El pasado 28 de noviembre, a cinco días de ser posesionado como presidente de Ecuador, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 37, mediante el cual dispuso que el presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), en un mes, le presente un informe con el procedimiento a seguir para liquidar esa entidad.
En diálogo con MilHojas.is, Luis Verdesoto Custode, ex secretario anticorrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso, advierte que esa medida, sin auditar los hechos de corrupción, genera un vacío legal.
La advertencia la realiza a propósito de haber analizado los riesgos de corrupción de los funcionarios públicos de alto nivel, estudio plasmado en su último libro titulado “Nacen y se reproducen corruptamente”.
El exsecretario anticorrupción lamenta que Lasso, quien lo invitó a liderar la lucha contra ese mal, le haya dado la espalda cuando le advirtió lo que pasaba en la EMCO-EP, inmersa en escándalos como el caso Encuentro, que investiga la Fiscalía y en el que imputó a Danilo Carrera, cuñado de Lasso por el delito de presunta delincuencia organizada.
Otra de las instituciones señaladas en la publicación de Verdesoto como las de más alto riesgo de corrupción es el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente, Wilman Terán fue aprehendido este 14 de diciembre por presunta vinculación también con el delito de delincuencia organizada, proceso penal iniciado por la Fiscal General, Diana Salazar.
Tras haber revelado la matriz de corrupción que funciona en el sector público, Verdesoto plantea una hoja de ruta para atacar ese problema y espera que Noboa ponga freno a las prácticas corruptas que ya están identificadas.
El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto 37, dispuso la extinción de la EMCO ¿es una medida acertada como parte de la lucha anticorrupción?
No lo es. A todas luces es un riesgo. Si solo se elimina la función de coordinación que cumple esa empresa, queda un vacío legal y se retornaría a la anterior conformación de los directorios de las empresas públicas. Con eso, las formas de corrupción migran de una modalidad centralizada a una descentralizada y se pueden reproducir nuevas formas de corrupción.
¿Esa decisión evidencia falta de conocimiento sobre esta problemática?
Claro. Piensan que la EMCO, al ser una empresa coordinadora, es una sumatoria de empresas. Debería ser y operar como un holding pero, por la concentración de poder, emitieron resoluciones y eliminaron competencias y funciones de los directorios de las empresas.
¿Quién concentraba el poder?
El Directorio de la EMCO, que es un falso cuerpo colegiado, en donde hay tres miembros designados por el Ejecutivo. Por eso, es un error creer que eliminándola se acabe la corrupción en las empresas públicas.
Hernán Luque Lecaro (centro) presidente del Directorio de la EMCO, de julio de 2021 a diciembre de 2022. También presidió los directorios de todas las empresas públicas, por disposición del expresidente Guillermo Lasso. Foto: Diario El Universo
Pero los directorios de las empresas, sobre todo Petroecuador o las eléctricas, también están plagados de corrupción.
Así es. Lo que ocurre es que los procesos de contratación pasaron de las empresas al Directorio de la EMCO; es decir, se trasladó la corrupción desde la base hasta la cúpula, que estaba encabezada por el señor Hernán Luque Lecaro, que fue nombrado por el presidente Lasso. Por eso, pensar que al eliminar la EMCO, que es donde está el cáncer de la corrupción, esta desaparece, no es correcto.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Primero investigar la corrupción pasada y presente. Luego, la EMCO debe ser reemplazada por un holding que, de verdad, coordine a las empresas, pero sin restarles su capacidad de decisión, como lo hizo Luque Lecaro. Y, lo más importante, informar al país, transparentar esta situación; de lo contrario, solo enterraremos una empresa sin saber lo que pasó adentro.
Durante su gestión de ocho meses como Secretario Anticorrupción -de mayo de 2022 a enero de 2023- en el Gobierno de Lasso, ¿qué casos conoció y cuáles son los más preocupantes?
Se fue centralizando la toma de decisiones sobre los procesos de contratación y se puede haber cometido delitos graves. Es muy importante investigar, por ejemplo, cuándo puede haber habido lavado de activos. La contratación pública es la que mayor seguridad brinda al lavador, porque es donde menos se investiga.
¿Eso pudo determinarlo durante su gestión?
Así es. Con el equipo de la Secretaría, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), sobre todo cuando estuvo de titular Carla Mera Proaño, y con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia y de la USAID, realizamos una encuesta a 470.000 funcionarios de entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo. También nos basamos en una metodología del Banco Mundial y aprobada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat, que se preocupa de la seguridad de las personas, de la protección del sistema financiero). Eso permite detectar antecedentes y movimientos económicos de funcionarios públicos que alertan sobre el riesgo de cometer o tener vínculos con delitos como el soborno, el narcotráfico y el lavado de activos.
¿Cuál fue el resultado de la encuesta en Ecuador?
Nos permitió diseñar lo que se llama un mapa de calor: en una escala del 1 al 5, mientras más cerca estás del 5, es más alto el riesgo. Gracias a ello identificamos a unos 4.000 altos funcionarios en el nivel de riesgo más alto de corrupción.
¿De qué instituciones?
Las entidades con mayor riesgo son los ministerios de Defensa, del Interior y Policía, de Educación, de Salud y el Consejo de la Judicatura. Los datos de este último no son parte del libro porque no pertenecen al Ejecutivo y, por lo tanto, no están en el campo de acción de la Secretaría Anticorrupción.
¿Quiénes son esos 4.000 funcionarios??
Los nombres no los tuve, pedí que no me los pasen, se encuentran en la UAFE a disposición del presidente de la República, para que disponga el seguimiento respectivo.
¿Por qué no quiso conocer nos nombres?
