Alarma a nivel internacional por persecución a sindicalista bananero
La persecución en contra de Jorge Acosta Orellana, impulsor de la primera organización nacional de trabajadores bananeros, Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC), se ha agudizado al punto de querer silenciarlo mediante una demanda penal. Por ello la ONG Swedwatch instó a los compradores de banano de Europa a pronunciarse sobre el inicio de este proceso penal. Acosta es identificado como un defensor de los derechos laborales y un luchador de los problemas de salud, seguridad e impactos ambientales de las actividades del sector bananero.
Swedwatch es una organización sueca sin fines de lucro, conocida por investigar los impactos de las violaciones de derechos humanos en los países en desarrollo. Ha realizado varios eventos con empresas suecas importadoras de banano, interesadas en conseguir que sus proveedores respeten los derechos humanos.
Las compañías Axfood, Coop, Everfresh, Greenfood, Martin & Servera y Menigo, compradoras de banano ecuatoriano le hicieron llegar al gobierno ecuatoriano, en junio de 2019, una carta de apoyo al dirigente sindical, luego de que conocieran el inicio de una demanda en su contra.
La organización Swedwatch sostiene que mediante el uso de la figura de pánico económico, incorporada al Código Integral Penal en tiempos de la revolución ciudadana (agosto 2014), se busca coartar el trabajo que intenta consolidar el primer sindicato de trabajadores bananeros del país.
En la fiscalía se procesa una denuncia en contra de Acosta por el presunto delito de “pánico económico”, debido a declaraciones suyas sobre políticas y prácticas gubernamentales y empresariales, aplicadas en el sector bananero, que afectan los derechos de los trabajadores y contravienen cláusulas sociales del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Declaraciones de Acosta en la televisora Ecuavisa, el 24 de mayo de 2018
Como eje central Acosta apalancó el principio que el trabajo en el sector bananero no puede considerarse temporal: el trabajo en las plantaciones de banano no es temporal, ni por ciclos, sino continuo e intensivo; que se exporta las 52 semanas del año y la mayoría de trabajadores en la cosecha y empaque trabajan hasta 12 horas al día, por 4 o 5 días a la semana.
Pese a esto, el gobierno de Rafael Correa, mediante Acuerdo Ministerial #054 (2016) incluyó a los trabajadores de la ganadería y del agro en la misma fórmula de pago con la que se regula a quienes laboran en cultivos de ciclo corto (como maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera), denominados así porque desde la siembra hasta la cosecha sus labores no duran más de 4 meses.
Meses antes de que Correa salga del gobierno (mayo de 2017) se expidió otro Acuerdo Ministerial, el #029, donde se incluía una forma de pago para el sector bananero como si fuese una actividad temporal.
Acosta puntualizó que el Acuerdo #029 despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico. Y agregó que lejos de arreglar estas distorsiones el Ministerio de Trabajo del actual régimen expidió otro Acuerdo, ratificando los anteriores e incorporando cláusulas que profundizan la violación de derechos de los trabajadores bananeros, al señalar que laboran solo 36 horas a la semana y 6 horas al día, lo cual no ocurre en la práctica.
A ello se suma la forma de pago por avance o destajo. Ello significa que aunque los trabajadores laboren entre 8 y 12 horas diarias, se les paga de acuerdo al número de cajas de banano o se les da un número de hectáreas para que cumplan sus tareas en un tiempo determinado. Por eso las autoridades sostienen que son labores discontinuas.
Acosta ha dicho que estos acuerdos ministeriales violan la Constitución, el Código del Trabajo, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, además de incumplir con el título 9 del acuerdo comercial con la Unión Europea, que se refiere al comercio y desarrollo sostenible. En el artículo 269 del mencionado título se establece que las partes se comprometen a respetar los convenios fundamentales de la OIT, dos de ellos son: el 087 referente a la libertad sindical y el 098 relacionado con contratación colectiva.
