Hotel Quito: la china CRBC fue favorecida con 120 días de prórroga para el pago y con rebaja de $6,6 millones

El 3 de diciembre de 2015, a través del memorando 585, el gerente general del BIESS informó al entonces presidente del Directorio, Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, que había solicitado establecer un precio base de US$ 37.43 millones para iniciar el proceso de puja y repuja.

Esta cifra se basó en los informes jurídicos emitidos por los departamentos de Banca de Inversión y Riesgos de la entidad y en los resultados del análisis de PWC Ecuador. Luego, el Directorio del BIESS aprobó el mecanismo de desinversión mediante el Acta Resolutiva #03910215. Entre otros puntos, también se resolvió respetar la competencia del gerente general para fijar el precio base y continuar con la subasta bursátil, considerando criterios de rentabilidad acordes con el giro del negocio del Banco de los Afiliados.

Bucheli Albán Mestanza asumió la gerencia del BIESS el 16 de septiembre de 2015 y fue quien realizó todos los preparativos para la negociación bursátil; su última gestión la cumplió el 26 de enero de 2016 y consistió en dejar lista la convocatoria para subasta, a ser realizada el 31 de marzo de ese año. Dejó el cargo un día después.

El 28 de enero de 2016, Danilo Bernardo Ortega Salazar asumió la Gerencia General. Una de sus primeras decisiones fue postergar la subasta por 21 días y comunicar a las Bolsas de Valores de Quito (BVQ) y de Guayaquil (BVG) sobre el inicio del proceso de desinversión. Sin embargo, esperó hasta el 20 de abril para realizar la convocatoria a subasta, que se efectuó al día siguiente.

Ese 21 de abril, apenas dos horas antes de la apertura del mercado bursátil, Ortega Salazar informó, a través del Memorando BIESS M-GGEN-0099-2016, que el precio base será de US$ 30,82 millones, es decir, US$ 6,6 millones menos que el valor recomendado por la PWC. Una ganga sobre la que solo tuvo conocimiento la empresa china, la única registrada para la subasta.

“En beneficio de los intereses del BIESS y acogiendo las recomendaciones en los informes de gerencias de Banca de Inversión y de Riesgos y Coordinación Jurídica, el valor base que se tomará para la subasta bursátil es de US$ 30’827.333, que corresponden al valor del capital social de QUITOLINDO Quito Lindo S. A. acorde a los estados financieros en el 2015… por favor proceder con las operaciones necesarias para continuar con este proceso de desinversión y perfeccionar la venta de las acciones de Quito Lindo, a través de la subasta en el mercado bursátil nacional, según lo aprobado por el Directorio”, reza el documento, que también consta en el Informe del Examen Especial realizado por la Contraloría.
Allanado así el camino para la privatización del hotel, la subasta serializada de acciones de Quito Lindo arrancó el 21 de abril a las 11:30. Según los registros bursátiles a los que tuvo acceso Mil Hojas, a las 12:20 fue cerrada la transacción con la proclamación del resultado y la adjudicación del patrimonial Hotel Quito a la china CRBC.

Cumplido esto, la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) generó la liquidación N° 2581 por US$ 30’827.333, valor que debió ser transferido el 26 de abril de 2016 al Depósito Centralizado de Valores (DCV) del Banco Central y de ahí a las cuentas del IESS.

Sin embargo, llama la atención que esas transferencias no fueron realizadas y, más aún que el mismo 21 de abril, Ortega Salazar, gerente del BIESS y Víctor Chiriboga, gerente de la Casa de Valores Portafolio, que actuó como operador bursátil de la CRBC, hayan firmado un acta-compromiso para que dicho pago se efectúe el 17 de mayo.

Este compromiso tampoco se cumplió y ese 17 de mayo firmaron una segunda acta-compromiso, en la que se amplió el plazo a 120 días laborables.

Eso no es todo. Ortega también suscribió con la CRBC un contrato de compraventa con nuevas cláusulas: pactó un abono inicial de US$ 1 millón, que debía ser transferido al DCV y los restantes US$ 29’827.333 con pagos graduales durante los 120 días laborables, esto es hasta el 14 de septiembre de 2016. En el contrato se estipuló el pago de un interés del 8,89% anual por parte de la firma asiática. 

