“Los veedores fuimos los primeros en alertar sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Cuando la constructora, por orden del presidente Rafael Correa, fue expulsada del país, dejó el Proyecto Multipropósito Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS y elevó en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%. No olvidemos que los contratos de Fabricio Correa, en un 70%, tenían que ver con estas dos empresas”. La afirmación es de Pablo Chambers, coordinador de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente. En diálogo con MILHOJAS.IS, el veedor dijo que esas y otras anomalías están en el informe final que la Veeduría presentó en 2010, al igual que el hecho de que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano antes de que los destapara la prensa en 2009. Por esa afirmación, el ex jefe de Estado enjuició a los cuatro veedores que firmaron el informe por falso testimonio y perjurio. Solo Chambers y Gerardo Portillo fueron condenados a un año de prisión. Este 29 de mayo, tras casi ocho años de juicio, les fue negado el último recurso de ampliación de la sentencia y los dos veedores creen que puede reactivarse la orden de captura. Chambers ratifica todo lo actuado y asegura que el juicio está viciado. Anuncia además una demanda en contra de Correa por incumplimiento de funciones para recuperar alrededor de 420 millones de dólares en anticipos dados a su hermano por contratos que, por disposición del mismo ex presidente, fueron anulados unilateralmente.
Una vez que el juez nacional Miguel Jurado Fabara negara -el 29 de mayo- el pedido de ampliación de la condena a un año de prisión contra usted y el veedor Gerardo Portillo. ¿Cuál es su situación jurídica?
No tenemos claro lo que va a pasar. Todavía no se ha activado la orden de captura. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/negativa_ampliacion.PDF La Asamblea tampoco se ha pronunciado sobre el pedido de amnistía. Lo único seguro es que no vamos a aceptar ningún tipo de negociación para un indulto y solicitamos que el presidente Lenín Moreno nos permita integrar la comisión anticorrupción que se supone está formando. Lo hacemos con todo el derecho de haber luchado durante años contra un proceso viciado, que ha provocado que el Estado pierda cerca de 420 millones de dólares.
Usted dice: no vamos a aceptar ningún indulto ¿les propusieron eso?
Hay acercamientos y comentarios, pero hemos advertido que no estamos dispuestos a ningún tipo de negociación.
¿Quién les propuso el indulto?
Conocidos, amigos, pero prefiero no dar nombres porque no es nada oficial.
¿Amigos del presidente Lenín Moreno?
Digamos que son amigos mutuos, que sirven como medio de comunicación
¿Qué opina de la amnistía pedida por la Conaie, que les incluyó en la lista de perseguidos del régimen de Rafael Correa? ¿La aceptarán si llega a ser aprobada?
Eso es diferente al indulto porque la amnistía corregiría un proceso viciado, desde todo punto de vista, debido a la intervención personal del ex presidente Rafael Correa.
¿Cree que esta Asamblea, con mayoría Correista, apruebe la amnistía?
El Gobierno de Lenín Moreno tiene solo una oportunidad para demostrar el cambio y poner fin al sistema persecutorio, que es lo peor del régimen de Correa. Si no empieza por eso, la gente no le va a creer nada más. Es una prueba de fuego. Es un asunto de espíritu, de ética, de estilo de Gobierno.
¿Ratifica su denuncia de que han sido objeto de persecución, no solo por sostener que Rafael Correa sí conocía los contratos de su hermano, sino porque establecieron los nexos de Fabricio Correa con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht?
Los veedores fuimos los primeros que alertamos sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Además, cuando por orden de Rafael Correa, la constructora fue expulsada del país, dejó el proyecto Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS e incrementó en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%”.
¿Cómo varió el costo del proyecto Baba?
Empezó en 48 millones de dólares y terminó costando 474 millones y no sirve para maldita sea la cosa, pues la Costa se sigue inundando.
¿Cree que Lenín Moreno se juegue por los veedores?, el escándalo de Odebrecht salpica a altos funcionarios de Rafael Correa, de cuyo Gobierno el actual mandatario también fue parte.
Si quiere ser bien recordado, el presidente Moreno tiene que establecer ese camino o asumir el costo de no hacer nada. No lo veo como alguien que quiera ser un segundón, no creo que pierda la oportunidad de dejar un legado histórico. Su labor sería muy apoyada si cumple las acciones para combatir la corrupción.
¿Ratifica que Rafael Correa conocía de los contratos de su hermano?
Indudablemente y está corroborado en videos, en audios. Ellos deberían ser los perseguidos, pero resulta que los malos somos nosotros. Si me apresan, en la cárcel seré libre porque la verdad hace que un hombre sea libre. En cambio el señor ex presidente no, por eso tiene ocho guardaespaldas. La Veeduría es portavoz de los hechos. Hemos actuado de forma clara, ética y estamos dispuestos a lo que sea por defender la verdad. Eso no es negociable.
