#URGENTE Minutos antes del cierre de esta edición recibimos una llamada de la Presidencia de la República y en diálogo con el presidente Lenín Moreno anunció su decisión de suspender la entrega del proyecto Llurimagua a CODELCO de Chile, en los términos definidos por el subsecretario Fernando Benalcázar. El presidente aseguró que existe un informe negativo a este proyecto por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y que desconocía el llamado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables a la reunión de esta tarde 16 de abril, para sellar el acuerdo con la estatal chilena. Periodismo de Investigación le informó al presidente que los negociadores a favor de CODELCO son Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán Cobo.
Es una paradoja que organismos públicos de Ecuador y Chile formen una sociedad anónima y luego de constituirse como privados impongan una cláusula para despojarle a una de las partes su paquete accionario; es la historia de Llurimagua, el yacimiento de cobre que puede valorarse en 3 mil 500 millones de dólares como proyecto, aunque información alterna advierte que esa cifra podría ser mayor. Funcionarios de alto rango como Juan Sebastián Roldán junto a su tío, el abogado representante de los intereses de Chile, Francisco Roldán, se han puesto la camiseta de CODELCO y se han pintado el rostro con sus colores para evitar ser vistos, para expoliar al triste Ecuador.
El pasado 17 de marzo fue el día en que se anunció el regreso de Fernando Benalcázar a la subsecretaría de minas del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Quién ya lo sabía era el abogado Francisco Roldán Cobo, del bufete Pérez Bustamante & Ponce, que esperaba listo en la antesala del despacho de Benalcázar para ser recibido.
Horas antes, Llurimagua ya había cobrado su primera víctima: José Agusto Briones. Información revisada por nuestro medio da cuenta de mensajes cruzados por un alto mando del gobierno:
“El minist. nos está complicando el negocio! Llamó a unos abog. de Londres para que analicen la propuesta y se están dando cuenta… Papi no t preocupes, ahora hablo con el presi. para que nos cambie de minist.”(sic), se lee.
Su mayor preocupación: la firma del pacto de accionistas para constituir la sociedad anónima que debe sacar adelante el proyecto Llurimagua. En sí, ese acuerdo tiene una trampa que permitirá a Roldán y su representada apoderarse del paquete accionario nacional y acordar en el futuro jugosos negocios, sin que el torpe y pesado Estado intervenga y reciba recursos.
Llurimagua es el nombre del yacimiento de cobre que está por entregarse en silencio, en medio de una crisis sanitaria mundial que tiene en vilo a la humanidad.
La Historia
El 13 de noviembre de 2019 el ministro de energía Carlos Pérez García le pedía al gerente general de la Empresa Nacional Minera EP, Santiago Rojas, que complete los pasos para la aprobación del Pacto de Accionistas, para así avanzar en la constitución de una sociedad anónima que daría viabilidad al proyecto Llurimagua.
Pérez García no disimulaba en la comunicación dirigida su premura. Lo curioso de este pedido, fechado 13 de noviembre, fue que el Ministro de Energía de entonces ya había presentado su renuncia al presidente Lenin Moreno, 24 horas antes. Y dejó públicamente su cargo con una emotiva despedida en la que no faltaron lágrimas.
Le faltó tiempo para coronar la entrega de ese proyecto minero a la nueva sociedad, supuestamente liderada por la Empresa Nacional Minera EP (ENAMI), pero con todo el poder de gestión a favor de su socia, CODELCO de Chile.
Llurimagua es uno de los proyectos mineros mas ambiciosos del planeta, todas las grandes corporaciones han puesto su mirada en esa zona del cantón Cotacachi, zona de Intag, en la provincia de Imbabura; son 4830 hectáreas de una riqueza sin igual, 30 mil millones de dólares en cobre. Una fortuna únicamente comparable a destrucción ambiental que provocará la explotación.
Será por eso que el gobierno de Lenin Moreno, al que se le agotan los días y se le secaron los últimos recursos líquidos, quiere apurar el aprovechamiento económico de Llurimagua, pero a favor de otros. Como dice el refrán popular, sacar provecho, aunque sea del lobo un pelo. Así aquello signifique sacrificar la naturaleza y el derecho al Buen Vivir de los ciudadanos que viven en este sector e iniciaron hace años ya, una lucha de resistencia.
Llurimagua, aunque no resulte un nombre muy conocido ni sonado, es un proyecto que no es nuevo; en septiembre de 2008 Galo Chiriboga Zambrano, como ministro de minas y petróleos suscribió un acuerdo marco con el Ministerio de Minería de Chile para el desarrollo del sector minero nacional.
