La constructora brasileña admitió en 2016 el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América y dos países de África. El equipo de la red periodística Investiga Lava Jato en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México -donde se concentraron casi el 80% de las coimas de la región sin incluir los pagos ilícitos de Brasil- determinó que la empresa ha iniciado demandas en cuatro de estos países por un monto cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. Mientras tanto, los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. En Venezuela, a seis años de las confesiones de Odebrecht, nuestro equipo revela sobrecostos de hasta 600% en la obra más emblemática de ese país.
A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).
De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.
Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.
Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.
El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada.
Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.
En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.
Reparaciones versus demandas
Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones).
Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.
Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.
República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la empresa en dos instancias, pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones porque la constructora apeló al tribunal supremo.
Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.
A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales.
El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos.
A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.
Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.
La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.
También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos. En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, que forma parte del Grupo SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.
El mecanismo de la colaboración
“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.
“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.
“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.
En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados.
En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos.
El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.
Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares.
Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ocasionó, en 2021, 5 muertos y 17 lesionados tras choques contra los únicos pilares que se levantaron. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.
El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares. Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”.
“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.
En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.
Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas.
Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR.
En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.
Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.
Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.
Sobornos camuflados en República Dominicana
Además del pago de los 184 millones de dólares, que representa el doble del monto de la coimas que admitió la empresa haber pagado a cambio de ser favorecida con contratos en República Dominicana, Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría información relevante y precisa para identificar a las personas sobornadas, así como el contexto y las circunstancias en que se pagaron dichos sobornos, según el acuerdo homologado por los tribunales.
“Si lo que tenemos es lo que entregaron, ahí no está toda la información”, afirmó Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción de República Dominicana. La funcionaria aclaró que la recepción de información fue durante la gestión anterior, encabezada por Jean Alain Rodríguez, ahora investigado por corrupción y quien dirigió la procuraduría entre 2016 y 2020.
En el país, el caso penal concluyó con la absolución de cuatro de los implicados y sólo dos condenas de ocho y cinco años de cárcel, que fueron apeladas. La empresa no identificó a ninguno de los receptores de las coimas camuflados con apodos en los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el área encargada de gestionar el pago de dinero ilegal.
Los únicos nombres en clave que se revelaron en el país fueron aportados por El Informe, programa televisivo que integró la investigación “División de Sobornos” encabezada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la participación de periodistas de la red Investiga Lava Jato.
Ni un peso en México
Entre los casos analizados para este reportaje, México ha ofrecido el mejor escenario para Odebrecht. Tras la confesión del pago de sobornos por 10,5 millones de dólares en ese país, entre finales de 2018 y principios de 2019, la empresa ofreció al gobierno de México firmar un acuerdo de colaboración para aportar información documental sobre los funcionarios involucrados y pagar 18 millones de dólares de reparación por el daño causado. A cambio, la compañía pedía que las autoridades mexicanas no denuncien penalmente a sus exdirectivos y que la constructora continúe ejecutando obras en el país.
Sin embargo, el monto de las coimas superó largamente la cifra admitida inicialmente por la empresa, como informó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, integrante de Investiga Lava Jato. La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el acuerdo con Odebrecht y también se negó a suscribir un compromiso con la Procuraduría General de Brasil para obtener información sobre el caso de Odebrecht a cambio de inmunidad legal para la empresa y sus exdirectivos.
La Fiscalía decidió encarar una investigación por su cuenta, para lo cual realizó 50 peticiones de asistencia jurídica a 18 países, a los que ha requerido apoyo para obtener documentos y testimonios.
“La empresa siempre ha estado dispuesta a negociar y formalizar acuerdos que permitan la presentación inmediata de información y documentos para colaborar con procedimientos de investigación”, pero “en algunos países, como México, las autoridades incluso declararon que no harían acuerdos con la empresa, y en otros nuestra manifestación no fue respondida. No sabemos las verdaderas razones de esto”, afirmó Odebrecht ante la consulta de Investiga Lava Jato.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han mostrado que una parte de los sobornos de Odebrecht en México se usó para pagar campañas electorales del PRI en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como la del candidato presidencial de ese partido en 2018, Enrique Peña Nieto.