Esas declaraciones provocaron la persecución y el inició de una investigación por generar pánico económico, figura penal creada por el correísmo.
El denunciante
Quien interpuso la denuncia por pánico económico en contra de Acosta es un jornalero de 57 años que vive en Pascuales y no trabaja en la zona bananera. En el portal de la función judicial, el denunciante Felipe Santiago Cantos Merelo, registra dos procesos legales en su contra: uno por robo y otro por tenencia ilegal de arma de fuego.
Según consta en el proceso por tenencia ilegal de arma de fuego desde la fecha en que inició la instrucción Fiscal (3 de junio de 2004), hasta la detención de Cantos transcurrieron más de los 5 años, por tanto el juicio había prescrito.
La denuncia contra Acosta fue presentada en diciembre de 2018 y se la reactivó en abril de 2019, justo cuando ASTAC presentó ante el Ministerio de Comercio Exterior (28 marzo de 2019) una queja a nombre de los trabajadores bananeros por violación de derechos laborales y ambientales en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea, la cual se dio a conocer en el seno de la Comisión Europea y recibió el apoyo del Consejo Consultivo Interno Europeo y de 2 terceras partes del Consejo Consultivo Interno Ecuatoriano
Persecución
En diálogo con PI Acosta precisó que fue notificado para que comparezca ante la denuncia de presunto delito de pánico económico, por la Fiscalía séptima de Fe Pública de Guayaquil, mediante una llamada al teléfono celular de su hijo y que se le envió la citación a través de WhatsApp. Cuando fue a constatar la denuncia conoció un informe policial en el que constaba que ya había sido citado previamente en su domicilio, que no era cierto, y que tras la citación por WhatsApp, el policía encargado de la notificación recomendaba su detención para comparecer al proceso.
La denuncia no fundamenta el supuesto pánico económico que Acosta habría generado. Se circunscribe a las ya mencionadas declaraciones dadas en Ecuavisa y en indagar sobre los antecedentes y estatus de ASTAC y sobre los ingresos que perciba Acosta. “Lo increíble es el uso de la categoría de pánico económico para coartar la libertad de expresión”, resaltó Acosta.
El Código Integral Penal en el artículo 307, la figura de pánico económico es sancionada con 5 a 7 años de cárcel. En 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, recomendó al Estado ecuatoriano despenalizar este tipo de delitos porque el uso de estas normas permitió enjuiciar medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, por difamación a funcionarios públicos, “socavando las formas en que la libre expresión sirve para responsabilizar a los funcionarios públicos”.
Los abogados del dirigente sindical pidieron la ampliación de la denuncia, luego de que Cantos no asistió a la primera convocatoria a declarar… “Queremos determinar si conoce qué es pánico económico”, dijo Acosta y “¿cómo un jornalero tiene para pagar un abogado?”.
Cantos tampoco acudió a la segunda comparecencia y pese a ello, el 15 de noviembre pasado ya pidió que se formulen cargos. “Estamos preocupados pues si el fiscal accede sería otra señal muy grave”, dijo Acosta.
El activista considera que detrás de este denunciante hay alguien con poder económico e incluso político y que este proceso es solo una pantalla para ocultar las intenciones de amedrentarlo.
¿Quién es Jorge Acosta y por qué la insistencia en silenciarlo?
En 2018 Swedwatch conoció el trabajo de ASTAC en un taller internacional y desde entonces ha monitoreado su trabajo. Esta ONG considera que la acusación en contra de Acosta es una amenaza a la libertad de expresión y asociación y forma parte de una tendencia global que pretende silenciar a los defensores a través de demandas, conocidas como “demandas estratégicas contra la participación pública”.
Para Swedwatch, personas como Acosta “desempeñan un papel tremendamente importante en contextos en los que no se puede dar por sentado el respeto de los derechos humanos, ya que protegen los valores básicos, incluida la transparencia y la rendición de cuentas”.
