Yachay: la Senescyt guarda silencio sobre los informes de Contraloría
Las empresas chinas CEIEC y Gezhouba, adjudicadas hace nueve años con más US$233 millones en contratos para Yachay, preparan demandas contra Ecuador. Aunque parte de las obras contempladas en sus contratos fue suspendida tras anomalías detectadas por la Contraloría, hoy las firmas asiáticas reclaman al Estado supuestos pagos pendientes y hasta daños y perjuicios.
Desde la contraparte nacional en esta controversia, es decir desde las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), la política ha sido omitir cualquier referencia respecto al estado actual de dichas obras en informes, discursos o declaraciones públicas
Con la banca china como la mayor aliada crediticia, así como con leyes adaptadas para contratar a las empresas de ese país, sin concurso y sin informes previos de organismos de control, el correato allanó el camino para lanzar uno de los más ambiciosos y costosos de sus “proyectos emblemáticos, Yachay-La Ciudad del Conocimiento.
Garantizadas las condiciones favorables no tardaron en poner sus ojos sobre el enorme abanico de obras que se ofrecían en Yachay, las estatales China National Electronics Imports & Export Corporation (CEIEC) y China Gezhouba Group Company Limited
El 20 de noviembre de 2015, Héctor Rodríguez, a esa fecha gerente de la empresa pública Yachay EP y Wang Fei, representante legal en Ecuador de la estatal CEIEC, suscribieron el contrato No. 047-2015, por US$ 63,56 millones (más IVA) para el desarrollo del proyecto «Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones en La Ciudad del Conocimiento-Yachay, ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.
En el cantón Urcuquí, de la provincia andina de Imbabura, Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay EP, explica al expresidente Rafael Correa los avances del proyecto, para cuya construcción fueron expropiadas 6.462 hectáreas de tierras fértiles. Foto: Alex Godoy Rivera/ImbaburaHoy
El proyecto consiste en la construcción de las obras de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones para 33 kilómetros de vías y líneas de subtransmisión, además de una subestación de 25 megavatios que conecta a Yachay con Ibarra, capital de esa provincia. Esto incluye obras civiles, equipamiento mecánico, eléctrico, electrónico, de telecomunicaciones y sistemas asociados.
Contrato 047-215, por US$ 63,56 millones, suscrito en noviembre de 2015 por Héctor Rodríguez , gerente de Yachay EP, y Wang Fei, representante de CEIEC-Ecuador. Su ejecución total suma hasta el momento más de 3.300 días de retraso.
La forma de pago establecida en el contrato fue 50% de anticipo, con cargo al convenio de crédito que, por US$1.000 millones suscribió previamente el Gobierno de Rafael Correa con el Eximbank; y pago por avance de obra.
El plazo para la ejecución de este contrato con CEIEC fue de 730 días calendario, contados desde la orden de inicio, que se cumplieron en noviembre de 2017.
El 25 de noviembre de ese mismo año, Yachay EP suscribe con Gezhouba un contrato por US$ 169,67 millones para la construcción de infraestructura básica y equipamiento. El financiamiento también provino del Eximbank y el plazo para desarrollarlo fue de 850 días, es decir hasta mayo de 2018.
Sin embargo, los plazos originales de ambos contratos no se cumplieron y hasta la fecha tampoco hay actas de entrega-recepción definitiva en ninguno de los dos casos.
El contrato con Gezhouba para los sistemas de agua potable, alcantarillado, un centro médico y hasta un mercado tampoco ha sido concluido, debido a que primero fueron construidos los cinco edificios y las vías en la Ciudad del Conocimiento.
Se destapa la caja de pandora
Un informe sobre el estado de Yachay, del entonces presidente Lenín Moreno, presentado cuatro meses después de asumir el poder, delató los primeros escándalos sobre este proyecto y fue una de las señales que marcó la distancia política con su antecesor y exaliado, Rafael Correa.