¿Cuál es el monto de los contratos de obra pública que empresas vinculadas a Fabricio Correa suscribieron con OAS y Odebrecht?
Bordea los 450 millones de dólares todo en lo que ha intervenido directamente con Odebrecht o con empresas vinculadas a Odebrecht. El Proyecto Baba pasó por tres entes y cada uno fue subiendo el precio. En todos los contratos en los que interviene Fabricio Correa hubo sobreprecios. A eso el ex Presidente Rafael Correa llama ajuste de precios.
¿De qué porcentaje son sobreprecios determinados por la Veeduría?
De 240% a 250%. Por eso el señor Fabricio Correa me puso un juicio por daño espiritual y moral y pidió 5 millones de dólares. Así estos tipos encontraron la forma de mantenernos ocupados con los juicios y, de alguna forma, callarnos.
¿A cuánto asciende el perjuicio que los contratos de Fabricio Correa causaron al Estado, según la Veeduría?
De más de 650 millones de dólares en contratos, se pagó a empresas vinculadas a Fabricio Correa anticipos por 420 millones de dólares, que no han sido recuperados. Pero calculamos que todo este affaire busca esconder al menos unos 10.000 millones de dólares porque tiene relación con gran cantidad de proyectos y contratos que no han sido debidamente analizados. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/informe_final_veeduria_contratos_fabricio.pdf
¿10.000 millones de dólares, a qué proyectos y contratos se refiere?
Por ejemplo, el proyecto minero Fruta del Norte, que no se ha investigado bien cómo mismo funciona; las obras en el nuevo aeropuerto de Quito, en las que no se sabe cómo así aparecen empresas chinas y brasileras; no se sabe qué pasó con el contrato de Bajo Alto para la generación de energía a través del gas. Íbamos encontrando indicios de asociaciones entre las mismas personas dentro de los contratos y una serie de proyectos en los municipios.
¿Qué municipios?
De todo lado donde hubo apoyo del Gobierno. Los procesos son extremadamente graves.
Por favor, precise, al decir municipios de todo lado involucra a alcaldes de todo el país.
El Municipio de Cuenca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del Tranvía, que hasta ahora nadie ha investigado. Tampoco se ha investigado la influencia que tuvo el Gobierno en obras del nuevo aeropuerto de Quito.
¿Se refiere a la administración de Augusto Barrea o a la de Mauricio Rodas también?
Hasta cuando los veedores trabajamos abarcamos la de Augusto Barrera.
¿Al enjuiciar a los veedores se busca entonces invalidar el informe?
Por supuesto, porque además la Veeduría nos permitió determinar que Fabricio Correa manejaba los fondos de campaña y que hubo una corriente de fondos que tenía como beneficiario al partido del Presidente, es decir al buró de campaña.
¿A cuál campaña se refiere?
A la de 2006. Desde ese año el señor Fabricio Correa estableció su intervención en las obras estatales, a tal punto que, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas de entonces -Jorge Marún- diseñó el Plan Relámpago, en el que intervino Odebrecht en por lo menos el 40% de la obras a ejecutar. El señor Fabricio Correa puso como garantía de un préstamo de 10 millones de dólares que le otorgó la Corporación Financiera Nacional (CFN), su participación en el plan vial del Ecuador y en obras monumentales del Gobierno, además de un terreno en la cabecera norte del aeropuerto de Manta, que costaba 20 mil dólares. En base a los 10 millones de dólares que le prestó la CFN a Fabricio Correa, los señores El Juri le hicieron un préstamo puente de 7,5 millones. Hasta donde sabemos, no ha pagado ni a la CFN, ni a los señores El Juri, ni a 1.200 contratistas.
De cuánto dinero hablamos?
De unos 7 millones de dólares. Imagínese que a una señora de la Joya de los Sachas, que tenía una tienda, le quedó debiendo 18 mil dólares. Ella tuvo que vender su casa para pagar esa deuda.
¿Todo está respaldado con documentos? Si no es así, podrían entablarle otro juicio.
No tengo ningún juicio por el informe de la Veeduría. Jamás nadie lo ha cuestionado porque actuamos con documentos notariados. El juicio es por haber dicho que el ex presidente Rafael Correa conocía de los contratos del hermano.
¿Qué pruebas tiene?
Hay el video de una entrevista en la que Rafael Correa dice que conocía de la compra de Cosurca y del préstamo de la CFN. Resulta que el préstamo de la CFN fue para comprar Cosurca. (Se refiere a la entrevista en Canal UNO con los periodistas Andrés Carrión y Gonzalo Ruiz que está en este link. https://www.youtube.com/watch?v=eH2Y5ZEO_P0)
¿Qué se ha investigado sobre estas denuncias?
