Hace más de tres años, el 24 de mayo de 2013, al juramentar por tercera vez como presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado se emocionó al escuchar la canción Cómo será la Patria, en voces del coro de Los Niños Cantores del Pueblo.
Minutos después lo hizo hasta las lágrimas cuando una niña con Síndrome de Down atravesó, llevando en sus manos la banda presidencial, la sala principal de la Asamblea Nacional, abarrotada de autoridades, mandatarios, delegaciones e invitados nacionales e internacionales y, por supuesto, de sus seguidores y defensores del autodenominado Gobierno de la revolución ciudadana. Aquí el video de tan emotivo acto. Click aquí
Este show del Gobierno contrasta con el viacrucis que muchos discapacitados y sus familiares padecen debido a la maraña institucional y legal que, en lugar de fortalecer la atención y mejorar su acceso a los publicitados beneficios estatales, ha provocado desesperación y desconcierto, como se evidencia en varios mensajes publicados en el siguiente link, Click aquí
Para ejemplificar esta realidad, MilHojas.is reproduce tres de dichos mensajes, tal como los afectados los escribieron:
Nestor M, Comentó Hace 4 Dias:
PREGUNTA” por que la persona cuidadora(or) tiene que ser mayor de edad ,
me an echo algunas visita y ven que con la persona que vivo es menor de edad dicen que no me pueden ayudar, yo digo si las visitas que hacen es para ver como esta la persona con especial en casa ,( si esta bien cuidado . comido, etc , ) y cumple todas esas normas , por que carajos no hacen algo al respecto y toman otras normas, no tengo esa dicha de contar con una persona mayor de edad ami lado y quieren que ese dinero del bono Joaquin gallegos lara . pague a una persona mayor de edad y cuando muy bien saben que una persona gana lo básico y lo básico no es 240 $ tendre que buscarme un trabajo yo para pagar a alguien que me cuide , con una discapacidad de 94% espero alguien me conteste y diga algo que tenga sentido, mi correo [email protected]
Julia Camacho, Comentó Hace 3 Semanas:
Hola yo soy de pallatanga mi hijo tiene el 88%de discapacidad me voy a riobanba y me dicen q el se va a morir yo como madre me duele eso x favor digamen como es eso yo necesito saber cómo aser el mies de riobanba son muy groseros la última vea me dijieron q le escriba una carta al presidente así de groseros x favor nesecita ayuna mi celular es 0979226XXX x favor ayuna
Cindy, Comentó Hace 2 Meses:
Buenas Tardes quisiera saber el motivo por el cual mi mama ya no cobra el Bono Joaquin Gallegos Lara. Si ella posee una enfermedad Catastrofica. y hasta el mes pasado (Junio 2016) aun le cancelaron el Bono y ahora no entiendo el motivo por el cual le cortaron Estare en espera de su respuesta mi mama se llama Rosa Chele.
El clamor de estas personas deja al descubierto el caos jurídico e institucional para la atención a personas con capacidades especiales en Ecuador. Esta situación empeoró tras la eliminación de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis), ordenada el pasado 23 de mayo por Rafael Correa, mediante el Decreto 1047, bajo el argumento de que necesita optimizar el gasto ante la caída de ingresos petroleros y las complicaciones del manejo económico.
La Setedis, creada en junio de 2013, implementó siete programas de ayuda social, entre ellos la Fundación Manuela Espejo y el Bono Joaquín Gallegos Lara. De esa manera, el accionar del régimen correista parecía coherente con su discurso y su millonaria estrategia publicitaria sobre la atención preferente a este grupo social vulnerable.
Esta política también fue promovida porque el ex vicepresidente Lenín Moreno, quien acompañó seis años en el poder a Rafael Correa (2007-2013), hace parte de este segmento social que, en la actualidad, abarca a 414.240 ecuatorianos, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).
En enero de 2015, dos años después de que Jorge Glas reemplazara a Moreno en la Vicepresidencia, el Ejecutivo amplió las capacidades y competencias de la Setedis.
Pero, lejos de eso, hace tres meses, la eliminó de un plumazo.
