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Matilde Peñafiel Arauz, 62 años, jubilada, fue docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El 22 de abril de 2016 el pleno de la Corte Constitucional emitió una sentencia a su favor porque consideró que se vulneraron sus derechos personales cuando el municipio de Manta entregó a una empresa privada un complejo deportivo de la que era usuaria y perdió el espacio en el que practicaba deportes.
Michel Deller, dirige el destino de 42 empresas, principal accionista del grupo Quicentro Shopping, levanta grandes y modernos centros comerciales en todo el país, es dueño del club de fútbol Independiente del Valle, es parte de una importante comisión de la FIFA.
Michel Deller, a la izquierda es el impulsor del Mall del Pacífico en el malecón de Manta, el proyecto incluye un hotel de lujo pero su construcción tiene retraso; en la derecha una imagen de Matilde Peñafiel, la jubilada que acudió a la Corte Constitucional para denunciar la vulneración de sus derechos.
Ninguno de los dos se conoce, pero inexorablemente sus destinos se han encontrado: la sentencia de la Corte Constitucional, que favorece a Matide Peñafiel, ha puesto en jaque la millonaria inversión que el grupo Deller hizo en el Mall del Pacífico, un moderno complejo comercial que levantó en Manta y es el actual polo de desarrollo de la ciudad. La sentencia de la Corte Constitucional obliga a la empresa dueña del mall, Inmocostazul, ceder el terreno en que se asienta el centro comercial al Municipio de Manta, pero el cabildo no quiere recibir ese terreno, ni la empresa entregarlo y mucho menos la justicia ejecutar la sentencia, de hecho seis jueces que conocieron el caso fueron cambiados a otros despachos.
El centro comercial fue uno de los espacios mas esperados en la ciudad. Ocupa un espacio de 30 mil metros; el terreno fue antes ocupado por el complejo deportivo Tohally y su destrucción desató el conflicto. Los constructores aseguran que se trata de una guerra comercial para perjudicar la inversión.
Es un conflicto apalancado en una serie de irregularidades que los gobiernos seccionales en todo el Ecuador se acostumbraron cometer.
La empresa constructora Inmocostazul asegura que el Municipio tomó la mejor decisión al canjear esa propiedad, el complejo deportivo que allí existió había cumplido su vida útil, no servían sus instalaciones y que lo mejor que se hizo fue levantar en ese espacio un centro comercial que brinda trabajo a mas de 1000 personas y dinamizó la economía de la ciudad.
La empresa cree también que los problemas fueron impulsados por otro grupo económico que busca perjudicar el proyecto, que supera los 200 millones; cree también que usaron a Peñafiel como su herramienta para perjudicar la inversión.
La profesora, que usaba día a día las canchas de ese complejo en sus actividades deportivas, fue muy crítica con la decisión de permuta y se pronunció públicamente varias veces contra las obras: “Eso provocó una reacción fuerte en mi contra, destruyeron mi reputación en medios de comunicación y redes, me dijeron atrasa pueblos, en entonces decidí actuar”.
LA HISTORIA
En el piso nueve del edificio Torre Centro de Manta, labora el abogado Ricardo Fernandez de Córdova, representa a la empresa Imocostazul, constructora de Mall del Pacífico. Al preguntarle cómo es que una jubilada ha puesto en jaque ese proyecto respondió sin tapujos que se trata de una guerra comercial provocada por su principal competidor.
¿De quién se trata? No lo dice pero brinda los nombres de quienes, supuestamente, actuaron a favor de su competencia: “Le puedo traer las acciones constitucionales, todas iguales, unas firmadas por un abogado Heredía, otras por el hijo de ese abogado …Varias personas presentaron acciones constitucionales muy parecidas y una de ellas fue Matilde Peñafiel que es una señora de la que todo el mundo ha hablado pero que nadie le ha preguntado qué quiere y cuánto dinero ha invertido en esta campaña”.
Matilde Peñafiel practicaba todos los días deporte en el llamado complejo deportivo Tohally. En una extensión de 36 mil metros se repartían canchas, piscina olímpica, coliseo multiusos pero un día el complejo fue cerrado, demolido y empezó el levantamiento del mall. Peñafiel cuenta que fue muy crítica con el cierre de ese centro de recreación, que servía y era accesible a toda la comunidad.
Inmocostazul, la empresa constructora del mall, entregó un nuevo complejo deportivo a cambio de los terrenos municipales del viejo centro deportivo, se encuentra en el límite de la ciudad.
“Siempre hice deporte y cuando conocimos la idea de que el coliseo iba a derrocarse me opuse, luego crearon una página web en que destruyeron mi prestigio por oponerme al proyecto del centro comercial, además contrataron radios para hablar en mi contra, yo era la atrasa pueblos, que vive de impedir el desarrollo de Manta. Hubo notas de periódicos que me relacionaron con un traficante de tierras, que al haber vendido mi conciencia se trataba de un acto natural al ser hija de un traficante. No me creo la protagonista, pero si una piedra en el zapato porque tengo principios y valores, no tengo mas de lo que puedo administrar…”
Las acciones que emprendió Matilde Peñafiel desataron su persecución y destruccuión de su reputación en la ciudad, se levantó una página de Facebook en su contra.