En 2009 el Ministro Derlis Palacios firmó un acuerdo de Cooperación para explotación minera que
prácticamente regaló el rico yacimiento a Codelco y le dio la potestad de escoger los mejores proyectos; determinó además que para acciones futuras del proyecto debía crearse la Empresa Nacional Minera.
Un año después, el 28 de noviembre de 2011, la Empresa Nacional Minera suscribió con CODELCO de Chile el Convenio para la Exploración Minera, al que llamaron “Convenio 2011”.
La empresa estatal chilena se comprometió a realizar labores de prospección en Intag.
En 2015 se decidió conformar una compañía de economía mixta, a pesar de ser una sociedad integrada por empresas públicas estatales de Ecuador y Chile. El reparto accionario fue del 51% para la parte ecuatoriana, Enami, y el 49% para el socio chileno, Codelco. Enami ponía los derechos mineros de la concesión a favor de la sociedad creada, mientras Codelco transfería a la misma sociedad la propiedad de la información geológica de la exploración básica que ya había realizado en Llurimagua. Todo estaba claro hasta ese momento.
El 30 de octubre de 2018, en el puerto de Santa Cruz, Islas Galápagos, los ministros de minería de Chile y Ecuador firmaron el acuerdo que transfirió la concesión Llurimagua a la sociedad que debían conformar ENAMI EP y Codelco para desarrollar trabajos de exploración, desarrollo y operación minera. Fue allí cuando las partes se obligaron a constituir la a sociedad anónima.
Esta nueva figura demandaba una negociación posterior o Pacto de Accionistas, que debía estar listo para fines de 2019, como paso previo e inmediato para la explotación del proyecto Llurimagua.
Esta crónica de hechos tiene nombres y apellidos, fuertes influencias políticas y familiares, intrigas empresariales y es posible que enormes perjuicios para el país.
¿Quiénes son?
En 2009, luego de la aprobación la nueva Ley de Minería el gobierno de Rafael Correa contrató al abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, para que lo asesore al Ministerio de Minería.
Carcelén es un abogado de prestigio en el área minera y por tanto es cercano a CODELCO; además por su condición profesional mantenía contractos profesionales con socios del bufete ecuatoriano Pérez Bustamante y Ponce.
Fue con ellos, junto al ex embajador del Ecuador en Chile, Homero Arellano, con quienes se apalancó una relación en la que, en este mismo momento, Francisco Roldán, tío del secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y socio de Pérez, Bustamante y Ponce manejan a su antojo Llurimagua y los miles de millones de dólares que representa.
Este estudio jurídico es el que tensiona a favor de CODELCO.
Su influencia se evidencia con claridad en el pacto de accionistas, que incluyó en la sección 22.8, el mecanismo de Deadllock. Significa que ante un estado de incapacidad de uno de las partes (entiéndase la Enami) Codelco puede aplicar esta cláusula a su favor.
Según el acuerdo el operador del proyecto es Codelco y estará a cargo del desarrollo, gestión y operación del negocio minero (exploración, desarrollo, diseño, planificación, ejecución de programas, presupuestos, explotación, extracción, etc).
En caso que los accionistas no alcancen un acuerdo respecto del Contrato de Operación y este no fuere celebrado en el plazo indicado, esto es “dentro de los 60 días siguientes al vencimiento de dicho plazo, el Operador podrá acudir al mecanismo de Deadlock contemplado en la Sección 22.8”.
El Deadlock es una venta forzosa del paquete accionario y diluirá la participación accionaria de ENAMI de su 51%. Quién diga que esto no sucederá, simplemente se ha puesto del lado de CODELCO, porque la Empresa Nacional Minera del Ecuador nunca tendrá el dinero que le corresponde investir para sacar adelante el proyecto.
Quiere decir que ENAMI EP irremediablemente incumplirá con el aporte de fondos que le corresponde y se verá obligada vender su paquete accionario; perderá la concesión minera y los futuros ingresos que le corresponden.
Pero sobre todo no se ha emitido una justificación técnica, financiera y legal para que ENAMI ceda y transfiera un bien del Estado (la concesión Llurimagua) de forma gratuita y sin valorización alguna a una sociedad anónima, cuando es el principal patrimonio que la sociedad busca desarrollar.
Otro conflicto de importancia es la valoración que tendrá la sociedad anónima, es decir cual es aporte en monetario de cada uno de los socios. Por ahora Codelco es partidario de no valorar la S.A., es decir que arranque con un valor de cero.
