En el informe de novedades que la DPNG, a través de la UTI, presentó a la Policía Judicial constan los nombres de Klever Enrique Gil Jaramillo y Jacinto Ramón Pinargote Pomboza como los guardaparques que encontraron aquel “centro de faenamiento”.
Probablemente fueron ellos quienes tomaron las fotografías de la matanza, las cuales se viralizaron y llegaron hasta las autoridades de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Pero por razones desconocidas, en ese informe de novedades no se mencionó a otro guardaparque que, según el personal de la UTI, también habría estado presente al momento del hallazgo, el señor Máximo Mendoza Yépez.
Las 15 galápagos asesinadas eran Chelonoidis guntheri, especie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En el capítulo 20 del libro Galapagos Giant Tortoises, de James Gibbs y colaboradores, publicado en el año 2020, se estima que la densidad poblacional de tortugas gigantes normalmente debería ser de 2,5 tortugas adultas por hectárea de hábitat.
La superficie del hábitat calculado para Chelonoidis guntheri, es grande, son 170 km2 que comprenden zonas altas y bajas alrededor del volcán Sierra Negra y donde, según el cálculo, debería haber 42 500 tortugas. Pero, como se menciona en el mismo capítulo del libro de Gibbs y colaboradores, en el último censo poblacional de la especie, realizado en el año 2006, se encontraron únicamente 286 individuos en el campo y se estimó una abundancia aproximada de 572 tortugas en todo el hábitat. Tras aquel censo de hace 16 años, actualmente se desconoce el tamaño de la población de la especie.
Sin embargo, como se detalla en los capítulos 19 y 20 de Galapagos Giant Tortoises, debido a las especies invasoras que actualmente depredan a las tortugas gigantes de Isabela y a sus huevos como las hormigas de fuego, ratas, cerdos y perros, debido también a especies invasoras que compiten por alimento con las tortugas gigantes como las vacas ferales y principalmente debido a la caza furtiva, el número de tortugas Chelonoidis guntheri, que aún sobreviven, realmente podría ser muy pequeño.
También cabe mencionar el problema para la conservación que ha representado, en los últimos años, el hurto de tortugas juveniles Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina (tortugas gigantes del volcán Cerro Azul catalogadas en peligro de extinción por la UICN) del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán de Isabela para el tráfico de especies internacional.
Estas dos especies, emblemas de Isabela y del Ecuador, están a pocos pasos de desaparecer para siempre y las causas son bien conocidas por los científicos y también por los funcionarios de la DPNG y del MAATE.
Las autoridades de estas instituciones saben que las tortugas gigantes del sur de Isabela, Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina, se están extinguiendo principalmente a causa del consumo clandestino de carne de tortuga gigante por parte de una minoría de la población isabeleña.
En Galápagos, la matanza de tortugas gigantes está prohibida desde 1933. En la actualidad, matar un animal de una especie en peligro de extinción es un crimen tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) como un delito contra la flora y la fauna silvestre del país. Sin embargo, en Isabela, a diferencia del resto de la provincia de Galápagos, la matanza de las tortugas gigantes continúa a vista y paciencia de las instituciones públicas competentes.
Y según la información obtenida en esta investigación periodística, una de las posibles razones para la inacción de las instituciones puede estar relacionada a que habrían empleados del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal de Isabela, del Consejo de Gobierno de Galápagos, de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y de la propia Dirección del Parque Nacional Galápagos (UTI-DPNG) presuntamente involucrados en estos delitos contra la fauna silvestre más emblemática del país.
A inicios del 2022, durante una visita al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidán de Puerto Villamil en Isabela, al preguntar al guía del sitio acerca del consumo de carne de galápago, él explicó que antiguamente los colonos mataban tortugas gigantes para sobrevivir en la isla pero que ya nadie lo hace debido al crimen que representa y a la disponibilidad de variados alimentos que actualmente existe en Isabela y en todo Galápagos.
Después el guía contó acerca de un programa donde los niños isabeleños alimentan y cuidan tortugas galápagos para crear conciencia en ellos y evitar que en el futuro maten a las tortugas gigantes.
Al tocar el tema nuevamente, el guía admitió que aún hay “pescadores” que aun sabiendo que es delito, capturan a las galápagos inclusive al norte de la isla para el consumo de su carne, pero que es un asunto delicado y que “por estar hecho el sapo (por fisgón y soplón) te pueden hasta matar… por ser patriota” y denunciarlos.
