Fernando Villavicencio
Christian Zurita Ron
A partir de la liberación de nueva información en los tribunales brasileños y con la firma del acuerdo entre la Fiscalía de Ecuador y Odebrecht, se tuvo acceso a varios expedientes, emails, audios, transferencias bancarias, declaraciones de detenidos, delaciones premiadas, entre otras evidencias, que conducen a identificar responsabilidades al más alto nivel del poder político de Ecuador. El país andino espera ver esta historia completa, “caiga quien caiga“, como ha ofrecido el presidente Lenin Moreno.
La primera figura del gobierno de Alianza País en caer por el escándalo de corrupción Lava Jato, fue el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera Rodríguez (abril de 2017), acusado de haber recibido U$1millón de Odebrecht, para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Toachi — Pilatón, según delación de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, ejecutivos de Odebrecht. Sin embargo, algo no revelado hasta ahora era que, la negociación de ese contrato se inició con Rafael Correa Delgado, cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2005, según consta en uno de los cables de Itamaraty hasta ahora desconocidos en el país, que esta publicación pudo conseguir.
De acuerdo con el informe del Embajador de Brasil en Quito, Sérgio Augusto de Abreu e Lima, en reunión del 16 de mayo de 2005 entre Rafael Correa y ejecutivos Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi — Pilatón; en una modificación del aeropuerto del Tena; y, en un crédito de 40 millones de dólares. Según lo manifestado por el diplomático, el acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría, como “primer oferente“ y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo “swiss challenge”. El referido cable tiene tres páginas y en uno de los párrafos se destaca la prioridad que le dio al proyecto el entonces ministro Correa y el afán de viabilizar Toachi — Pilatón “en el más breve plazo posible“.
“El ministro Correa confirmó las prioridades que atribuí al proyecto, dio señales positivas en cuanto a la participación brasileña en la construcción y determinó qué asesores acompañarán el desarrollo de los acontecimientos para viabilizar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en el más breve plazo posible“.
Alecksey Mosquera con Rafael Correa y Baroja firmando el contrato.
Tres meses después de esa reunión el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González (entonces aliado de Correa), adelantaba una resolución dejando en el camino a la competidora Impsa y abriendo paso a la constructora brasileña. La firma del contrato solo se pudo realizar en 2007 una vez posesionado Rafael Correa, como Presidente, y mientras Alecksey Mosquera ocupaba la cartera de Electricidad.
En defensa de Alecksey Mosquera salió el expresidente Rafael Correa: se trata de un “pago entre privados“ dijo, señalando que la transferencia del millón de dólares se hizo en 2011, cuando ya no era ministro, lo cual fue desmentido con los informes de la policía de Andorra. En efecto, según el referido informe policial, el pago del millón de dólares fue realizado en 2008 mediante transferencias de la offshore Klienfeld (Odebrecht) a la cuenta de Tokio Traders y, de esta, en 2011 a Percy Trading, dos empresas de Marcelo Endara, tío político de Alecksey Mosquera. Finalmente, con ese dinero supuestamente se adquirió maquinaria que acabó el 2012 en la empresa Truenergy, de propiedad de Alecksey Mosquera y Santiago Játiva, operador del contrato de la autopista Ruta Viva, suscrito con Odebrecht en la administración del alcalde de Quito, Augusto Barrera (Alianza País).
Jorge Glas dice que casi sacó a patadas a Marcelo Odebrecht de su oficina. Odebrecht no ha dado su versión de las escena.
Tras la ruptura de 2008 por los problemas en la central San Francisco ( en el centro del país), vino un período de negociación hasta la firma del acuerdo de retorno en 2010, siempre bajo la tutela política de Lula y Correa. Aunque en el plano empresarial, las figuras descollantes fueron las de Luiz Antonio Mameri, el poderoso rostro de Odebrecht que, luego de salir de Ecuador, ya como vicepresidente de la empresa supervisó el sector de operaciones estructuradas — el área encargada de organizar, administrar y ejecutar el gigantesco programa de sobornos de la corporación; y Jorge Glas Espinel, el responsable de los sectores estratégicos del gobierno de Alianza País.
