La interpretación de la ley pasa por los caprichos de Rafael Correa, se evidencia en la nueva persecución contra Fernando Villavicencio, el hombre que ha cercado el círculo de corrupción presidencial.
Ahora declarado insolvente, Villavicencio está a la espera del embargo de los pocos bienes que posee y el intento de apoderarse por parte del Estado de la vasta documentación que involucra a los funcionarios de la revolución en sendos actos de corrupción.
Imagen: Caupolicán Ochoa (izquierda), con uno de sus clientes, Rafael Correa.
Es más que una paradoja, porque el Ecuador ya olvido cómo el gobierno de Rafael Correa archivó un juicio de insolvencia contra el argentino Gastón Duzac, que se llevó $800.000 con ayuda de Pedro Delgado, el primo del propio presidente.
Entonces no hubo Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, para defender los derechos nacionales, pero ahora, como patrocinador del mandatario, actuó con la fuerza que el Presidente busca de sus servidores.
La demanda contra Villavicencio fue entregada a la Sala de Sorteos de los Juzgados de Quito el jueves 19 de mayo, cuatro días antes de que entre en vigencia el nuevo Código Orgánico General de Procesos. Esta nueva ley reguló la legislación sobre los casos de insolvencia con una particularidad, eliminó el embargo de bienes personales y privados de los deudores, como es el caso de documentos, correspondencia, artículos personales.
Ochoa comprendió que dejar pasar más tiempo implicaría juzgar a Villavicencio con la nueva ley, que mejoró la defensa del acusado y evitaba la deslealtad procesal. Entonces apuró su trabajo y colocó la denuncia, pero el código de procedimiento civil, el artículo 519, usado para el caso de insolvencias, exigía la presentación de toda la documentación, esto es: el juicio penal por el tema 30S, la sentencia ejecutoriada que lo condenó a 18 meses de cárcel y ordenó el pago de $140,000 a favor de Rafael Correa. 
Imagen: El periodista Fernando Villavicencio.
Caupolican Ochoa no cumplió con ese requisito porque no incluyó la sentencia, que representa el mandamiento de pago. Esa fue la primera ilegalidad, que puede ser probada en el propio documento que emitió la sala de sorteos, en el detalle de los documentos entregados por Ochoa dice: copia y original de la demanda, procuración judicial (para actuar en nombre de Rafael), copia certificada, pero no dice qué copias.
El caso fue conocido por el juzgado once días después por el juez civil Edwin Ernesto Cevallos Ampudia. No es normal que un proceso desde su sorteo tarde once días en llegar al juez. Lo común son 24 horas y lo extraño es que dos días sin que la autoridad aboque conocimiento ¿La razón? Ochoa no contaba con las copias certificadas del proceso y por ello habló con las autoridades del juzgado y pidió que esperen hasta que toda la documentación se complete, hecho que sucedió el 30 de mayo
Es el poder de Caupolican, la justicia del presidente. El hombre que interpreta la realidad a su gusto y conveniencia de su jefe.
Villavicencio se enteró de las decisiones judiciales apenas el 4 de agosto, se encuentra a horas para que las autoridades allanen su casa y se lleven el archivo más grande de la corrupción en la historia del Ecuador.