidos.
Los voceros gubernamentales hablan de “una nueva estrategia de gobernabilidad: abrir los diálogos a más organizaciones sociales”, pero no se puede seguir apostando solo a la contención. Es preocupante la lentitud oficial.
El gobierno del encuentro aún no encuentra la forma de empezar a resolver problemas estructurales. La marca de eficiencia que dice tener el régimen debe visibilizarse ya, más allá del indiscutible éxito del plan de vacunación.
Estas movilizaciones que se siguen organizando podrían significar un fuerte golpe a la popularidad del gobierno de Guillermo Lasso con el riesgo de convertirse en un profundo socavón para su plan de llevar adelante una consulta popular.
Las fuerzas políticas aliadas para empujar las siguientes protestas de octubre ya iniciaron su estrategia. “El gobierno no está cumpliendo sus ofertas de campaña”: es uno de los ejes del discurso sobre el cual se van cohesionando los reclamos.
Otro eje de reclamo al gobierno es la eliminación del sistema de bandas que fija el precio de combustibles. Estos mensajes se posicionan en medios de comunicación y redes sociales. Y todo apunta a que las exigencias seguirán subiendo de tono.
Quito no sería sede de las manifestaciones de octubre y de las nuevas intenciones desestabilizadoras. Tras la destrucción que sufrió en octubre de 2019 se prevé que los quiteños no permitirán que su ciudad sea usada como foco de desmanes.
Guayaquil sería el centro de las siguientes protestas impulsadas por los indígenas, el correísmo y hasta facciones de organizaciones políticas de la derecha, según fuentes cercanas a sectores sociales de esa ciudad.
No es coincidencia que Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, replique el discurso de los incumplimientos de campaña de Guillermo Lasso, ni que estos mensajes se reproduzcan en redes sociales desde cuentas que estarían alineadas al correísmo.
El presidente Guillermo Lasso es el directo responsable de activar respuestas articuladas a un plan de gobierno y a la realidad nacional. No puede pensar que sus altas cifras de apoyo popular son indefinidas, pues el reloj sigue avanzando.
Si el Ejecutivo no delega a interlocutores capaces para consensuar con los sectores sociales, las protestas podrían diseminarse y costarle la consulta popular, que será un termómetro para medir su aceptación y su capacidad de maniobra política.
Por ahora parte de las respuestas oficiales a este escenario ha sido la separación de sus cargos de varios ministros y altas autoridades de gobierno, pero los ministros que deberían afrontar estas crisis políticas todavía siguen en funciones.
Mientras tanto, analistas tienen varias interpretaciones sobre los tempranos cambios en el gabinete. Unos lo ven como un signo de mayor control político de Lasso a los ministerios, otros hablan de improvisación y otros de inestabilidad política.