Sin duda, muchos servidores públicos que ocuparon cargos relevantes, tiemblan al escuchar el nombre de Luis Antonio Mameri. Tiemblan porque fue el ejecutivo que labró su carrera en Ecuador y conoce tan cerca el país que lleva en su memoria los nombres de todos los sobornados.
Mameri forjó su historia en Ecuador, en la primera década de este siglo logró concretar importantes proyectos como centrales hidroeléctricas, sistemas de riego y control de inundaciones, trasvases de aguas y un aeropuerto en la Amazonia, todos por no menos de 800 millones de dólares hasta antes del retorno. Luego del conflicto, Mameri retornó a Brasil con un cartel de amplia experiencia y que le encaminaron a la presidencia de operaciones en la región. Desde su nuevo cargo debió seguir con detenimiento la negociación para el retorno de Odebrecht a Ecuador que, paradójicamente, tuvo como contraparte a Jorge Glas Espinel, el hombre con el que no llegaron a un acuerdo en 2008.
Para entonces Glas tenía más poder y a inicios de 2010 se hizo cargo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que controla la generación de energía y los recursos no renovables como agua, minería, petróleo. Todos los contratos en las áreas estratégicas cuentan con el visto bueno de Jorge Glas, quien fuera delegado por Correa a los directorios de las empresas petroleras. En esa condición, Glas aprobó la firma de tres contratos, dos en la refinería del Pacífico por un monto superior a U$ 600 millones y en Petroecuador el contrato del poliducto Pascuales — Cuenca, por un monto que llegó igualmente a U$ 600 millones.
Jorge Glas en el poliducto Pascuales Cuenca, otra obra cuestionada por su costo final.
Ciro Morán Maridueña es pariente político de Jorge Glas. Con su firma, se concretó el regreso de Odebrecht, que recibió una bienvenida recargada de contratos del Estado
Parentesco confirmado. La relación de Ciro Morán Maridueña con los Glas viene del lado de su hermana por el lado materno.
El 8 de julio de ese año el acuerdo estaba firmado. Para eso Glas delegó a Ciro Camilo Morán Maridueña, gerente de la empresa pública Hidropastaza, que manejaba la deteriorada central San Francisco. Hace siete años nadie sabía que Morán Maridueña estaba ligado familiarmente a Jorge Glas. El caso es que su primo hermano, Pablo Heriberto Glas Rodríguez, está casado con Marianela Salazar Maridueña, que es media hermana de Ciro Camilo Morán Maridueña. Jorge Glas nunca hizo relación alguna al hecho de haber permitido el regreso de Odebrecht (luego de toda la corrupción denunciada por la prensa) con la firma de alguien cercano a su entorno familiar. Luego de firmar el acuerdo con Odebrecht Morán Maridueña estuvo al frente de Ecuador Estratégico e Hidrolitoral, empresas públicas bajo el mando de Jorge Glas.
Por el lado de Odebrecht, el acuerdo fue asumido por José Santos Filho, un ejecutivo que actuó basado en la experiencia de Mameri y que recibió sendos poderes para representar a la empresa en Ecuador. El ejecutivo brasileño grabó videos con políticos ecuatorianos y los presentó ante la justicia para reducir su pena, los cuales fueron ya entregados a la Fiscalía de Ecuador. (desplegar documento)
U$ 857 MILLONES EN SOBRECOSTOS
Luego de la firma del convenio de regreso en 2010, Odebrecht se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de U$ 20 millones de indemnización. Así se archivaron glosas por U$ 80 millones y una demanda internacional por U$ 250 millones quedó en amenaza. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los U$ 800 millones que tenía en contratos, antes de la expulsión, logró sumar otros por U$ 3.300 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los U$ 4.100 millones y de acuerdo con investigaciones periodísticas los sobrecostos llegan a U$ 857.115.578,51. Esta cifra no incluye incrementos en los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito.