Acosta y ASTAC, que nació en el 2009 cuando denunció en Estados Unidos el uso indiscriminado de plaguicidas en plantaciones bananeras y sus afectaciones en la salud y el medio ambiente, son actores reconocidos también en otros contextos.
En Europa el activista se ha reunido con otros sindicatos y ha expuesto frente a varios parlamentarios europeos la realidad a la que se enfrentan los trabajadores en las bananeras, donde calificó al título 9 del acuerdo comercial con la UE que garantiza el cumplimiento de normas laborales justas y respeto a los derechos ambientales como “un adorno que no sirve para nada”.
Luego de estas reuniones se gestó la comisión de vigilancia del acuerdo comercial para Latinoamérica.
Acosta también fue invitado por OXFAM para participar en la campaña «Make Fruit Fair!” (Hacer que la fruta sea justa), que busca que gobiernos, supermercados y empresas respeten salarios, precios y el medio ambiente en el comercio de frutas tropicales, para con ello mejorar las condiciones de vida y de trabajo de cientos de miles de personas que cultivan, recogen y empacan esas frutas.
OXFAM es una ONG alemana que trabaja con pequeños agricultores y sindicatos de trabajadores de plantaciones de África, América Latina y el Caribe.
La primera campaña Make Fruit Fair! se hizo en 2015. En la última versión de 2018 se enfocó en el abuso de las grandes cadenas de supermercados que serían uno de los principales causantes de las violaciones de derechos que se dan en los países proveedores.
El activista además ha dialogado con Inmaculada Montero, actual consejera comercial de la delegación de la Unión Europea en Ecuador.
Acosta ha criticado que el acuerdo comercial de Ecuador con ese continente no tenga reglas claras para los grandes supermercados europeos, así como ha cuestionado el anuncio que hiciera el año pasado la cadena supermercados ALDI de reducir en $1 la caja de banano, pues implicaría violación de derechos humanos y mayor precarización de los trabajadores del sector.
En este contexto se ha reunido con representantes de esa cadena de suministros, que es la más grande de Europa y uno de los mayores destinatarios del banano ecuatoriano. El activista les planteó la necesidad de que se exija el sello “Comercio Justo” a los importadores de banano, que implique el cumplimiento real de respeto a los derechos laborales.
El activismo de Acosta lo ha llevado a presidir actualmente el Consejo Consultivo Interno de Ecuador para el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, pese a ello sigue enfrentando desde cuestionamientos a su representatividad laboral hasta varios intentos de amedrentamiento.
Las denuncias y exhortos hechos por Acosta han tenido una amplia cobertura en medios de prensa internacional. Toda esta exposición y presencia explica en gran medida que Acosta y su organización ASTAC se hayan convertido en un blanco a callar.
La postura de la OIT
La acusación en contra de Jorge Acosta de crear “pánico económico”, pone al gobierno ecuatoriano nuevamente en la mira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo ha pedido información al régimen sobre las circunstancias en que se inscribe esta denuncia en contra del activista.
No es la primera vez que la OIT llama la atención a Ecuador por temas relativos a Acosta y ASTAC. Ya en 2015 reclamó al gobierno de Correa por no permitir el registro de ASTAC como sindicato. Incumplimiento que hasta ahora subsiste.
El 18 de diciembre de 2019 Jorge Acosta fue invitado a reunirse con la misión de la OIT, que visitó Ecuador por pedido del gobierno para dar asistencia técnica en la elaboración del nuevo Código Orgánico del Trabajo. La misión de la OIT no solo tomó nota de este tema y hará un seguimiento al mismo, sino que además continuará vigilando que el Gobierno ecuatoriano cumpla las recomendaciones emitidas por el organismo internacional en torno al caso #3148, vigente desde el 18 de mayo de 2015. El caso se refiere a la querella presentada por ASTAC y la Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A FRUTSESA ante la negación de las autoridades de Ecuador de registrar una organización sindical de trabajadores bananeros de varias empresas del sector.