Luego de visitar La Ciudad del Conocimiento, el 12 de septiembre de 2017, Moreno denunció una nómina de 746 empleados, cuyos sueldos demandaban un gasto anual de US$13,5 millones. El rector ganaba US$18.000 y los catedráticos hasta US$ 16.000 al mes; muchos eran científicos de renombre, pero impartían clases de manera virtual. La empresa tenía 9 gerentes, cada uno de los cuales contaba con dos asesores, además de 21 abogados y 14 comunicadores sociales.
En septiembre de 2017, el presidente Lenin Moreno luego de un recorrido por Yachay, declaró que el «proyecto emblemático» de su antecesor Rafael Correa era inviable y pidió la intervención de Contraloría.
Foto: Archivo Presidencia de la República
Con esta radiografía del proyecto, Moreno solicitó la intervención de la Contraloría. El 9 de febrero de 2018, este organismo de control informó que, de un análisis de contratos por US$ 104,3 millones, se determinó pagos en exceso de $954.000 por un contrato para el alcantarillado de La Ciudad del Conocimiento, en el que no se cobró una multa de $280.000. A esto se suma otro pago en exceso por US$1,7 millones en la construcción del edificio Ciencias de la tierra o Clúster, un centro de salud y un centro de emprendimiento. Todas estas obras son parte del contrato con Gezhouba.
Por estas y otras irregularidades en el accionar de varias contratistas de Yachay (entre ellas las empresas chinas), el 10 de diciembre de 2019, con Decreto Ejecutivo 945, Moreno cambió el enfoque y el nombre de Yachay EP por el de Siembra EP. Buscaba reorientar su función “hacia el desarrollo de un entorno de docencia, investigación, innovación y producción, enfocado en productos agrícolas tradicionales y no tradicionales”.
Ese objetivo quedó en el papel, pues en marzo de 2020 debido a la crisis económica y a la emergencia mundial desatada por la pandemia del Covid-19, Moreno dispuso la extinción de Siembra EP y el traspaso de todos sus activos a la Senescyt, que asumió el manejo de la Ciudad del Conocimiento.
En 2021, el excontralor Carlos Riofrío lanzó reveladoras alertas sobre los graves problemas en Yachay
Luego de un recorrido por las instalaciones de La Ciudad del Conocimiento-Yachay, el 31 de agosto de 2021, el entonces contralor subrogante Carlos Riofrío, en declaraciones a medios de comunicación, alertó sobre varias irregularidades e incumplimientos en ese “proyecto emblemático”.
“Lógicamente, para poder soterrar o hacer las alcantarillas, tenían que nuevamente romper toda la vía que ya estaba construida… Por ese impedimento que tenían, los contratistas se quedaron con el anticipo, se dieron ampliaciones y finalmente pidieron la liquidación de los contratos”.
Esa fue apenas una de las anomalías que explicó Riofrío, luego de lo cual anunció que, en 90 días, estarán listos tres informes del ente de control y se procederá a receptar los descargos por parte de las empresas y exfuncionarios de Yachay EP, responsables de los procesos de contratación.
Dichas auditorías se orientaron a analizar el destino que Yachay EP y Siembra EP dieron a créditos que, por US$135 millones, otorgó entre 2015 y junio de 2021 el banco estatal de China Eximbank.
El contralor Carlos Riofrío, tras una vista a la Ciudad del Conocimiento en agosto de 2021, denunció que CEIEC y Gezhouba no pudieron cumplir sus contratos de sistemas eléctricos y servicios básicos, porque primero habían sido construidos los edificios y las vías, a pesar de lo cual, cobraron los anticipos. Fotos: Contraloría
Entre los resultados de estos exámenes se determinó responsabilidad civil contra autoridades y contratistas por US$ 43,99 millones y el desembolso de un anticipo por US$31.46 millones, sin un justificativo técnico.
En marzo de 2022, la Contraloría aprobó el examen DNA2-0014-2022, en el que contabilizó siete años de retraso en la construcción de la red eléctrica subterránea a lo largo de los 33 kilómetros de distancia entre Yachay e Ibarra, obra a cargo de CEIEC.
El costo de esta fase del contrato fue de $48,5 millones, 85% de los cuales fueron cubiertos con un crédito del Eximbank.
