“Generan su propia electricidad o se quedan sin ella”. Ese fue, en esencia, el mensaje que el presidente Daniel Noboa trajo de su visita a la República Popular China para las empresas asentadas en el sector minero ecuatoriano y como destinatario directo a la empresa china Ecuacorriente ECSA, que desde 2019 explota cobre del proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe.
Ante los micrófonos de la radio guayaquileña ‘Centro’, Noboa enfatizó: “Pedimos que existan acciones reales de incremento de generación y transmisión eléctrica por parte de las empresas mineras chinas, sino simplemente, se les bajará el breaker y chao. Ahí vean cómo se las arreglan”.
El Gobierno ha insistido a Ecuacorriente, que pertenece al grupo chino Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., que acepte renegociar las condiciones del contrato para explotar la segunda fase de Mirador (Mirador Norte) e incorpore una adenda que obligue a la empresa china a construir su propia planta de autogeneración eléctrica y cubrir con ella toda la energía que demanden sus operaciones.
El contrato suscrito con Ecuacorriente en 2012 contemplaba una inversión de $216 millones para construir la central Santa Cruz-Hidrocruz, con capacidad de 138 MW, destinada a garantizar el suministro eléctrico de Mirador a largo plazo. Sin embargo, la obra nunca se construyó y la concesionaria minera ha dejado claro que no está dispuesta a asumir esa inversión, por lo que el inicio de la explotación de Mirador Norte, previsto para enero de 2026, permanece pendiente de la negociación entre la empresa y el Gobierno de Daniel Noboa.
Lo que sí realizó Ecuacorriente es una inversión controversial para construir una planta móvil de fabricación de explosivos sin autorizaciones e incumpliendo requisitos y normas que han generado pérdidas para la mayor parte del grupo empresarial chino que está detrás de esta construcción, ubicada a 550 metros de la mina principal de cobre de Mirador y dentro de la zona de seguridad de la frontera con Perú.
El 28 de junio de 2016, ECSA contrató a la comercializadora y productora de explosivos Auxinor Auxin Norbenco S.A., otra empresa estatal china, para levantar la obra. Los trabajos comenzaron el 20 de febrero de 2017 y, aparentemente sin que la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se enterara y finalizó el 30 de septiembre de 2019.
No fue sino hasta el 16 de diciembre de ese año que, en una visita de personal militar del Centro de Control de Armas de Loja a las instalaciones de Mirador se constató que la fábrica estaba terminada y lista para operar.
Un informe del Comando Conjunto CC.FFAA-CONARM-loj-2019-108-lNF-O confirmó que la fábrica está instalada a 10 kilómetros del límite político internacional con el Perú, “siendo necesario verificar la existencia de acuerdos internacionales de la prohibición o no para la construcción de una fábrica de explosivos. La fábrica a cargo de Auxinor Auxin Norbenco está lista para operar, sin embargo, no cuenta con la autorización; existen dos vehículos para mezclar y transportar el explosivo ya elaborado y recomienda solicitar a Ecuacorriente S.A. y Auxinor Auxin Norberco S.A., presenten las justificaciones de la construcción de la planta que no contaron con las respectivas autorizaciones; (también) del ingreso al país de los vehículos para mezclar y transportar explosivos, y de ser caso, sancionar a las mismas”.
Auxin Norberco S.A. fue creada el 25 de marzo del 2015, siendo su principal actividad económica la comercialización y producción de productos pirotécnicos incluidos cápsulas fulminantes y detonadores.
No obstante, los continuos fracasos de esta empresa, subcontratista de Ecuacorriente, para acceder a las autorizaciones que le permitan poner en funcionamiento la fábrica de explosivos la colocaron al borde de su disolución, pues la operación de esta fábrica o planta móvil de matriz de emulsión era el principal giro de negocio de Auxinor. Ante su incapacidad de generar ingresos, sus pérdidas empezaron a aumentar de manera vertiginosa.
En informes presentados, ante la Superintendencia de Compañías, Auxinor detalla cómo va variando su situación financiera desde el inicio de la construcción de la fábrica de explosivos.
En agosto de 2016, casi un año y medio después de que la empresa fue constituida aumentó su capital social en $197.000, con lo que totalizó $200.000. Además, recibió su primer préstamo del exterior por un valor de US$ 600.000 por parte de Auxin Holdings (Hong Kong) Limited, una de sus empresas relacionadas.
