Juan Vizueta: “Funcionarios del Ministerio de Justicia presionan a los jueces para que dicten los fallos”
El tuit que usted escribió el 12 de julio, en el que denuncia que analiza desistir de representar a personas que quieren denuncian el presunto espionaje de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) a través de un contrato con la firma italiana Hacking Team, generó alerta y temor. ¿Qué pasó, quiénes lo amenazaron?
Lo grave es que no lo hicieron con migo directamente sino a través de mi hija. Eso está generando un conflicto familiar.
¿Cómo ocurrió?
Cercaron a mi hija en la calle y le dijeron: “Dile a tu padre que no se meta en lo que no le conviene. Parece que quiere terminar como el general Gabela”. Asustada, ella me dijo que se quedó paralizada sin saber qué responder y con temor de que le hicieran algo.
¿Dejará esos casos entonces?
En un principio lo pensé. Imagínese lo duro que es que amenacen a través de sus hijos. Con esto logran lo que buscan, generar terror. Pero luego conversé con mi esposa y mis hijos y les dije que, más allá del temor, ese no es momento para la cobardía sino para defender con más valentía los derechos humanos. Eso es lo que he enseñado a mis hijos toda la vida y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
La Senain niega haber contratado a Hacking Team. ¿Qué gestiones ha efectuado hasta el momento para que las autoridades expliquen el asunto del supuesto espionaje telefónico a líderes de la oposición?
Como miembro del Directorio de la Federación Nacional de Abogados presenté un pedido para que el titular de la Senain, Ronny Vallejo, sea llamado a rendir confesión judicial.
Si es que acudiera ¿Qué pedirá que Vallejo declare?
Él tiene que aclarar el asunto de los correos electrónicos que WikilLeaks publicó, según los cuales, la Senain habría adquirido equipos para interceptar teléfonos inteligentes y computadoras. Recordemos que WikiLeaks es del señor Julián Assange, que es protegido del Gobierno de Rafael Correa y está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. La Ley nos faculta para llamar a todas y cada una de las personas involucradas en este supuesto plan de espionaje a ciudadanos. Recordemos que este asunto no es nuevo. Hace 17 meses la abogada Martha Roldós presentó ante la Superintendencia de Comunicación una acción judicial por un presunto delito similar. Lo que hicieron es no darle trámite por haber incumplido una formalidad: no presentar una cédula de identidad. Imagínese a qué extremo hemos llegado. Seguimos esperando que, por este caso, rinda confesión el director del oficialista Diario El Telégrafo, Orlando Pérez.
¿Qué otros casos bajo su defensa considera que le han puesto en esta situación y le preocupan más?
El caso de la ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Mery Zamora. Mire usted que, tras ser declarada inocente, el fiscal general Galo Chiriboga concurrió ante la Corte Constitucional y señaló que la sentencia había vulnerado los derechos del Estado y el debido proceso. Con ese argumento solicitó una acción extraordinaria de protección. Lo insólito es que la Corte haya aceptado ese pedido, aunque su actuación no sorprende al aceptar una acción extraordinaria de protección totalmente improcedente e indebida.
¿Por qué es improcedente e indebida?
Cualquier estudiante de Leyes sabe que la protección de los derechos humanos es para los ciudadanos, jamás para instituciones públicas y mucho menos para la Fiscalía General del Estado. El profesor Emilio Romero Parducci escribió un artículo en diario El Universo, en el que apoya nuestra posición y recuerda que la Fiscalía no tiene derecho a la salud, a la vida, a la educación. Más bien enfatiza que es el Estado el responsable de proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.
¿Qué derechos de Mery Zamora viola esa calificación de la Corte?
Esta acción extraordinaria de protección fue pedida por Galo Chiriboga, ex abogado personal del presidente Rafael Correa en el juicio contra el Banco Pichincha, ex ministro de Energía y Minas, ex embajador en España y, por último, su pariente. Nada raro resulta entonces que la Corte Constitucional haya calificado ese pedido totalmente infundado. (Nota del editor: En junio del 2014, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mediante sentencia, ratificó la inocencia de Mery Zamora, acusada de terrorismo y sabotaje por su supuesta participación en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010).
¿Hay conflicto de intereses, abuso de poder…?
Por supuesto y, finalmente, remiten el caso al Consejo de la Judicatura, en donde el fiscal Antonio Gagliardo pide nuestra suspensión por el lapso de seis meses. Tengo conocimiento de que está lista la acción para suspendernos a Pedro Granja, Silvio Enríquez y yo, que defendimos a Mery Zamora.
¿Usted denuncia persecución judicial?
Cómo más se puede llamar a este tipo de acciones, pero no es la primera vez ni el único caso. Lo mismo sucedió con el juicio de la hacienda La Clementina. Como defensores del abogado Álvaro Noboa, denunciamos una serie de irregularidades por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) que efectuó un proceso viciado. Incluso el depositario había comenzado a vender bienes y ganado a su antojo, como si fueran de su propiedad. Mostramos a los medios de comunicación que este señor había sacado facturas personales, lo cual es ilegal.