El 1 de julio, la Secretaría de la Administración Pública, dirigida por Pedro Solines, ejecutó el Decreto 1047 y dispuso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asuma las competencias de un galimatías institucional que incluye rimbombantes nombres como: proyectos de inversión y programas de Detección temprana e intervención escolar de la discapacidad visual, Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas, la Misión Solidaria Manuela Espejo y el programa Integración social y mejoramiento de la movilidad y autonomía de las personas con discapacidades que requieren prótesis y órtesis.
Video: Rafael Correa jura como presidente y una niña con Síndrome de Dawn le entrega la banda presidencial.
Tales acciones hasta el momento no han merecido un comentario de Lenín Moreno, quien desde el año pasado es enviado especial del secretario de Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad, cargo creado a pedido de Rafael Correa y financiado con recursos del presupuesto del Estado.
Moreno vive en Ginebra, Suiza y el Gobierno ecuatoriano cubre su sueldo y los gastos de estadía de él, su esposa y su hija. Al respecto, MilHojas.is develó que, para desempeñar dichas funciones, el ex vicepresidente nominado incluso para Premio Nobel de la Paz por su gestión a favor de los discapacitados, exigió una asignación anual de $1,6 millones para vivir y hacer su trabajo en una de las ciudades más caras del mundo. Ese monto fue aprobado en 2014 por el ministro de Finanzas Fausto Herrera. Click aquí.
Eso explica, a decir de la asambleísta del movimiento Madera de Guerrero, María Cristina Kronfle, el silencio de Moreno ante la eliminación de la Setedis y otras reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), que reducen algunos beneficios laborales y tributarios para este sector.
Bajo el nuevo marco legal, la Misión Solidaria Joaquín Gallegos Lara es supervisada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Trabajo maneja el Sistema de Inclusión Laboral y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social asume el proyecto Fortalecimiento de Servicios Inclusivos y Redes de Apoyo para personas con discapacidad.
El decreto dispuso también que los activos y pasivos de la Setedis sean transferidos a cada cartera de Estado según sus competencias y que el personal sea liquidado o pase al MIES. La Secretaría tiene 221 empleados y $2,5 millones de presupuesto.
Para Kronfle, fue un error eliminar la Secretaría que impulsa programas que han pasado a entidades como el MSP, al que considera “uno de los más inútiles que tiene el país. En temas de calificación han incluido criterios económicos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Es decir, una persona puede ser cuadripléjica, tener incapacidad mental o esquizofrenia severa pero, por tener una familia o formación académica, el porcentaje de calificación baja. Son hechos insólitos de discriminación que comete el Ministerio de Salud. En la vida se había visto algo así”, advirtió Kronfle en entrevista con MilHojas.is. Click aquí.
Lo contrario piensa Xavier Torres, presidente del Conadis, para quien el cierre de la Secretaría no es sorpresa, pues consta en la transitoria sexta de la Constitución aprobada en 2008, una vez que se conformen los Consejos de Igualdad. El asegura que el MIES, el MSP y otros ministerios como los de Trabajo y Deportes están preparados para asumir las competencias de las extintas instituciones.
Kronfle viene denunciando que recibe quejas porque el MIES tiene problemas para evaluar la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara y el MSP pone muchos reparos para calificar a las personas con discapacidad.
Las críticas a esta medida también provinieron de las propias filas del movimiento oficialista Alianza País (AP). Por ejemplo, el legislador lojano Richard Farfán, dijo: “Como asambleísta que vivo en carne propia esta realidad, yo hubiera querido que el señor Presidente elimine la Secretaría del Buen Vivir y se cree un Ministerio para personas con discapacidad donde tenga poder de vigilar y fiscalizar”.
No obstante, como cubriéndose la espalda, Farfán acotó que la supresión de la Setedis está prevista en la Ley del Consejo de Igualdad. La entidad fue creada en junio de 2013 como Secretaría Técnica de Discapacidades, adscrita a la Vicepresidencia de la República.