En los primeros reportes ante sus accionistas chinos y el organismo de control societario de Ecuador, Auxinor proyectaba contar con ingresos por la fabricación de explosivos desde 2017. “Al momento se encuentra en el proceso de construcción de la planta generadora de ingresos y se estima que a finales de 2017 inicie con la facturación por la fabricación de explosivos”.
Es decir, prácticamente daba por sentado que obtendría las autorizaciones para construir y poner en operación la fábrica de explosivos dentro del proyecto Mirador.
Esa confianza de la contratista china tenía como base la aprobación del Consejo Sectorial de la Producción del Gobierno de Rafael Correa, que dos meses antes de terminar el mandato (marzo de 2017), aprobó la construcción de la fábrica bajo la etiqueta de un contrato de inversión de $9,4 millones.
En las notas a los estados financieros de Auxin, a diciembre de 2017 los representantes de Auxinor informaban la decisión tomada en junio de ese año de volver a elevar el capital suscrito de la compañía a $1.600.000, mientras la construcción de la fábrica ya había demandado un gasto de $ 1.271.108,59.
Un examen especial de la Contraloría General del Estado al proyecto Mirador, aprobado el 14 de julio de 2020, señaló que el 27 de febrero de 2018 el Comando Conjunto de las FF.AA., emitió un informe con un análisis del Centro de Control de Armas Pichincha, en el que señalaba que “la empresa Auxinor Auxin Norbenco, tiene la finalidad de instalar una planta terrestre móvil para fabricar explosivos para el proyecto minero Mirador, y que en la documentación no constan la evaluación del cumplimiento de la normativa legal vigente, estudios de mercado, organización financiera, impacto ambiental, etc, para que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto, realicen el análisis y emitan un informe técnico de factibilidad, considerando que las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de fábricas de explosivos se conceden de manera extraordinaria y siempre que el Estado no pueda atender la demanda nacional a través de las empresas públicas correspondientes al sector de la defensa”.
La indagación de la Contraloría puso bajo la lupa los acuerdos de Auxin Norbenco con Explocen (empresa de fabricación de explosivos de propiedad de las Fuerzas Armadas). En su respuesta al organismo de control, la empresa china señaló que el 1 de agosto de 2018 anunció la firma de un acuerdo para supervisar la operación de la planta y, si no podía cumplir con lo pactado, aportar para que Auxin obtuviera el permiso de operación correspondiente.
Explocen, sin embargo, precisó el alcance de ese acuerdo: las cláusulas segunda, tercera y cuarta establecían que ellos brindarían asistencia en la transformación de materiales en elementos explosivos, además de supervisar su fabricación y producción, pero no incluía facilitar el acceso a la aprobación de los permisos de operación de la fábrica.
Mientras avanzaban las obras civiles de la fábrica, las cuentas de Auxin Norbenco se deterioraban. Al 31 de diciembre de 2019, las pérdidas acumuladas habían reducido su patrimonio en $243.019, pese a que ese mismo año recibió un préstamo de $510.000 de su compañía relacionada: Beijing Auxin Chemical Technology Ltd.
Para entonces, la planta reportaba un 95% de avance. El 5% restante, según la propia Auxin Norbenco, seguía atado a un obstáculo clave: todavía no contaba con los permisos necesarios para fabricar explosivos.
En 2021 el funcionamiento de Auxinor ya estaba en riesgo. Las pérdidas del ejercicio llegaron a $966.462 y las pérdidas acumuladas, a $1.466.365, con lo que superaban el 60% del patrimonio de la Compañía, “en consecuencia, se encuentraba en causal de disolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 198 de la Ley de Compañías, lo que afectaba a su continuidad como negocio en marcha. La mejor alternativa y lo que permitiría salir de la crisis económica en la que se encuentraba la Compañía es la obtención de los permisos para empezar a operar (la fábrica), mientras se los consigue se realizará más seguido importaciones para generar ventas y reducir gastos, otra alternativa es el aporte de los accionistas para aumentar el capital”, así lo reportó la empresa ante la Superintendencia de Compañías.