Nada. Lo único que han hecho es demandarnos para mantenernos ocupados en defendernos. Es más, el señor ex presidente, al ser preguntado si va a enjuiciar a su hermano, respondió: “No lo voy a enjuiciar porque no me da la gana. El afectado soy yo”. Es decir, lo que dijo es que el Estado es él. Está loco. De esa manera se busca evitar que, ahora que ya no está en el poder, se lo pueda enjuiciar por no haber cumplido el deber constitucional de recuperar los anticipos que le pagaron a su hermano por contratos que fueron anulados. Debe ser juzgado e ir a la cárcel por no haber cuidado los intereses del país. En este caso sería cómplice de un delito.
¿Qué harán ahora? ¿Sería mejor que los apresen de una vez para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte las medidas cautelares que ustedes solicitaron hace años?
Somos el único caso en el Ecuador y creo que en América en el que nos tienen con medidas cautelares desde 2010, cuando lo máximo que prevé la Constitución es que duren un año.
¿Cómo ha afectado eso su vida, su economía, a sus familias?
Grandemente, pero tenemos gente que nos apoyado mucho. Los medios de comunicación nos han apoyado siempre. Mucha gente ve en nosotros a ciudadanos comunes que luchan por lo que creen. Hemos peleado fuerte, no nos hemos dejado, pero nuestra vida ha cambiado. He tenido que traer a mis hijos que estudiaban en el exterior porque el dinero ya no alcanza; tuve que dejar Quito para vivir en Guayaquil porque me quitaron todo y está en manos del Gobierno, supuestamente.
¿Qué es todo?
Todo, como si fuera un traficante de drogas. Están en manos del Gobierno cuatro empresas que tenía y depósitos en las cuentas. El 2 de junio se cumplirán 8 años de este proceso. Desde 2011, una vez que presentamos el informe, pasamos por 15 jueces y 17 fiscales. Fuimos llamados como 15 veces a los juzgados. Muchos no quisieron juzgarnos en este caso.
¿Por qué?
Las razones son obvias. Estaban comprometidos con ciertas órdenes que venían desde arriba.
¿Los veedores fueron tratados como delincuentes?
Peor que eso porque entre los delincuentes hay grados. Se nos quitó hasta el derecho de trabajar, nos prohibieron contratar, estábamos impedidos de tener una cuenta corriente, de tener fondos en los bancos, etc.
¿Qué diligencia legal les queda por hacer?
Interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Se nos negó el recurso de casación el 17 de diciembre de 2016. Según la ley, en 48 horas debimos haber sido notificados, pero se tardaron cuatro meses y medio. Nos notificaron el 28 de abril a las 23:15, antes del feriado del 1 de mayo y se nos dio 72 horas para apelar. Todo el proceso ha sido viciado.
No es ese el procedimiento normal? ¿Cuál es su cuestionamiento?
Que se nos notifica de tal manera que las 72 horas para apelar se cumplieron el lunes 1 de Mayo a las 23:15. Ese día nadie trabajó. Lo que buscan con esto es similar a lo que hicieron con los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, a quienes primero declararon culpables y luego les perdonaron.
¿Ratifica su decisión de enjuiciar a Rafael Correa?
Gerardo Portillo y quien habla lo haremos porque consideramos que hubo un manejo mafioso de las relaciones familiares. Lo demandaremos por complicidad en el caso de los contratos no devengados por su hermano Fabricio Correa. Como mandatario tenía la obligación de recuperar los dineros de los anticipos entregados, en contratos declarados nulos por la Procuraduría, y de reclamar daños y perjuicios. Los dos veedores que quedamos estamos de acuerdo en demandarlo. Los demás están trabajando para el Gobierno. La veeduría les sirvió para beneficios personales.
¿A quiénes se refiere?
Al señor Diego Jaramillo, que fue de asesor a Petroecuador y sus hijos trabajan en el Servicio de Rentas Internas (SRI); a Jacqueline Estupiñán, que fue al Consejo de Participación Ciudadana, sus hijos también trabajan en el SRI.
¿Cree que en el nuevo Gobierno la justicia actúe de otra manera?
Hay que darle el beneficio de la duda porque no tiene para dónde ir, solo puede mejorar, ya caímos en el colmo de la injusticia. No conozco al señor Moreno, pero creo que tiene la oportunidad de ser un buen presidente. Si es un hombre inteligente, creo que no la va a perder.
Si se activa la orden de captura contra usted y Gerardo Portillo, ¿se entregarán, se esconderán o se refugiarán en alguno de los países a los que pidieron asilo?
No nos hemos ido. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Que vengan por nosotros. No estamos dispuestos a negociar ni a rendirnos. Vamos a seguir con el juicio al ex presidente Correa para exigir que el hermano devuelva el dinero que se ha llevado.
¿Se arrepiente de haber formado parte de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente?
Jamás. Esta ha sido una experiencia de vida, que ha cambiado mi forma egoísta de ver las cosas a una más plena y con mayor conciencia, al ver cómo un grupo de sinvergüenzas ha hecho tanto daño al país. Tenemos que luchar por eso, lo volvería a hacer 50 veces si fuera necesario. Seguiremos con toda la fuerza.