CUENCA. Cuando recuerda a su amiga Ivonne del Rocío Cazar Ramírez, riobambeña, estudiante de Derecho de la Universidad del Azuay, desaparecida desde el 1 de marzo de 1996, Galo Cárdenas Rodas experimenta una mezcla de impotencia e indignación; y, a ratos, por sus expresiones, parece como si se recriminara por qué aquella última noche que la vio no le insistió, a su compañera de lucha política estudiantil, que se retirara con él del sitio donde departían en la clausura de un seminario de Derecho Tributario.
“No sé si le hubiera salvado la vida. No lo sé…”, reniega. Se entristece. Sus ojos se humedecen. Se afirma en su escritorio. Su mirada se pierde, como si retrocediera en el tiempo. Como queriendo de vuelta a su amiga, cuyo nombre ha aparecido consecutivamente en redes sociales en los últimos años. Y que, desde el pasado 1 de marzo, se ha vuelto a plasmar en las páginas de la prensa nacional. También se lo escucha una vez más desde los micrófonos. La razón: desde Guayas, el último 22 de febrero, se generó un oficio, firmado por Paúl Ponce Quiroz, Fiscal Provincial⇒, en el que se indica: “…que en la audiencia de juzgamiento dentro de la causa penal (…) varios testigos habrían manifestado hechos que tendrían que ver con la desaparición de la ciudadana Ivonne Cazar, acaecida en la ciudad de Cuenca años atrás y que al respecto (según los testimonios de las personas referidas) habría tenido participación el ciudadano Guillermo Andrés GómezJurado Astudillo (sic)”.
Imagen: la fotografía de Ivonne Cazar que aparece en el juicio de su desaparición y que circula en redes sociales.
La audiencia de juzgamiento que refiere Ponce en su escrito, enviado al Fiscal Provincial de Azuay, Rafael Martínez Andrade, se efectuó en diciembre en Guayaquil.
Ahí, GómezJurado Astudillo fue sentenciado a 22 años de prisión acusado de violar a una menor de 13 años, en agosto del 2010, cuando él laboraba como oficial de la Policía, en Guayaquil; y frecuentaba el cuartel ubicado en Luis Urdaneta y Boyacá, cercano al domicilio de su víctima, a la que había conocido desde los 11 años. Y quien, en sus declaraciones, dijo que en más de una ocasión el exuniformado la habría amenazado diciéndole que si lo denunciaba iba a terminar muerta y desaparecida como Ivonne Cazar, un nombre al principio desconocido para ella. Pero que, con el paso del tiempo, se enteró que se trataba de la estudiante universitaria.
Pero esa no es la única versión en contra del expolicía, quien ha apelado la sentencia y el próximo 18 de julio deberá acudir a otra audiencia por ese petitorio. También están los testimonios de otras víctimas y de sus madres, quienes conocen comentarios que han realizado varias de sus exconvivientes. Ellas habrían asegurado haber sido amenazadas de igual forma que lo hacía con la menor ultrajada en Guayaquil. Incluso, hay quienes aseguran que Guillermo actuó junto con un hermano, de nombre Diego (también oficial de policía en Azuay que estaba en funciones en el año 1996) y un amigo, para desaparecer el cuerpo de la universitaria, quien habría sido drogada, violada; y, como al parecer se les pasó la dosis no volvió a reaccionar. Después, su cadáver habría sido cremado. Aunque otros azuayos creen que el cuerpo pudo haber sido enterrado en algún sitio fuera de la ciudad. O lanzado al río Tomebamba, afluente que nace en una de las lagunas del Cajas; y desemboca en el Amazonas. Sitio que era bastante conocido por ambos exuniformados de la Policía Nacional.
Entre las páginas 118 y 123 del proceso, existe un informe dirigido al Comandante Provincial de Policía de Azuay de entonces, Édgar Villamarín Carrascal, que está firmado por el investigador Jorge Benítez Jaramillo (también policía). Ahí consta la versión de Víctor Granda López, que en 1996 era Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Azuay y amigo de Ivonne. Él indica que en esa institución habían recibido una llamada telefónica “de una señora que se ha negado a proporcionar su nombre y que ha manifestado ‘que la policía está directamente involucrada y que no se metieran porque les puede pasar algo y que esto lo sabía ella por fuentes confiables, además que César Jerves se ha acercado a GómezJurado (Diego) y le ha dicho que le ayude porque se le ha ido la mano… (sic)”.
Dentro del proceso, en el primer cuerpo, versiones y testimonios de amigos, familiares y conocidos de la universitaria hay varias frases que envuelven la desaparición de Ivonne en un manto de discriminación por su condición de mujer y porque se divertía a menudo. Por ejemplo, Diana Espinoza, compañera de estudios, indica que los primeros que callaron porque estaban más preocupados por no dañar el nombre de ella eran sus padres. “Tenían la esperanza de que volviera y no querían, por guardar y cuidar el honor de su hija, hacer escándalo alguno…”, cuenta.
Otra de las compañeras de Ivonne Cazar es crítica, incluso contra quien supuestamente era considerada como la mejor amiga de la riobambeña, y en su versión expresó: “…declaraciones que hace la señora Verónica Tama (cuñada de Diego GómezJurado Astudillo que entonces estaba casada con el actual ministro del Interior, José Serrano Salgado, quien era presidente de la Asociación Escuela de Derecho, de la cual Ivonne era la tesorera) sobre la personalidad que trata de darle a Ivonne Cazar le llama la atención a la declarante, pues como sostiene la mencionada señora, de haber sido Ivonne una persona que ha empezado ingerir mucho licor, (si fuese así) no hubiese podido ser la brillante estudiante que ha sido además que se desempeñaba en su trabajo perfectamente…(sic)”.