La deuda de Auxinor había escalado a niveles millonarios. En 2019 y 2022, sus préstamos con empresas relacionadas ya sumaban $4.36 millones y $7,7 millones respectivamente. Las compañías vinculadas a Auxinor y que han sostenido sus necesidades financieras son: Auxin Holdings (Hong Kong) Limited, Beijin Auxin Chemical Technology Ltda., Beijing North Nouxin Technology Co. Ltd y North Blasting Technology Co. Ltda.
Los perfiles de estas empresas denotan que Auxinor es un punto de conexión dentro de una red china altamente especializada en minería, explosivos civiles, ingeniería y materiales industriales. Auxin Holdings (Hong Kong) Limited, constituida en 2015 en una de las jurisdicciones más utilizadas por empresas chinas para estructurar inversiones globales, canaliza financiamiento a las operaciones de Auxinor y articula su conexión con el resto del conglomerado.
La pieza que define el alcance internacional del grupo es Beijing Auxin Chemical Technology Ltd., subsidiaria del poderoso conglomerado estatal NORINCO, líder mundial en explosivos civiles. Esta empresa no solo respalda financieramente a Auxinor: es la que marca el rumbo. Con el mayor volumen de importación y exportación del sector y la presencia global más extensa, Beijing Auxin Chemical Technology Ltd. es la encargada de internacionalizar la industria china de explosivos civiles.
Las demás compañías que complementan la cadena industrial: Beijing North Nouxin Technology Co. Ltd., especializada en productos de grafito de carbono para maquinaria, y fundición de metales no ferrosos. North Blasting Technology Co. Ltd., fundada en 1997, completa el circuito corporativo con la fabricación de explosivos civiles, operaciones de voladura, entre otras actividades.
El financiamiento entre Auxin Norbenco y sus empresas del grupo se disparó entre 2018 y 2022
Los balances de la compañía reportados a la Superintendencia de Compañías muestran tres créditos activos con empresas del mismo grupo en China. El saldo total pasó de USD 4,36 millones en 2018 a USD 7,70 millones en 2022, un incremento de 76,5%.
Saldo por empresa, 2018–2022
Montos en dólares, según los informes financieros correspondientes a los años que tienen información completa.
Quién concentra el crédito en 2022
Composición del saldo total de $7,70 millones por empresa relacionada.
Ritmo de crecimiento por empresa
Auxin Holdings (Hong Kong) es la que más creció: su saldo casi se cuadruplicó en cuatro años, mientras las otras dos empresas subieron de forma moderada.
Pese a este fuerte andamiaje corporativo que la sostiene, 2022 fue especialmente complicado para Axinor. Su rentabilidad siguió afectándose, no pudo generar ingresos no solo por no poder fabricar explosivos en Ecuador sino también porque “el importar explosivos no dejaba un margen de utilidad”, señala uno de sus informes.
“El 19 de abril del 2022, los accionistas capitalizaron $1’400.000 de préstamos otorgados a Auxinor, con el fin de que pueda superar la causal de disolución, por las pérdidas consecutivas que ha tenido”.
En ese año la compañía a través del embajador chino en Ecuador insistió ante el gobierno de Guillermo Lasso para obtener las autorizaciones para el funcionamiento de su fábrica de explosivos, pero fracasó.
Y así lo corroboró uno de los informes: “Auxinor volvió a ingresar la solicitud de permiso para el funcionamiento de la planta de explosivos ubicada en el proyecto Mirador -Zamora Chinchipe en el Ministerio de Defensa Nacional, nuevamente es negado, se está negociando alianzas para poder obtener los permisos”.
El ministro de Defensa de ese entonces Luis Lara confirmó a Mil Hojas esta solicitud, pero recordó que fue negada. Tras la negativa, Ecuacorriente planteó la venta de la fábrica de explosivos al Estado ecuatoriano “por un valor descomunal”, que también fue negado.
Las pérdidas de Auxinor en 2022 se ubicaron en $935.596 y las pérdidas acumuladas llegaron a $2’353.969.
El oxígeno financiero recibido por Auxinor de sus cuatro empresas relacionadas, desde su primer año de funcionamiento, le ha permitido continuar operando y salir de la causal de disolución, pese a que incluso en sus balances de 2025 se registran $8 millones en préstamos de sus accionistas.
Hasta 2025 la construcción de la planta ha demandado un gasto de aproximadamente $6 millones de dólares para Auxinor.
