Miles de medicamentos falsificados se encontraron en el opertivo Fármaco IV ejecutado por la Policía Nacional y las entidades de control en 2017, Cuenca era el centro de producción
Luego de año y medio de la incautación de 18 toneladas de medicamentos caducados, más cientos de pruebas documentales mas otros peritajes se inició el juicio contra los dueños la empresa acusada de estas ilegalidades: Mediveza. Es uno de los mayores casos de producción, desde la clandestinidad, de medicamentos inservibles y hasta perjudiciales para la salud, que luego eran distribuidos y comercializados en varias provincias del país a través de farmacias y otros puntos de expendio. Este entramado funcionaba gracias a una organización dedicada a la falsificación, adulteración de registros sanitarios y venta de productos farmacéuticos, especialmente en el sur del país.
Hasta el 18 de diciembre el caso Mediveza será juzgado en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y los procesados son: Andrés Omar Vásquez Espinoza y María Isabel Talbot González.
Cómo nace esta historia en la que se habría cometido uno de los peores crímenes en contra de la salud pública?
Luego de dos meses de investigaciones, el 25 de julio de 2017 se allanaron 18 establecimientos en Cañar, Azuay, El Oro y Loja, con el despliegue del operativo “Fármaco IV” que involucró al: Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Judicial, la Fiscalía, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios (UDAT) y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Policía Nacional Informa sobre el hallazgo de toneladas de medicinas adulteradas que se vendian para el consumo. Foto: Diario La Hora
En un gran galpón ubicado en San Miguel de Putushí, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca, además de un contenedor con medicamentos caducados desde 2001, los hallazgos del operativo fueron: una infraestructura clandestina con equipos para fabricación y reacondicionamiento de fármacos, así como máquinas para re-etiquetado de frascos de jarabes y suspensiones, cambios de lotes y fechas de vencimiento en las cajas de productos farmacéuticos.
También se encontraron recipientes llenos de agua con botellas de plástico de jarabes, selladas herméticamente, proceso empleado para facilitar el retiro de las etiquetas originales y sustituirlas por otras; productos químicos disolventes, sin las precauciones necesarias para evitar la contaminación. En los baños se acumulaban medicinas no aptas para el uso y consumo humano; cápsulas al granel en fundas plásticas, sin información sobre su procedencia, así como fecha de elaboración y composición; una máquina (desemblistadora) que se utiliza para retirar tabletas o cápsulas de un blister original; una tableteadora y una mezcladora; cajas listas para acondicionar los medicamentos para la venta con su empaque externo; cientos de etiquetas de múltiples medicamentos; y material publicitario.
El seguimiento del recorrido de los productos desde las farmacias, condujo hasta este gran galpón o nave que funcionaba, sin permiso, en esta zona rural.
Las 18 toneladas incautadas incluyeron: multivitamínicos, antibióticos, antinflamatorios, antiulcerosos, antihipertensivos y otros productos, que exhibía en su etiqueta laboratorios fabricantes extranjeros, especialmente de China, con registros sanitarios inexistentes al cotejar con las bases de datos de ARCSA.
Infraestructura interna de empacado y almacenamiento de Madiveza
Se capturaron a 9 personas presuntamente vinculadas con este ilícito.
Este caso no ha estado exento de polémica en la actuación judicial. El 26 de julio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que el juez Guido Chalco dictó solo medidas cautelares en contra de cinco implicados:
Producto antes de ser empaquetado y etiquetado (ejm: formas farmacéuticas sólidas orales)
Andrés Omar Vásquez Espinoza, María Isabel Talbot González, dos bodegueros y una secretaria. Las medidas fueron: prohibición de ausentarse del país, enajenación de bienes, así como presentarse cada 15 días en el juzgado.
Noventa días después se realizó la audiencia preparatoria del juicio (el 7 de diciembre de 2017) en la que el juez Chalco determinó que no había suficientes indicios para llamar a juicio. Por lo tanto declaró el sobreseimiento de los imputados. Respecto a los medicamentos se limitó a indicar que emitiría un pronunciamiento en el futuro y los productos incautados quedaron bajo custodia en un recinto militar.