A raíz de la firma del acuerdo con Ecuador el 8 de junio de 2017, Odebrecht hizo público un comunicado en el que ofrece disculpas y confirma la entrega de información sobre los sobornos. Casi de forma simultánea se practicaron allanamientos a varias propiedades, se extendieron órdenes de prisión y se ejecutaron detenciones. La principal fue la captura del exintendente de Telecomunicaciones del régimen de Correa, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir U$ 13 millones en sobornos, cuyo proceso fue declarado bajo “reserva de estado“. La vivienda del reelecto Contralor del Estado, Carlos Pólit, también fue allanada, pero el funcionario había salido del país horas antes y luego desde Estados Unidos presentó la renuncia al cargo. Se emitió también un boleta de captura en contra del exministro Walter Solís, cuyo paradero se desconoce.
Un ambiente de nerviosismo se vive en Ecuador en especial al interior del movimiento de gobierno, cuando se sabe que decenas de nombres de altos funcionarios y exfuncionarios públicos constan en la información entregada por Odebrecht y en las delaciones y videos de ejecutivos como Luis Antono Mameri y José Santos Filho, entre otros, aún por revelarse.
El flamante fiscal general Carlos Baca Mancheno (ex asesor del ex presidente Correa), aseguró que Odebrecht conseguía los contratos a través de una “aparente legalidad“ y desarrolló un esquema en el que la mayor parte del dinero no pasó por el sistema financiero ecuatoriano, por eso no se pudo rastrear, precisó. Sin embargo, información obtenida por nuestro equipo de investigación, pudo identificar por el momento, al menos 1 millón de dólares presuntamente transferidos desde Ecuador, cuyo destino fue una cuenta en el Multibank perteneciente a Constructora Internacional del Sur, la offshore de Odebrecht en Panamá.
Los documentos identifican cuatro transferencias, entre marzo y septiembre de 2007 por un monto total de U$1076.610,16. Las acreditaciones se efectuaron desde la cuenta 0816–04730 del Produbanco en Panamá y fueron ordenadas por el cliente Livro S.A., una empresa localizada en Quito en las calles Reina Victoria y Cristóbal Colón, aunque no se determinó un piso ni número de oficina. El cliente beneficiario fue Constructora Internacional del Sur en su cuenta 10012106877 del Multibank.
Las transacciones se canalizaron en marzo ($260.826,73) como aporte inicial para capital de operación; en abril ($315.776,19) como aporte de capital; en agosto ($300.127,91) y septiembre ($199.879,33) como reembolso de gastos. Livro S.A., que no está registrada en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, tampoco es conocida en la dirección que establece el Multibank para las transferencias internacionales.
De la información revisada hasta el momento, al menos cuatro empresas domiciliadas en Suiza, República Dominicana, España y Ecuador, realizaron transferencias a cuentas de la offshore Constructora Internacional del Sur, por una cifra superior a U$ 9 millones: Smith anda Nash Engineering Co. Inc (Suiza)., por U$ 4 millones 775 mil; Townbu Corporation por U$ 1 millón 800 mil; Livro SA/Ecuador, $ 1 millón 76 mil 610; Ludingdale Inve/República Dominicana por U$ 512 mil 820.
La offshore Constructora Internacional del Sur registró dos cuentas en el Multicredit Bank. La una se creó en 2007 y se cerró en 2009, la segunda se abrió en 2008 y se cerró en junio de 2010. Las transferencias internacionales que realizó Constructora Internacional del Sur tenían como destino islas del Caribe como Antillas, Cayman, Curacao Netherlands, pero también a otras partes del mundo, como Andorra, Perú, Estados Unidos y ciudades de China. El firmante de la cuenta principal es Olivio Rodríguez Junior, así como su “beneficiario final”, según este declaró al banco.
Estas operaciones financieras con entidades offshore; los incrementos en los costos de las obras (U$ 857 millones); la participación de Rafael Correa, Jorge Glas y altos mandos políticos en la negociación para el retorno de Odebrecht y en la firma del contrato de Toachi — Pilatón, revelados en esta investigación, exigen respuestas del poder judicial y político de Ecuador.