LaFattoria: El secreto a voces de sus millonarios contratos y presuntos vínculos con el crimen organizado

Otras alertas

Uno de los frentes en los que ya se advirtió sobre la posible vinculación del servicio de alimentación penitenciario y el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando Fernando Villavicencio la presidía.

“Sí teníamos la información de que este no es el único mecanismo que podrían utilizar sino otros también, por eso se han realizado varias coordinaciones con los entes correspondientes para evitar cualquier tipo de ingreso”, dijo en junio de 2022 Pablo Ramírez, entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y ahora investigado por delincuencia organizada, dentro del caso “Metástasis”.

El oficial de la policía acudió a la comisión de Fiscalización para explicar los procesos de contratación pública y convenios de pago de la empresa LaFattoria S. A. desde el año 2016. Durante la comparecencia Villavicencio le planteó: “tengo información de investigaciones hechas desde el estado donde se confirmaría que se estaría utilizando el servicio de alimentos para el ingreso de armas, municiones y otros productos indebidos a las cárceles. ¿Qué sabe usted señor General?”

Ramírez respondió que había establecido un protocolo con la policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI para que exista “una revisión exhaustiva de los vehículos que ingresan con los alimentos. Incluso en la nueva contratación estamos sugiriendo que exista una ubicación satelital de los camiones que ingresan con alimentación desde los centros de abasto hasta el mismo centro. Dentro del proceso tecnológico de adquisición estamos también con la compra de escáneres para que pasen los vehículos por este tipo de artefactos”.

Continuó indicando que “esta información ha sido puesta a disposición de los entes correspondientes que están en el ámbito perimetral de los centros (de privación de libertad CPL) para que haya revisión exhaustiva y de esta manera evitar quizá cualquier tipo de ingreso de objetos prohibidos”.

Ramírez precisó en su comparecencia que entre 2016 y junio de 2022 el estado ecuatoriano pagó solo a LaFattoria USD$177´467.000 por el servicio de provisión de alimentos a las cárceles.

El oficial aseguró ante la Comisión de Fiscalización que, en agosto de 2022 el monopolio de esta compañía terminaría con la zonificación de las cárceles, propuesta que se concretó así:

Esta conformación de zonas se amparó en varios criterios: ubicación de las cárceles, accesibilidad a estas, número de privados de libertad, dinamización de la economía local y aspectos de seguridad penitenciaria.

Pero en la práctica el monopolio de LaFattoria continuó intocado. Y un mes después de su comparecencia a la Asamblea, Ramírez se reunió con el narcotraficante Leandro Norero.  Según testimonio de Hélive Angulo, administrador de bienes del capo, Ramírez recibió USD$200.000 para que Norero tenga privilegios en el centro carcelario de Cotopaxi, donde se encontraba recluido.

Decomisos de armas, municiones y drogas no paran

Solo entre el 8 de enero y el 30 de abril del 2024, en los centros de privación de libertad del país se han encontrado 115.866 municiones casi tres veces más que lo identificado en todo el 2023. Además de 280 armas de fuego y 747 unidades de explosivos, entre otros ítems, de acuerdo con información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Estas cifras se unen a las publicadas por el SNAI a diciembre de 2023 en su informe de rendición de cuentas, donde detalla que las Fuerzas Armadas efectuaron 33 operativos de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Entre los hallazgos más relevantes están: 39.887 municiones, 153 armas de fuego (cortas y largas), 551 explosivos, 21.926 gramos de cocaína, 26.238 gramos de marihuana, más de 2.600 celulares.

El SNAI asegura que en 2023 realizó varios procedimientos de contratación para fortalecer la seguridad y el control en los CPL, como la compra e implementación de equipos de control, detección y neutralización de sustancias sujetas a fiscalización, armas, explosivos y dispositivos electrónicos. Para ello “el 25 de julio de 2022 suscribió el contrato Nro. 18-2022 con la empresa Advanced Technologies S. A. Vandetsa por USD$1´600.906,80. Se instalaron 9 Body Scanners que se encuentran distribuidos en 7 cárceles del Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.

El 31 de octubre de 2023 se entregaron al SNAI: 210 detectores de metales ferrosos y no ferrosos de uso manual en todos centros a nivel nacional y 12 detectores ferromagnéticos que están distribuidos en los CPL: Chimborazo N° 2, Chimborazo N°3, Pastaza N°1, Masculino Los Ríos N°1, Cañar N°2, El Oro N°2, Guayas N°3, Pichincha N°3, Masculino Pichincha N°2 y CAI masculino Ambato.

Pese a estas acciones que el SNAI asegura desplegar, las armas siguen ingresando a los centros de privación de libertad. El pasado 30 de abril las FF.AA. localizaron una nueva caleta en el Centro de Privación de Libertad Loja, donde se encontró 3 armas de fuego, 6 alimentadoras, 215 municiones, 6 armas blancas, 30 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

¿Todo orquestado?