Ex funcionarios consultados consideran que tiene que establecerse un valor porque es una de las forma de proteger los intereses del Estado.
Refieren que si el desarrollo del proyecto es valorado en 2300 millones, de ese monto le corresponde a Codelco entregar su participación, pero en este momento hacerlo de cero significaría que por una inversión de 60 millones puede llevarse un yacimiento valorado hasta en 3500 millones, si deciden venderlo a un operador mas grande.
El pacto se mantuvo en ese estatus hasta la salida de Carlos Pérez García del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Pero el entonces gerente de la ENAMI, Geovanny Espinosa, emitió sendas observaciones a la modalidad de sociedad anónima por mantener un alto riesgo de perder la mayoría accionaria.
Contraloría observó irregularidades
En el informe de 2019, la Contraloría General del Estado, emitió doce observaciones al proyecto minero Llurimagua. Una de las conclusiones es que Codelco y Enami no constituyeron una empresa de economía mixta y que no existe un documento que avale las actividades realizadas en el área.
El equipo auditor concluyó que las empresas no presentaron los planes anuales de actividades y de inversiones de la concesión en el plazo establecido. Estos incumplimientos, según la entidad de control, constituían causal de caducidad contractual. Sin embargo, quedó como letra muerta.
Los cuestionamientos en el plano ambiental son severos. Contraloría advierte que el Ministerio del Ambiente aprobó el estudio de impacto y plan de manejo sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. “No se identificaron áreas sensibles y a la afectividad del plan y no concluyó medidas de mitigación acordes a la realidad de la zona”.
Algo aún más radical, es la conclusión de que los funcionarios públicos a cargo del tema ambiental definieron por su cuenta que la consulta previa no era aplicable en el área de influencia de la concesión minera Llurimagua, en una abierta contradicción con la normativa ambiental.
Los negocios en la bolsa de valores
La minería en Ecuador es un espejo de su historia. Las primeras alertas salieron de Kiruba, el líder indígena que amenazó con dar de beber oro líquido a los buscadores del dorado.
A esa fecha, más de 500 años, los pueblos indígenas se quejaban de que el reinado español apenas nos dejaba el quinto real, léase 20%. Los siglos han pasado y ahora los ojos de los grandes negocios regresan al subsuelo.
Los primeros ensayos se dieron con patente china. Mirador el gran proyecto a cielo abierto, firmado durante el régimen de Rafael Correa, destina un 6% de regalía al Estado, no se refina en el país y se transportan miles de toneladas de concentrados al país asiático, sin que Ecuador tenga control de los procesados.
En Mirador como en Fruta del Norte, se amasaron grandes fortunas, antes de que se explote un gramo de oro o cobre. Varios ceros a la derecha se movieron en las bolsas de valores.
En una operación bursátil la transnacional Aurelian, que había invertido no más de $20 millones en exploración, vendió sus participaciones en Fruta del Norte a Kinnros, en más de 1200 millones de dólares, luego realizó otra millonaria operación con Lundin Gold.
Lo propio hizo Tonguan al comprar en más de $800 millones los derechos a empresas de las Islas Caimán que controlaban los títulos de Mirador.
Según varios expertos, un escenario similar se proyecta sobre Llurimagua, tras el control del paquete accionario, se hará el primer gran negocio en las bolsas de valores, sin que el Estado reciba nada. Así, seguiremos siendo mendigos sentados sobre una mina de oro, o de cobre.
Llurimagua y su vecina Cascabel
Llurimagua no tiene mucho que envidiar al mayor proyecto minero del mundo descubierto recientemente, ubicado en Ecuador: Cascabel. Geográfica y geológicamente confroman un gran cordón minero que traspasa la frontera colombiana y se extiende a las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. Alpala, así se conoce al gigante depósito de minerales que forma parte de Cascabel.
Cascabel, tiene la mayor reserva de plata, la tercera de oro y la sexta de cobre a nivel mundial, según las estimaciones las reservas alcanzan 100 millones de onzas de plata, 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro, el mayor depósito aurífero descubierto en la última década.
La transnacional minera BHP Group, con operaciones bursátiles en Londres y Toronto, es ahora la mayor accionista de SolGold, concesionaria de Cascabel.
Quienes más saben del potencial minero de Llurimagua, son los concesionarios de Cascabel, BHP Group/SolGold, que no pegan los ojos y apuestan a que los chilenos y sus representantes den el primer resbalón para tomar control de todo el cinturón minero. Plata sobre la mesa les sobra, ofertas por centenares de millones de dólares han llegado al escritorio presidencial. Y obviamente en Carondelet las disputas valen oro.