En Ecuador cada día hay menos abogados dispuestos a defender a quienes el Gobierno de Rafael Correa califica como detractores, golpistas o simplemente protestan para defender sus derechos y rechazar sus políticas. Quienes asumen esa defensa admiten tener miedo, en especial por su familia, pero ratifican su compromiso de seguir al frente de esas causas. 
Linchamiento mediático, acoso judicial, seguimiento en autos, vigilancia en sus casas u oficinas e incluso agresiones físicas y amenazas de muerte sufren los juristas.
Su vida ha cambiado: no salen por las noches, no van a muchos compromisos sociales, cambian a diario sus rutas de ida y regreso y denuncian las amenazas y ataques a través de las redes sociales. Ellos aseguran que estas son las estrategias de protección que han adoptado ante la falta de un Estado protector y garantista de derechos y de una justicia independiente.
“Quizás tenga q desistir de patrocinar a ciudadanos q desean denunciar en Ecuador el caso Hacking Team. He sido amenazado de muerte”. Este mensaje, que el abogado guayaquileño Juan Vizueta escribió el 12 de julio en su cuenta de Twitter, alerta sobre la persecución que sufren en el país no solo quienes denuncian casos de corrupción, líderes de oposición o ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. También son objeto de amenazas y amedrentamiento sus abogados.
Cuatro juristas dialogan con Mil Hojas sobre esta situación y coinciden en que, más allá de los riesgos que implica para ellos y sus familias representar a dichas personas, está la defensa de los derechos y las libertades, algo que consideran inherente a su profesión.
Juan Pablo Albán, Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta también sostienen que, si bien la justicia ecuatoriana siempre ha estado politizada, nunca fue controlada ni estuvo tan sumisa ante el poder como ocurre con el Régimen de Rafael Correa, quien lleva ocho años en el poder. (Leer entrevistas adjuntas con estos abogados).
Obstrucción de la justicia, dilatación de los procesos, aplazamiento de las audiencias, cambio de jueces y fiscales e incluso multas y sanciones que los tienen al borde de la suspensión, son algunas de las formas de persecución judicial que afrontan los abogados a cargo de juicios como los entablados por el Régimen contra el asambleísta Clever Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa; el de los estudiantes del Colegio Mejía, Los Diez de Luluncoto, la maestra Mery Zamora, el ex oficialista hoy opositor Fernando Balda.
A eso se suma el linchamiento mediático del que son objeto por parte del jefe de Estado y otros altos funcionarios en las sabatinas que se transmiten por radio y televisión y en las diarias cadenas dispuestas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
Tales acciones han dado paso a la instauración de un estado de indefensión y censura que viola los derechos humanos consagrados en la Constitución garantista de Montecristi, que fue promovida y redactada por el mismo Régimen de Rafael Correa.
Se contraponen a la Carta Magna leyes, decretos y reglamentos punitivos, un aparato de justicia parcializado, una Defensoría del Pueblo que guarda silencio.
Incluso instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigths Watch y otras a las que los afectados acuden tras agotar las instancias locales de justicia, son objeto de una campaña de ataques y desprestigio por parte del Gobierno ecuatoriano.
Como si esto fuera poco, el Régimen es aupado por un ejército de seguidores que ha llevado las amenazas al plano de la violencia a través de las redes sociales, de llamadas telefónicas e incluso de amenazas de muerte que llegan también a los abogados. Ellos admiten que resulta absurdo decir que no sienten temor, en especial cuando los amenazados son sus hijos, sus esposas, su familia. Sin embargo, aunque han estado a punto de abandonar ciertos casos, aseguran que seguirán junto a quienes dejaron de ser sus clientes para convertirse en amigos. Por ello, los juristas ratifican su compromiso de seguir defendiendo los derechos de quienes consideran víctimas de un Gobierno que, pese a autodenominarse ciudadano, se convirtió en su peor amenaza.
Correa vs. los organismos internacionales
El último informe del Observatorio de Derechos Humanos (HRW en inglés), divulgado el 21 de julio bajo el título “Los tribunales retrasan indebidamente apelaciones de manifestantes”, enfureció al presidente Rafael Correa y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
En dicho informe, el organismo, que vela por la defensa de los derechos humanos a escala mundial, aseveró que la Justicia ecuatoriana retrasa los procesos de ciudadanos detenidos durante las manifestaciones contra el Régimen y los acusa de presuntos delitos como terrorismo y sabotaje.
Correa calificó de mentiroso al organismo y a su presidente, el jurista chileno José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. Según el mandatario, gracias a la reforma en la administración de Justicia, que su Gobierno efectuó a través del referéndum de 2011, “se han reducido grandemente los tiempos de los juicios, las audiencias fallidas, etc”.
Los argumentos del mandatario contrastan con el informe de HRW que presenta 14 juicios contra líderes de la oposición acusados de sabotaje, terrorismo y daños a bienes públicos durante las marchas efectuadas el año pasado contra su Gobierno.
Según Correa, Vivanco “odia a todos los gobiernos de izquierda de la Región y HRW se ha convertido en un partido más de oposición para los gobiernos progresistas…El informe de este año da vergüenza ajena (…) Diciendo verdades a medias que son dobles mentiras".
Jalkh dijo que técnicamente el informe es muy malo y deja mucho que desear. En su criterio, hace una confusión jurídica de muchos temas y hace afirmaciones jurídicas sin sustento técnico al sostener que en Ecuador los jueces no aplican el principio de favorabilidad.
Para el jurista Juan Pablo Albán, la queja de HRW sobre la falta de aplicación del principio de favorabilidad y el retardo injustificado en ciertas causas con contenido político contra detractores del Gobierno, está por demás justificada. “Por el contrario, estimo que la reacción del presidente y del señor Jalkh son la típica pataleta a la que estamos acostumbrados cuando son puestos en evidencia”.
Las críticas de Rafael Correa apuntan a todos los organismos que hacen parte del Sistema Interamericano, léase Comisión y Corte de Derechos Humanos, Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y a otras organizaciones independientes que monitorean el respeto a los derechos humanos el mundo.
HRW anota que “con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador continúo impulsando una campaña internacional orientada a socavar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y recuerda que el Gobierno no participó en audiencias públicas sobre Ecuador convocadas por la Comisión, y anunció que no cumplirá las medidas cautelares ordenadas por esta. A ello se suman las constantes amenazas de que Ecuador podría retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El observatorio dirigido por José Miguel Vivanco quien, por un informe similar Venezuela, en 2008 fue expulsado de ese país por el entonces presidente, el fallecido Hugo Chávez.
Dicho informe, de 267 páginas, HRW tituló "Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela".
Volviendo a Ecuador, el organismo internacional señala, entre otras cosas que, durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. “Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el Gobierno de Correa inició un drástico proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos. No obstante, como parte de este proceso, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que debilitan la independencia judicial”.
Eso no es todo. En el informe que puso los pelos de punta a Correa y Jalkh, HRW incluyó extractos de otro publicado en julio por la Fundación para el Debido Proceso Legal, De justicia y el Instituto de Defensa Legal, entes internacionales que documentaron “la habitual intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del Gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para sancionar a jueces que tomaban decisiones inconsistentes con las políticas del Gobierno de Correa”.