A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México se extendió entre 2006 y 2014 e involucró a distintos gobiernos locales y federales, la Fiscalía ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, un exdirector de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.
El resultado fue la aplicación de una justicia selectiva, pues el caso se ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del gobierno mexicano, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó a Odebrecht la obra de una represa.
Como resultado, Odebrecht fue sancionada en México con multas equivalentes a 81,6 millones de dólares de los que finalmente no pagó ni un peso: la autoridad fiscal mexicana le canceló sanciones económicas por 54 millones y además la compañía busca que le anulen otras multas por 27 millones de dólares.
Odebrecht tampoco enfrentó consecuencias penales en el país y contraatacó con su propia demanda contra Pemex en diciembre de 2018 por 99 millones de dólares por supuestos pagos adeudados por obras. Además, por vencimiento de plazos y gracias a litigios contra el Estado, la constructora fue retirada de la lista de empresas sancionadas y a partir de 2022 ya puede volver a concursar para obtener contratos en México.
La compañía brasileña también ha logrado que Pemex le pague supuestos adeudos por otros 4,5 millones de dólares y que se anulen multas impuestas por otros 10 millones de dólares a un exdirectivo de la constructora y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.
Sumas y restas en Ecuador
En Ecuador, la situación ha sido similar a la de México. En diciembre de 2017, el vicepresidente en funciones, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, acusado de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicar a la constructora contratos entre 2010 y 2012. Por este proceso, Glas Espinel aún está detenido en su domicilio. El exfuncionario se considera un “preso político” y “víctima del lawfare” o guerra judicial, al igual que el expresidente de Brasil y candidato a la Presidencia de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, absuelto por el Superior Tribunal de Justicia brasileño.
Cinco años más tarde, los procesos penales por lavado de activos o asociación ilícita quedaron atrás en Ecuador. Actualmente, el caso Odebrecht se litiga en las cortes ordinarias de Guayaquil y el objetivo es el dinero. Dos de los procesos corroborados por Investiga Lava Jato son impulsados por CNO SA (Constructora Norberto Odebrecht SA) y buscan que la empresa pública Petroecuador indemnice a la constructora con más de 290,8 millones de dólares.
El tercer caso fue iniciado por la empresa pública Petroecuador, que presentó su propia demanda contra Odebrecht.
Los tres procesos tienen un denominador común: el proyecto Pascuales Cuenca, un poliducto de 200 kilómetros que parte del Puerto de Guayaquil en el Océano Pacífico, cruza la cordillera de los Andes y finaliza en un centro de almacenamiento en la ciudad de Cuenca, en el suroeste de Ecuador.
La empresa solicitó a la justicia que declare ilegal el término unilateral del contrato que el vicepresidente Glas aplicó en el proyecto Pascuales Cuenca en 2016, cuando el escándalo salió a la luz. El 17 de diciembre de 2021, el tribunal de lo contencioso administrativo dictó sentencia a favor de Petroecuador y resolvió rechazar la demanda presentada por Odebrecht (hoy CNO S.A.).
El 8 de marzo de 2022, la empresa interpuso un recurso contra la sentencia y la Corte Nacional de Justicia tiene pendiente resolver el pedido presentado. El segundo juicio de CNO S.A. se inició en 2020 en el tribunal de lo contencioso administrativo de Guayaquil y pretende que se declare la ilegalidad de un informe de liquidación financiera y contable del contrato de Pascuales Cuenca, que impuso multas a la constructora por más de 107 millones dólares.
La empresa pública Petroecuador presentó a su vez una demanda contra Odebrecht por 281,3 millones de dólares por incumplimiento del millonario contrato y para que se condene a la empresa al pago de las costas procesales y de los honorarios de los abogados patrocinadores que Petroecuador debió contratar para enfrentar el litigio.