En opinión de Ramiro Crespo, analista bursátil y presidente de Analytica Securities Casa de Valores, a todas luces, los cambios en las condiciones de pago configuran una flagrante violación de la Ley del Mercado de Valores que, para este tipo de operaciones, fija en tres días laborables (3T) el plazo de pago en la compra de acciones de renta variable.

“La negociación de las acciones del Hotel Quito tiene una serie de incongruencias por las modificaciones de los plazos para el pago del total y por el secretismo de las autoridades para difundir detalles de la venta a la empresa china”, enfatizó.

Además, para el experto, la subasta del Hotel Quito fue direccionada para favorecer a la gigante asiática y recuerda que, en 2016, al frente de la Superintendencia de Compañías, entidad responsable de controlar este tipo de transacciones, estaba Suad Mansur, otra cercana y fiel servidora del expresidente Rafael Correa.

El experto espera que el gobierno de Daniel Noboa investigue y actúe con agilidad para anular esa venta que jamás debió realizarse, no solo por ser un bien patrimonial sino porque fue hecha en el tiempo récord de un día, con lo que se discriminó a otros posibles inversionistas interesados, cuya participación pudo haber alentado la puja y, así, obtener el mejor precio posible.

Mil Hojas conversó también con una exfuncionaria bursátil, quien pidió la reserva de su nombre. “Llama la atención que se haya permitido el pago después de cuatro meses de la subasta en la Bolsa de Quito. Esa permisividad puede ser una ilegalidad y el DCV del Banco Central permitió que se la cometa, porque esta entidad es la que realiza las compensaciones y liquidaciones de las operaciones de las bolsas en plazos establecidos por la ley”, señaló.

Hace 5 años, la Contraloría remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal que apuntan, entre otros, a Richard Espinosa

La subasta en cuestión fue objeto del Examen Especial (EE) DNA3-0018-2019, realizado por un equipo de expertos de la Contraloría General del Estado (CGE), que incluyó el análisis de las acciones tomadas por las autoridades del BIESS entre el 1 de enero de 2015 y el 24 de mayo de 2016. También abarcó los procesos de valoración, negociación y venta de la compañía Quito Lindo S.A., bajo la cual el IESS mantenía registrado el 100% de las acciones del hotel capitalino.

Sobre la base de ese EE, el ente de control elaboró y remitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP). En las conclusiones señala que, mediante el memorando 585 del 3 de diciembre de 2015, Cristian Marcelo Bucheli Albán Mestanza, a esa fecha gerente general del BIESS, informó al entonces presidente del Directorio, Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, que se había solicitado establecer un precio base de US$ 37.43 millones para iniciar el proceso de puja y repuja.

Por ello, el informe de la Contraloría concluye que Ortega tomó esa decisión “sin los sustentos económicos, técnicos ni legales que justifiquen la disminución de US$ 6.6 millones del precio base”, lo que perjudicó los intereses institucionales en lugar de buscar el mejor resultado. Además, el ente de control advierte que Ortega, de forma unilateral, sin contar con la autorización del BIESS, extendió de 3 a 120 días el plazo para que la empresa china cancele los US$ 30,8 millones, sin contar con la autorización del Directorio del BIESS y “beneficiando al comprador y cambiando la modalidad de la negociación con la cual se liquidó la venta de las acciones”.

Es importante destacar que, si bien la Contraloría señala a Ortega, en el informe no exime de responsabilidad a Richard Espinosa, representante de Correa ante el Consejo Directivo del IESS y presidente del Directorio Banco del IESS, dueño del HQ.

El IRP de la Contraloría concluye con un señalamiento contundente: “…El señor Richard Espinosa no se pronunció sobre el pedido de autorizar como precio base de la subasta el valor de $37,4 millones, ni realizó la supervisión y el seguimiento del proceso de venta, permitiendo que se disminuyera el precio base en US$6.6 millones, perjudicando los intereses institucionales…”.