En mayo pasado, en una conversación que este medio tuvo con el doctor Christian Fárez, fiscal que investigaba el caso de las 15 galápagos asesinadas y faenadas en Isabela, Fárez dio a conocer un dato revelador:
los faenamientos de las tortugas gigantes se realizan para el consumo y también para el comercio ilegal de la carne, entre cierto grupo de isleños.
En conversaciones con residentes de Isabela, quienes por su seguridad pidieron a Periodismo de Investigación permanecer en el anonimato, dijeron que hace 10 o 12 años la mayoría de los isabeleños, que hoy son operadores turísticos, eran pescadores y que varios de ellos mataban tortugas galápagos, incluso más de 40 tortugas al mes. Los residentes cuentan que entre las personas que hoy en día trabajan enseñando el valor del patrimonio natural de Isabela a los turistas, irónicamente, están algunos de los consumidores de carne de tortugas gigantes en peligro de extinción.
Pero entonces, ¿quiénes son los que hacen del delito contra la fauna silvestre un modo de ganar dinero?
Los residentes de Isabela explicaron que antes de responder esa pregunta hay que comprender un asunto trascendental del problema que es la cacería, pero la cacería legal. Sorprendentemente, tras realizar una solicitud en las unidades técnicas de la DPNG y pagar dos dólares americanos, los residentes de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela pueden obtener un permiso que les permite cazar, durante tres días, especies introducidas de interés social como cerdos, vacas y chivos en sus islas, dentro del Parque Nacional Galápagos, como una medida para el control de sus poblaciones.
Pero, según guardaparques y residentes de Isabela, quienes realizan cacería suelen ingresar a las áreas protegidas con o sin aquel permiso. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza la cacería de animales introducidos?
El uso de armas de fuego está prohibido dentro del Parque Nacional, pero para mayor sorpresa esta actividad se realiza con ayuda jaurías de perros. Y según funcionarios de la UTI, información del libro Galapagos Giant Tortoises y según residentes de la isla, estos son perros poco bien cuidados y sin esterilizar que suelen escapar en el campo y actualmente están invadiendo los ecosistemas de la isla y afectando aún más la fauna nativa de Isabela.
De hecho, en las hojas de control de ingreso a las áreas protegidas de Isabela, de 2021 y 2022, se ha registrado el número de perros que han entrado con los cazadores, pero no el número que ha salido.
Tras la revisión del problema ecológico que suponen estos métodos de caza de animales introducidos, pasamos al problema mayor y es que, según fuentes anónimas de la DPNG, fuentes anónimas residentes de Isabela y un documento de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, muchos de los cazadores de cerdos y vacas ferales de Isabela también son quienes están matando a las tortugas galápagos de la isla y quienes trafican su carne.
En el capítulo 20 de Galapagos Giant Tortoises, se señala la caza furtiva como la causa principal del actual proceso de extinción de Chelonoidis guntheri y según la información obtenida para este reportaje, la caza furtiva de esta especie está estrechamente relacionada con la cacería de especies invasoras: cerdos y vacas. Citando textualmente un informe de la DPNG sobre la caza furtiva en la isla, se describe así: “para evitar sospechas, los cazadores mezclan la carne de tortuga con carne de vacunos y de cerdos que también son cazados en los mismos lugares que se encuentran los reptiles”.
Y, aun así, bajo el conocimiento de la DPNG acerca de la matanza de tortugas y de la introducción de perros a los ambientes naturales de Isabela, la cacería de cerdos y vacas ferales se mantiene conceptualizada como una actividad de restauración de los ecosistemas, de acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos de 2005, por considerarse como extracción de fauna invasora.
Varias fuentes residentes de Isabela, quienes no guardan relación entre sí, señalaron a un hombre llamado Fabricio Morocho Segura de ir de casa en casa, en Puerto Villamil, ofreciendo carne de tortuga gigante. Aquel hombre trabaja como capitán de lanchas turísticas y es el hermano de Víctor Ramiro Morocho Segura.
Ramiro es un miembro de la ASOCIACIÓN DE ISABELEÑOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INTRODUCIDAS, que es una sociedad no jurídica formada por los cazadores de la isla. Aunque cuando Periodismo de Investigación solicitó información a esta organización, en la carta de respuesta a las preguntas realizadas, se explicó que ni el MAATE ni la DPNG han impartido capacitación alguna acerca del “control y manejo de especies introducidas” para los cazadores.