Desblisteadora: Función de la máquina: desempacar las cápsulas, tabletas o grageas del blíster original
El Consejo Nacional de la Judicatura ordenó la suspensión del Juez. Mientras la fiscalía y los abogados del Ministerio de Salud apelaron. Para entonces esta cartera de Estado ya presentó la acusación particular (el 3 de octubre del 2017), por falsificación de medicamentos, infracción tipificada en el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Izq: Encapsuladora semi-automática. Función de la máquina: encapsular el polvo farmacéutico. En el círculo rojo los discos para encapsular. Der: Blisteadora. Función de la máquina: empaque primario de formas farmacéuticas sólidas orales (cápsulas, tabletas y grageas).
La apelación fue aceptada y el caso fue asumido por la sala de lo penal de la Corte Provincial del Azuay, que declaró la nulidad de lo actuado por Chalco, pues indicó que no motivó su dictamen de sobreseimiento y tampoco se pronunció sobre los medicamentos.
Área de empaquetado. Producto: Amixen Plus. Elaborado por: Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C, que no existe en el Ecuador.
Luego, el proceso pasó al juez Felipe Córdova, quien sí determinó que existen indicios suficientes para llamar a juicio a dos de los imputados, pues a los otros tres los sobreseyó.
Cinco meses después Córdova llamó a la audiencia de juicio y el Tribunal que procesa el caso, desde este 13 de diciembre, está integrado por los jueces: Patricia Novillo Rodas (ponente), Pablo Galarza Castro y Luis Flores Idrovo. Ellos definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Llenadora de líquidos. Función de la máquina: llenar la forma farmacéutica de líquidos orales (jarabes y suspensiones)
Si en la sentencia se resuelve que son culpables, dada la figura por la que acusa la Fiscalía, la prisión es de hasta cinco años por el delito de producción, comercialización y distribución de medicamentos falsificados.
Aunque el Ministerio de Salud, en su acusación particular, y la ARCSA, en sus análisis del caso, han identificado el cometimiento de un cúmulo de delitos contemplados en el COIP como el de estafa (previsto en el artículo 186), daño permanente a la salud (art 215), engaño al comprador sobre la calidad de productos o servicios vendidos (art 235), y falsificación y uso de documento falso (Art 328), la Fiscalía se concentró solo en el delito de falsificación de medicinas.
Además hay otro tipo de violaciones que deberían investigarse por cuerda separada porque existirían delitos aduaneros y tributarios dado que toda la maquinaria que utilizaban para el delito de falsificación de fármacos no está registrada en la aduana como importada legalmente.
El Ministerio de Salud ha estimado el monto de los daños y perjuicios en más de 1 millón de dólares y según el expediente del proceso señala: “en atención al Art. 77 del Código Orgánico Integral Penal… solicito la Reparación Integral de los Daños, toda vez que de la investigación se evidencia el afán de causar daño a la comunidad con la provisión de medicinas no aptas para el consumo humano…”
Por lo tanto, las expectativas respecto a las sanciones incluye también el resarcimiento económico de los daños con el fin de que se cubra incluso la destrucción de los medicamentos falsificados y caducados con el fin de evitar que estos salgan a comercializarse y causen daños graves a la salud y también para precautelar el medio ambiente, pues deben ser destruidos bajo estándares específicos que tienen un costo.
De hecho en las audiencias previas se ha mencionado los daños que pudo ocasionarse a la ciudadanía y se ha señalado que es un tema de conmoción social porque atenta a un bien protegido por la Constitución que es la salud de la población. Sin embargo desde la misma Fiscalía no se ha abierto el abanico para delegar a otros fiscales de manera que conozcan estos otros presuntos delitos. El fiscal a cargo del caso es Jorge Cárdenas Verdezoto.
Según ha reportado la prensa cuencana, la cartera de Salud ha dicho que “ el accionar del Ministerio en el caso tiene la finalidad de “precautelar y garantizar la salud de los ciudadanos”, y anunció que se efectúan controles permanentes por la Agencia de Regulación y Control Sanitario para evitar que se registren nuevos casos de adulteración de medicinas en Azuay.
El expediente de este caso tiene más de 3.000 fojas que incluyen 152 informes técnicos de ARCSA, decenas de fotos y videos y se espera que todo esto sea valorado por el Tribunal.