En agosto de 2006, cuando era reportero de televisión, documenté cómo el barco de nombre Jet Mark, con bandera de Madagascar y tripulación asiática, había cargado en sus bodegas 135 mil galones de diésel subsidiado para venderlo a precios internacionales en alta mar. Al preguntar a los trabajadores del Puerto de Manta cómo pudo suceder, contestaron que en 24 horas decenas de tanqueros descargaron ese combustible en una terminal. Nunca hubo en el rostro de los empleados portuarios un gesto de reprobación, no pasaba por sus mentes tensión legal alguna, era un hecho natural con el que convivían y se preguntaban qué hace un periodista indagando lo que no le importa.

Esa prueba evidente de tráfico de combustibles en cantidades irrazonables continuó sin control en lo que va del siglo. Siete presidentes, miles de diputados, centenares de funcionarios de control callaron sobre este sistema de robo del patrimonio de la nación. La prensa nunca encontró un camino para abordar estos hechos y los políticos se acostumbraron a callar y ser parte de los beneficios que entrega este sistema rápido y eficiente de corrupción.

No recuerdo a políticos social cristianos hablar de la venta ilegal de combustibles subsidiados y cuando llegó la revolución ciudadana simplemente los funcionarios se mimetizaron en la pirámide de riquezas ilegales que ya estaba constituida. Solo hay que recordar las conversaciones de Jorge Glas con un ex funcionario de control de hidrocarburos llamado José Luis Cortázar.

Este negocio de la corrupción anclado a los puertos y a las rutas de tanqueros, parece que puede llegar a su fin. Creo que es histórico y a momentos inverosímil la forma en que el gobierno de Daniel Noboa ha dejado al descubierto este millonario negociado: solo bastó un simple cruce de las cuentas de compras y ventas de las empresas que comercializan estos combustibles y compararlas en el tiempo, información que reposa en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH. Nada mas.

Desde fines de este 2024, pese a las malas condiciones del Ecuador,  ya no podemos volver a mirar y valorar a los funcionarios del ARCH bajo el prisma de la incomprensión: los hechos ya están al descubierto con enorme facilidad, el sistema de comercializar los combustibles subsidiados a precios del mercado ha quedado en total evidencia y no puede haber retorno, no puede haber silencio, ni impunidad.

No recuerdo a políticos social cristianos hablar de la venta ilegal de combustibles subsidiados y cuando llegó la revolución ciudadana simplemente los funcionarios se mimetizaron en la pirámide de riquezas ilegales que ya estaba constituida. Solo hay que recordar las conversaciones de Jorge Glas con un ex funcionario de control de hidrocarburos llamado José Luis Cortázar.

El primer nocaut le acaba de llegar al alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, que hasta hace poco fue accionista de un grupo al que llamaremos por simple pedagogía COPEDESA. Las denuncias del ARCH, a las que se suma Petroecuador y el Servicio de Rentas Internas, dicen que las empresas de Álvarez recibieron de Petroecuador diésel subsidiado para que lo vendan en tres segmentos: naviero, industrial y automotriz; millones de esos galones se vendieron a precios del mercado, generando ganancias superlativas en favor de las empresas del alcalde y su familia.

El director de la Unidad de Análisis Financiero, José Julio Neira, aseguró en su cuenta de X que el beneficio por el contrabando -entiéndase robo- le generó ganancias de 94 millones de dólares a las empresas de Aquiles Álvarez desde 2021.  

La primera línea de este negocio pasa por el segmento naviero, la denuncia de la ARCH ante la fiscalía asegura que la empresa del alcalde Álvarez en este ramo, llamada Terminal Naviero Petrolero Ternape, recibió 61.3 millones de galones de diésel subsidiado entre 2018 y 2024. Con información cruzada con el SRI se sabe que entre los años 2021 y 2023 esta compañía entregó 5 millones de galones de diésel de forma irregular a una empresa armadora de buques en Panamá.

Esa cantidad de diésel, 5 millones de galones, representa como 70 barcos, similares al Jet Mark con bandera de Madagascar, que documenté en ese agosto de 2006.

Otra línea en que dicen se benefició a las empresas del alcalde guayaquileño es el industrial, como en el caso de la compañía Corpalubri S.A. que vendió mas combustible del que recibió de Petroecuador. Entre 2022 y 2023 se habrían desviado 5,45 millones de galones.“…significa que, éste Diesel facturado a los consumidores finales, habría provenido de otro segmento de mercado, causando un gran perjuicio al Estado Ecuatoriano”, dice la denuncia en fiscalía.

Sobre el ramo automotriz, sorprende que los medios no hayan explotado la presentación que hizo José Julio Neira, de la UAFE, en la Asamblea Nacional, sobre la forma en que Copedesa, vendió combustibles subsidiados sin estar autorizada para ello. Hay el caso de venta de 123 mil galones a una persona natural, incluso información sobre un tipo de vehículo que recibió 117 mil galones de gasolina extra y 3200 galones de diésel. Si fue así hasta la Luna parece un destino fácil de llegar.

El alcalde Álvarez  contraatacó con fuerza y no ha dudado en acusar de persecución al gobierno actual. En tiempos electorales es notorio que volverá a refugiarse en la revolución ciudadana y ya se ha incluido en la misma lista roja de víctimas como Correa, Glas y Topic, risible en verdad. 

El FMI dice que los subsidios de combustibles en el mundo fueron de 7 billones de dólares a 2022. La cifra no solo representa el dinero que los gobiernos gastan directamente para abaratar los combustibles, sino también el valor de los costos que la sociedad asume debido a su consumo, pero que no se ven reflejados en el precio que pagan los consumidores.

La determinación del gobierno en este caso abre el camino para identificar y acabar con las estructuras del tráfico de combustibles marcadas por falsificaciones de documentos, sobrefacturación, clientelismo, extorsión y asesinatos. No es cosa menor lo provocado pero la poca institucionalidad de los organismos de control frente a la reacción violenta del alcalde acusado y otros grupos similares nos puede llevar a ningún lugar, tal como aquel reportaje que elaboré en el puerto de Manta hace 18 años.