Según una fuente anónima de la DPNG, hace muchos años a inicios de la década del 2000, la institución realizó dos proyectos de control de especies invasoras en Isabela en colaboración con los cazadores de especies invasivas, algunos de los cuales, para aquel tiempo, ya eran conocidos por matar tortugas gigantes.
Entre los nombres más mencionados, por fuentes anónimas de la DPNG y por las fuentes anónimas residentes, como cazadores de tortugas gigantes y traficantes de carne de galápago en Isabela están quienes dirigen la asociación de cazadores, Adolfo Flor Moya y Julio Tiler Flor Yépez, sobrinos de la ex asambleísta por la provincia de Galápagos y esposa del exalcalde de Santa Cruz, Brenda Flor Gil.
El 6 de octubre de 2021 en la Sesión Número 32 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, tras conocerse el caso de las 15 tortugas faenadas en Isabela, el asambleísta por Galápagos Pedro Zapata preguntó al ministro de ambiente Gustavo Manrique, qué acciones al respecto tomaría su cartera de estado.
El Ministro primero respondió que él “quería” ver el hecho como un tema de “consumo ancestral” de carne de tortuga, tratando de disfrazar el crimen como una manifestación cultural. Después el Ministro cedió la palabra a Danny Rueda, director del Parque Nacional, quien dio detalles sobre la denuncia realizada.
Sin embargo, no se puede hablar de ancestralidad si los primeros asentamientos humanos de Isabela fueron en 1897 y tan solo 36 años después se prohibió la matanza de tortugas gigantes. Según el libro Galapagos Giant Tortoises, quienes históricamente explotaron a las tortugas galápagos fueron piratas europeos entre el siglo XVI y el siglo XIX, quienes se detenían en las islas para capturarlas como alimento.
Según Jacinto Gordillo en su libro Relatos de 44 años en Galápagos, quienes también consumían carne de tortugas gigantes eran los delincuentes prófugos que huían de la Colonia Penal que el estado instauró en Isabela entre 1946 y 1959.
En general, las fuentes para este reportaje sienten malestar por lo que está sucediendo con las tortugas galápagos y coinciden en que los consumidores de su carne son una minoría entre los 2 350 habitantes de Isabela. Las fuentes isleñas concuerdan en que aquellas son personas que necesitan valorar la naturaleza única y maravillosa con la que conviven.
Actualmente, la provincia de Galápagos vive de sus atractivos naturales. De hecho, según el Plan Galápagos 2030 del Consejo de Gobierno de Galápagos, actualmente el 51,4% de la población económicamente activa realiza labores vinculadas al turismo, lo que representa el 64% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, eso gracias a las maravillas naturales que posee el archipiélago. Y Galápagos no sería Galápagos sin las tortugas gigantes.
Según funcionarios de la DPNG, quienes pidieron no publicar sus nombres, conocer a todos los cazadores registrados en los permisos de caza y en las hojas de control de ingreso al Parque Nacional, no garantiza encontrar allí a todos quienes matan a las tortugas gigantes de Isabela.
Los residentes cuentan que hay quienes por tierra o por mar ingresan a las áreas protegidas sin permisos, a veces incluso desde otras islas, y matan tortugas gigantes. Este problema es grave porque aquellos delincuentes son más difíciles de identificar y de detener su accionar. Según fuentes anónimas de la DPNG, la localidad de Isabela donde los guardaparques han reportado más restos de tortugas gigantes faenadas es el sector denominado Caleta Iguana, hábitat de Chelonoidis vicina, cerca del volcán Cerro Azul.
Al problema de la caza furtiva se suma el abandono de la isla en materia de seguridad. Isabela es la isla más grande de Ecuador con 4 588 km2 de superficie. En comparación, la provincia de Tungurahua mide 3 386 km2.
En una consulta sobre seguridad al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Homero Bucheli Robalino, él explicó a Periodismo de Investigación que, con las dimensiones que tiene la isla, al menos se necesitarían drones con alcance de 25 kilómetros, de larga autonomía, que posean cámaras con aumento de 200x, cámaras termográficas y serían necesarios centros de mando y control enlazados con todas la autoridades pertinentes para una correcta vigilancia de las áreas protegidas, sin embargo esta tecnología no se usa actualmente.