Las acusaciones, dice Peñafiel, la motivaron a buscar un abogado que inicie el pedido de acción de protección constitucional. “No solo era un centro deportivo, era el lugar de encuentro de todas las actividades educativas, luego me enteré que Contraloría había glosado al Consejo Municipal por haber entregado ese terreno a un valor mas bajo del previsto.
Para Fernández de Córdova nunca hubo misterio: “donde ahora se encuentra el mall estaba un complejo deportivo que se caía a pedazos, inservible, nadie invirtió en ese centro y lo que se pensó es matar varios pájaros de un tiro: darle una mejor infraestructura deportiva a la ciudad y hacer algo con ese terreno que era un bien municipal”.
Con ese precepto el 7 marzo de 2013 el Concejo Municipal de Manta aprobó una permuta (intercambio) que buscaba cambiar el complejo deportivo Tohally, inaugurado en 1984, por otro de infraestructura deportiva similar y con mayor extensión de terreno pero ubicado en las afueras de la ciudad.
Jaime Estrada, el alcalde que pensó en todo, menos en la legalidad del proceso de permuta, hoy aspira ser elegido nuevamente autoridad en la provincia de Manabí
El entonces alcalde de la ciudad, Jaime Estrada, fue un entusiasta y quien impulsó ese proceso. A la luz del tiempo nadie le ha preguntado a ese ex alcalde por qué dio paso a un proceso con vicios legales, que con el tiempo ha perjudicado la inversión y los intereses de la ciudad. La ley prohíbe vender o transferir bienes del Estado si estos tienen infraestructura que beneficia a la población. Estrada optó por la permuta porque le permitía esquivar el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. Estrada limpió el piso con esa ley, la más importante para municipios y prefecturas porque establece las competencias y atribuciones de los Gobiernos Autónomos.
Pero la realidad es que a nadie en el Concejo Municipal le molestó deshacerse de ese viejo complejo y levantar allí un centro comercial moderno y dinámico. Entonces dieron paso a la escritura de permuta, que fue valorada en $24.6 millones. En términos didácticos los terrenos municipales y la infraestructura existente en el complejo Tohally se valoraron en 12.3 millones. Por tanto Inmocostazul debió entregar terrenos más infraestructura por el mismo monto.
Un año después de la firma de la escritura aparecieron los problemas: en abril de 2015, la Contraloría General del Estado publicó un examen especial de ingeniería (DR5-DPM-ApyA-0005-2005). Concluyó que el valor negociado por el Municipio de Manta le había generado un perjuicio de 3,37 millones de dólares.
El Concejo Municipal aprobó el valor de cada metro cuadrado en $387,5 pero Contraloría identificó que terrenos aledaños a ese complejo se vendieron en años pasados en un valor de $1000 cada metro. Pese a ello buscó un valor mas conservador y ese organismo estableció que el costo promedio a negociarse no podía ser menor de $500 cada metro.
El examen de contraloría estableció además que se cometió responsabilidad administrativa culposa y destituyó a una concejala que se mantenía en ese cargo. No pudo hacerlo con el resto de concejales responsables porque ya habían acabado su mandato.
Estrada y Deller en una imagen publicada en marzo pasado por el portal fútbolecuador
¿Qué pasó con los concejales destituidos?, le preguntamos al alcalde Jorge Zambrano: “Uno sigue en función”. ¿Cómo sigue en funciones si está destituido? “La ley dice que el ente nominador es el que debe separar y yo no soy el ente nominador sino el Consejo Nacional Electoral. Yo puedo despedir al personal administrativo pero la señora concejal ha presentado un recurso en el contencioso”.
Ricardo Fernandez de Córdova dice que ese examen especial es propio de las distorsiones que enfrentó la Contraloría al haber sido dirigida por Carlos Pólit, acusado y sentenciado por corrupción. “Esto es una de las cosas que jamás debieron haber pasado, en otros países cuando un juez es sospechoso de corrupción automáticamente todo lo actuado entra en proceso de análisis, hablo de Contraloría , esto es ejercido por un contralor prófugo, esto es un complot comercial que debe ser investigado, yo no lo voy decir quién es pero es así”. Agrega que “no hay un lío legal, el tema de contraloría pudo haber sido hecho por un estudiante universitario que utiliza una analogía propia de gente que desconoce una realidad geográfica”
La realidad es que el Municipio nunca tuvo el apalancamiento legal para permutar un bien que era intransferible, lo dijo contraloría y el peso de los errores han caído sobre el actual alcalde, Jorge Zambrano: “Yo he tenido una espada de lado y lado”. Entiende que no puede irse contra la decisión de la Corte Constitucional pero tampoco desamparar la millonaria inversión que significa el centro comercial y un hotel de lujo que está en construcción y se levanta en más de cinco pisos.