El ente de control detectó indicios de responsabilidad penal en las acciones y en los hechos descritos y remitió el informe con los resultados del Examen Especial con IRP a la Fiscalía General para que investigue el caso y, de encontrar mérito, ejerza la respectiva acción penal.

Hasta la fecha, la Fiscalía no ha informado sobre el seguimiento dado a este caso.

El mashi Correa y el corcho Cordero, los “socialistas” actores clave para la privatización del Hotel Quito

Con esta investigación, el equipo de Mil Hojas intenta levantar el velo de opacidad que ha cubierto la privatización del HQ, paradójicamente, a manos del autodenominado gobierno de la revolución ciudadana o socialismo del siglo 21.

La línea de tiempo elaborada sobre la base del análisis de la documentación recabada por este Portal y facilitada por las fuentes consultadas, permite poner en evidencia una cadena de decisiones adoptadas desde 2013 por los miembros del Directorio y por la Gerencia del BIESS o Banco de los Afiliados, que habrían ahuyentado a otros posibles inversionistas y beneficiado directamente a la CRBC.

La privatización del HQ fue promovida durante el Gobierno de Rafael Correa y concretada, por orden expresa del exmandatario, un año antes de que termine sus 10 años en el poder. Sí, la disposición de vender el emblemático HQ la dio Correa en 2007, en cuanto asumió por primera vez la Presidencia de la República. Esto se colige del jalón de orejas dado en el llamado enlace ciudadano, mejor conocido como sabatina, #426, el 30 de mayo de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=junl4xnKH8w&t=2905s

En ese espacio, Correa se quejó por la demora en esa venta: “Ocho años y no hemos podido vender el Hotel Quito, pese a que la Constitución lo ordena. Son expertos para boicotear desde adentro, ahí el comité de empresa, incluso con los gerentes, porque es su espacio de trabajo, su espacio de poder, no piensan en la ciudad”.

Llama la atención que Correa -cuyo estatus desde 2018 es el de prófugo de la justicia, tras ser sentenciado a ocho años de cárcel en el Caso Sobornos- y cuyo discurso estatista fue uno de sus sellos de campaña, en este caso haya asegurado que si el Hotel Quito pasa a manos privadas se podrá hacer una importantísima inversión.

“Están los terrenos del Hotel Quito; de hecho, la propuesta es así, que se mantenga el nombre de Quito, pero con un respaldo de una cadena internacional, todo un desarrollo inmobiliario que va a ser muy beneficioso… Ocho años llevamos tratando de vender ese hotel, entregaré el gobierno en el 2017 y no lograré vender. Rendimos tributo al arte de cierta burocracia para impedir que se hagan las cosas, ahí sí son unos artistas” vociferó en ex jefe del Ejecutivo.

La furia de Correa se debía a que, pese a sus órdenes, no habían podido concretar la venta, a pesar de que el 6 de junio de 2013, mediante la Resolución BIESS-011-2013, el Directorio del Banco del IESS (BIESS), presidido por Fernando Cordero, uno de sus fieles colaboradores y alfil en el movimiento oficialista Alianza País -hoy Revolución Ciudadana (RC5)- autorizó la desinversión de las acciones del hotel, que estaban registradas a nombre de la compañía Quito Lindo S.A., que pertenecía al BIESS.

Con esa misma resolución se encargó al Gerente General de ese banco que presente el cronograma y el plan de venta del inmueble, sin importar que, por su carácter patrimonial, no podía ser privatizado.
Este llamado de atención, que a Correa le tomó menos de un minuto de la sabatina que duraba al menos cuatro horas, rindió fruto: once meses después, el 21 de abril del 2016, el BIESS, mediante una ágil subasta bursátil, convocada un día antes, vendió el hotel a la única interesada en participar en la operación: la CRBC, que ofertó y se llevó el Hotel Quito en US$ 30.8 millones, cuyo destino aún se desconoce.

