Al menos dos mil mineros ilegales trabajan a un ritmo itinerante en las ricas tierras que contienen oro en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el noroccidente de la provincia de Imbabura. Se trata de una estrategia de explotación que evita la presencia constante de las autoridades y permite sacar los minerales de formas más sutiles.
Ya nadie está de forma permanente, quiere decir que hacen un trabajo temporal y luego abandonan la zona.
La nueva estrategia de explotación incluye accesos recientemente construidos que incide directamente en los territorios cooptados por la delincuencia organizada.
Los mineros ilegales ya no requieren usar las vías de la Sierra, que tiene como centro de operaciones la ciudad de Ibarra; ahora se valen de al menos tres vías de entrada y salida por la carretera que va hacia San Lorenzo, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.
Desde el kilómetro 43 de la carretera Ibarra – San Lorenzo los ilegales han ideado tres vías de ingresos: por Limonal, Rocafuerte y Lita.
En el caso de Limonal el camino carrozable llega a una zona llamada Urbina y desde allí se requiere 12 horas de camino de herradura para llegar a la llamada mina Los Olivos.
Desde Rocafuerte y Lita se han levantado dos rutas adicionales que conducen a Esperanza del verde, desde ese punto se requiere 9 horas a pie para llegar a la mina.
Acciones realizadas en marzo de este año por el ejército determina que al menos 40 bocaminas en El Olivo se encuentran activas:
Luego del levantamiento de información se pudo determinar que las minas se encuentran activas, de igual forma se pudo evidenciar material abandonado dentro y en los alrededores de las bocaminas, además las estructuras de las bocaminas se encuentran en buen estado”.
Hacía el oriente, en las montañas que miran hacia los valles del callejón interandino, se juega otra realidad. En el poblado de Buenos Aires se ha levantado un discurso antiminero, casi radical, que parece una estrategia favorable a las acciones irregulares en las montañas porque impiden el ingreso de los trabajadores de las concesiones legales y poco dicen de los actores ilegales .
La Policía ha registrado esa problemática de forma escueta; en sus informes se detallan hechos violentos entre grupos, pero no identifica los interés de los protagonistas que se disputan la tierra y el oro. Hay algunas pruebas: el teniente coronel John Cárdenas, jefe de la policía en Buenos Aires, reconoce en un informe del 11 de marzo a la Junta de Propietarios La Merced de Buenos Aires (que lidera Ruperto Olegario Bolaños Ortega) como una organización antiminera que busca la salida de la empresa australiana Hanrine.
Ruperto Bolaños Ortega fue quien se aprovechó del boom del oro, levantó sus propios peajes para el ingreso a Buenos Aires y la ciudad de plástico y luego hizo una solicitud para ser concesionario minero de la zona. Cuando las autoridades le contestaron que no era legal su pedido, se hizo ambientalista.
Esa historia se repite con varios miembros de la junta de propietarios: protestar contra la minería es es una estrategia para mantener su capacidad de explotación de la zona.
La acción policial
La minería itinerante abrió conflictos no solo entre trabajadores que defienden las acciones de empresas legalmente concesionarias y aquellos que buscan a toda costa evitar la explotación de metales. Sobre todo amplificó el protagonismo de mineros ilegales que se mimetizan en un supuesto activismo ambiental.
Los últimos hechos, de agresión a empleados y pobladores de la zona, junto a técnicos de empresas mineras, por otros vecinos del sector, provocó el inmediato ingreso del Ejército en la comunidad y la rápida intervención en la mina, donde encontraron, nuevamente a jornaleros en las galerías y socavones. La policía no fue protagonista.
El periodista de Agencia Minera, Franklin Soria, que ha sido amenazado de muerte en el pasado por su trabajo contra la minería ilegal, fue testigo de esos últimos eventos en la zona de Buenos Aires.
El comandante de policía de la zona norte es el coronel Pablo Fernando León Navarro. Se trata de un oficial de altas credenciales. Detenta la tercera antigüedad de su promoción. Se desempeñó como subdirector de Policía Judicial, donde manejó 26 unidades policiales y ocupó cargos diplomáticos entre 2016 y 2018 en Colombia.
Al preguntarle sobre el nuevo impulso de los mineros en la zona y la falta de acción policial, asegura que existe un trabajo coordinado de las subzonas en la provincia de Imbabura. De hecho existen informes que recopilan acciones de esos grupos desde inicios de enero de 2021.
Policías del área de inteligencia aseguraron un extraño comportamiento de León cuando a mediados de 2019 se realizó un operativo en la hostería del ex asambleísta de Alianza PAIS, Agustín Delgado, relacionado a un estructurado grupo de chinos, traficantes del oro de Buenos Aires.
Delgado no fue involucrado y los chinos salieron libres en poco tiempo.
Lea aquí: La mafia china controla la minería en Imbabura
Las fuentes que permitieron levantar ese reportaje, ya nombraron León en ese periodo.
León ha desmentido por completo cualquier participación en ese caso. Aseguró que no participó bajo ninguna circunstancia en el caso de Agustín Delgado, no lo conoce y tampoco a los grupos que trabajaron relacionados a él.
Para 2020 cuentas creadas en redes sociales alertaron a la ministra de gobierno María Paula Romo de procesos judiciales de lavado de activos en los que León fue nombrado, específicamente el caso “Dután”, en el que se incautaron, erradamente, propiedades de ese coronel.
El caso Sergio Dután es emblemático, no solo en la provincia de Imbabura, porque es una de las investigaciones sobre los testaferros que usó el narcotraficante Oscar Caranqui para esconder sus riquezas.
Dután Andrade, que aparentemente hizo una millonaria fortuna en el negocio de patios de autos, es investigado por ello.
El coronel León Navarro rindió su declaración en esa investigación fiscal, porque hizo negocios con Dután. «Afortunadamente tengo toda la documentación en orden porque siempre actúo con ese proceder. Tenía autos que vender y fui a su patio de compra venta”.
“Se ha comprobado en los cardex del patio de autos que los autos se vendieron en el Carchi e Imbabura, las motos vendidas circulan en Cayambe”, explica.
Su vinculación en ese caso provocó reacciones políticas.
El contexto parece estar contra León, pero él cree que son grupos de poderosos los que se interponen a su trabajo como comandante de la zona #1.
En contra o no, la ruta del oro ilegal es el camino del crimen organizado y en esa provincia ya ganó muchos seguidores. Aun no está en el pasado el boom de la explotación al que llegaron hasta 10.000 personas de toda condición a realizar trabajos ilegales: chinos, colombianos, haitianos, africanos, venezolanos, peruanos, que hicieron que eran guerrilleros, narcotraficantes, compradores de oro, financistas, lavadores, proxenetas, expendedores de droga, vendedores de mercurio y tumba árboles.