Fábrica de explosivos apenas a 10 kilómetros de la frontera con Perú
La fábrica de explosivos fue construida en una zona que, aunque se ubica dentro de una concesión minera legal, está a 10 kilómetros de la frontera y, por tanto, dentro de la franja de seguridad establecida por la legislación ecuatoriana.
Foto cortesía de PlanV
La Ley de Seguridad Pública y del Estado determina que esta zona comprende una franja terrestre de 40 kilómetros desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional. Se trata de un espacio sometido a un régimen especial de seguridad: la propia ley establece que los bienes, espacios geográficos, servicios y actividades que se encuentren en estas zonas están sujetos a regulaciones especiales y pueden tener regímenes jurídicos específicos y diferenciados.
La normativa también establece controles adicionales para determinadas actividades. El artículo 41 de la misma ley dispone entre otros puntos que las concesiones relacionadas con bienes y servicios estratégicos particularmente aquellos vinculados con zonas de frontera, requieren informes del órgano rector de la Defensa Nacional y del órgano rector de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público.
La fábrica de explosivos no solo estaba destinada a una actividad que, por su propia naturaleza, requiere autorización y control de la autoridad militar, está ubicada dentro de una zona sometida a un régimen especial de seguridad fronteriza.
El 29 de diciembre de 2025 el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 268, mediante el cual aprobó la delimitación de las Zonas de Seguridad del Estado de Frontera y las Áreas Reservadas de Seguridad que quedaron bajo control de las Fuerzas Armadas, en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. El decreto se sustentó en la identificación de espacios que, por razones de seguridad nacional, exigen regulaciones especiales frente a las amenazas que enfrenta el Estado como el narcotráfico y la minería ilegal.
La delimitación específica de estas zonas consta en un Anexo B clasificado como secreto y destinado al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, el general Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa de la época del presidente Guillermo Lasso, declaró a Mil Hojas que “no es conveniente el funcionamiento de esta fábrica de explosivos en esa zona de seguridad” que ahora es de 40 kilómetros. “Antes, los 20 kilómetros se cubrían con dificultad. 40 kilómetros imagínese. Las Fuerzas Armadas están desbordadas”.
Lara Jaramillo contó que, como ministro, negó el pedido de autorización para que funcione esta planta de mezcla de emulsión de explosivos dentro del proyecto Mirador, “sobre todo por seguridad debido a los delitos que ahora se concentran en esa zona y además porque (la empresa china) incumplió con todos los requisitos para construir una fábrica de esa naturaleza”.
Estos incumplimientos motivaron el informe de auditoría DNAG-0020-2020 de la Contraloría General del Estado sobre el Proyecto Mirador. El organismo de control concluye que tanto la contratista (Ecuacorriente) y la subcontratista (Axin Norbenco), sin contar con la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, incumplieron las leyes y construyeron la fábrica. “Además, la construcción se inició sin la aprobación de los diseños definitivos por parte de la autoridad sectorial competente y sin la factibilidad técnica requerida, lo que representa un riesgo en términos de seguridad y control sobre los procesos y materiales involucrados”.
El informe detalla que “la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y otras entidades involucradas no realizaron una revisión técnica completa de los diseños y memorias técnicas de la planta y otras infraestructuras condicionadas en las licencias ambientales. Se señala que los análisis no incluyeron estudios geotécnicos, estructurales ni de materiales conforme a la normativa ecuatoriana, y que en algunos casos se aplicó normativa extranjera sin validación local.»
Defensa evita revelar datos de fábrica por ser información militar clasificada
Hasta agosto de 2026, el gobierno de Daniel Noboa no ha autorizado el funcionamiento de la fábrica de explosivos. Una semana antes de su renuncia, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, confirmó a Mil Hojas que no existe ningún pedido formal “ingresado” a alguna institución relacionada con el tema, solicitando autorización de funcionamiento de la planta.
En el mismo sentido respondió la Dirección de Armas y Explosivos: “de momento no existe una solicitud para la instalación de una fábrica de explosivos. Actualmente Explocen es la única fábrica nacional de explosivos industriales que existe en el país”.
Según la Dirección de Armas y Explosivos, “los controles se desarrollan en el marco a la normativa legal vigente, verificando características técnicas de los polvorines, almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos para su consumo”.