Por otro lado, fuentes de la Unidad Técnica de Isabela (UTI) de la DPNG aseguran que, por falta de personal en la isla, la Policía Ambiental principalmente cumple roles de patrullaje urbano dentro de Puerto Villamil. Y respecto a los guardaparques de Isabela, un informe de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, al cual Periodismo de Investigación tuvo acceso, indica que funcionarios de la UTI están involucrados en delitos contra la flora y fauna silvestre del Ecuador.
Según ese informe, con fecha del 20 de diciembre de 2013, titulado “Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, el cual fue entregado por un funcionario de la DPNG bajo condición de anonimato, 28 ciudadanos entre ellos cazadores, pescadores, varios empleados municipales, un empleado de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y funcionarios de la UTI serían consumidores de carne de tortugas gigantes. Nueve de las 28 personas del informe también fueron señaladas por las fuentes.
En el documento también se muestran identificados los sectores donde 24 de los sospechosos realizarían los sacrificios de las tortugas. Además 19 de los 28 sospechosos también son identificados como presuntos traficantes de carne de galápago.
El informe de 2013 explica que el precio por cada tortuga entera muerta oscilaba entre 60 y 100 dólares americanos, dentro de Isabela. Según fuentes anónimas de la UTI y fuentes anónimas ciudadanas, quienes trafican carne de galápago actualmente venden también, de manera muy discreta, la carne cocinada a un precio de 10 dólares por porción.
Este informe de fiscalización interna habría sido remitido a Arturo Izurieta, Director del Parque Nacional Galápagos de aquel tiempo, y desde la Dirección General este documento se habría entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, la denuncia nunca llegó a instancias judiciales y no se tomó acción alguna en contra de los empleados de la UTI señalados.
El informe indica que, desde el año 2000, la UTI lleva registro de las tortugas gigantes sacrificadas por humanos encontradas en el campo. Una fuente anónima de la DPNG indicó que actualmente el número de tortugas asesinadas en Isabela asciende a 353, desde el inicio del registro, pero la cifra corresponde únicamente a los restos que han podido ser descubiertos y que han sido reportados por los guardaparques.
El informe señala zonas con ingresos por mar y por tierra como Roca Unión y Cazuela, cercanas a Puerto Villamil, y Caleta Iguana, cerca de Cerro Azul, como los sitios donde se han encontrado más tortugas sacrificadas.
Fuentes de la DPNG indicaron a Periodismo de Investigación que todos los señalados en la lista del informe hasta hoy en día cometen los mismos delitos, a excepción de Alfredo Gil Ochoa quien falleció. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, y Danilo Toro Ramírez aún son empleados del Municipio de Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas y Fabián Jaramillo Pomboza ambos señalados como traficantes de carne de galápago, se mantienen trabajando, el primero como inspector en ABG y el segundo como empleado del Consejo de Gobierno de Galápagos en Isabela.
Con respecto a los funcionarios de la DPNG señalados en el informe, Efrén Pomboza Gil quien fue señalado como presunto consumidor de carne de galápago y quien es hermano del presunto traficante de esta carne Tony Pomboza Gil, actualmente trabaja como responsable del Proceso de Ecosistemas de la UTI y es uno de los funcionarios que aprueban los permisos de cacería en Isabela.
Máximo Mendoza Yépez quien, al igual que su hermano Braulio Mendoza Yépez, está señalado en el documento por matar tortugas gigantes en el sector de Cazuela, sigue trabajando como guardaparque de la UTI y es uno de los funcionarios que controlan y registran el ingreso de los cazadores a las zonas protegidas en el sector del Volcán Sierra Negra.
Vicente Pinargote Pomboza cazador señalado de presuntamente matar tortugas gigantes en el sector de El Solitario y traficar la carne es hermano del guardaparque Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. El 24 de septiembre de 2021, durante el hallazgo del “centro de faenamiento” de las 15 tortugas, en el sector de la Gorra muy cercano a Cazuela, quienes se encontraban allí eran Jacinto Ramón Pinargote Pomboza y Máximo Mendoza Yépez. Grandes ironías y grandes coincidencias.
Antes de finalizar esta investigación Periodismo de Investigación realizó una entrevista telefónica a Danny Rueda Córdova, el actual director general del Parque Nacional Galápagos. Una de las preguntas fue sobre las acciones que tomará la DPNG si un funcionario de la institución estuviera involucrado en los sacrificios de tortugas gigantes. El director dijo que toda persona tiene presunción de inocencia hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.
Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.