En medio de estos cambios de nombres y reasignación de funciones y competencias, cada día, decenas de familiares de ecuatorianos con capacidades especiales recorren, cargándolos en brazos, ayudándolos a caminar con muletas o empujándolos en sillas de ruedas, a las oficinas del Conadis, del MSP, del MIES y otras entidades, a fin de acceder al publicitado mundo de beneficios que ofrece el régimen.
Unos lo hacen para suplicar ayuda, otros para exigirla y algunos para denunciar que la política de atención a este sector es, en buena medida, solo estrategia publicitaria.
A esto se suman los complicados de trámites que deben cumplir para acceder a los beneficios consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD). Veamos:
Requisitos para inscribirse en el bono Joaquín Gallegos Lara de $240 mensuales
Cédula de ciudadanía de la persona con discapacidad (Copia).
Cédula de ciudadanía de la persona cuidadora (Copia) .
Carnet de discapacidad CONADIS/MSP (Copia) .
Planilla de un servicio básico (Copia) . Certificado Médico (Original) .
Requisitos para personas con enfermedad catastrófica, rara o huérfanas
Cédula de ciudadanía de la persona con discapacidad (Copia).
Cédula de ciudadanía de la persona cuidadora (Copia).
Certificado médico del especialista que indique la enfermad, con índice de Karnofsky (Original).
Planilla de un servicio básico (Copia).
Certificado de no afiliación al IESS (Original).
Certificado de no afiliación al ISSFA (Original).
Certificado de no afiliación al IESSPOL (Original).
Sacar el carnet de discapacitado, un viacrucis
En Ecuador 414.240 habitantes sufren algún tipo de discapacidad, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). Desde hace 20 años hasta 2013, el carnet de discapacitados lo entregaba este organismo, pero desde ese año dicha competencia pasó al MSP, que lo emite solo a través de centros de salud certificados. Pero, lejos de facilitar la vida de estas personas, ahora el trámite es más complicado. De hecho, el Conadis debió elaborar este instructivo, que lo reproducimos textualmente:
Procedimiento para obtener el carné del Conadis
En caso de que usted considere tener una discapacidad, visual, auditiva, física o intelectual:
1.-Llamar al centro o subcentro de salud del Ministerio de Salud más cercano al domicilio, sacar un turno y luego acudir para la revisión médica con el médico general.
2.-Una vez recibida la atención del médico general se le otorga una transferencia para el especialista en un hospital público. Si es afiliado al IESS a una de sus dependencias.
3.-Luego de la valoración del especialista, coger un turno en estadística con el médico calificador para determinar el porcentaje de discapacidad.
4.-Con los documentos obtenidos acudir nuevamente al Subcentro o Centro de Salud más cercano para la emisión del carné de discapacidad a través de la trabajadora Social Este carné será otorgado mediante la presentación de los siguientes requisitos:
-Presencia física de la persona con discapacidad
-Certificado único de calificación de discapacidad otorgado en el hospital
-Copia de cédula de identidad a color
-2 fotografías actualizadas tamaño carné
Tras este periplo, que puede durar meses, solo si la deficiencia supera el 40% la persona recibe el carnet. Si el porcentaje es menor le entregan un certificado de no acreditación, es decir que no puede acceder a los beneficios que ofrece el Gobierno.
Reforma al Reglamento, el último golpe a los discapacitados
La última reforma al artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), dictada en junio de este año por el Ejecutivo, señala: “…los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 40%.”
Antes, el límite para el beneficio era del 30%.
Xavier Torres, presidente del Conadis, defendió públicamente esta exclusión y sostuvo que las personas con 30% de discapacidad no sufren lesiones severas y tienen mayores oportunidades de conseguir trabajo.
Esta recategorización también deja fuera de la exoneración del Impuesto a la Renta y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a unas 25 000 personas que tienen una discapacidad de entre 30% y 39%.
Para no quedar fuera se deberá entregar al empleador el certificado que acredite el porcentaje de discapacidad. En materia laboral, la situación es similar. La legislación establece que las personas que tengan del 30 al 39% únicamente podrán acceder a un puesto de trabajo en las empresas que tengan más de 25 empleados.
En consecuencia, habrá menos probabilidades de acceso laboral de este grupo de 25 000 personas. Además, la reforma al reglamento suspende la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara a los sustitutos que no cuiden a la persona con discapacidad.