¿Qué hicieron al respecto?
Presentamos la denuncia en la Fiscalía y ésta mando un oficio al juez para que iniciara una causa contra el depositario judicial. Luego, el fiscal general Galo Chiriboga pidió que envíen el caso a Quito. Hasta el día de hoy no devuelven el proceso. Más bien nos demandaron por el supuesto delito de sabotaje en una publicación y unas declaraciones que hicimos. Eso hemos padecido a lo largo de todos estos años. Por cualquier mecanismo se nos trata de intimidar, de amedrentar.
¿Amenazas anteriores?
Sí, en el caso del señor Galo Lara. El señor Alex Cedeño, que declaró haber escuchado que Lara había amenazado de muerte, fue detenido por estar vinculado a un crimen. Incluso la Policía y el gobernador de Los Ríos informaron haber capturado a uno de los hombres más peligrosos de la provincia. A ese señor lo denunciamos ante los jueces porque en la audiencia nos amenazó de muerte. Eso está publicado en los medios, pero la Fiscalía no dice nada, más bien lo llevó a Quito para que declare en el juicio contra Galo Lara, pero su testimonio fue descartado por falta de pruebas.
¿Está llegando el país a un estado de indefensión?
Evidentemente, porque tenemos jueces sumisos, no hay derechos para los ciudadanos. Usted acude a una audiencia en la que el Gobierno tiene interés y se encuentra con delegados del Ministerio de Justicia sentados en las salas de audiencias presionando a los jueces para los fallos.
¿Cite un ejemplo?
Hace unos tres meses, en una audiencia porque a Galo Lara le acusaron de tener un celular en la celda, pese a que la persona de la celda contigua en la Cárcel de Latacunga aseguró que el celular es suyo y mostró la factura de la compra, un policía se lo quitó. Y terminaron sentenciándolo. Lo burdo de esto es que, en la audiencia, un señor del Ministerio del Interior hacía gestos con la mano para que el juez termine la audiencia y dicte sentencia. A ese punto hemos llegado en el Ecuador.
¿Desde cuándo se viene dando esta situación?
Desde diciembre de 2012 venimos recibimos una serie de amenazas que han cambiado nuestra vida. No podemos salir con la misma confianza. Tengo terror por mis hijos, no sabría qué hacer, me volvería loco si algo les llega a pasar. Pero, aun así, no es el momento de cobardías. Eso es lo que he enseñado a mis hijos y, desde hace 26 años, a mis estudiantes universitarios. No puedo hacer lo contrario a estas alturas de la vida.
¿Cuál es la salida?
Que el Gobierno deje el autoritarismo y quiera controlarlo todo, que nos permita vivir en democracia, que se respete el estado de Derecho, que los abogados podamos ejercer libremente y, sobre todo, que tengamos jueces idóneos e imparciales. Hoy no tenemos esa garantía constitucional básica para una sociedad libre y democrática. Como es no ocurre, acudiremos a las calles. Ese es el último recurso y el más efectivo para defender los derechos humanos. Es el último reducto que nos queda y lo vamos a utilizar.
¿Es decir que los abogados plegarán a la movilización y paro nacional que convocados para el 13 de agosto?
Así es, nos vamos a sumar como abogados. Así lo resolvió el Consejo Nacional de la Abogacía, sede Guayaquil. Vamos a apoyar el paro convocado por los trabajadores y los movimientos indígenas y sociales. Ya se han sumado los médicos, los abogados también calentaremos las calles en este momento triste de la historia.
Acoso judicial a Juan Vizueta
1. Denuncia del ex Director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, contra el abogado Juan Vizueta y su socio Pedro Granja Angulo, por presunto delito de Rebelión. La causa fue una publicación que realizaron en el diario El Comercio, en la que los acusan de expresiones injuriosas, amenazas al Depositario Fiscal, al Recaudador y al Secretario de Coactivas del SRI, dentro del proceso coactivo contra Exportadora Bananera Noboa.
2. Sumario administrativo iniciado por el Consejo de la Judicatura contra los abogados Juan Vizueta, Pedro Granja Y Silvio Enríquez Toala para suspender su ejercicio profesional. La causa fue un escrito dentro del caso de la maestra Mery Zamora en el que cuestionan el proceder de la Corte Constitucional, por haber emitido un auto de admisión de la acción extraordinaria de protección presentada por el fiscal general Galo Chiriboga.
3. El abogado Pedro Granja, socio de Juan Vizueta, denunció ante la Fiscalía que fue agredido con golpes de puño por desconocidos, a la medianoche del 9 de julio del 2013, en la ciudadela 9 de Octubre de Guayaquil, cuando salía de casa de su padre. Tres sujetos a bordo de dos motocicletas lo interceptaron, uno de ellos lo insultó mientras otro lo agredió con golpes de puño. Quedó tendido en la vereda hasta que moradores lo auxiliaron.