El constante ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país es el resultado de la ausencia de verdaderas políticas de control y vigilancia para el área de rehabilitación social.

Para Mario Carrillo, ex director del SNAI algunas prácticas parecen deliberadas, pues no se explica, por ejemplo, cómo se construyeron las mega cárceles del país, de manera antitécnica. Es decir, sin la provisión adecuada de servicios básicos como agua; sin comedores y para rematar, sin incluir desde el principio el funcionamiento de cámaras para el control al interior de las cárceles dentro del sistema de vigilancia del ECU911.

A ello se suma, las demoras del gobierno para pagar a los proveedores, que en el caso del servicio de alimentación para los centros de privación de libertad se volvió una constante desde hace varios años.

Carrillo asegura que ninguna empresa va a participar en las licitaciones realizadas mediante el sistema de compras públicas para dar la alimentación de las cárceles si el Ministerio de Finanzas tarda en pagar hasta ocho meses. “Estamos hablando de que deben pagarse dos millones de dólares mensuales. Quién puede sostener los costos de desayuno, almuerzo y merienda para unos 20 mil privados de la libertad, sino le pagan tantos meses. Qué empresa va a trabajar si le están debiendo millones de dólares”, cuestiona.

Por lo tanto, para el militar en servicio pasivo, el grupo LaFattoria nunca iba a tener competencia, pues ninguna otra empresa quiere participar en los procesos de contratación para el mencionado servicio.

Con este argumento explica las constantes renovaciones de los convenios de pago con la mencionada empresa. Y agrega que urgen cambios en la política del sector, pues solo con el uso de la fuerza pública no habrá soluciones integrales.

Desde el 1 de mayo pasado la empresa LaFattoria interrumpió el servicio de alimentación a 20 cárceles del norte del país por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

Luego de las declaraciones del presidente Noboa sobre sus razones para pedir a la Fiscalía que investigue a LaFattoria, Richard Villagrán, dueño y representante de la contratista, mediante un comunicado de prensa emitido este 2 de mayo, desmintió la aseveración del mandatario de que los USD$171 millones recibidos por esta empresa del Estado, habría servido para financiar a grupos criminales. Y atribuyó la posición del gobierno a una táctica para justificar la falta de pago a esta contratista. “Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación”.

Cuestionó las acusaciones de corrupción en su contra al aseverar que no hay evidencia, pues su empresa jamás ha sido denunciada penalmente, ni glosada por la Contraloría General del Estado. “Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL’s y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses”, advirtió.

En el informe sobre la situación financiera y administrativa expuesto por LaFattoria a la Superintendencia de Compañías, respecto al ejercicio económico de 2022, consta un total de ventas y otros ingresos por USD$100´088.292,6 (1,53% más que en 2021), con una utilidad neta de USD$ 3′ 445.555.

Sus ingresos por ventas de servicios sumaron USD$47´168,952. El mayor volumen de esos ingresos provino de servicios brindados a instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el SNAI.

Este reporte es el último presentado por LaFattoria ante el organismo de control societario.

La historia de la danza de millones de LaFattoria como contratista del Estado

Entre 2012 y 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos del país, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un monto de USD$ 92 millones.

Las primeras contrataciones de alimentos para las cárceles con esta empresa las realiza el entonces ministro de Justicia Lenin Lara y las continúa Ledy Zúñiga, con lo cual las ganancias de LaFattoria empezaron a despuntar, reflejándose en las declaraciones al impuesto a la renta que despegaron desde 2013 con USD $511 mil; 2014 con USD$977 mil y 2015, con USD$707 mil.

De acuerdo con información entregada por el SNAI a la Asamblea Nacional (en junio de 2022), otro contrato del Ministerio de Justicia se firmó el 14 junio 2018 por USD$17 millones; luego se suscribió un contrato complementario del 28 de noviembre de 2018 por USD$1´363.000.

A partir de diciembre de 2018, hasta enero de 2022 el SNAI no volvió a firmar contratos con LaFattoria. Es decir, esta empresa siguió operando sin relación contractual sino mediante 15 convenios de pago.

Según información del SNAI y del portal de compras públicas, seis concursos han sido declarados desiertos:

En suma, entre 2016 y casi el primer semestre de 2022 LaFattoria fue la única contratista que manejó la provisión de alimentos a todo el sistema penitenciario del país.

LaFattoria ha sido también contratista del programa de alimentación escolar del Gobierno. Mil Hojas publicó en 2017 (https://www.milhojas.is/612484-un-velo-de-misterio-cubre-la-muerte-de-dos-ninas-en-un-colegio-publico-de-naranjal.html) que los padres de dos niñas que murieron tras ingerir leche en mal estado responsabilizaron de lo ocurrido a esta empresa. El abogado de las familias afectadas denunció robo de la información y de las fotos del médico forense que probarían que la muerte de las estudiantes ocurrió luego de la ingesta de leche entregada por Lafattoria S.A. a un centro educativo fiscal.