"No se puede decir que por la forma de vida que llevaba una mujer esta haya sufrido una agresión física, psicológica o sexual. Es un justificativo a la violencia que, por lo general, suele terminar en hechos de femicidio…"
César Duque, CEDHU
Ante esa adversidad, César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), advierte: “Cuando ocurre un hecho violento que acaba con la vida de una persona o termina en su desaparición, es un grave error querer hallar excusas o justificativos en asuntos íntimos de las víctimas. No se puede decir que por la forma de vida que llevaba una mujer esta haya sufrido una agresión física, psicológica o sexual. Es un justificativo a la violencia que, por lo general, suele terminar en hechos de femicidio”, expresa el experto.
Asegura que “el proceso judicial (sobre la desaparición de Ivonne Cazar) no arroja ningún resultado. Eso lo que demuestra es que en realidad fue difícil encontrar el cuerpo (si es que acaso fue asesinada) o no hubo una investigación efectiva para descubrir qué mismo sucedió con ella. El Estado ecuatoriano no ha cumplido con su obligación de esclarecer los hechos y hacer justicia a los familiares de la joven universitaria".
Con él coincide Diana Astudillo, de la fundación Taller de Bordado, que asiste a familias afectadas por crímenes por el femicidio en el Ecuador, y tiene su sede en Cuenca. Ella, que ha realizado estudios sobre la violencia contra la mujer, refiere: “(Ivonne Cazar) desapareció. Dejaron de buscarla. Dejaron de investigar… Hay mucho, mucho poder detrás de ese caso…”.
Galo Cárdenas respalda la versión de ambos y critica la intención de desprestigiarla. Recuerda que antes de su desaparición, Ivonne, quien era una de las estudiantes más sobresalientes de su facultad, había participado en la campaña de las elecciones al Consejo Universitario de ese centro de educación superior, porque “era excelente estudiante; además, siempre fue una persona de mucho respeto. Apreciada. Valorada".
Y esto fue justamente lo que la investigación policial y los rumores lesionaron. "Hicieron que se falte el respeto a la memoria de una mujer brillante”, recuerda su compañero de lucha estudiantil, un abogado experto en Derecho Civil, que impotente ha esperado una justicia que hoy, veinte años después de aquel hecho, todavía no ha llegado.
Para él y la familia de Ivonne, que desde un principio y hasta ahora ha preferido el silencio por la serie de rumores negativos que se vertieron en Cuenca, el caso estuvo rodeado de discriminación en su punto óptimo. Al citar la investigación policial, Galo Cárdenas se refiere al hecho de que esta parecía direccionada a decir que lo sucedido podría deberse a que la universitaria desaparecida protagonizaba una agitada vida social. “Se comenzó a rumorear que lo que le pasó justamente fue por andar en ‘pasos ligeros’", critica, indignado. Renegando incluso de la sociedad azuaya, que enmarcó así a quien fuera una de sus mejores amigas.
La mayoría de testigos, incluso su hermana, que cuenta que el 29 de febrero Ivonne llegó a las 04:30 a casa, refieren las salidas nocturnas que la universitaria tuvo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Es como si dieran a entender que sus acciones la llevaron a desaparecer abruptamente…
En efecto, en el proceso, que tiene seis cuerpos y reposa en los archivos del Juzgado Primero de Garantías Penales de Azuay, constan las versiones de al menos 32 personas que conocían o habían sabido de Ivonne antes de su misteriosa partida, incluidas las de los padres: Alcides Cazar y Marlene Ramírez. Y la de una de sus hermanas, de nombre Aida, con quien la universitaria vivía en el centro de Cuenca, y que fue quien denunció la desaparición. La mayoría de testigos, incluso su hermana, que cuenta que el 29 de febrero Ivonne llegó a las 04:30 a casa, refieren las salidas nocturnas que la universitaria tuvo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Es como si dieran a entender que sus acciones la llevaron a desaparecer abruptamente, una clara señal del machismo enraigado en la sociedad ecuatoriana, tanto en hombres como en mujeres. Tan dañinos fueron los comentarios que, con el pasar de los días y sin perder la esperanza de que aparezca, los padres de Ivonne prefirieron callar. “Para no afectar más su reputación…”, insisten testigos.
Posdata:
El 30 de enero de 2013, la imprenta Don Bosco, en Quito, fue allanda por orden de la jueza Laura López, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha. Allí se habían incautado 10 mil ejemplares del libro “La Roca, cementerio de hombres vivos”, por presuntamente contener “expresiones injuriosas” que afectarían los derechos de ciudadanos y funcionarios del Gobierno, incluyendo al Presidente de la República. El autor del libro era el entonces reo Óscar Caranqui, encarcelado por narcotráfico en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No 2 de Guayaquil, conocido como La Roca, y ahora fallecido tras una gresca en ese centro penitenciario. Caranqui, días después de la incautación de su libro, había elaborado en un video en el que decía que allí relataba la corrupción en esa cárcel y que iba a dar detalles sobre la desaparición de Ivonne Cazar⇒.