El presidente Guillermo Lasso será el primer mandatario en ser enjuiciado políticamente con los instrumentos legales de la Constitución de Montecristi, en vigencia desde 2008, creada para evitar cualquier posibilidad de destitución de un presidente. Paradójicamente es el mismo correísmo el empeñado en caminar contra los principios constitucionales que diseñaron. Es cierto que el presidente es el responsable principal de esta crisis; son tantos los desaciertos que la Corte Constitucional ha resuelto abrir el camino del juicio con una acusación poco clara.
El juicio político por peculado que aprobó la Corte Constitucional nada tiene que ver con el caso “gran padrino”, en el que existe evidencia de la influencia del presidente para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya que involucra a un amigo de su cuñado Danilo Carrera.
La acusación por peculado pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa.
El caso Flopec
Si existe peculado a quién debemos responsabilizar es a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, prófugos de la justicia, responsables de estructurar y consolidar el sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas.
Esta trama se inicia en los contratos de deuda externa con China, firmados por Rafael Correa, que pueden resumirse en recibir dinero con altas tasas de interés y plazos cortos a cambio de petróleo con precios muy por debajo a los del mercado internacional.
Ese crudo entregado a los chinos con valor descontado debía ser transportado por Flopec tal como dice la Constitución. Esta empresa estatal cuenta con una norma llamada Ley de Reserva de carga, que obliga a China embarcar su crudo en las naves de Flopec, para ellos era un problema porque encarecía el precio del petróleo a pesar de que el crudo ecuatoriano ya incluía el descuento por el valor del flete.
En el informe del caso Petrochina que el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo armaron se explica con claridad: “Petroecuador ha establecido en sus análisis que otro componente que afecta directamente el precio final de barril está relacionado con el flete, un descuento adicional por el transporte del crudo a cargo de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El crudo es entregado en modalidad FOB, es decir en Esmeraldas y no en el puerto de destino final, esto, más la condición de “Libre destino”, ha permitido que las mismas intermediarias participen también dentro del negocio del transporte marítimo. El país paga fletes para enviar el petróleo a China, pero este en realidad es transportado y vendido en países más cercanos, como Perú”.
En septiembre de 2016 el portal La Fuente (uno de los medios que crearon Periodismo de Investigación) publicó : “Los chinos siempre decían que Flopec abusaba con el flete, entonces idearon un mecanismo para bajar los valores a niveles de mercado, incluso que no pueda usar sus barcos, esto para pagarle solo un diferencial del 10%. La parte que más afecta a los ecuatorianos está en la “clasificación de los barcos por tipo de prioridad y el protocolo de comunicaciones que faculta a Petrochina la contratación de buques de terceros”.
Así terminaron con los precios preferenciales de transporte que tenía Flopec. Aquí otro párrafo del mismo reportaje de 2016: “en diciembre de 2014, el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, conminó a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), a firmar un convenio de transporte de crudo, el cual afectó gravemente la operación de Flopec y creó beneficios para Petrochina, que a partir de entonces pudo contratar directamente buques de mayor volumen. Se estima que un 60% de este tipo de buques petroleros son contratados directamente por Core Petroleum y Baere, intermediarias de Petrochina”
Convenios de transporte que solo favorecen a otros
Ese acuerdo llamado framework tiene como principio reducir las ganancias que le corresponden a Flopec y para ello crearon un sistema de prioridades de embarques con supuesta ventaja para los buques de bandera, tripulación y propiedad ecuatoriana. La segunda oportunidad es para los buques fletados por tiempo, controlados comercialmente por Flopec o Petrochina por un período mínimo de 6 meses a una tarifa fija. La tercera línea era para buques de terceros del mercado spot presentados por Flopec o Petrochina.
La tarifa del flete aplicada se calcula por una cotización emitida por un panel de Brokers denominado ASBA (un supuesto tercer protagonista imparcial) y sobre esa tarifa, Flopec tuvo derecho a una comisión del 10%; pero el costo del ASBA se divide en partes iguales entre Petrochina y Flopec.
“El framework se adjuntó como anexo a todos los contratos de compra-venta de crudo existentes entre Petrochina y Petroecuador. Es decir, que cada vez que Petrochina tenga una carga, siempre y cuando cumpla con avisar dos semanas antes, se aplica este acuerdo” se expuso en el informe de Villavicencio en la Asamblea Nacional.
Amazonas Tanquers ¿Qué sucedió después?
Ese convenio de transporte de crudo dio paso a la creación del consorcio Andes Tanquers en el correísmo y en 2018 fue perfeccionado y llamado Amazonas Tanquers y que fue defendido a capa y espada por la asambleísta Ana Belén Cordero desde el oficialismo y Mireya Pazmiño Arregui desde la oposición (o mejor dicho desde los acuerdos con Amazonas Tanquers).
La historia está detalladamente contada en nuestro portal, narra la relación tripartita entre Jaime Condoy, un gerente de Flopec de triste recordación; el canadiense Raymond Kohut, de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor); más el americano William Saudhaus, representante de Core Sinergy LLC, con sus empresas Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping
Amazonas tanquers se creó gracias a una extensión de contrato llamada adenda 3 en 2018, firmada en Nueva York, Estados Unidos, por Jaime Condoy de Flopec y Casey Dalcher, vicepresidente de Dragun (parte del grupo Core). Este grupo tiene un operador llamado Roberto Dongo, un apuesto ejecutivo peruano que se encarga de conquistar mujeres y calentar los bolsillos de los funcionarios. Quién intenta tomar distancia y hacer lo correcto dentro de Flopec es amenazado.
Ahora es el correísmo junto a sus socios social cristianos quienes aseguran que estos contratos son la muestra del peculado de Lasso. Quieren enjuiciar al presidente endosando sus propias responsabilidades. Es cierto que el presidente no tuvo la voluntad de acabar con esta estructura, su discurso de romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero fueron puro cuento y su falta de acción hoy se convierte en su mayor debilidad.
Aunque es muy posible que el presidente sea destituido, al periodismo le corresponde decir la verdad: que será acusado por un delito que cometió Rafael Correa, lo consagró Lenín Moreno y que él se allanó al pasado corrupto de sus sucesores.