Eduardo Peña: aunque es complicado, haré lo posible para recuperar el hotel

Sobre la posibilidad de declarar nula la venta y recuperar el hotel, en entrevista con Mil Hojas, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IESS y del Directorio del BIESS, admite que es complicado hacerlo, pero dice que hará lo que esté a su alcance para lograrlo, en caso de que un juez pruebe que la empresa fue parte de actos ilegales para comprar el hotel.

Lo que Peña considera es que pudo haber peculado por la rebaja de US$ 6,6 millones del precio base de US$ 37,43 millones para la subasta. Por ello dispuso a Jorge Andrade, procurador jurídico del IESS y funcionario de su confianza, que se ponga al tanto de las acciones realizadas por la Contraloría y de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, para sumarse a ellas e iniciar las acciones que correspondan para resarcir ese perjuicio por el que, según él, debe responder el gerente general que dispuso la rebaja el precio base para la subasta. «Yo no sé ni quién fue ese gerente, pero vamos a investigarlo», afirmó.

Quién tomó esa decisión es Bernardo Ortega, como se ha explicado en líneas previas de esta nota. Lea la entrevista completa con Eduardo Peña en el documento adjunto.

La CRBC afirma que canceló los US$ 30,82 millones más intereses y remite respaldo de los documentos de pago

Mil Hojas esperó varias semanas que el ciudadano chino Xing Zhang, gerente general y representante en Ecuador de la constructora CRBC, atienda un pedido de entrevista para que exponga la posición de la compañía sobre esta controversia.

El 20 de junio, por medio de la agencia que maneja sus relaciones públicas, se solicitó el envío de una lista de temas a tratar. Cinco días después, la empresa envió por correo electrónico copias de los tres pagos y el día 28, el cuestionario con las respuestas.

En lo medular, la empresa afirma que todo el proceso se realizó dentro del marco legal y que en ninguna parte del contrato se menciona un término de tres días para el pago. Y agrega que el requisito contractual establecido para la cancelación fue el siguiente:

• Un abono inicial de US$1 millón, que el comprador deposita en la presente fecha (de la subasta) en el DCV-BCE, para su inmediata entrega al vendedor.
• El Saldo de US$ 29,82 millones, pagaderos en un plazo de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre (fecha de pago).
• Sobre el saldo se aplicó un interés anual fijo calculado a la tasa activa referencial de 8,89% publicada por el BCE a la fecha de cierre. El interés fue calculado desde la fecha de cierre hasta el día de pago efectivo.

Por ser la primera vez que la gigante asiática explica en detalle este caso, en el documento adjunto, se publica íntegro el cuestionario respondido.

Defensores del HQ exigen evidencia de que la CRBC pagó los US$ 30,8 millones y del ingreso de ese dinero a las cuentas del BIESS

Al problema de la irregular subasta del Hotel Quito se suma la falta de transparencia en la entrega de información por parte de las entidades estatales responsables de esa negociación. Hasta la fecha, ni el BIESS, ni el IESS ni el Banco Central han dado una respuesta favorable a los pedidos de acceso a la información efectuados desde hace al menos 4 años por el Cabildo de Quito y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

El 27 de junio pasado, este Portal de investigación periodística remitió a Jonathan Robles, director nacional del DCV un pedido de información en el que se le solicitó las fechas y los documentos de respaldo de los pagos que debía realizar la CRBC.

Con el argumento de que los términos de negociación de las operaciones bursátiles están bajo reserva, la Dirección de Comunicación del Banco Central negó la entrega de esa información. También se intentó hablar con Bernardo Ortega, gerente del BIESS, y con Víctor Chiriboga, gerente de la casa de valores Portafolio y quien actuó como operador bursátil en representación de CRBC en la subasta de abril, pero no respondieron llamadas ni mensajes. Portafolio cerró sus puertas en septiembre de 2021 tras su cancelación del Catastro Público del Mercado de Valores, por denuncias de estafa, defraudación bursátil y tributaria en contra de Chiriboga y de quien fue su presidente ejecutivo, Álvaro de Guzmán. Este último, en abril de 2021, también fue involucrado en el proceso judicial penal por delincuencia organizada en Petroecuador, denominado por la Fiscalía General como “Caso Las Torres”, en el que fueron sentenciados en primera instancia 11 funcionarios, entre ellos el excontralor Pablo Celi.