Porque no era mi competencia. Quien debe dar esa disposición es el presidente de la República, que es la máxima autoridad de la UAFE. Mi función era obtener los datos agregados, detectar el grado de riesgo de corrupción y entregar esa información al primer mandatario; así lo hice.
¿Esos 4.000 funcionarios pertenecen al gobierno de Guillermo Lasso?
La investigación corresponde a cuatro años: 2018-2022; pueden ser funcionarios que se mantienen, que dejaron de ser o que ingresaron en ese lapso.
¿Cuántas personas pueden estar involucrados en hechos de corrupción?
Potencialmente los 4.000. Pero esa es una hipótesis, no una imputación. Mientras no se pruebe la naturaleza de sus transacciones, la inocencia es un derecho humano básico. Nadie puede ser imputado sin haberle dado el derecho a la defensa, pero no se dio el seguimiento.
¿Es decir que son funcionarios de los tres últimos gobiernos: de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso?
Así es y esa información está en el libro, de forma agregada. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa tenemos que en el nivel de riesgo 5 están los funcionarios del rango 14, que es el más alto de la administración pública; por lo tanto, es obvio que son generales de la República.
Eso tiene relación directa con la reiterada advertencia del embajador de Estados Unidos Michael J Fitzpatrick sobre los narco generales y otros niveles de corrupción y crimen organizado en el país. ¿Qué hizo el expresidente Lasso cuando le entregó esta información?
No ejecutó nada. Por eso es importante que el presidente Daniel Noboa compare los nombres de los narco generales identificados por el embajador de Estados Unidos con los que constan en la investigación que hicimos.
¿En suma, para combatir la corrupción y la impunidad solo hace falta decisión política?
En un segmento. Lo que pasa es que Ecuador estuvo acostumbrado a trabajar con lo noticioso: cuánto subieron o decrecieron el accionariado, los ingresos o el patrimonio de los funcionarios. Nosotros analizamos también el pasivo que, en muchos casos, bajó a tal nivel que nos preguntamos cómo lo hicieron, de dónde salieron los recursos. Para ello utilizamos 21 variables como cuentas bancarias, movimientos de plata al exterior, autos, declaraciones tributarias, información de notarías y registros de la propiedad.
¿Qué tipo de actividades concretas hacen presumir lavado de activos o narcotráfico?
Cuando detectamos que un funcionario mueve grandes cantidades de dinero o tiene tres, cuatro o más propiedades, se ubica en el nivel 5, el de más alto riesgo; esa es la punta del ovillo porque, con esa información, puedes meterte a los paquetes accionarios, a las remesas sobre la base de las 21 líneas de investigación.
Habiendo entregado a Lasso esa investigación clave para combatir la corrupción, ¿por qué renunció?
El presidente Lasso tenía temor a la inestabilidad política porque trataba mucho con generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso asumí la responsabilidad de entregarle al país este libro que presenta elementos nuevos en el escenario de discusión sobre la corrupción.
¿Qué elementos?
Por ejemplo, unos cuadros con información sobre la EMCO, que generó controversia, mi distanciamiento del Gobierno y mi renuncia. También la entregué a la Fiscalía General y al Congreso (Asamblea Nacional), y tiene que ver con rutas y vínculos del capital accionario entre quienes concentraron el poder de decisión al dirigir esa entidad.
¿Qué pasó después?
Lastimosamente no ha tenido curso; más bien, desapareció material referente a corrupción internacional, que se obtuvo gracias a una investigación que hicimos con los gobiernos de Holanda y Canadá. Por eso me creí en la autoridad de entregárselos al país en el libro.
¿Qué recomienda para emprender una real lucha anticorrupción?
Ecuador tiene tres áreas sensibles: el soborno, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. En ellas se debe trabajar, porque tienen que ver con la gran corrupción. Toda la investigación es importante, pero destaco que dejamos fichas de las 30 principales entidades públicas con los riesgos de corrupción detectadas. Hicimos el inventario inicial de riesgo con la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), con la Agencia de Desarrollo de Alemania y con Naciones Unidas.
¿Qué empresas lideran ese inventario?
Petroecuador, por ejemplo, que representa más del 50% de la corrupción en inversión y en contratación pública. También están las empresas eléctricas. El nuevo Gobierno tiene toda la información para el control en cada entidad. Dejamos listas las matrices de riesgo y de tipología de la corrupción. En cada ficha se ve los principales delitos, los procesos dañados y las influencias del contexto de la corrupción.
¿Qué debe hacer el Gobierno de Daniel Noboa si, en verdad, quiere combatir la corrupción?
El material para trabajar está hecho, las bases de datos, los programas están listos. La información que dejamos solo tiene un año de retraso. Actualizarla al 2023 no tomaría mucho tiempo. Sobre todo, es fundamental que apliquen esta metodología a todos los funcionarios que ingresen a la función pública para complementar los cuatro años de antecedentes que dejamos como resultado de nuestra gestión. Espero que con el nuevo Gobierno haya la sensibilidad suficiente para frenar esto.
FRASES
“En la gerencia de la EMCO se da la mayor presión y se produce la mayor corrupción”
“De la Presidencia, desapareció material referente a corrupción internacional”
“Todos tenemos riesgo de corrupción, pero más del 80% tiene el nivel más bajo. Los de mayor riesgo son los funcionarios del jerárquico superior”
El personaje
Luis Verdesoto Custode es analista y catedrático especializado en desarrollo local y descentralización; es Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Ecuador (PUCE); registra una maestría en Sociología por la Universidad Católica de Perú (1978), un doctorado en Estudios Políticos en Francia (2013). En 2018 fue consejero permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).