La mencionada dependencia militar informó que Ecuacorriente cuenta con 4 polvorines con capacidad de almacenamiento individual de 107.100 kilos de explosivos, es decir que en conjunto llegan a casi media tonelada. El 22 de abril de 2025 obtuvo el permiso para el manejo de explosivos, el cual estará vigente hasta 2027.
Fundación Mil Hojas solicitó al Ministerio de Defensa, entre otros temas, confirmar si autorizó el funcionamiento de la fábrica de explosivos instalada en el área de concesión de Mirador y si ha dado seguimiento a la construcción de dicha infraestructura.
Bajo el argumento de que se puede comprometer la seguridad de instalaciones o zonas de seguridad, la mencionada cartera de Estado no entregó ningún detalle sobre las preguntas planteadas por este portal.
Respondió que el 3 de septiembre, en oficio dirigido al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo Rendón, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. Henry Delgado Salvador, sostuvo que «no resulta jurídicamente procedente remitir información, confirmaciones, argumentos, criterios, informes técnicos militares ni documentación vinculada con Ecuacorriente, EXPLOCEN, Holdingdine S.A. u otras empresas mencionadas, en la medida en que la atención del requerimiento pueda revelar información militar clasificada o datos cuya difusión comprometa la seguridad de instalaciones, materiales explosivos, procedimientos de control o zonas de seguridad».
Mil Hojas también solicitó una entrevista al ministro de Defensa, no obstante, por temas de agenda, según el departamento de comunicación de esa cartera, el diálogo no pudo concretarse.
Fundación Mil Hojas además envió pedidos de información sobre este tema al Ministerio de Energía, que el 4 de septiembre de 2026 informó que los requerimientos “se encuentran en trámite por parte de la Subsecretaria de Minería Industria”. También a la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, entidad que confirmó el 3 de septiembre que en la zona de seguridad de la frontera con Colombia y Perú están inscritos 956 derechos mineros, entre los que se encuentran los de la china Ecuacorriente con el proyecto Mirador.
El pasado 26 de agosto de 2026, Mil Hojas también consultó con el departamento de Comunicación de Ecuacorriente, pero no recibió respuesta.
Boletín del sector minero · Banco Central del Ecuador
Mina Mirador, capa por capa
El mayor yacimiento de cobre del país alcanzó su plena capacidad operativa. Esto es lo que dejan sus primeras cinco vueltas de producción, en cifras.
La inversión
De los $2.510 millones proyectados para todo el proyecto, más de ocho de cada diez dólares ya están sobre el terreno.
La producción
Mirador ya opera a plena capacidad y se consolida como el mayor productor de cobre del país.
Entre enero de 2023 y marzo de 2026, la explotación acumulada llega a 77 millones de toneladas de mena extraídas y procesadas.
Exportaciones y recaudación
La operación estable de Mirador y la alta demanda internacional de cobre disparan tanto las ventas al exterior como los ingresos fiscales.
Los directos incluyen IVA, regalías, impuesto a la renta y utilidades mineras.
El otro lado: el impacto físico
La misma escala que sostiene estas cifras implica remover grandes volúmenes de suelo y roca de forma constante.
- Remoción de grandes volúmenes de suelo y roca a un ritmo constante.
- Alteración del paisaje en el área de explotación.
- Riesgo para fuentes hídricas y biodiversidad locales.
- Posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas por residuos mineros y emisiones de procesamiento.
Industria minera respalda ley que abre puertas a instalación de fábricas de explosivos
Desde noviembre del 2024, el Ecuador cuenta con una nueva Ley de Armas y Explosivos que permite, previo con un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armandas, la instalación y funcionamiento de fábricas de explosivos por parte de personas jurídicas de naturaleza pública, privada o de economía mixta (Art. 9 y 42).
Cecilia Orozco, ex presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador cree oportuno la aplicación de este articulado para en un futuro cercano contar con más plantas o fábricas de explosivos para la industria minera, pero demanda control para que los explosivos no terminen en las manos incorrectas.
“Hoy no estamos fabricando (explosivos) e igual estos terminan en las manos que no deben terminar. Lo único que estamos haciendo es encarecer la producción a los legales, que los legales tengamos que pedir con muchísima anticipación explosivos, encareciendo nuestros presupuestos, nuestra producción, porque evidentemente tenemos mucha más demanda que oferta, los precios siguen subiendo”, asegura la representante del sector.