La papa caliente sobre las irregularidades penales en las que habría incurrido el ex presidente Rafael Correa en la adjudicación del campo petrolero Singue está ahora en la cancha del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. El tema volvió a sus manos, pero esta vez con un pez más gordo.
A partir de nueva información encontrada por la Contraloría General del Estado se incluyó al ex presidente en los indicios de responsabilidad penal que encontró en la adjudicación del mencionado campo.
Singue es uno de los casos por los cuales el vicepresidente Jorge Glas (sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht), podría ser acusado de peculado, pero este proceso no ha prosperado en la Fiscalía General del Estado desde el año pasado, pese a que el 27 de octubre del 2017 el contralor general del Estado, Pablo Celi, ordenó la destitución de Glas, por confirmarse su responsabilidad administrativa culposa en el proceso de adjudicación del campo Singue.
En su informe DASE-0044-2017, enviado a la Fiscalía General el primero de agosto de 2017, el organismo de control determinó irregularidades en la negociación del contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por las compañías DYGOIL, Consultoría y Servicios Petroleros Cia.Ltda, y Gente Oil Development Ecuador LLC. cuando Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), y mientras fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
Se determinó que en la fase precontractual, el Comité de Licitación no contó con respaldos como la certificación del Instituto Geográfico Militar del mapa de bloques Petroleros 2011, por lo que la Décima Ronda Petrolera, no contenía las áreas certificadas para la exploración y/o explotación de yacimientos de hidrocarburos; tampoco tuvo informes de aval técnico sobre el análisis económico y de la capacidad de financiamiento. Debido a esta falta de sustentos Glas, como miembro del COLH, debió declarar la descalificación de la oferta presentada y no lo hizo.
Además se concluyó que la adjudicación del contrato se dio con una tarifa acordada en $33.50 por barril. Estas determinaciones de indicios penales fueron producto de un examen especial que hizo la Contraloría a las fases pre contractual, contractual y de ejecución del contrato para la prestación de servicios para la exploración y explotación del campo Singue.
El 27 de febrero de 2018, como alcance a lo ya enviado a la Fiscalía el año pasado, la Contraloría no solo presentó documentos que ratifican su primer informe, sino que adjuntó otro muy revelador que prueba que Rafael Correa estuvo al tanto de los pormenores de las “negociaciones” para la adjudicación de Singue, desde que Dygoil operaba el pozo formando parte del Consorcio Petrolero Amazónico (CPA) en un contrato para campos marginales, pues así lo delata la comunicación directa que el representante legal de Dygoil envió a Correa.
Se trata del Oficio N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011 en el que César Guerra, gerente de Dygoil, dirigió al ex presidente y menciona que el Consorcio Petrolero Amazónico del cual formaba parte su empresa tenía un contrato para la exploración y explotación del campo Singue y que como consecuencia de reuniones con la Comisión negociadora, presidida por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables y el Secretario de Hidrocarburos, concluyó con la propuesta final del CPA sobre las inversiones a realizarse en el campo Singue es de $26,7 millones con una tarifa de operación propuesta por el Ministro de entonces de $29,3 por barril producido. "Tarifas que fueron aceptadas por el Consorcio Amazónico y que consideramos no son exorbitantes”.
En esta trama es importante tomar en cuenta cómo fueron encajando los tiempos y las acciones para la décima ronda petrolera con el fin de acceder al contrato del campo Singue, pero en esta vez por parte de un nuevo consorcio: DGC, en el cual se incorporó Dygoil. Antes de la convocatoria a la nueva ronda de licitación para contratos de prestación de servicio que fue el 16 de junio del 2011, el gerente de Dygoil envió la mencionada comunicación (N° 018-DYG-2011-YG de 26 de enero de 2011) a Correa y tres días después de constituido el consorcio DGC, (el 23 de septiembre del 2011) este presentó la única oferta para la operación de Singue.
El organismo de control señaló a la Fiscalía que con esto se confirma el informe DASE-0044-2017, es decir que la empresa tenía pleno conocimiento de las condiciones de operación y reservas de Singue y también tenía estudiada una tarifa para el cambio de modalidad de contrato. Y pese a ello, el consorcio DGC ofertó $34,5 por barril, cifra que al final de la negociación se adjudicó en $33,5, es decir $4,2 más la justa y no exorbitante tarifa que Dygoil destacó ante Correa 8 meses antes.
La Contraloría planteó en su oficio enviado a la Fiscalía con este nuevo hallazgo: “Por qué la razón de este incremento en el lapso de pocos meses?”
Entre los anexos que respaldan las afirmaciones del organismo de control está la certificación de la Presidencia de la República de que el oficio enviado a Correa está en los archivos de Carondelet.
La expectativa sobre el curso que se dé a este alcance al primer informe de la Contraloría sobre el tema se centra en las acciones que tome el Fiscal General, Carlos Baca.
El ex presidente ya ha reaccionado al alcance del informe de la Contraloría y en el tono y discurso que tiene siempre que se revela un caso de corrupción de su Gobierno, diciendo que no conoce nada ni a nadie relacionado con el tema: “@MashiRafael; ¡Ups! La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el “caso Singue”, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses. La persecución es evidente, pero todos callan. …” "El querer involucrarme en el caso Singue (que no conocía), por una supuesta carta enviada a la Presidencia por la empresa Digoil (que no conozco), demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones, para tratar de acusarme de algo.¡Ya basta!
Otras irregularidades en la adjudicación del campo Singue fueron denunciadas en 2015 por el portal digital Focus. Una de las firmas que integran el consorcio DCG es Gente Oil, cuya apoderada es Silvana Pástor Tapia, hija del ex ministro de petróleos y actual embajador en Viena, Austria, Wilson Pástor Morris.
Es decir, Pástor habría favorecido con un contrato petrolero a una empresa de su hija, firma que estaba vinculada la transnacional Ivanhoe.