Ramiro García: “Imaginemos lo que significa, en un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente en 12 sabatinas”
Ramiro García es Doctor en Jurisprudencia por la PUCE y máster en Ciencias Penales por la Universidad Externado de Bogotá. En Buenos Aires realizó un posgrado en Derecho Penal y se doctoró en esa materia en la Universidad de Sevilla. Es el único especialista en Derecho Penal que tiene el Ecuador.
¿Ha sido usted objeto de persecución por defender a personas enjuiciadas por el Gobierno como golpistas?
Soy vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Desde esa posición gremial y como abogado en libre ejercicio denuncio un embate de parte del Consejo de la Judicatura (CJ) que difundió facsímiles contra el presidente y vicepresidente del Colegio.
¿Tiene pruebas?
Solo se puede poner en los casilleros judiciales papeles que el Consejo autoriza. Un día, todos los abogados encontramos un pasquín contra nosotros. A ese nivel de bajeza se ha llegado. Y no es sólo eso. En mi caso, voy como 12 sabatinas en las que he sido nombrado por el Presidente de la República como seudo penalista, seudo abogado, odiador y otros epítetos.
¿Qué implicaciones tiene esto en su vida profesional y familiar?
Imaginemos lo que significa, en un país con un Gobierno autoritario, ser insultado por el Presidente. Ser objeto de los odios gubernamentales no es la posición más cómoda. Tengo un hijo de 13 años que ve a su padre nombrado con insultos en la sabatina. Eso tiene una implicación familiar, por supuesto.
¿Ha recibido amenazas?
He tenido reclamos directos de gente allegada al Gobierno en diferentes tonos, pero no voy a hacer referencia a nombres, por obvias razones. Han habido advertencias, amenazas que, por supuesto, no han mermado ni en un ápice mi posición.
¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene? ¿Recuerda una época como la actual?
Jamás hemos tenido algo parecido a esto. Si bien nuestra justicia siempre fue políticamente débil y dependiente, jamás habíamos tenido esos niveles.
¿Qué casos considera que lo han puesto en esta situación? ¿Se siente vulnerable?
Varios, varios. He sido abogado de Los Diez de Luluncoto, por ejemplo. También de Fernando Villavicencio….
¿Hay abogados en la mira del poder?
Por supuesto. Y puedo afirmar también que hay una campaña de amedrentamiento contra los abogados que nos atrevemos a defender los derechos humanos de las personas afectadas por el poder.
¿Siente temor? ¿Ha pensado abandonar los casos?
Más de una vez el entorno familiar ha presionado para que deje unos casos y no tome otros. Profesionalmente eso no es posible. Imagínese, soy el único PHD en Derecho Penal en el país. Habría sido más conveniente para mí plegarme a cualquier Gobierno, jugar del lado del poder, legitimar con mis conceptos sus actuaciones y ser usufructuario de las mieles del poder, pero jamás lo haría.
Cada vez son menos los abogados dispuestos a tomar casos polémicos como los que usted defiende. ¿Considera que el país está llegando a un estado de indefensión?
Por supuesto. El derechos a la defensa consagrado de la Constitución depende de que haya abogados que quieran defenderlo, caso contrario no se lo puede ejercer. En la medida en que se reduce el número de abogados que quieran defender casos contra el poder, simplemente la gente que es atacada por el Gobierno no puede defenderse. Es así de sencillo.
Para eso están el Defensor del Pueblo, los jueces, los fiscales…
En situaciones normales eso sería lo lógico, pero a ellos los designa el poder gubernamental. Recordemos el caso de los defensores de los estudiantes del Colegio Mejía. Algunos de ellos se declararon culpables, pese a no serlo, porque se les ofreció una sentencia reducida. Eso les aconsejaron los defensores públicos, que reciben un sueldo del mismo poder que ataca.
¿Hacia dónde va el país?
Se han comido de tal manera la institucionalidad que la gente ha reaccionado y está tomando las calles como única vía de defensa y desfogue. Por eso van creciendo cada día las movilizaciones.
¿El Colegio de Abogados hará algo para respaldarlos?
En las próximas semanas el Colegio de Abogados de Pichincha emitirá un comunicado en el que planteamos los puntos que se deben abordar si es que en realidad se quiere promover un diálogo nacional, como pide el presidente de la República.
¿Qué está pasando con la administración de justicia?
Hay un sistema de persecución institucionalizado en lo procesal. En la actualidad, las garantías constitucionales y el debido proceso dependen de que el Consejo de la Judicatura no remueva a los jueces y les deje trabajar. Estamos viviendo, por ejemplo, cosas que son alucinantes como el caso Sharon, en el que suspenden a los jueces días después de haber emitido su fallo y ahora no hay quien dicte la sentencia por escrito. Ese tipo de cosas son irracionales. Entonces vemos que en el Consejo de la Judicatura no sólo tenemos jueces incondicionales con el poder sino además gente que desconoce totalmente el Derecho. Esa es una combinación complicada.
¿Cuáles son los riesgos para la gente, para el país?
Si los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo significa que estamos llegando a un nivel de arbitrariedad que resulta insostenible para el propio Gobierno.
En estos días el abogado Juan Vizueta escribió un tuit en el que indicó que analiza dejar de representar a personas que denuncian el caso Hacking Team porque ha recibido amenazas de muerte. ¿Qué reflexión le merece esto?
Yo también he recibido amenazas de muerte, pero seguiré defendiendo los derechos y libertades de la gente aotropellada por cualquier tipo de poder. Es totalmente entendible cualquier temor de un abogado, pues no se trata sólo de nosotros sino de nuestras familias. Hay que preguntar a qué nivel estamos llegando cuando el poder ataca a una persona como ocurrió con el señor de Crudo Ecuador, a quien le dejaron un ramo de flores a la casa donde estaba de vacaciones.
¿A qué nivel piensa usted que estamos llegando?
Son actitudes mafiosas que denotan mucho miedo del poder a las personas que actuamos dentro de la institucionalidad.
¿Cómo mira el panorama futuro en Ecuador?
Muy complicado para todos, empezando por el Gobierno. Yo creo que es el Gobierno el que la tiene más difícil por sus propias acciones, porque se ha comido una enorme popularidad, una popularidad sin precedentes, por su accionar arbitrario. Nadie está en contra de las obras de infraestructura, de vialidad, ni de las cosas positivas que hace este Gobierno. El problema es que las cosas negativas terminan afectando los derechos humanos y eso puede remover a todo un país. Eso es lo que está sucediendo ahora. Vemos que las reivindicaciones de todos los sectores que están protestando tienen que ver con derechos y libertades. Eso no se mide en kilómetros de asfalto.