Los empresarios del país se encuentran sorprendidos. Hay un cambio de actitud del Gobierno hacia ellos, dicen que en sus correos parece una presentación de las medidas que el Gobierno va a tomar para fomentar la participación del sector productivo privado en el público. 
Una jugada que podría sumar apoyos en plena crisis económica y política, otro movimiento pendular cuando el Gobierno se ha dado cuenta de que es tarde para una estrategia de cooptación de los sectores sociales. Por eso apuntan a los empresarios.
Imagen: Portada de la presentación enviada a los empresarios para mostrar los beneficios del Proyecto de Ley de Incentivos de Fomento de Alianza Público-Privada.
Desde el pasado 7 agosto, los empresarios han recibidos emails de Nathaly Cely, ministra Coordinadora de Producción, y de sus asesores más cercanos, anunciándoles que el Ejecutivo enviará un Proyecto de Ley con varios beneficios para quienes inviertan en proyectos en conjunto con el Estado. Uno de los incentivos más tentadores es que los proyectos estarán exentos del Impuesto a la Renta durante 10 años. Y sigue en conversaciones para adherir más propuestas antes de pasarlas como un Proyecto de Ley de carácter económico urgente que será aprobado de forma expedita por el oficialismo en la Asamblea.
El pasado 13 de agosto, la ministra asistió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para anunciar esta ley. El proyecto se lo define de incentivos como de fomento de alianza público-privada y tendrá el carácter de económico urgente. "Busca hacer más competitivo el acceso a financiamiento que tienen las empresas en el país, así como dar incentivos poderosos para las alianzas público-privadas y permita generar inversión tanto nacional como extranjera", dice un comunicado de la Asamblea Nacional.
Los empresarios consultados por Milhojas explican que los principios de este proyecto de ley se "han repartido como caramelos" entre ellos. Se refieren a una plantilla de Powerpoint en la que se muestran los beneficios a los que accederán los empresarios que inviertan en conjunto con el Estado. Esta nueva propuesta, en definitiva, apunta a que el Régimen se alíe con la clase empresarial en un contexto ene l que ha perdido varios apoyos populares. Medidas como esta no son nuevas, por una parte la estrategia del Gobierno en medio de la crisis de gobernabilidad que vive, se centra en la de sumar apoyos. Por una parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, salió temporalmente de la Cancillería, para reorganizar los Comités de la Revolución, que son comités barriales con agenda confrontativa, y así tratar de romper el paro de los trabajadores y la marcha indígena que llegó a Quito, para lo cual presentó un plan conocido como el Informe Patiño, que Milhojas lo hizo público. Ahora le toca el turno a la ministra Cely, que ofrece discrecionalmente financiamiento para proyectos, además de atenuar las medidas de las leyes que causaron la irritación de junio pasado.
Aquí van los ofrecimientos:
1. Hacer que los proyectos ente empresa privada y pública tengan tratamiento especial.
Los beneficios son claros para los inversionistas que decidan colaborar con el Régimen.
2. Facilidades financieras
Si el Gobierno ha desacreditado con tanta vehemencia los paraísos fiscales, en medio de su crisis financiera y política, se propone ahora permitir a los inversionistas que se vuelquen a su plan para obtener apoyos a través de le eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas los empresarios que se adhieran a esta propuesta y, que de esta manera, puedan conseguir estos recursos desde paraísos fiscales.
Este gráfico muestra que si ahora la financiación de un proyecto tiene una carga de alrededor del 15%, esta bajaría al 13,42%, al eliminarse gastos no deducibles y el Impuesto a la Salida de Divisas. Es más, se plantea eliminar la retención del 2,42%, por lo que la propuesta es totalmente beneficiosa. Una ganga, el precio es trabajar con y para el Estado y ponerse al servicio del Régimen.