El conflicto ha detenido los avances en el hotel que se levanta sobre el mall
“La sentencia es irrefutable y se debe acatarla, la resolución dice que se anula la resolución administrativa de abril de 2013 que autorizaba hacer la permuta, es un acto administrativo que dice que vuelva a todo a su estado inicial”, explica Zambrano. La pregunta es ¿cuál es el estado inicial? “La sentencia sale después de la autorización de la construcción del centro comercial y cuando la construcción del nuevo complejo deportivo estaba avanzado. Si se devuelve el complejo nuevo íbamos a conculcar el derecho de otros y si se pensaba en la demolición del mall significaba conculcar el derecho de muchos otros”, explica el alcalde.
La sentencia de la Corte Constitucional nunca habló de demoliciones, el estado inicial de la sentencia habla del efecto jurídico por tanto el terreno pasa a ser nuevamente propiedad municipal. Si el terreno se entrega al municipio ¿qué sucederá con todo lo que se encuentra sobre ese espacio?, ¿en qué condición legal quedará el mall construido por Inmocostazul? La pregunta es una pesadilla, nadie quiere responderla.
La sentencia constitucional llegó diez días antes del brutal terremoto que cambió esa provincia, dos meses después el Independiente del Valle jugó la final de la Copa Libertadores y Michel Deller donó la taquilla de los partidos finales en favor de los damnificados. El acto le valió el respeto de todo el país y no es de dudar que esas decisiones apalancaron los avances en la construcción del mall.
GUERRA AVISADA
El 21 de septiembre de 2015 el municipio de Manta reconoció los varios errores que incurrió al momento de autorizar la permuta. Un abogado llamado Simón Zambrano Vinces, usó el mecanismo de participación denominado “Silla Vacía”, que es la posibilidad de que el ciudadano común tenga voz y voto dentro del Concejo Municipal y participe en debates y propuestas. Explicó que se violentó el COOTAD, del código civil y la ley del deporte, sobre todo el artículo 145 de esta última Ley, que dice que las instalaciones deportivas destinadas al uso público no son transferibles. “El artículo 1839 del código civil dice que no pueden cambiarse las cosas que no se pueden vender”.
Ese día seis ediles aceptaron declarar nula la permuta.
Fernández de Córdova deja evidencia que Zambrano actuó como parte de la intriga contra el centro comercial. “Ha gastado miles de dólares en remitidos de prensa, ¿quién los paga?, ¿quién paga la defensa de Peñafiel?”
Peñafiel también ha señalado que por varios medios intentaron callarla: “me mandaron a decir que podía arreglarme la vida, yo debo decirles a todos que a mi no me han entregado dinero, todos deben estar desesperados porque han vendido un bien de forma ilegal, la sentencia ordena que las cosas vuelvan a su anterior condición y ello quiere decir que el predio debe volver al municipio. (pie de foto)
El abogado que acompaña a Matilde en su lucha es Marcial Alcivar, lleva en la cabeza cada detalle del proceso de la Corte Constitucional pero no guarda preferencia por las fechas. Su estudio jurídico ocupa una de las habitaciones de su casa y desde allí delineó las acciones que Peñafiel le pidió: “cuando se dictó esta sentencia la parte accionada debió suspender la obra pero hicieron tantos incidentes con el objeto de seguir. La sentencia que ordena que las cosas vuelvan a su estado anterior, esa permuta debe quedar sin efecto y todos los actos posteriores tienen la misma línea porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal; hemos pedido que se ordene la inscripción de la sentencia ante el registro de la propiedad y hasta hoy no se cumple con el pedido”.
¿cuál es el camino para regularizar esta situación?, preguntamos a Alcivar: “Que asuma el municipio la inscripción, la titularidad del dominio y que allí hagan lo que les de la gana,
¿Porque no se ha logrado? Es la gran pregunta, dice el abogado Marcial Alcivar: "De hecho seis jueces recibieron el pedido de inscripción de sentencia pero todos han ocupado cargos temporales y como están las cosas, los jueces despacharán todo, menos esa sentencia".
En 2017 la empresa constructora y el municipio llegaron a un nuevo acuerdo para zanjar los perjuicios ocasionados de acuerdo al informe de Contraloría, en vez de limar las irregularidades jurídicas se hizo otra permuta en la que Inmocostazul pavimentó la calle posterior al mall y se acordó la construcción de una plazoleta, mas la entrega de 400 metros de terreno para uso del Municipio sin costo y por 50 años.
Pero el nuevo acuerdo no solucionó el conflicto, que se mantiene intacto; mientras tanto el mall goza de gran salud, ha dinamizado la economía, generado empleos e impuestos para la ciudad. Una obra que Manta aplaude pero levantada en sinuosas ilegalidades que a largo plazo sin duda es una derrota.