La primera audiencia preliminar de este juicio se convocó el 7 de diciembre de 2021. Sin embargo, debido al volumen de pruebas que ha presentado la empresa petrolera ecuatoriana, esta primera audiencia apenas concluyó casi ocho meses más tarde: el 21 de julio último.
El caso está a la espera del señalamiento para la audiencia de juicio, en la que se presentará y practicará la prueba aportada por las partes. Si el Estado ecuatoriano se beneficia de la sentencia, deberá pelear en dos instancias más, lo que implica no menos de dos años más de litigio.
El caso de Pascuales Cuenca es clave para entender la lógica de Odebrecht y su forma de cambiar las cifras de un proyecto: los estudios en 2012 determinaron un valor inicial en 200 millones de dólares; se adjudicó el 17 de octubre de 2013 por 370 millones de dólares; y su valor final fue de casi el doble: 600 millones de dólares. En 2020 el Estado ecuatoriano invirtió 90 millones de dólares adicionales para subsanar problemas en la construcción, especialmente en el centro de acopio que empezó a hundirse a causa de filtraciones de agua.
En 2017, la Fiscalía General del Estado y Odebrecht negociaron un acuerdo de colaboración para que la compañía entregara pruebas de los destinatarios de sobornos por 33,5 millones de dólares pagados por la constructora en ese país durante las elecciones presidenciales de Rafael Correa, acusaciones que el exmandatario niega.
La empresa envió a Quito a un delegado, Antonio Poncioni Mérian, amigo personal de Marcelo Odebrecht, para persuadir a las autoridades del país a que se cumpla el acuerdo firmado con la Procuraduría del Brasil para la colaboración internacional que permitiría la entrega de información de los sobornos pagados a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía.
Odebrecht ofreció resarcir a Ecuador por 184 millones de dólares, pero las negociaciones fracasaron, al igual que en México. La empresa buscaba un acuerdo civil, o mejor dicho, un cruce de cuentas con el que cancelaría obligaciones pendientes con subcontratistas y de sobrar algo, entregaría el resto al Estado ecuatoriano.
Impunidad en Venezuela
Los primeros y únicos intentos de administrar justicia sobre el caso Odebrecht en Venezuela fueron truncados el mismo año en que fueron anunciados. En enero de 2017, el Ministerio Público venezolano a cargo de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer la activación de las investigaciones sobre los manejos del patrimonio público y su relación con los contratos de la constructora brasileña en el país.
Durante enero de 2017, el caso fue asignado a la fiscal auxiliar interina 55, Anamar Ravelo Labrador, quien inició la investigación por los delitos de “corrupción impropia, concierto de funcionario público con contratista y asociación para delinquir”. Ravelo solicitó cooperación internacional a Brasil para entrevistar a los delatores que colaboraban en el proceso y también pidió asistencia a Suiza, que podía aportar la información bancaria de los pagos ilegales.
La fiscal pidió una orden de detención contra el expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien también le prohibió enajenar bienes y le bloqueó sus cuentas bancarias mientras el ejecutivo se encontraba en Brasil colaborando con la Justicia. Además, logró los allanamientos en las oficinas de la empresa en Caracas.
En los allanamientos se encontraron carpetas con información de los contratos del Metro de Caracas y Los Teques, de los relacionados con PDVSA, el aeropuerto internacional de Maiquetía, el Tercer Puente sobre el Orinoco, entre otras obras de la empresa en el país, así como correspondencia dirigida a Nicolás Maduro y documentos firmados por Hugo Chávez y su sucesor en el poder.
El 16 de febrero de 2017, dos días después del allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Caracas, la hija y el nieto del esposo de la entonces fiscal general Ortega Díaz fueron secuestrados. Ese mismo día, la exfiscal general y el fiscal Zair Mundaray estaban reunidos con sus pares en Brasil. La primera terminó exiliada y su colega, apartado de la función pública fuera del país.