El 28 de junio de 2024, Mil Hojas también remitió solicitudes de información a esas entidades y a la Fiscalía General, con el propósito de conocer los avances de la indagación previa abierta en 2020, en respuesta a la denuncia presentada por la CNA.

En el caso del IESS, el pedido fue remitido a la Dirección General. Se solicitó copia del balance que refleje los pagos realizados por la empresa china, copia de la disposición que amplió de 3 a 120 días el plazo para que la CRBC cancele los US$30,8 millones y un detalle de las inversiones que se dijo realizarían con esos recursos.

La solicitud fue asignada a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, la que el 10 de julio de 2024, envió como respuesta un memorando en el que ignora lo requerido y se limita a detallar los antecedentes del traspaso del HQ al BIESS, efectuado en 2009, y la transferencia del 100% del paquete accionario a Quito Lindo, realizada en 2011.

Alex Silva Arias, titular de esa Subdirección, indica que el pedido debe ser canalizado al BIESS, gestión que Mil Hojas la realizó el mismo día 28 y que, hasta el cierre de esta edición, tampoco fue atendida.

En este punto, es preciso anotar que, desde octubre de 2023 hasta el 1 de febrero de este año, se solicitó sin éxito una entrevista con Jorge Muñoz Torres, quien fue el último de los cuatro gerentes del BIESS nombrados en el gobierno de Guillermo Lasso y el primero en el de Daniel Noboa. Tras su renuncia, el 2 de febrero último asumió ese cargo Luis Cabezas-Klaere a quién, por medio de la Dirección de Comunicación, también se le solicitó un espacio el 7 de junio pasado, sin que hasta ahora se haya agendado una entrevista, a pesar de múltiples ofrecimientos. Solo Jorge Luis Andrade, procurador general del IESS, dijo a este portal que CRBC sí pagó en las fechas comprometidas, “lo digo yo, pero no tengo porqué entregarles esa información… tiene sigilo”, respondió.

Estas evasivas ponen en evidencia que la opacidad es otra característica cuando de negociaciones con China se trata. La activista Rocío Bastidas fue una de las primeras en levantar la voz de alerta sobre la falta de información sobre el pago de los US$30,8 millones. Ella dijo a Mil Hojas lo siguiente:

…“Esa situación la hemos venido investigando y ha sido categórica la afirmación de que no hay una evidencia concreta en una transferencia, algo que diga la empresa china pagó en tal fecha y quedó liquidado el negocio…”

En ese sentido, Bastidas destaca la urgencia de que las nuevas autoridades, que no tienen responsabilidad en el proceso de subasta, informen con transparencia todo lo referente a la venta del Hotel Quito. También insta a que emprendan las acciones legales que correspondan para identificar y sancionar a todos los funcionarios de administraciones anteriores como autores intelectuales y materiales del que llama “el atraco del Hotel Quito”, para dar un mensaje de tranquilidad a los afiliados, pensionistas y ciudadanos que dependen del IESS.

La líder barrial advierte que, si no actúan con celeridad, en mayo de 2026 se cumplirán 10 años de la firma del contrato de venta con la CRBC y se corre el riesgo de que prescriba la causa.

Consultado por Mil Hojas sobre esta alerta, Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, calificó a la venta del Hotel Quito como “una serie de sucesos delincuenciales”.

Por lo anotado, Bastidas y Rodas exigen que las autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, del BIESS y del IESS declaren la nulidad de la subasta y recuperen ese bien que pertenece a los pensionistas y afiliados que, mes a mes, pagan sus aportaciones.

Germán Rodas también expresó su indignación por la reciente adjudicación del contrato, mediante régimen especial, para la construcción de la cárcel en Santa Elena (Guayas) a la compañía Puentes y Calzadas, subsidiaria de la china CRBC. El proceso fue aprobado por el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNAI) y defendido por el presidente Daniel Noboa, quien desestimó un comunicado de la CNA y dijo que quienes están detrás de las críticas a ese contrato son los narcotraficantes.