Imagen: La cantidad oficial de personas registradas con discapacidades en Ecuador.
Para el cálculo del porcentaje de discapacidad, equipos del MSP evalúan la condición física, emocional, cerebral y psicológica y, en base a ese resultado, emiten un informe.
María Cristina Kronfle señala que hay errores injustificados en el Reglamento. Según ella, subir el porcentaje de calificación implica dejar a las personas con discapacidad desprotegidas, sin derechos a la salud, a medicinas y otras ayudas como créditos para vivienda, rebajas en las planillas de servicios básicos e incluso a la jubilación especial. La legisladora, desde su curul y su silla de ruedas, repudia la recalificación al 40% y todos los cambios que vulneran los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución.
Estas acciones convierten en letra muerta varias promesas hechas por Jorge Glas cuando reemplazó a Moreno en la Vicepresidencia. El prometió que, a través de la Setedis, impulsará nuevos proyectos como los del Gobierno Accesible, la Investigación Técnica y Científica, la Marca de productos elaborados por personas con discapacidad, la Inclusión Educativa en las Escuelas del Milenio y la Certificación Nacional de Accesibilidad en los sectores público y privado.
La atención a los discapacitados data de hace 50 años
Pese a ciertos avances y a que se inició hace casi medio siglo por iniciativa de padres de familia y organizaciones privadas, y a que el Estado asumió ese rol de manera más activa en la década de los 70, la asistencia a personas con discapacidad en Ecuador sigue siendo de baja cobertura y deficiente calidad.
En esa época se amplió la asistencia a través de la creación de varios servicios y se dieron pasos importantes en la organización del Estado para atender la discapacidad.
No deje de leer
•Lenín Moreno sigue sin hablar del $1'066.666,33 que recibió
•El mega sueldo de Lenín Moreno ya suma $1'066.666,33
•Emilio José, Victoria y Diana, los rechazados de RC
•Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión
Así consta en una investigación efectuada hace más de 15 años por Ramiro Cazar, ex director ejecutivo del Conadis. Según dicho estudio, una de las primeras acciones del Estado fue la creación en 1973 del Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (Conarep), que se encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad.
En 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se señala, "que la educación especial es una responsabilidad del Estado". Otro paso importante fue la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 1979.
El 18 de julio de 1980 se creó la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de la Rehabilitación Funcional.
Desde 1981 a 1984 se amplió la cobertura asistencial con la organización de servicios de Medicina Física en casi todas las provincias, que se suman a las unidades de rehabilitación de la Seguridad Social.
El 5 de agosto de 1982 se expidió la Ley de Protección del Minusválido, que creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (Dinarim), y asignó al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en todo lo relacionado con esta actividad. Esta ley contiene varias disposiciones relacionadas con la prevención y la atención de las personas con discapacidad y una específica, que determinó la desaparición del Conarep.
Para la atención a las personas con discapacidad se crearon varias unidades operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social.
La ampliación de la atención en ese entonces también se realizó por acciones que provienen del sector privado. Una de las instituciones de mayores realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia-Innfa, con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial.
Cazar anota en su análisis que el crecimiento fue en todas las áreas, pero llevado adelante en forma desordenada, lo que originó la duplicidad de acciones, la dispersión de recursos y una total descoordinación y desarticulación de las acciones.
Sin embargo, un hecho trascendental en este período fue la expedición de la Ley de Discapacidades 180 (1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (1993), que surgieron del trabajo de la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador –CIASE (1989), presidida por Rodrigo Crespo Toral. El resultado fue el diseño del Plan Nacional de Discapacidades y la Ley de Discapacidades, expedida en agosto de 1992. Esto marcó un giro hacia el ordenamiento y la racionalización de la atención a las personas con discapacidad.
Pese a decenas de instituciones creadas Gobierno tras Gobierno, estos siguen en deuda con las personas con capacidades especiales, cuya inclusión plena es una tarea pendiente incluso en tiempos del mal llamado Gobierno de la revolución ciudadana y socialismo del siglo 21.