Cabe resaltar que durante la gestión de Luisa Ortega, Odebrecht estableció preacuerdos de cooperación con la justicia venezolana. Llegaron a declarar los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, que trabajaron en la campaña de Hugo Chávez. Euzenando Acevedo, gerente general de Odebrecht en ese país, incluso ofreció su colaboración, aunque finalmente desistió. A Ortega la reemplazó Tarek William Saab, quien dijo que la anterior gestión dejó solo “20 hojas” del expediente de Odebrecht en los despachos. Sin embargo, fiscales venezolanos que trabajaron en dicho caso han mostrado ante los reporteros de Alianza Rebelde Investiga más de una veintena de carpetas con detalles de la investigación.
A cinco años de los sucesos, no existieron acuerdos de reparación económica en Venezuela. Tampoco avances en las investigaciones judiciales, que no sólo están congeladas sino que sufrieron un revés cuando fue suspendida la primera imputación de dos presuntos responsables.
El juez undécimo de primera instancia de control de Caracas, Luis Argenis Marcano Sanabria, eximió de toda responsabilidad a la esposa y suegra del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, quienes habían sido citadas por la saliente fiscal Ortega Díaz por su presunta relación con la red de sobornos del Lava Jato. Ambas eran beneficiarias de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares presuntamente transferidos por empresas offshore vinculadas a Odebrecht, congeladas por la fiscalía suiza.
La única demanda del Estado venezolano contra Odebrecht admitida en 2018 por tribunales venezolanos fue la que interpuso la compañía estatal Metro de Caracas contra la constructora por incumplimiento de un contrato por más de 76 millones de dólares para la construcción de 2 mil 400 viviendas a edificar en un terreno de Mariche, población del estado Miranda. En este proceso se dictaron embargos contra los bienes de la empresa y la aseguradora. Según el contrato firmado en 2012, la obra debía estar lista en diciembre de 2017. Sin embargo, hasta 2015 el avance era de apenas 10%, según la memoria correspondiente de ese año. El dinero aún no fue recuperado.
En septiembre de 2021, Maduro aprobó otros $17,5 millones de dólares para terminar obras inconclusas por la empresa, entre ellas el tren Caracas-Guarenas-Guatire, que “fueron abandonados por Odebrecht de manera ilegal”, según el mandatario. Ya en marzo de 2018, Maduro había asegurado que las obras que dejó la constructora brasileña serían terminadas y solicitó al vicepresidente de ese momento, Tareck El Aissami, que las entregaran a los gobernadores para que fueran retomadas “con mano de obra social”.
En octubre de 2021, la gestión de Maduro anunció el reinicio de los trabajos de construcción de las obras del Metro de Guarenas-Guatire, pero un año después el equipo de la Alianza Rebelde Investiga pudo verificar que nadie trabaja en la construcción de la solución ferroviaria.
Los obstáculos para investigar los casos de gran corrupción como el de Odebrecht en Venezuela fueron reconocidos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas en su segundo informe publicado en septiembre de 2021. La Misión de la ONU denunció las presiones y persecuciones que sufrieron los fiscales que investigaron el caso Odebrecht, a quienes las autoridades intentaron detener cuando regresaron de Brasil para interrogar a testigos de este caso. También el reporte alerta que en 2017, al menos 50 fiscales fueron perjudicados con medidas de prohibición de salir del país por haber trabajado en expedientes de corrupción, entre otras razones.
Reformas y litigios en Perú
Odebrecht dijo inicialmente haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en Perú. Sin embargo, hasta la fecha se han contabilizado pagos ilegales por más de 69 millones de dólares, que involucran también a candidatos políticos y otros operadores.