La OIT ha mantenido abierto este caso (#3148) por más de cuatro años debido a que, no solo no se ha dado paso al registro de ASTAC, sino también porque es evidente que subsisten temas relacionados con violaciones a los derechos sindicales que no han sido resueltos por el estado ecuatoriano.
Para la OIT, en este caso el gobierno ecuatoriano incumple los convenios sobre Libertad Sindical y sobre Contratación Colectiva. En «Últimas recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en octubre de 2019, Informe 391» se reiteran los pedidos hechos en 2015 y 2017 de que se otorgue el registro a ASTAC.
En dicho documento, el Comité de Libertad Sindical recuerda que en 2017 también pidió al gobierno ecuatoriano tomar medidas para que su legislación modifique el número mínimo de trabajadores afiliados, exigido para conformar una organización sindical a nivel de empresa. El gobierno respondió que había reformas legales en curso, pero hasta el momento no se han concretado.
El régimen sigue negándose a aprobar la solicitud de ASTAC, argumentando que los 31 miembros fundadores no mantenían relación de dependencia con un solo empleador y que la solicitud de aprobación como una organización social fue denegada nuevamente en 2016 por vicios de forma y de fondo. El Gobierno agregó también que el 9 de febrero de 2017, el Ministerio de Agricultura otorgó la personalidad jurídica a ASTAC como organización agro-productiva y que ASTAC no ha vuelto a presentar una nueva solicitud para ser aprobada como organización sindical.
El Comité de la OIT lamentó el argumento oficial para no reconocer a ASTAC porque sus afiliados no trabajen para un mismo empleador cuando a otros sindicatos de rama el gobierno ecuatoriano sí los ha reconocido (sectores florícola y del trabajo doméstico). También llamó la atención al Gobierno precisando que el reconocimiento de ASTAC como organización agro-productiva no garantiza la protección de sus derechos sindicales, por lo que el Comité en su último informe pidió una vez más al régimen que tome acciones para asegurar el registro de ASTAC, en caso de que lo vuelva a solicitar, y que mientras tanto brinden garantías a sus miembros.
El Comité además destacó la actuación de ASTAC como defensora de los derechos de los trabajadores bananeros. Precisó que en 2010 y 2016 ASTAC presentó dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo por violaciones a sus derechos y que ASTAC también denunció ante la Fiscalía no solo despidos antisindicales, sino la difusión de listas negras, actos de persecución y represalias (el 8 de noviembre de 2017, 8 de noviembre y 28 de marzo de 2018). Ante ello el Comité le recordó al Estado ecuatoriano que establecer listas negras de sindicalistas es una grave amenaza para el libre ejercicio de los derechos sindicales y, en general, los gobiernos deberían tomar medidas enérgicas para combatir tales prácticas.[1]
ASTAC ha seguido denunciando nuevos despidos en distintas haciendas bananeras, actos de intimidación sin que el Gobierno se pronuncie al respecto. Por ello el Comité insistió al régimen investigar las denuncias en la Fiscalía, que proporcione copia de sus resultados y si se comprueban esos actos antisindicales, “tome medidas suficientemente disuasorias para sancionar a los responsables”.
En torno a los tres acuerdos ministeriales emitidos por la cartera de Trabajo (2017-0029, 2018-0096 y 2018-0074), ASTAC denunció ante el Comité de Libertad Sindical (OIT) que constituyen un grave retroceso en cuanto a libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho de remuneración justa y salario mínimo. Además, que al permitir contratos temporales para actividades permanentes y establecer que el empleador puede terminar dichos contratos se expone a los trabajadores a la inestabilidad laboral.
El Gobierno ha negado que los acuerdos limiten la libertad sindical o la negociación colectiva, pues su objetivo sería adaptar la legislación a las realidades del sector bananero y regular las relaciones laborales en dicho sector.