Ese mismo mes, la Contraloría envió una denuncia a la Fiscalía General del Estado, luego de que el equipo auditor señalara que no hubo un estudio de conveniencia ni de viabilidad técnica y económica para esta obra.
Además, se responsabilizó a la Dirección de Diseño de Yachay EP de no enviar los planos al Municipio de Urcuquí, debido a lo cual no se contó con los permisos para la construcción. El informe de auditoría, en una de las conclusiones puntualiza que “no se pudo constatar la revisión y aprobación de los estudios de la Empresa Eléctrica del Norte (Emelnorte)”, requisito ineludible por tratarse de obras de alta y media tensión.
Además, los análisis de los auditores permitieron detectar varios pagos injustificados: US$ 6’92 millones por trabajos de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones que no cumplieron las especificaciones técnicas, US$255.278 por equipos de la red informática que no se ajustaron al contrato, US$793.815 por trabajos inconclusos y US$ 49.668 por equipos que no tenían la capacidad de comunicación establecida para la red informática.
Buena parte del proyecto Yachay, palabra quichua que significa conocimiento, lejos de la prometida réplica del Silicon Valey californiano, es ahora una suma de esqueletos de hierro y cemento abandonados y con una montaña de conflictos y millonarias pérdidas para Ecuador. Foto: Redacción MilHojas
Entre los hallazgos también se menciona que una empresa sin experiencia fue contratada para fiscalizar la obra, lo que explica que no haya exigido soluciones técnicas en los diseños y la legalización de trabajos complementarios. Eso no es todo, esa empresa habría abandonado la obra sin aprobar las planillas de avance.
En criterio de los auditores de la Contraloría, los responsables de las anomalías detalladas fueron los gerentes de Yachay desde 2015 hasta 2020.
El primer gerente general de Yachay EP fue Héctor Rodríguez, quien asumió el cargo en 2013 y renunció el 5 de julio de 2017. Fue quien suscribió los contratos con Gezhouba y CEIEC. Dejó el cargo tras denunciar falta de apoyo al proyecto por parte del Gobierno de Lenín Moreno.
Fue reemplazado por el exalcalde de Ibarra Jorge Martínez, quien dimitió el 22 de febrero de 2019. En junio de ese año, el guayaquileño Adrián Zambrano asumió la gerencia y ofreció reorientar el enfoque del proyecto hacia el desarrollo agrícola.
El tiempo pasó y los problemas no fueron solucionados. En febrero de 2022, en una entrevista desde la Casa de Gobierno, el expresidente Guillermo Lasso dijo que ha existido un despilfarro en Yachay, en donde, aseguró que se invirtió US$ 1.200 millones y solo hay activos tangibles por US$ 200 millones.
«… Con el dinero de Yachay se financiaban las giras que hacían los gobiernos anteriores, con delegaciones de hasta 200 personas en dos aviones. Yachay no tenía por qué pagar eso, se ha despilfarrado cerca de US$ 1.000 millones», enfatizó el exmandatario.
El 7 de enero de 2023, mediante el Decreto Ejecutivo 639, Lasso ordenó el cierre definitivo de Siembra EP y del proyecto de la Ciudad del Conocimiento y dispuso que la Senescyt asuma todas las acciones administrativas, legales y financieras de Yachay EP y de la llamada Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE-Yachay).
Ante la falta de respuesta, dos días después se contactó vía telefónica a César Vásquez quien dijo que, por cuestiones de agenda, no había sido posible atender el pedido y facilitó el número de su nueva directora de Comunicación, a fin de fijar fecha para la entrevista.
Mil Hojas reenvió la solicitud a dicha funcionaria, quien se comprometió a encontrar un espacio para el diálogo.
El 10 de septiembre de 2024, cumpliendo un requerimiento de la Dirección de Comunicación de la Senecyt, Mil Hojas envió esta solicitud de entrevista con su titular César Vásquez, que aún no ha sido atendida.
El 22 de noviembre, tras varias insistencias, la directora de Comunicación informó que no sería posible la entrevista, pero aseguró que enviará una ayudamemoria con las respuestas. Hasta el cierre de esta edición, no llegó el documento.