Perú sólo tiene una condena judicial por el caso Lava Jato, pero las revelaciones de Odebrecht en diciembre de 2016 generaron dos reformas positivas en el país. A raíz de las evidencias sobre los aportes ocultos a las campañas electorales de distintos partidos y candidatos, en 2019 se incorporó al Código Penal peruano el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas; y además se promulgó la ley que generó las condiciones para promover que las compañías aseguren previamente el pago de una eventual reparación civil —de ser halladas culpables— o que incluso se acojan a los beneficios de una colaboración eficaz.
A partir de esta última norma, las empresas pueden coordinar con la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato una forma de garantizar los futuros pagos indemnizatorios al Estado, a través de la creación de fideicomisos, en lugar de arriesgarse a embargos preventivos que podrían poner en riesgo la viabilidad de sus operaciones y romper la cadena de pagos con sus proveedores.
Como parte del acuerdo de colaboración eficaz que Perú firmó con Odebrecht en 2019, Odebrecht se comprometió con la Procuraduría Lava Jato a pagar una reparación civil de 152,5 millones de dólares en 15 años. Con intereses legales el pago total alcanzará los 190 millones de dólares.
Los montos recuperados por esta procuraduría son destinados al mejoramiento del sistema de defensa legal del Estado peruano.
A la fecha, Odebrecht ha pagado tres cuotas (2019, 2020 y 2021) de la reparación civil contemplada en su acuerdo de colaboración eficaz por un monto de 124 millones de soles (31 millones de dólares).
Al mismo tiempo, en febrero de 2020 inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el CIADI para reclamarle el pago de 1.200 millones de dólares por resolver el contrato del Gasoducto Sur Peruano. El estado de dicho proceso arbitral aún figura como «pendiente» en la base de datos pública del organismo internacional.
Si bien Odebrecht se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y OAS, ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, otras constructoras brasileñas involucradas en la trama de corrupción como Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, han litigado intensamente contra las autoridades para evadir su responsabilidad penal. Estas empresas conforman el Consorcio Intersur y son investigadas también por presuntos sobornos relacionados a la Carretera Interoceánica Sur, que puso al descubierto Convoca.pe.
La constructora Camargo Correa, por ejemplo, batalla en los tribunales para eliminar las pruebas incautadas en el caso Castillo de Arena que apuntan a explícitos pagos de coimas en Perú, basándose en la teoría del “fruto del árbol prohibido”. Como se sabe, dichas evidencias fueron anuladas en Brasil y, según el razonamiento de Camargo Correa, por ello también deberían ser inválidas para la justicia peruana.
Los primeros intentos para hacerlo han fracasado pero aún tiene vías para seguir solicitando esta eliminación de documentos. Por el momento, debido a la falta de colaboración de las empresas, la investigación por este caso aún se encuentra en curso, sin acusación.
Argentina en punto muerto
Odebrecht admitió sobornos por 35 millones de dólares en Argentina, entre 2007 y 2014, a funcionarios argentinos para poder asegurarse tres obras públicas en el país, pero nunca logró negociar un acuerdo de colaboración. En cambio, por cada obra, se inició una investigación penal. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados.
El primer caso es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de inicio.
El expediente incluye también los procesamientos contra el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.
En el segundo expediente, por el direccionamiento de los contratos de gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, sólo se enjuiciará a exfuncionarios de la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner por el delito de negociaciones incompatibles. El juicio tampoco tiene fecha de inicio.
En el caso de los gasoductos, la investigación de la fiscalía probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.
Por este caso, la constructora brasileña fue demandada por el Estado argentino por daños, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por el equipo de Investiga Lava Jato.
A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de 45 millones de dólares en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez que investiga el caso penal y ratificada por instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio.
Un tercer caso, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales -que incluye al primo del expresidente Mauricio Macri- están procesados, a pesar de que el fiscal logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos brasileños que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, y se incorporaron pruebas sobre el supuesto rol de una de las socias locales en pagos ilegales a exfuncionarios. La causa lleva abierta seis años y medio y casi sin movimientos desde hace tres años, de acuerdo a los documentos y fuentes judiciales consultadas.
Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.
*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortega (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).